Lunes, 6 de abril de 2026 – Año XX – Edición 4934
Tacna: vecinos protestarán por
escasez de agua y denuncian sabotaje en sistema de distribución
Sector Vila Vila recibe solo una hora diaria, alcalde advierte manipulación de válvulas y cuestiona uso del recurso por consorcio vial en zona costera
La escasez de agua potable en el litoral de Tacna genera
reclamos en el sector de Vila Vila, donde vecinos anuncian una movilización
este lunes 6 para exigir solución inmediata ante el limitado suministro diario.
Según denuncias, el sector recibe apenas una hora de agua
al día. Ante ello, el alcalde de Boca del Río, Juan Mamani Huayna, señaló que
se detectaron presuntos actos de sabotaje en las válvulas del sistema.
Tras una inspección técnica, se evidenció que las llaves de
paso fueron forzadas y manipuladas, lo que habría impedido un reparto
equitativo del recurso entre las zonas altas y bajas de la localidad.
Como respuesta, la autoridad edil anunció que el servicio
se incrementará a tres horas diarias, distribuidas en dos turnos, con el
objetivo de garantizar el acceso al agua en Boca del Río, Vila Vila y Llostay.
La problemática se agrava con la denuncia contra el
Consorcio Vial Sama, encargado de la doble vía Boca del Río, por el presunto
uso irregular del recurso hídrico para fines de construcción.
Según Mamani, la empresa habría construido un reservorio en
La Yarada-Los Palos que se abastecería de los pozos 135 y 135A, los mismos que
proveen agua para consumo de la población.
El alcalde cuestionó que el Proyecto Especial Tacna haya
autorizado este uso, por lo que la municipalidad solicitó explicaciones
formales sobre un convenio que afectaría la presión y disponibilidad del
recurso.
Finalmente, recordó que la administración del agua es un problema histórico de más de 20 años y urgió a la Autoridad Local del Agua a agilizar la entrega de la licencia para mejorar el servicio. https://diarioviral.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Represa de Yanapujio genera dudas por beneficio limitado para Moquegua frente a alta inversión
El ingeniero Guido Herrera manifestó sus reservas respecto
al proyecto de la represa Yanapujio (Arapa-Cota), señalando que, pese a la
millonaria inversión prevista, el beneficio hídrico para Moquegua sería
limitado.
Explicó que, del volumen total almacenado, aproximadamente
tres millones de metros cúbicos corresponderían a la región, mientras que una
cantidad similar beneficiaría a Arequipa, lo que, a su criterio, no
justificaría plenamente el costo del proyecto.
Detalló que esta represa tiene como principal objetivo
afianzar el valle de Tambo, por lo que el impacto directo en Moquegua sería
menor. “¿Cuánto es la inversión? 420 millones de soles.
¿Eso le conviene a Moquegua? Parece que no”, cuestionó, al
tiempo de señalar que se deben analizar con mayor precisión los volúmenes
reales de agua disponibles tras considerar pérdidas como evaporación y volumen
muerto.
Asimismo, Herrera indicó que existe confusión en la
población sobre una supuesta entrega de agua a Arequipa, aclarando que se trata
de recursos que pertenecen a la cuenca Tambo.
No obstante, enfatizó la necesidad de que las autoridades
expliquen de manera transparente los alcances del proyecto y garanticen que
cualquier acuerdo contemple beneficios equitativos para Moquegua.
Finalmente, sostuvo que este tipo de decisiones deben tomarse con criterios técnicos claros y evaluando el verdadero impacto regional, a fin de evitar compromisos que no representen una ventaja significativa para la región en términos de disponibilidad hídrica y desarrollo agrícola. https://prensaregional.pe/
LIMA PERÚ
Conversatorio electoral expone la crisis de la salud ambiental y la deuda del Estado con poblaciones afectadas por metales tóxicos
En el marco del proceso
electoral rumbo a 2026, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por
Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas realizó el
conversatorio virtual “Elecciones 2026: Metales tóxicos y salud en debate”, un
espacio que buscó posicionar en la agenda pública una problemática persistente
y poco abordada en el debate político: la afectación a la salud humana por
contaminación derivada de actividades extractivas.
