Miércoles,11 de junio de 2025 – Año XX – Edición 4732
Denuncian nueva contaminación por
aguas residuales en totorales de Huanchaco
La
producción del caballito de totora, Patrimonio Cultural de la Nación, será
afectada por este nuevo desborde de SEDALIB
La Asociación de Pescadores Artesanos de Huanchaco (ASPAH)
denunció este lunes un nuevo vertimiento de aguas provenientes de pozas de
oxidación en los totorales de la zona. En este caso, el tercero del año, el
desborde ocurrió cerca de las 9 de la noche y se originó en las pozas del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (SEDALIB), ubicadas en
la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) El Tablazo. Tal como
sucedió la última vez, este derrame afecta tanto al ambiente como a la cultura
local, al perjudicar la producción de totora, insumo esencial para la
elaboración de los caballitos de totora. En aquella ocasión, más de 80 pozas de
totorales resultaron afectadas, y el propio presidente de la ASPAH señaló que
se trató de una pérdida total, quedando solo 30 pozas activas.
Ante este nuevo caso, la Municipalidad de Huanchaco también
se pronunció, advirtiendo sobre “los serios daños ocasionados a nuestros
humedales, totorales y al entorno natural, fuente de vida, identidad y sustento
para nuestra comunidad”. Agregó que la situación impacta directamente a los
vecinos, familias y pescadores locales.
En lo que va del 2025, este es el tercer episodio de
contaminación: el primero ocurrió en enero y el segundo en marzo. Cada uno de
ellos ha dañado los totorales y, en consecuencia, la producción de caballitos
de totora, fundamentales para la pesca artesanal y el turismo en esta zona de
La Libertad. Por ello, la ASPAH presentó denuncias ante entidades como la
Fiscalía y el OEFA, además de solicitar que se declare en emergencia ambiental
la zona para salvaguardar el humedal.
El caballito de totora: patrimonio cultural
Los caballitos de totora son embarcaciones ancestrales
empleadas por los pescadores del norte del Perú desde épocas prehispánicas. Son
claves para la pesca artesanal y una atracción turística importante en la
región de La Libertad. Sin embargo, su fabricación enfrenta serias amenazas
debido a la contaminación que afecta el entorno.
Estas embarcaciones representan un fuerte símbolo de
la identidad cultural local. En 2003, fueron declaradas Patrimonio Cultural de
la Nación por el Instituto Nacional de Cultura y, hoy, su sostenibilidad está
en peligro por los constantes vertimientos de las pozas de oxidación.
Su elaboración depende exclusivamente de la totora,
una planta nativa de los humedales costeros, que necesita un año para crecer.
Con la reiterada contaminación, las pozas activas actuales no bastan para
cubrir la demanda de pescadores ni del sector turístico. Por estas razones, es
urgente tomar medidas efectivas para proteger esta tradición milenaria y los
ecosistemas que la hacen posible. https://www.actualidadambiental.pe/
Mientras Dina Boluarte firma tratado
sobre océanos en Francia, en Perú se ignora pesca ilegal y derrames de petróleo
Este lunes 9 de junio, la
presidenta del Perú, Dina Boluarte, firmó el Tratado de Alta Mar (BBNJ) durante
su participación en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Océano (UNOC3), celebrada del 7 al 11 de junio en Niza, Francia. El acuerdo
busca la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en altamar,
más allá de las 200 millas náuticas.
El evento y la firma del tratado
fueron presentados como un hito para la proyección internacional del país y la
protección de los ecosistemas oceánicos. No obstante, la asistencia de la
mandataria ha generado controversia debido al costo de 149 mil soles que
demandó su desplazamiento junto a una comitiva de siete funcionarios, entre
ellos Carmen Giordano, testigo clave en el caso ‘Rolex’.
Asimismo, mientras se suscribe
un tratado internacional en nombre de la sostenibilidad, múltiples informes
revelan que el mar peruano continúa afectado por pesca ilegal, contaminación
petrolera y desprotección sistemática a lo largo de la gestión de Boluarte, la
presidenta con peor imagen en Sudamérica.
