Jueves,12 de junio de 2025 – Año XX – Edición 4733
Ultimátum de 72 horas al Gobierno
Regional de Puno por contaminación del río Ramis
Frente de Defensa Ambiental de Ramis lidera exigencia ante inacción regional, advierten con protestas si no se responde dentro del plazo establecido
Dirigentes y alcaldes de la cuenca del río Ramis han dado un
plazo de 72 horas al gobierno regional para que responda sobre la grave
contaminación que afecta a miles de familias, exigen una audiencia
descentralizada y soluciones inmediatas.
Pedro Callohuanca, presidente del Frente de Defensa
Ambiental de la Cuenca Ramis, explicó que el oficio enviado el 20 de mayo
solicita la presencia del gobernador regional, el equipo técnico, la Dirección
Regional de Energía y Minas y la Gerencia Regional de Autoridad Ambiental en
una reunión urgente.
El gobierno regional hasta ahora no ha respondido a los
pedidos de los afectados, los intentos de comunicación con su oficina de
relaciones públicas tampoco han tenido resultados, la población se siente
ignorada por las autoridades.
La base legal de este pedido se encuentra en el decreto legislativo 1099, que obliga al gobernador regional y al gobierno central a remediar y mitigar la contaminación, además, la ley señala que los distritos afectados deben recibir atención prioritaria.
Distritos como Crucero, Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro
y Orurillo sufren el impacto directo de la contaminación, las minas formales,
ilegales e informales en zonas como Chaquiminas y Ananea son las principales
fuentes del problema.
La contaminación afecta la salud, la vida y la agricultura
de las comunidades, los proyectos para remediar la situación no avanzan, la
población pide el cambio inmediato del director regional de Energía y Minas por
falta de respuestas.
El dirigente indicó que el gobierno regional tiene la
responsabilidad de supervisar y fiscalizar la actividad minera, sin embargo,
esta labor no se cumple adecuadamente, las autoridades conocen la situación,
pero no actúan de manera efectiva.
Si el gobierno regional no responde en el plazo dado, los
dirigentes y la población evaluarán nuevas acciones el martes, han convocado a
una reunión para definir medidas concretas.
La cuenca del Ramis se prepara para iniciar acciones de
lucha social, consideran que estas medidas serán radicales y necesarias ante la
inacción de las autoridades, la defensa del agua y la vida es la prioridad para
los pueblos afectados.
Existe preocupación por el proyecto de la represa Huajchani, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) no ha resuelto el saneamiento del terreno desde 2011, la población exige a sus dirigentes actuar, consideran que solo la lucha traerá resultados. https://pachamamaradio.org/
HIDROREGIONES PERÚ
Glaciares en riesgo por proyecto minero Crespo que podría dejar sin agua a comunidades de Chumbivilcas
Una nueva alerta ambiental ha movilizado a autoridades
locales, comunidades campesinas, rondas, organizaciones sociales y frentes de
defensa de la provincia de Chumbivilcas, quienes han emitido un pronunciamiento
conjunto en contra del proyecto minero Crespo S.A.C. La iniciativa extractiva,
aseguran, pone en grave peligro los glaciares y ecosistemas de la cordillera de
Huanzo, fuente fundamental de agua para miles de personas en la región.
Durante una reciente visita el día 8 de junio al cerro
Curasma, zona de intervención del proyecto minero, representantes de la
empresa, autoridades comunales, líderes sociales y periodistas recorrieron el
área señalada por las comunidades como zona crítica por la presencia de
glaciares. Durante el recorrido, se evidenciaron los posibles riesgos
ambientales que implicaría la actividad extractiva. Las comunidades advirtieron
que el proyecto comprometería las cabeceras de cuenca del río Santo Tomás, una
fuente vital de agua que abastece a cultivos, animales y familias enteras en
toda la cuenca.
Pese a estas advertencias, el representante de la empresa
Crespo S.A.C., en declaraciones difundidas por el medio comunitario Willaypacha
Noticias, sostuvo que “ya se hicieron los análisis, aquí no existen glaciares”.
