Lunes, 15 de diciembre de 2025 – Año XX – Edición 4858
Saludo por el 64° aniversario del
histórico y combativo Sindicato de Trabajadores de SEDAPAR – SUTEPSAR
COMUNICADO N° 112-2025/CDN FENTAP
Estimados compañeros y compañeras del Sindicato Único de
Trabajadores de SEDAPAR – SUTEPSAR:
En nombre de la Federación
Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP,
y en el mío propio, expresamos nuestro más fraterno y combativo saludo por el
64° aniversario de fundación del SUTEPSAR, el sindicato más antiguo de los
trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú y ejemplo permanente de
lucha, dignidad y coherencia sindical en nuestra patria.
Desde su histórica constitución en 1961, el SUTEPSAR ha
sido pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales, en la
construcción de una gestión pública del agua al servicio del pueblo y en la
conquista de mejores condiciones para las trabajadoras y trabajadores de
SEDAPAR. Sus luchas, principios y legado organizativo han marcado el camino
para todas las organizaciones del sector saneamiento a nivel nacional.
Hoy, en este nuevo aniversario, rendimos homenaje a todas
las generaciones que hicieron grande al SUTEPSAR y reafirmamos nuestra
convicción de que unidad, firmeza y compromiso seguirán siendo la base para enfrentar
los desafíos actuales y futuros del sector.
Asimismo, hacemos un llamado a mantener y fortalecer el
compromiso de los trabajadores de SEDAPAR con la prestación de un servicio
eficiente, seguro y de calidad, en beneficio directo de la comunidad arequipeña,
que reconoce y valora el esfuerzo cotidiano de quienes garantizan agua y
saneamiento para toda la región.
¡FELIZ 64° ANIVERSARIO, SUTEPSAR!
¡VIVA LA UNIDAD SINDICAL!
Por el Consejo Directivo Nacional de la FENTAP:
Luis Isarra Delgado
Secretario General – FENTAP
Afiliado al SUTEPSAR
Lima, 12 de diciembre de 2025
HIDROREGIONES PERÚ
Buscan declaratoria de emergencia para sector agrícola en Arequipa
A puertas de la temporada de lluvias, la Gerencia Regional
de Agricultura (GRAG) gestiona la solicitud de declaratoria de emergencia para
el sector agrario en Arequipa. La medida permitiría acceder a financiamiento
para ejecutar intervenciones preventivas en cerca de 415 puntos críticos ante
el incremento del caudal de los ríos. Sin embargo, el pedido requiere cumplir
criterios técnicos a nivel nacional que aún no avanzan con la celeridad
necesaria.
A nivel regional, las juntas de usuarios y los municipios
identificaron 415 puntos críticos vulnerables a las lluvias; no obstante, esta
información todavía no cuenta con el sustento técnico de las Autoridades
Locales de Agua (ALA). Además, solo 70 fichas fueron registradas en el Sistema
Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD),
una cifra insuficiente para formalizar la solicitud ante el gobierno central.
“La estrategia que planteamos, de forma coordinada con las
juntas de usuarios, es solicitar la declaratoria de emergencia de manera
adelantada, como se hizo hace dos años. Hay puntos muy vulnerables en los que
ya intervenimos junto a las municipalidades y el COER, pero no es suficiente.
Necesitamos financiamiento para trabajar con rocas al volteo, maquinaria,
combustible y pago de operadores”, señaló Helard Nina Pachauri.
Desde la GRAG recordaron que existe el compromiso del
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, de gestionar el
estado de emergencia, siempre que la solicitud esté debidamente sustentada. En
ese marco, la presentación de los informes técnicos de las ALA y el registro en
el SINPAD resulta clave. Sin embargo, la demora en la entrega de información
consolidada por parte de algunas autoridades del agua retrasa el proceso.