Desde 2023, diversas
investigaciones han documentado la presencia creciente de embarcaciones
pesqueras chinas en las inmediaciones del dominio marítimo del Perú. En julio
de 2024, pescadores artesanales denunciaron que al menos 670 naves extranjeras
habrían incursionado en aguas peruanas. Algunas de ellas no cuentan con
sistemas GPS activos o los apagan por largos periodos, como el caso del buque
‘Hong Run 55’, que desapareció del radar durante 36 horas antes de atracar en
el puerto del Callao.
De acuerdo con
el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
desde mayo de 2023 se registró el ingreso de 235 barcos chinos sin cumplir con
el sistema de seguimiento satelital exigido por las normativas peruanas. La
denuncia también apunta a la falta de fiscalización efectiva por parte del
Ministerio de la Producción (Produce), lo que ha generado malestar en el sector
pesquero local.
En contraste,
los pescadores peruanos denuncian ser sancionados con severidad por no portar
dispositivos satelitales, mientras que las flotas extranjeras operan sin
mayores consecuencias. “Al peruano le aplican la ley, al extranjero lo
consideran”, declaró el presidente del gremio de pescadores, Javier Querevalú,
en septiembre de 2024.
El impacto de
estas prácticas ha repercutido directamente en el precio del calamar gigante
(pota), uno de los productos marinos más consumidos y exportados del país. A
finales de 2024, el kilo de pota llegó a costar hasta S/ 20 en mercados de
Lima, y su escasez afectó a comerciantes y consumidores.
Derrames de
petróleo sin respuesta y oficios ignorados por la Presidencia
El manejo del
mar peruano bajo la gestión de Boluarte también ha estado marcado por episodios
de contaminación ambiental sin atención inmediata del Ejecutivo. En agosto de
2023, la Municipalidad de Ventanilla envió un oficio a la Presidencia de la
República solicitando una reunión para tratar los efectos persistentes del
derrame de petróleo de Repsol ocurrido en 2022. Según las declaraciones del
gerente ambiental del municipio, el oficio no fue respondido por la mandataria
ni por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Meses después,
en diciembre de 2024, se reportó un nuevo derrame de hidrocarburos en las
playas del distrito de Lobitos, Piura, afectando al menos 10 mil metros
cuadrados de litoral. La Fiscalía de Medio Ambiente (FEMA) abrió una
investigación a Petroperú, empresa estatal involucrada en el incidente. La
fauna marina — tortugas, cangrejos, pulpos y aves — fue gravemente afectada, y
las autoridades locales exigieron indemnización para los pescadores
perjudicados.
En ambos casos,
los pedidos de acción no han tenido hasta ahora una respuesta oficial de alto
nivel. El silencio frente a estos eventos ha sido duramente cuestionado por
organizaciones ambientales, gobiernos locales y pescadores artesanales. https://www.infobae.com/
Polémico proyecto de ley para la
minería artesanal en Perú: expertos lo califican de peligroso para territorios
indígenas y áreas protegidas
Una serie de cuestionamientos
han surgido luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la
República presentara el predictamen del proyecto de ley para la Minería
Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La propuesta, que fue debatida el martes
3 de junio, ha sido calificada como “Reinfo recargado” y “Reinfo 2.0” por
congresistas de diferentes bancadas. Es su forma de indicar que esta ley no
cambiaría las condiciones actuales de la actividad minera y, por el contrario,
se convertiría en una extensión del tan cuestionado Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo).
El Reinfo es un sistema de
formalización minera que se estableció en 2017 y debió concluir en 2020. Sin embargo,
ha tenido una serie de postergaciones, la última en diciembre de 2024, que lo
extendió hasta el 30 de junio de este año. Expertos en temas mineros señalan
que se trata de un régimen que facilita la minería ilegal.
La nueva norma
conocida como Ley MAPE, que ha sido propuesta para regular la minería artesanal
e informal, ha recibido un sinnúmero de críticas. “Es un mayor retroceso y
desprotección general para darle las máximas facilidades a los mineros informales,
así como incluir a un grupo de mineros ilegales disfrazados de mineros
informales”, señala César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
Ipenza apuntó a
varios problemas que tiene la propuesta de ley, como la inclusión de una nueva
categoría de “minero tradicional, que no existe”; obligar a la gente a otorgar
sus concesiones a través de la figura de servidumbre; permitir el uso de dragas
o equipos similares sobre cuerpos de agua y ríos; y abrir las tierras de los
pueblos indígenas al ejercicio casi obligatorio de la minería, así como las
zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.
Todas estas
propuestas que incluye la norma en discusión han sido también criticadas por
parlamentarios de diversas bancadas, así como expertos de la sociedad civil y
gremios de empresarios.
Esta iniciativa
reúne nueve proyectos de ley presentados entre 2022 y 2024, uno de ellos
propuesto por el Poder Ejecutivo y los otros ocho por los grupos parlamentarios
Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular, Avanza País y el Bloque Magisterial.
Entre las propuestas también se incluyen normas para el uso de explosivos, para
la trazabilidad y control de las actividades en plantas de beneficio
—procesamiento del metal— y para mejoras de condiciones laborales.
Rechazo a la
minería en ríos y territorios indígenas
Uno de los
cuestionamientos ha sido la falta de inclusión de los pueblos indígenas en las
mesas de trabajo de debate del proyecto de ley, sobre todo porque la
contaminación, la violencia y los efectos nocivos de la minería ilegal está
ocurriendo actualmente en las regiones amazónicas como Madre de Dios, Loreto y
Amazonas.
Para Ipenza esta
norma prácticamente “obliga a los pueblos indígenas a solicitar concesiones
sobre sus tierras” o de lo contrario “se las van a entregar a mineros”. El
abogado se refiere al artículo 23 del proyecto de ley que señala que “las
comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas (…) gozan de un
derecho de preferencia exclusivo para formular petitorios mineros sobre las
áreas ubicadas dentro de su territorio comunal conforme”.
Este derecho
tendrá un plazo de un año y vencido este tiempo los pequeños productores mineros,
mineros artesanales y mineros tradicionales con inscripción vigente en el
registro “gozan de un derecho de preferencia exclusivo y excluyente para
formular petitorios mineros sobre las mismas áreas”, dice la propuesta.
Sobre este mismo
tema, Gaby Rivadeneyra, especialista legal de la Oficina Descentralizada de
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en Loreto, señala que “no se está
reconociendo ni la propiedad ni la posesión previa de las comunidades sobre su
territorio” y que, por el contrario, se otorgan “privilegios a terceros para la
formalización minera”. “Cualquiera puede llegar al territorio para hacer un
petitorio y aprovechar el recurso en una comunidad indígena esté o no de
acuerdo la comunidad”. Esto viola los derechos territoriales y el derecho a la
consulta previa de las comunidades, agrega Rivadeneyra.
Otro de los
principales cuestionamientos tiene que ver con el régimen sobre la minería
aluvial incluido en la propuesta. Actualmente, el uso de dragas y cualquier
otro artefacto similar para la explotación minera en ríos u otras fuentes de
agua está prohibido. Además, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019
reafirma esta prohibición. El pedido de abrir los ríos y fuentes de agua a la
explotación minera no es reciente, ya que en 2021 se debatió un proyecto de ley
que buscaba este mismo objetivo: permitir el uso de dragas.
“En un país como
el nuestro, donde la mayor cantidad de intervención de minería está en los
cauces de ríos y, sobre todo, en lugares amazónicos donde la población depende
del río, deberíamos promover y garantizar derechos como la seguridad
alimentaria, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua potable, en
general, los derechos fundamentales”, señala Rivadeneyra.
“Creo que esto
desnaturaliza por completo el tema de la formalización minera, pues lo que se
está buscando es más bien generar impactos dentro de territorios que dependen
del agua”, agregó el experto.
La propuesta
también establece un régimen excepcional para autorizar la formalización de
actividades de minería aluvial de pequeña escala en zonas de amortiguamiento de
áreas naturales protegidas. “Se está quitando del marco normativo actual la
ilegalidad, incluso la posibilidad de hacer minería en las zonas de
amortiguamiento”, afirma Rivadeneyra.