La declaración ha generado aún más rechazo, especialmente luego de que un
informe técnico del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), la inspección de glaciares se realizó el 27
de mayo en la cordillera Huanzo, Sector Curasma por solicitud de la comunidad
Collpa Cushiahui y publicado el 2 de junio, el informe confirma la presencia de
hielo macizo en cinco puntos distintos de la zona de Curasma. El documento
técnico demuestra la existencia de glaciares de roca, relictos glaciares o
hielo fósil, considerados reservas estratégicas de agua dulce en el glaciar
inti Curasma y también denominado Apu Crespo, ubicado en el distrito de Llusco,
Chumbivilcas, Cusco.
El informe técnico de INAIGEM recomienda identificar y
caracterizar los diferentes sectores con potencial presencia de hielo fósil,
permafrost o glaciar de roca. Realizar estudios detallados de prospección
geofísica para determinar el volumen de hielo existente en la zona afectada por
la remoción de la cobertura de suelo.
En un comunicado emitido por las organizaciones locales, se
señala que la actividad minera vulneraría gravemente los derechos fundamentales
de las poblaciones, como el acceso al agua, la salud y un ambiente sano.
“Rechazamos toda forma de eliminación, alteración o afectación directa de
glaciares y bloques de hielo en el área del proyecto minero Crespo”, indica el
texto suscrito por autoridades provinciales, comunales, rondas campesinas, la
Liga Agraria y organizaciones sociales de base.
Asimismo, el pronunciamiento exige la anulación de todos
los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas al proyecto minero, por
considerarlos incompatibles con la legislación ambiental vigente. Recuerda
también que la Ley de Protección de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, junto
al artículo 66 de la Constitución Política del Perú, prohíben toda actividad
que genere la pérdida o desaparición de glaciares.
“La legislación es clara: las actividades que afecten
glaciares están prohibidas sin excepción. Su incumplimiento puede conllevar
sanciones administrativas, civiles e incluso penales”, enfatiza el documento,
que exhorta a organismos competentes como la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y
Autoridad Nacional del Agua (ANA) a tomar acciones inmediatas y conforme al
marco normativo.
La población de Chumbivilcas ha declarado estado de alerta
permanente para defender sus fuentes de agua y el equilibrio ecológico de su
territorio. El informe técnico del Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), remitido oficialmente a la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y a la congresista por el Cusco, Ruth
Luque, refuerza el pedido colectivo de paralizar de inmediato cualquier
actividad minera en la zona hasta que se garantice la protección de los
glaciares identificados.
La evidencia científica y la voz unánime de la población de
Chumbivilcas apuntan a una sola voz: “Sin agua, no hay vida ni futuro”. https://cooperaccion.org.pe/
En 8 días sabremos qué país hará Majes – Siguas II
En 8 días conoceremos la
identidad del país que asumirá la responsabilidad de ejecutar el proyecto Majes
Siguas II, el más emblemático de la historia de Arequipa. Originalmente se
vocearon a 6 países, pero la elección saldrá entre Japón y el Reino Unido.
Desde el 21 de agosto de 1970,
día en el que se firmó en nuestra plaza de Armas la partida de nacimiento del
proyecto Majes Siguas, sólo se concretó la habilitación de las primeras 15 900
hectáreas. Ahora se pretende ejecutar la segunda etapa, que involucra 38 500
hectáreas que deben generar 150 mil puestos de trabajo directos y 100 mil
indirectos.
La segunda etapa debió
culminarse en el 2016, según el contrato de concesión suscrito el 9 de
diciembre de 2010 por el gobierno regional de Arequipa con las empresas Cobra y
Cosapi. Pero surgieron diversos inconvenientes que motivaron al Tribunal
Constitucional a disponer que un porcentaje de las aguas a derivarse del río
Apurímac para irrigar las 38,500 hectáreas, se queden en Cusco.
Este fallo propició
modificaciones en el sistema de conducción del agua que, en opinión de Cobra,
elevaban el presupuesto en 104 millones de dólares. El controvertido tema
originó la adenda 13, cuya firma se postergó durante un lustro por el Gobierno
Regional de Arequipa, siendo una de las causales por las que Cobra resolvió
unilateralmente el contrato.