La apertura
estuvo a cargo de Anthony Oscategui, secretario general de la Plataforma y
representante de la región Pasco, quien destacó la relevancia del encuentro en
un contexto electoral marcado por la renovación del sistema político. Señaló
que el país enfrenta un momento decisivo para definir prioridades y cuestionó
la escasa atención que reciben temas como la salud ambiental en los espacios de
discusión nacional. En ese marco, enfatizó que el conversatorio buscaba acercar
a candidatos y ciudadanía a una problemática que afecta directamente a millones
de personas.
El evento reunió
a representantes de distintas regiones del país, así como a candidatos al
Senado y la Cámara de Diputados. Desde la Plataforma se advirtió que al menos
tres de cada diez peruanos están expuestos a metales pesados, principalmente
por actividades como la minería y los hidrocarburos, lo que configura una
crisis de salud pública de alcance nacional.
La primera parte
del conversatorio estuvo dedicada a visibilizar la problemática desde los
territorios. Yolanda Zurita, integrante de la Plataforma y representante de La
Oroya, alertó sobre la magnitud de la contaminación y la insuficiente respuesta
estatal. Indicó que más de diez millones de personas estarían expuestas a
sustancias tóxicas y cuestionó la falta de implementación del Plan Especial
Multisectorial de Atención a Personas Afectadas. Asimismo, llamó la atención
sobre los pocos recursos asignados a la atención de salud, que en algunos casos
apenas alcanzan la asignación de un sol por persona afectada, lo que limita cualquier
respuesta efectiva.
Desde Huancayo,
Paula Meza, también señaló la necesidad de abordar la problemática de manera
integral, incluyendo la remediación de pasivos ambientales, la recuperación de
fuentes de agua y la regulación de concesiones extractivas. Advirtió además que
el incremento de la actividad minera, impulsado por la demanda internacional de
minerales, podría agravar la situación en los territorios afectados.
Por su parte,
Emilio Quispe, representante de la Plataforma desde el Callao, abordó los
impactos de la actividad hidrocarburífera, destacando la recurrencia de
derrames de petróleo y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado.
Denunció deficiencias en los sistemas de fiscalización y la ausencia de planes
de contingencia eficaces, lo que ha generado daños ambientales prolongados en
ecosistemas y comunidades tanto en la costa como en la Amazonía.
En ese contexto,
Anthony Oscategui advirtió sobre iniciativas recientes que evidencian el
debilitamiento de la institucionalidad ambiental, como la propuesta de fusionar
el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, así como de
flexibilizar procedimientos administrativos para facilitar las actividades
extractivas. En esa línea, cuestionó a los candidatos sobre la ausencia de
propuestas claras respecto a los mecanismos de financiamiento para la atención
en salud de las poblaciones afectadas, instándolos a precisar cómo sus planes
de gobierno abordarían esta brecha estructural.
Tras este
bloque, participaron candidatos al Senado y Cámara de Diputados de 4 partidos
diferentes, pese a que la Plataforma había invitado a todos los partidos
participantes en la contienda electoral. Hernando Cevallos, candidato al
Senado, reconoció la gravedad de la situación y señaló la ausencia de una
política nacional efectiva para enfrentar la contaminación por metales pesados.
Planteó la necesidad de cambios estructurales, incluyendo mayor intervención
estatal y reformas en el modelo de desarrollo, aunque sin detallar mecanismos
concretos para su implementación.
La candidata
Milagros Samillán propuso fortalecer la normativa vigente mediante medidas como
la remediación ambiental obligatoria, la atención médica gratuita y la
reparación económica para las familias víctimas de contaminación. Su
intervención incorporó un enfoque de justicia social, aunque evidenció los
desafíos para traducir estas propuestas en políticas sostenibles en un contexto
de limitada capacidad estatal.
En tanto, la
candidata Ana Leyva atribuyó la falta de avances a factores como la
inestabilidad política, la ausencia de carrera pública y la falta de voluntad
política. Subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y
mejorar los instrumentos de gestión y fiscalización, reconociendo que muchas de
las herramientas necesarias ya existen, pero no se aplican de manera efectiva.
Por su parte, el
candidato Marco Cevallos, planteó la necesidad de un Estado más fuerte, con
énfasis en la prevención y la planificación territorial. También propuso
revisar el régimen tributario de las actividades extractivas, cuestionando los
beneficios fiscales que no se traducen en mejoras para las poblaciones
afectadas.
Uno de los
momentos más significativos del conversatorio fue la intervención de
representantes de la Plataforma, quienes cuestionaron la ausencia del tema en
los debates presidenciales y exigieron compromisos concretos para visibilizar
la salud ambiental en la agenda electoral. Este intercambio evidenció la brecha
entre el reconocimiento del problema y su priorización efectiva en el debate político.
A lo largo del
evento se reiteró la preocupación por el incumplimiento de la Ley 31189, que
establece el registro de personas afectadas por metales pesados, así como la
falta de compromiso de los últimos gobiernos nacionales en la implementación del
Plan Multisectorial. Asimismo, se cuestionó el uso de los recursos del canon y
los beneficios tributarios otorgados a las empresas extractivas, señalando la
falta de correspondencia entre la riqueza generada y las condiciones de vida en
los territorios afectados.
El conversatorio
concluyó con un llamado a posicionar la salud ambiental como una prioridad
nacional, especialmente en un contexto donde la expansión de actividades
extractivas y la transición energética podrían intensificar los conflictos socioambientales.
Si bien los candidatos expresaron disposición a atender la problemática, el
espacio dejó en evidencia la persistencia de vacíos en la formulación de
propuestas concretas y la continuidad de una deuda histórica del Estado con las
poblaciones afectadas. https://cooperaccion.org.pe/
Perú, Chile y Argentina preparan licitaciones de infraestructura por varios miles de millones de dólares para el 2T
Desde obras de aguas residuales
y de abastecimiento de agua en Perú hasta concesiones de transporte en Chile y
proyectos de carreteras y metro en Argentina, los gobiernos mantienen el
impulso en sus ductos de proyectos, lo que señala oportunidades sostenidas para
los inversionistas en toda América Latina.
Los tres países están sometidos
a presiones tanto internas como externas tras el aumento de los precios de la
energía desencadenado por los ataques de Estados Unidos contra Irán y la
posterior represalia de Teherán contra los aliados de Washington en la región y
el cierre del estrecho de Ormuz.
Como resultado, el mundo se
enfrenta a costos logísticos que se espera que aumenten en todos los ámbitos.
En medio de este contexto,
BNamericas ha compilado la agenda de licitaciones de infraestructura en los
tres países.
Perú
Tras la destitución de otro
presidente, el octavo en menos de una década, Perú será dirigido brevemente por
el legislador de izquierda José María Balcázar antes de las elecciones
generales del 12 de abril, aunque ha prometido no realizar cambios abruptos en
la política económica e incluso ha nombrado a la ministra de Economía de su
predecesor, Denisse Miralles, como jefa de gabinete.
En medio de la incertidumbre, y
antes de una elección presidencial con un panorama poco claro, la agencia de
promoción de inversiones ProInversión planea adjudicar dos proyectos de
asociaciones público-privadas (APP) durante el 2T.
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Cajamarca (US$115 millones): La licitación fue lanzada en
octubre. Acciona Agua y Aqualia superaron un proceso de precalificación, según
una notificación publicada por ProInversión a comienzos de marzo.
El proyecto contempla una planta
de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 30 litros por segundo en la
ciudad de Cajamarca.
Obras de cabecera y conducción
para el abastecimiento de agua potable para Lima (US$696 millones): La subasta
comenzó en julio. Se prevé revelar a los postores precalificados el 13 de
abril.
Las obras consisten en instalar
una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 5m³/s, un ducto de
26km que vincula la planta con el distrito limeño de Manchay, cinco reservorios
con una capacidad combinada de 69.000m³, incluidas líneas de rebose, y 66km de
ductos de interconexión.
Mientras tanto, los tres favoritos
en la contienda presidencial, que cuenta con más de 30 candidatos y una
proporción significativa de votantes indecisos, proponen fortalecer el modelo
de APP y obras por impuestos (OXI) para seguir desarrollando infraestructura y
posicionar al país como un hub portuario regional. https://www.bnamericas.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
