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Puno: cuestionan alza de tarifas de agua potable hasta en 9.8 % - Hidroboletín Fentap 17 julio 2025

Jueves, 17 de julio de 2025 – Año XX – Edición 4758

 

Puno: cuestionan alza de tarifas de agua potable hasta en 9.8 %

Sociedad civil y colegios profesionales brillaron por su ausencia en reunión clave sobre el rebalanceo tarifario 

El vicepresidente del Convenio 025, Eduardo Suni, cuestionó la ausencia de la sociedad civil y representantes de las organizaciones sociales en la reunión virtual donde se abordó el incremento de la tarifa por el servicio de agua potable en la ciudad de Puno. Precisó que actualmente ya se evalúa un nuevo incremento tarifario de hasta 9.8 %.

Dijo que esta propuesta de incrementar las tarifas por el referido servicio ha sido saludada por el actual gerente de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico – EMSA Puno. Precisó que en dicha reunión también participó el representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; sin embargo, hubo ausencia total de los representantes de los colegios profesionales.

Consideró inoportuna la reevaluación de las tarifas por el servicio de agua en la ciudad de Puno. “Ellos lo llaman un rebalanceo tarifario 2023–2027, pero aquí ya se evalúa un incremento, y es necesario que la población se pueda involucrar en estos temas”, indicó. https://radioondaazul.com/

HIDROREGIONES PERÚ

Dirigentes advierten paro de 24 horas para exigir salida del gerente de Seda tras colapso en planta de agua en Juliaca

Tras el colapso parcial del techo en la planta de tratamiento de agua de Seda Juliaca, ocurrido el último fin de semana, dirigentes de las cuatro zonas de la ciudad realizaron esta mañana un plantón frente a las instalaciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Seda Juliaca S.A.). Además de exigir la destitución de funcionarios responsables, anunciaron una posible medida de protesta de 24 horas si no se entrega el informe técnico que evalúe el daño.

Según informó la entidad mediante un comunicado, el hundimiento afectó aproximadamente el 25 % de la loza recientemente vaciada, el mismo día en que se había realizado dicha operación. La causa del incidente sería la fractura de puntales de acero del encofrado, responsabilidad directa del consorcio Tupa Fernández, empresa encargada de la ejecución. Asimismo, en el comunicado se indica que la contratista asumirá íntegramente las reparaciones, subsanando los daños conforme a sus obligaciones contractuales.

La empresa también precisó que el 75 % restante de la loza maciza vaciada se encuentra técnicamente estable y sin riesgo estructural. En ese mismo pronunciamiento institucional, EPS Seda Juliaca rechazó la existencia de personal fantasma o contrataciones sobrevaloradas, asegurando que la obra está bajo control recurrente de la Contraloría General de la República, lo cual descarta presuntas irregularidades adicionales.

Denuncian negligencia funcional

En paralelo, la Asociación de Presidentes de las Cuatro Zonas de Juliaca formalizó el pedido de separación inmediata del gerente general de EPS Seda Juliaca S.A., abogado Fredy Armando Carita Faijo, junto con tres funcionarios clave vinculados a la supervisión y ejecución del proyecto PMRI II – Medida I. Argumentan negligencia funcional, mala designación y perjuicio técnico y económico a la empresa y la población de Juliaca.

La solicitud también incluye la destitución del jefe de Proyectos Especiales, ingeniero Richar Fredy Huailla Apaza; del subgerente de Ingeniería, ingeniero Pedro Cutipa; y del residente de obra, señor Luis Edgardo Aguilar Pomari. Según el exdirigente Antero Pimentel Esquivias, la inversión supera los tres millones de soles, por lo que no permitirán la reanudación del vaciado sin un informe final que garantice condiciones seguras para continuar. “No podemos aceptar que se siga sin saber si el daño afecta toda la estructura”, declaró.