“Solo va a ser
ilegal cuando sea en áreas naturales protegidas porque es lo único que no ha
abierto este proyecto de ley”, agrega el especialista legal. Es un “Reinfo
empeorado”, concluye Rivadeneyra, “porque con otro nombre otorga las mismas
facilidades y vulnerabilidades sin promover una formalización adecuada” de los
mineros ilegales.
Durante la mesa
de trabajo «Implicancias, limitaciones y alternativas para la formalización
minera en el Perú», que se realizó el 2 de junio, la asesora de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Rocío Trujillo señaló
que el predictamen “vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la consulta
previa, libre e informada” y afirmó que esta norma “afecta directamente los
derechos territoriales de las comunidades indígenas y fomenta conflictos
sociales al permitir que mineros con concesiones invadan territorios
indígenas”.
En esa misma
reunión, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifestó su preocupación por los impactos
negativos de la minería ilegal en el país. “El proceso de formalización ha
fracasado en las últimas dos décadas, con un alto porcentaje de mineros que no
han cumplido con los requisitos básicos, como la presentación de instrumentos
de gestión ambiental”, aseguró.
La representante
del SNMPE también cuestionó la creación del Régimen Especial Tributario de la
Minería de Pequeña Escala y Tradicional (Retmape) propuesto en el proyecto de
ley, ya que “en lugar de terminar el proceso de formalización estamos creando un
nuevo Reinfo”.
La discusión en
el Congreso
En la sesión de
la Comisión de Energía y Minas se encendió el debate y la discusión de la
propuesta pasó a un cuarto intermedio, figura que permite poner en pausa la
discusión hasta una nueva sesión.
El congresista
Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial y presidente de la Comisión de Energía y
Minas, defendió el proyecto. Durante su intervención dijo que el predictamen
recoge los aportes consensuados del Congreso de la República, del Poder
Ejecutivo y de los propios actores del sector.
“Es el resultado
de una coincidencia histórica entre todas las bancadas, los representantes en
el Congreso y el Poder Ejecutivo, con una visión compartida, de tal manera que
se pueda abrir un camino viable, justo y sostenible para integrar la MAPE a la
economía formal del país”, afirmó el congresista.
Gutiérrez
también dijo que con esa norma se da un “mensaje potente y claro de que el
Estado no persigue al que quiere formalizar, sino que le tiende la mano, lo
reconoce y lo incorpora con dignidad y derechos al circuito económico legal con
inclusión productiva, orden territorial y justicia tributaria”.
En otro momento,
Gutiérrez señaló que “de todas maneras tiene que haber un registro de quienes
se van a formalizar, obviamente no va a ser el mismo nombre”, respondiendo así
a los cuestionamientos de que la propuesta del Renatmap —el nuevo registro que
crea el proyecto de ley— solo es un cambio de nombre para el Reinfo.
En relación al
abrir las puertas a la minería en las zonas de amortiguamiento, dijo que
“definitivamente hay en el país muchas zonas declaradas intangibles y es un
deber cumplir con la normativa”. Gutiérrez señaló que “no es que en todas las
zonas intangibles se pretenda hacer minería, lo que se quiere es dar la
posibilidad de que formalmente puedan realizar esta actividad”.
“Este Reinfo
recargado tiene como política pública legalizar la ilegalidad”, dijo la
congresista Diana Gonzales, de la bancada Avanza País. “Interesante cómo en
teoría se busca la formalización, pero no se define minería formal. ¿Y eso por
qué? Porque en esencia estamos frente a una propuesta de formalización
disfrazada y distorsionada que en el fondo sigue siendo ilegalidad, ahora
institucionalizada”, cuestionó la parlamentaria.
Gonzales también
objetó la laxitud en los requisitos para la inscripción de los mineros
informales. “Para ser formal solo necesito ingresar un expediente con mi DNI,
mi RUC (Registro Único de Contribuyente) y las coordenadas del espacio que
quiero explotar. Nada más. Por eso me reafirmo, estamos ante un Reinfo
recargado”.