Desde entonces el diferendo fue
tratado, primero, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y
luego, por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión
(Ciadi). En julio del 2024 el Gobierno Regional de Arequipa se apartó del
proyecto y lo asumió el Ejecutivo. Entendemos que el jueves 16 el gobierno no
sólo anunciará al país que asumirá la ejecución del proyecto, sino, la solución
al reclamo económico de Cobra.
En las últimas 8 décadas, la
campiña de Arequipa ha perdido un aproximado de 10 mil hectáreas, por la
siembra de cemento y asfalto. Pero se generaron las irrigaciones de La Joya,
San Camilo, la Cano, la Ensenada en Islay y la primera etapa de Majes, que juntas
suman 37 mil hectáreas irrigadas por las cuencas de los ríos Tambo, Chili y
Colca.
Irrigaciones que son fruto del
esfuerzo de arequipeños corajudos, emprendedores y nobles. Todas esas
irrigaciones tienen imperfecciones y limitaciones. Pero son el sostén de 150
mil hogares. Ahora, Majes Siguas II está más cerca de ser realidad, aunque los
detractores de siempre flameen imperfecciones que siempre hay en obras de gran
envergadura.
Sería muy grato para nuestra
historia, que instituciones como la FDTA, colegios profesionales y gremios
universitarios, llenen el domingo 15 nuestra plaza de armas, para decirle al
gobierno de la señora Boluarte, que Arequipa demanda la culminación del
proyecto más importante de nuestra historia. (¡Bueno, ser iluso no es pecado, ¿verdad?).
https://diarioviral.pe/
Contraloría detecta irregularidades en obra de agua potable en localidades de Pisuquia
La Contraloría General
identificó irregularidades en la obra de mejoramiento del sistema de agua
potable e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) para seis
localidades de la región, a cargo de la Municipalidad Distrital de Pisuquia y
con un valor referencial de S/ 1 030 024. Se detectó que, pese a la nulidad
dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
se suscribió el contrato sin la documentación exigida y no se verificó la
experiencia técnica del residente de obra, vulnerando la normativa de
contrataciones del Estado.
La ejecución del proyecto tuvo
como finalidad beneficiar a los pobladores de las localidades de Cuipe,
Danjamal, Limapampa, Paquihuas, Santa María y el barrio Brasil de Membrillo, en
el marco del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N.°
03-2024-MDP/CS que convocó la comuna de Pisuquia del 30 de enero al 27 de
febrero de 2024.
En el Informe de Control
Específico n.° 007-2025-2-0329-SCE (periodo de evaluación del 30 de enero al 27
de febrero de 2024), se señala que el comité de selección incorporó en las
bases administrativas factores de evaluación, como “Sostenibilidad ambiental y
social” e “Integridad en la contratación pública”, los cuales no corresponden
al tipo de procedimiento convocado debido al monto de la contratación. Esta
decisión contravino lo establecido por las bases estándar del OSCE, afectando
la legalidad del procedimiento y restringiendo la participación de postores.
Asimismo, durante la etapa de
consultas, un participante advirtió la indebida inclusión de los factores de
evaluación mencionados. Sin embargo, el comité de selección otorgó la buena
pro, vulnerando la normativa. Pese a esa anomalía, se suscribió el contrato
antes de presentar la documentación exigida, lo que sugiere un acto simulado,
contraviniendo el artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Se detectó que el consorcio
ganador no acreditó adecuadamente la experiencia mínima requerida del residente
de obra ofertado. No obstante, el encargado de la Unidad de Abastecimientos
omitió verificar este requisito técnico, y aun así permitió continuar con la
contratación. Esta omisión contravino lo establecido en el artículo 49° del
reglamento vigente, que exige comprobar la capacidad técnica del personal clave
antes de suscribir el contrato.
En los hechos detectados tendría
participación el encargado de la Unidad de Abastecimiento de aquella época, así
como del presidente y dos miembros del comité de selección del periodo 2024,
quienes habrían vulnerado múltiples normas, determinándose la presunta
responsabilidad penal y administrativa, respectivamente.
El informe fue comunicado al
titular de la entidad, para el deslinde de las responsabilidades que
correspondan y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Amazonas, y para las acciones penales que permitan
determinar responsabilidades. https://www.gob.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”