Anuncian protesta de 24 horas

La advertencia incluye la realización de una protesta de 24 horas en caso de que el peritaje no se entregue en los próximos días, exigiendo un pronunciamiento oficial que defina si se debe reconstruir o reparar la zona afectada.

Al respecto, el alcalde provincial Óscar Cáceres Rodríguez señaló que se han tomado acciones inmediatas tras el colapso y que la responsabilidad ha sido asumida por la empresa subcontratada. “Estamos esperando el informe de un peritaje técnico para que pueda indicarnos si la refacción de ese tramo, que es más o menos el 25 %, pueda hacerse de la mejor forma sin afectar la otra parte”, afirmó. Este documento será clave para definir si se continúa o se rehace completamente el vaciado.

Finalmente, el burgomaestre indicó que aguardan el cronograma oficial de la empresa para conocer las acciones correctivas. También advirtió que, en caso de incumplimiento o demora, se aplicarían penalidades. Respecto a la demanda de cambio en la gerencia de EPS, sostuvo que no estaría contemplada, ya que, en su evaluación actual, el gerente estaría trabajando adecuadamente en beneficio de Juliaca y los trabajadores de la entidad. https://larepublica.pe/

Cuenca Llallimayo anuncia posible paro por contaminación y exige presencia ministerial

La Cuenca Llallimayo despierta alerta en miles de habitantes que preparan un paro indefinido tras años de contaminación y promesas rotas, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos, Marcelino Surco Quispe, advierte que la salud está en riesgo y exige respuestas inmediatas.

Los vecinos aseguran que desde hace años buscan diálogo, las familias desean recuperar su bienestar y proteger a sus hijos, pero el gobierno central ignora sus llamados y la situación empeora cada día.

Las autoridades nacionales viajaron varias veces a la zona, los ministros ofrecieron ayuda y soluciones concretas pero las palabras quedan en el aire sin avances visibles para los agricultores y ganaderos locales.

La semana pasada, cientos de personas marcharon en la capital de Puno, la protesta dio un plazo de cinco días al gobierno, los pobladores exigen que los ministros lleguen a la provincia de Melgar y escuchen sus demandas directamente.

Al vencer el plazo, las comunidades recibieron un oficio, el documento sólo plantea continuar trabajos técnicos y evita la visita de ministros, el descontento crece por la falta de acción.

Tras el oficio, autoridades distritales y dirigentes acordaron reunirse este viernes en la cuenca Llallimayo, la asamblea decidirá las medidas frente a la negativa del gobierno y evaluará nuevos pasos para la protesta.

Los alcaldes decidieron viajar a Lima en busca de diálogo, el alcalde provincial ya se encuentra en la capital y plantea la urgencia de una solución real que proteja el acceso a agua limpia y saludable.

Muchos aseguran que el gobierno permite la pasividad de la empresa minera implicada, la minera formal operó en la zona, dejó ríos contaminados y la preocupación llega incluso a otras regiones que temen situaciones similares.

La contaminación afecta la vida diaria de los habitantes, los pastos y animales sufren, carecen de agua limpia y las familias se ven obligadas a modificar actividades ganaderas y buscar alternativas cada vez más lejanas.

En la ciudad de Ayaviri, miles de personas consumen agua del mismo río Llallimayo, médicos confirman la presencia de arsénico y metales pesados en sangre de niños, embarazadas y adultos mayores, la angustia de los padres crece por el futuro de sus hijos.

Los pobladores de la cuenca piden la construcción de plantas de tratamiento y tecnología para limpiar el río, ya no basta con inspecciones ocasionales, el daño está hecho y la recuperación demanda obras inmediatas y decisiones responsables.

El dirigente sostiene que el gobierno favorece intereses mineros y da permisos sin atender las consecuencias, los habitantes denuncian abandono y temen que la pobreza y el deterioro ambiental aumenten con el tiempo. https://pachamamaradio.org/

LIMA PERÚ

¿Quién controla el agua en el Perú?