En otro momento,
Gonzales cuestionó que no se exija como requisito para ingresar al nuevo
registro contar con autorización para insumos químicos. “Lo peor de todo es que
tampoco se contempla como causal de exclusión el no tenerlo. Entonces, la
lógica es simple, si la falta de autorización de insumos químicos no me hace
perder la inscripción en el registro, ¿cuál sería el incentivo para obtenerlo y
cumplir con los requisitos de trazabilidad del insumo químico que establece la
normativa sobre la materia? El hecho de que la ausencia de la autorización de
insumos químicos no sea causal expresa de exclusión solo favorece al
narcotráfico”, señaló.
A su turno, la
congresista Ruth Luque se centró en las preocupaciones en relación al tema
ambiental y los impactos que genera la actividad minera. “Los principales
actores afectados por esta actividad, que lamentablemente, además, está
acompañada en muchos casos por economías ilícitas, y el ejemplo más concreto es
el territorio de Madre de Dios, son los pueblos indígenas”.
Luque agregó que
“los pueblos indígenas no han sido escuchados en ninguna mesa de trabajo”, pero
que ellos tienen mucho que decir porque en este predictamen “se está hablando
de servidumbre minera y no se está hablando de instrumentos de gestión
ambiental, se está hablando de disposición de tierras agrícolas y se está
hablando de un conjunto de mecanismos que sí van a tener impacto también en el
territorio de las poblaciones indígenas”.
Luque también
considera que en cuanto al registro de formalización minera se trata solo de un
cambio de nombre. “Del Reinfo pasamos al Renatmap [Registro Nacional de la
Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional] y mantenemos el mismo
esquema. Esta es una ley de Reinfo 2.0, que no nos plantea ninguna alternativa
legal”.
Además, la
congresista manifestó su preocupación por una disposición complementaria final
que señala que excepcionalmente se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a
levantar la suspensión de territorios mineros excluidos en el departamento
Madre de Dios.
Otro tema que
puso sobre la mesa Luque fue el del mercurio. “Tenemos el convenio de Minamata
que el Estado ha suscrito. De hecho, en la Comisión de Energía y Minas existe
una iniciativa legislativa, sobre la que la comisión debería pronunciarse para
obligar a una eliminación progresiva del mercurio. No se menciona absolutamente
nada sobre el mercurio ni una palabra”.
La congresista
Karol Paredes, de Avanza País, también cuestionó la norma. “No podemos
permitirnos bajo la premisa de avanzar en la formalización, legitimar prácticas
que han causado graves daños sociales y ambientales en nuestras regiones y
principalmente a nivel del país”. Paredes, quien es congresista por San Martín,
dijo que esa región tiene “tres economías clarísimas totalmente sostenibles:
turismo, comercio y agricultura”, por tanto, cuestionó la reciente entrega de
concesiones mineras en ese departamento. https://es.mongabay.com/
Declaran de interés nacional la emergencia ambiental por la
contaminación del río Tumbes
El Gobierno publicó la Ley n.° 32375,
que declara de interés nacional la emergencia ambiental por la contaminación
del río Tumbes, así como el tratamiento, la descolmatación, la remediación y la
recuperación de su cuenca hidrográfica.
La medida responde a la grave
contaminación ambiental que genera serios problemas de salud pública, afecta la
flora y fauna, y perjudica las actividades agropecuarias, constituyendo un
peligro real para la población, conforme a lo establecido en la Ley 28804, Ley
que regula la declaratoria de emergencia ambiental.
Se ejecutarán acciones orientadas al
tratamiento, descontaminación, remediación y recuperación de la cuenca del río
Tumbes, con el fin de optimizar la calidad del agua y asegurar su
disponibilidad para el consumo humano y la actividad agrícola en la región.
Esto se realizará en el marco de la Ley 30817, que declara de necesidad pública
e interés nacional la remediación de la cuenca hidrográfica del río
Puyango-Tumbes, en lo que resulte aplicable.
La ley contempla la participación de los
ministerios de Desarrollo Agrario y Riego; del Ambiente; de Salud; de
Relaciones Exteriores; de Energía y Minas; así como del Gobierno Regional de
Tumbes y las municipalidades provinciales y distritales vinculadas a la
referida cuenca. https://www.agroperu.pe/