En la provincia de Caylloma, por ejemplo, los puntos
críticos no fueron registrados ni incluidos en el listado de la GRAG. Una
situación similar se presenta en los distritos de La Joya y Vítor. En
contraste, las ALA de Tambo, Ocoña y Camaná remitieron información a la
Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, mientras que Chili y Colca
mantienen retrasos. El consolidado preliminar elaborado por la GRAG reúne los
puntos identificados por municipalidades y juntas de usuarios, pero la cifra
oficial aún depende de los informes técnicos de las ALA.
Castilla figura entre las provincias más afectadas. En el
valle de Majes, los puntos críticos se concentran en Aplao, Huancarqui y
Uraca-Corire. En este último distrito, la municipalidad logró registrar 22
puntos críticos en el SINPAD y ya solicitó formalmente la declaratoria de
emergencia al COER. A nivel regional, las municipalidades y el propio Gobierno
Regional de Arequipa enfrentan limitaciones presupuestales para cubrir gastos
de combustible que permitan movilizar maquinaria pesada ante eventuales
emergencias.
En esa línea, el presidente de la Junta de Usuarios de la
región Arequipa, Orlando Huanqui Guerra, coincidió en que la declaratoria de
emergencia facilitaría una respuesta más rápida.
“Necesitamos afianzar la información para conseguir el
estado de emergencia. Debemos consolidar el trabajo, porque si no, no se
logrará a tiempo. Las lluvias ya se nos vienen”, advirtió.
Por el momento, la GRAG ejecuta acciones de emergencia como
la limpieza de cauces en Vítor y el valle de Islay, además de la instalación de
rocas al volteo y prismas, con apoyo de las juntas de usuarios, que en algunos
casos aportan material o asumen el pago de operadores. No obstante, las
autoridades reconocen que se requieren intervenciones de mayor escala para
reducir el riesgo de pérdidas en los cultivos agrícolas. https://diarioelpueblo.com.pe/
Piura: Monitorean las plantas de agua de Curumuy y Sullana por los trabajos de mantenimiento del canal Daniel Escobar
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que supervisa la operación de la
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Curumuy, a cargo de la EPS Grau,
durante los trabajos programados por el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP),
lo que involucra a más de 50 000 usuarios.
La Sunass también detalló que
durante el monitoreo se realizaron pruebas de calidad del agua potable, cuyas
muestras confirman que el servicio distribuido es apto para el consumo humano.
Asimismo, verificó que la
empresa cuenta con insumos suficientes para la potabilización durante
diciembre. Estas acciones buscan asegurar la continuidad y la calidad del
servicio en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.
De igual manera, se supervisaron
los trabajos de rehabilitación de las losas que ejecuta el PECHP en el
kilómetro 28 del canal Daniel Escobar y se verifica que se derive diariamente
un volumen mínimo de cinco metros cúbicos del líquido hacia las plantas de
tratamiento, a fin de evitar su paralización.
“Nuestros equipos de
fiscalización realizan monitoreos diarios en la PTAP Curumuy para detectar
cualquier paralización que pueda afectar a los más de mil usuarios atendidos
por la EPS Grau”, señaló Irina Palomino, jefa de la Sunass en Piura.
Constituye una infracción muy
grave que una EPS incumpla lo informado a la población respecto a los cortes
del agua potable —por casos fortuitos o de fuerza mayor— que afecten la
continuidad o calidad del servicio.
La ciudadanía puede comunicarse
con el regulador, ante cualquier problema con sus servicios de saneamiento,
mediante el Fono Sunass 1899, las redes sociales en Facebook y X, en su oficina
ubicada en el jirón Catacaos Mz. R Lote 59, urbanización Santa Ana, de lunes a
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el WhatsApp 01 614 3180, para reportar
problemas operativos. https://diariocorreo.pe/
Ríos contaminados en La Libertad: cianuro, metales tóxicos y ausencia del Estado
La presencia de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las cuencas Perejil, Chuyugual y Caballo Moro —zonas que abastecen de agua a La Libertad, Cajamarca y Áncash— ha encendido nuevamente las alarmas sobre la crisis ambiental que enfrenta el norte peruano. Un reciente estudio elaborado por AMAS Marianistas junto a Red Muqui, basado en más de 20 años de monitoreo comunitario, reveló niveles de contaminación que superan los Estándares de Calidad Ambiental y que ya comprometen la salud de las personas, la ganadería, la agricultura y la biodiversidad acuática.
Este fue el eje
del programa de esta semana de La Hora Verde, que contó con la participación de
Victoria Fernández, rondera campesina de la provincia de Santiago de Chuco y
defensora ambiental; Deysi Alcántara, representante de la Coordinadora de
Organizaciones de Base en Defensa del Agua de Santiago de Chuco; y Manuel Hora,
miembro del equipo técnico investigador de AMAS Marianistas.
Desde Santiago
de Chuco, Victoria Fernández señaló que la población viene alertando desde hace
años la degradación del agua, pero las denuncias han sido ignoradas por las
autoridades. Recordó que ya en 2011 empezaban a detectarse alteraciones en las
lagunas y riachuelos que abastecen a la zona. “Hemos encontrado resultados
adulterados, metales tóxicos, ríos muertos. Y, aun así, la OEFA y la Fiscalía
ambiental no atienden nuestras demandas”, afirmó.
Fernández
explicó que las comunidades han formado comités de vigilancia y monitores
ambientales que registran sistemáticamente los cambios en el agua. Pese a ello,
dijo, el Estado continúa otorgando concesiones sin consulta previa y sin
evaluar la fragilidad de las cabeceras de cuenca. “Pedimos que respeten
nuestros derechos y que nos escuchen. Defender el agua es defender la vida”,
concluyó.
Por su parte,
Deysi Alcántara destacó que la presentación del informe confirma lo que las
comunidades han venido advirtiendo: la minería —formal, informal e ilegal— está
causando un daño profundo y sostenido en las fuentes de agua. “La presencia
minera no significa progreso, significa intoxicación y muerte lenta para la
población y para la agricultura”, sostuvo.
Alcántara
denunció además la indiferencia del Estado y la complicidad institucional que
permite que empresas ingresen a cabeceras de cuenca sin consultar a la
población. Recordó que, pese a ordenanzas y movilizaciones, como el paro
provincial de 2020, la autoridad nacional del agua (ANA) y el gobierno local no
han protegido el territorio. “Las leyes se están haciendo para las empresas, no
para la gente. Por eso nos organizamos: para defender nuestro derecho a vivir”,
afirmó.
En tanto, Manuel
Hora, investigador de AMAS Marianistas, explicó que el monitoreo ambiental
comunitario comenzó en 2005, antes del ingreso del proyecto Lagunas Norte. Esa
primera línea de base mostraba agua saludable, con problemas únicamente
bacteriológicos. Sin embargo, con el avance de la actividad minera,
especialmente en la cuenca Chuyugual, empezaron a detectarse sulfatos,
nitratos, metales pesados y, más recientemente, cianuro en sus distintas
formas.
“Los puntos
donde hallamos estos contaminantes están geográficamente vinculados a las
operaciones mineras”, indicó Hora. Señaló además que los análisis fueron
realizados en laboratorios acreditados y que los resultados son replicables y
válidos científicamente. “No somos antimineros: queremos minería con justicia
social. Pero el Estado debe esclarecer responsabilidades y reconocer el trabajo
de vigilancia ambiental que nace desde la sociedad civil.”
En sus
reflexiones finales, los tres participantes coincidieron en que esta
contaminación es resultado directo de una ausencia estructural del Estado, que
ni fiscaliza ni garantiza derechos. Subrayaron que lo hallado en estas cuencas
no es un caso aislado, sino parte de un patrón que se repite en diversas
regiones del país, donde la presión extractiva se impone sobre la salud y el
territorio.
La Hora Verde
dejó un mensaje claro: si el Estado continúa desatendiendo las alertas
científicas y la voz de las comunidades, la crisis hídrica y alimentaria en el
norte peruano podría volverse irreversible. Defender las cabeceras de cuenca es
hoy una urgencia ambiental, sanitaria y democrática. https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”