En los campos de Ica crecen arándanos, espárragos y uvas que llegan a supermercados de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Pero detrás de cada fruta que se exporta desde el desierto hay algo más que sabor: hay agua. Mucha agua. Y, cada vez más, escasez.

Un informe de Water Witness, publicado en diciembre de 2024, advierte que Ica enfrenta una emergencia hídrica. Se estima que cada día se extrae del acuífero de la región el equivalente a 219 piscinas olímpicas. No hay lluvias que lo repongan. Al contrario: el agua que queda es cada vez más salada, más profunda y más costosa de alcanzar.

Mientras los cultivos de agroexportación prosperan, más de 35 000 personas en Ica no tienen agua potable. Muchas la reciben solo dos veces por semana; otras deben comprarla en camiones cisterna a precios hasta tres veces mayores que el agua por cañería. “Los pobres pagan más”, dice un dirigente local.

Y esto no ocurre solo en Ica. En Piura, a inicios de diciembre de 2024, más de 100 agricultores rompieron un dique instalado por Agroaurora, empresa del Grupo Gloria, en el río Chira, que bloqueaba el agua para sus cultivos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había sancionado esa obra un año antes y ordenado su retiro, pero la empresa apeló y reconstruyó el dique varias veces en medio de las protestas. Agroaurora concentra 168 millones de m³ de agua autorizada en una región donde el 93 % de licencias van al agro, y las sequías son cada vez más severas.

Estas son historias urgentes. Historias que afectan de forma profunda al Perú y que no se ven en las etiquetas de los productos que se consumen en otras partes del mundo.

Por eso esta semana lanzamos SED: la otra cara del negocio agroexportador, una serie periodística que busca mostrar cómo se usa el agua, qué está haciendo (o dejando de hacer) el Estado y cómo esta actividad impacta en la vida de las personas y territorios.

El primer reportaje de esta serie revela cómo el gobierno peruano está reestructurando la ANA, la entidad encargada de decidir quién puede usar el agua y en qué cantidad. El proceso se ha presentado como una forma de mejorar la gestión, pero en la práctica lo que está ocurriendo es otra cosa: se están recortando controles, flexibilizando normas y debilitando la fiscalización, justo cuando más se necesita.

Al frente de esta reforma está el ministro Ángel Manero, cuya familia tiene una empresa exportadora de mangos. El diseño lo encargó a un asesor con vínculos previos con agroexportadoras. Y muchas de las propuestas que salieron de ese equipo ya están en marcha: se eliminaron requisitos técnicos para abrir pozos en zonas donde el agua ya está sobreexplotada, se relajaron normas ambientales y se plantean cambios que podrían abrir la puerta a un mercado del agua sin control estatal.

Mientras tanto, la ANA apenas cuenta con 59 fiscalizadores para supervisar más de 460 mil permisos en todo el país. Y en muchas zonas rurales y altoandinas, el agua es cada vez más escasa. En un escenario de cambio climático y sobreexplotación, comunidades enteras ven cómo disminuye su acceso al agua para beber, cocinar o sembrar.

El modelo agroexportador ha llevado productos peruanos a las mesas del mundo, pero también ha generado desigualdades.

En esta serie vamos a contar varias de esas historias: desde las nacientes de agua en los Andes que se desvían para regar campos en la costa, hasta los efectos de un clima cada vez más extremo y la sobreexplotación del recurso para sostener este modelo. También hablaremos de las condiciones en las que se desarrolla esta actividad, donde muchos trabajadores aún laboran a destajo y sin derechos. Porque entender el negocio agroexportador implica mirar no solo lo que se cultiva, sino cómo, con qué agua y a costa de quiénes.

El agua no puede seguir viéndose como un insumo más del negocio. Es un bien común, y su reparto justo debería ser prioridad. En el Perú, hoy no lo es. https://saludconlupa.com/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe