Viernes, 12 de enero de 2023 – Año XVII – Edición 4383
Sunass impuso 244 sanciones a 42
empresas de agua potable a nivel nacional
Los tipos de sanciones impuestas a los prestadores fueron multa y amonestación escrita. En el caso de las multas estas llegaron a S/13,325,400 (2692 UIT)
Durante el 2023, la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass) impuso 244 sanciones a 42 de las 50 empresas de agua
potable y alcantarillado a nivel nacional, y removió de sus cargos a 3 gerentes
generales.
Las empresas prestadoras con más sanciones fueron: EPS Grau
de Piura (66), Epsel de Lambayeque (22), la unidad ejecutora Agua Tumbes (12),
Sedapal (9) y Emapa Pasco (8).
Los principales motivos de sanción fueron por
incumplimiento de medidas correctivas (55 %), falta de remisión y/o difusión de
información (15 %) e incumplimiento de metas de gestión (11 %).
Cabe precisar que la Sunass tiene entre sus funciones la
supervisión del gobierno corporativo de las empresas prestadoras, en temas como
la composición y recomposición del directorio, así como la designación,
remoción y vacancia de los miembros del directorio y del gerente general de las
empresas de agua.
En esta línea, el regulador emitió, durante el 2023, tres
resoluciones de amonestación escrita a los gerentes generales de la Emapica S. A.
(Ica), Emusap Abancay S. A. (Apurímac) y Epsel S. A. (Lambayeque), por no
remitir información requerida por la Sunass y tres resoluciones de remoción del
cargo de los gerentes generales de las empresas de prestadoras Sedalib S. A.
(La Libertad), Moquegua S. A. (Moquegua) y de Sedacusco S. A. (Cusco), por no
cumplir con los requisitos para el cargo, como estar impedido por tener
procesos judiciales en trámite contra la empresa prestadora o por tener un
vínculo contractual con esta hasta un año antes de su designación.
TIPOS DE SANCIONES
Los tipos de sanciones impuestas fueron multa (89 %),
amonestación escrita (10 %) y orden de remoción (1 %). En el caso de las sanciones con multas, estas
ascendieron a S/13,325,400 (2692 UIT).
Es importante precisar que el 42 % de las empresas
prestadoras sancionadas de esta manera se acogió al beneficio de pronto pago.
Cabe recalcar que la función sancionadora de la Sunass
tiene como objetivo principal disuadir a los prestadores de servicios de
saneamiento y reducir la probabilidad de situaciones similares en el futuro.
También un importante mecanismo de retroalimentación, pues ayuda a poner el
foco en aspectos que requieren más atención de parte de aquellos, para
garantizar la calidad del servicio. https://www.gob.pe/
EMPRESAS DE AGUA
Evalúan situación de abastecimiento de agua en Arequipa
Sedapar convocó el 9 de enero a diferentes instituciones
para evaluar la situación de riesgo que pudiera existir frente al
abastecimiento de agua potable en la ciudad de Arequipa y en la región, algo en
lo que Sedapar ya trabaja y que se concreta en el Plan de Contingencia 2024,
para Arequipa metropolitana y provincias, el cual fue expuesto por
especialistas de la empresa de agua.
Es así que los asistentes pudieron conocer de primera mano
las acciones que la EPS formuló para hacer frente a las contingencias que
pudieran derivarse del escenario de lluvias o estrés hídrico en el presente
año, arribando de forma consensuada a la conclusión de que, garantizar la
dotación de agua potable en cantidad y calidad adecuada, es una responsabilidad
no solo de Sedapar, sino también de los demás actores involucrados, teniendo
Autodema un papel protagónico en ello, al proveer el agua cruda que es tratada
por la EPS.
Esta reunión, además, permitió que los asistentes elevaran
diversas propuestas y recomendaciones, que serán formalmente presentadas en las
próximas semanas.
La reunión se realizó en la sede principal de Sedapar. Las
entidades asistentes fueron: Autodema, ANA, ALA, Senamhi, Gerencia Regional del
Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros, Juntas de Usuarios, entre otros. https://diarioviral.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: Vecinos del A.H Micaela Bastidas reclaman por proyecto de agua y alcantarillado
Un grupo de vecinos del asentamiento Micaela Bastidas
protestaron en el exterior del local de la Municipalidad Distrital Veintiséis
de Octubre para exigir al alcalde Víctor Febre acelere la ejecución del
proyecto del cambio de redes de agua potable y alcantarillado en este sector.
Según los vecinos, la obra estaría valorizada en más de 6
millones de soles y llevan más de 40 años esperando por este ansiado proyecto,
por lo que piden a la autoridad edil acelerar el proceso de licitación para el
inicio de los trabajos de esta importante obra.
El dirigente del A.H Micaela Bastidas, Gino Juárez, informó
que en el mes de diciembre se realizó la colocación de la primera piedra, y
días después la empresa que ganó la licitación fue retirada por presuntas
irregularidades quedando suspendida la ejecución de la obra.
Ante esta situación, los moradores exigen que durante el
proceso de selección de la nueva empresa se haga con transparencia para evitar
que nuevamente quede sin efecto este proyecto que beneficia a cientos de
familias. https://diariocorreo.pe/
LIMA PERÚ
Desafíos ambientales de Perú en 2024: fortalecer la legislación ambiental y enfrentar a las economías ilegales
A pocos días de terminar el
2023, el Congreso de la República le dio un golpe a los bosques y a la Amazonía
en Perú. En la penúltima sesión del Pleno, se aprobó por insistencia varias
modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, de acuerdo con
expertos y organizaciones ambientales, significa abrir las puertas a la
deforestación y a las actividades ilícitas. Así, la legislación ambiental
peruana empieza el año 2024 seriamente debilitada.
Un panorama que preocupa es la
presencia del Fenómeno El Niño frente a las costas peruanas. Según el último
informe de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(ENFEN) se espera que los efectos de este fenómeno climático continúen por lo
menos hasta inicios de otoño de 2024.
Otro tema que debería marcar la
agenda este 2024 es la implementación de políticas de Estado para la protección
de defensores ambientales y de territorios indígenas que viven bajo constante
amenaza del crimen organizado. Las mafias relacionadas con la minería ilegal,
la tala realizada fuera de la ley, el narcotráfico y el tráfico de tierras se
han instalado en la Amazonía peruana y desde el año 2020 han acabado con la
vida de por lo menos 15 defensores ambientales; 11 de ellos son líderes
indígenas, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El cambio climático y los
compromisos internacionales asumidos por Perú para la mitigación y adaptación
ante el calentamiento global también son una prioridad para el 2024, sobre
todo, porque sus impactos han empezado a sentirse con mayor fuerza en el país.
¿Cuáles son los desafíos ambientales que Perú deberá abordar este 2024?
Expertos consultados por Mongabay Latam responden a esta pregunta.
1. Fortalecer una legislación
ambiental debilitada
La aprobación de la modificación
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre marca un punto de quiebre para la
política ambiental en Perú. “La preocupación principal es que esta nueva norma
serviría para legalizar toda la deforestación ilegal que se ha dado en Perú en
los últimos años, sin discriminar de donde viene, en qué condiciones y con qué
agravantes”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de
Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “Lo que está haciendo
es eliminar los requisitos para realizar un desbosque autorizado como indica la
ley”, agrega Urrunaga.
El cuestionamiento principal a
los cambios en la Ley Forestal se refiere a la disposición que permitirá el
cambio de uso de suelo sin que se realice un estudio de clasificación de
tierras para determinar si éstas tienen aptitud forestal o agrícola, un requisito
que hasta ahora era indispensable. Esto significa que no será necesario un
informe preliminar para autorizar que un bosque sea talado para convertirse en
tierra destinada a la agricultura.
Esta iniciativa legislativa fue
aprobada inicialmente el 7 de julio del 2022, pero fue observada por el
Ejecutivo en agosto del mismo año. Tras un nuevo debate en el Congreso, el
proyecto fue archivado en marzo de 2023, sin embargo, la congresista de Fuerza
Popular, Nilza Chacón, solicitó su reconsideración para que se apruebe por
insistencia.
“Aprobar una norma de este tipo,
que legaliza la deforestación ilegal y que promueve actividades ilegales en los
bosques es un nuevo ataque a tantos defensores ambientales, muchos de ellos
indígenas, que han sido asesinados por las mafias vinculadas a esas actividades
ilegales”, comenta Urrunaga.
En un comunicado, la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó la aprobación
de esta ley porque “representa un grave peligro para los pueblos indígenas y
promoverá la deforestación a gran escala de la Amazonía”.
Aidesep señala también que “se
trata de una ley en contra de los pueblos indígenas” y que “pone en riesgo los
bosques, la diversidad biológica y, sobre todo, vulnera nuestros derechos
colectivos como pueblos indígenas”.
Profonanpe, el fondo ambiental
del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en Perú, manifestaron su rechazo a “la norma que pone en riesgo a la
Amazonía y comunidades indígenas”. Varias organizaciones ambientalistas también
cuestionaron la aprobación de esta norma.
Las congresistas Ruth Luque y
Susel Paredes, de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú,
presentaron dos pedidos de reconsideración de la aprobación de esta norma. Las
solicitudes fueron admitidas y, de acuerdo al Reglamento del Congreso, debían
someterse a votación en el Pleno del Parlamento que retoma sus actividades en
marzo de 2024.
El miércoles 10 de enero de
2024, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, del partido Alianza para el
Progreso, firmó la norma y ordenó su publicación y entrada en vigor, sin tomar
en cuenta los pedidos de reconsideración admitidos anteriormente. El mismo día,
ambos documentos que aparecían en la web del Congreso, fueron eliminados.
A través de su cuenta de X
(antes Twiter) las congresistas Luque y Paredes pidieron explicaciones al
presidente del Congreso. Luque también indicó que ha presentado un oficio
señalando irregularidades en la tramitación de esta norma.
En el Congreso también está en
agenda otro controversial proyecto de ley. En este caso se trata de la
propuesta para establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, además, ampliar su duración.
El Reinfo se creó en el año 2017
y el plazo para cerrar el proceso de formalización de la pequeña minería y
minería artesanal debía culminar el año 2020. Sin embargo, el Congreso de la
República ha extendido este plazo en varias oportunidades, frenando de esta
forma que se culmine con el proceso de formalización minera.
“Hay temas en agenda que
implican mucho más dinero en juego, como es la reapertura del Reinfo para
mineros ilegales, que era temporal, pero lleva más de 10 años prorrogando
indefinidamente. En la práctica lo que ocurre es que quien está inscrito en el
Reinfo queda cubierto por un manto de impunidad, es intocable para las
autoridades. Minero ilegal que está inscrito en el Reinfo, puede actuar sin que
nadie lo toque. Esto obviamente afecta y limita el trabajo de los fiscales y
jueces que están exponiendo sus propias vidas para luchar con este delito
conectado a redes de crimen organizado”, dice Urrunaga, de EIA.
Lissette Vásquez, adjunta en
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del
Pueblo, también menciona la formalización minera como un tema pendiente para el
2024. “La Defensoría está alistando una supervisión a las entidades competentes
para enfrentar la lucha contra la minería. En las próximas semanas estaremos
supervisando a los gobiernos regionales de todo el país para saber cómo están
realizando sus funciones en la formalización minera”.
Vásquez señala que, sobre la
base de esa supervisión, la Defensoría preparará un paquete de recomendaciones
a todas las entidades que tienen competencias en la actividad minera. Hace
algunos años se emitieron un conjunto de decretos legislativos para abordar la
política pública en torno a la minería ilegal. “Han pasado más de 10 años desde
la emisión de esos decretos legislativos y es importante hacer un balance
respecto de cómo estamos ahora, de cara al año 2024, qué tanto hemos avanzado o
qué tanto hemos retrocedido. ¿Estamos exactamente en la misma situación o
estamos peor? Ese balance es el que espera el sector”.
José de Echave, investigador de
la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente de Perú, considera prioritario “detener toda la gran
ofensiva que se está haciendo para debilitar la institucionalidad ambiental”.
Es una institucionalidad precaria —dice De Echave— pero ha costado crearla.
2. El camino para enfrentar a
las economías ilegales
La presencia de economía
ilegales y del crimen organizado, principalmente en la Amazonía peruana, se
hizo evidente durante el 2023. Los asesinatos de líderes indígenas que se
enfrentaron a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería y tala ilegal
fueron una muestra, una vez más, de cómo la criminalidad está copando más
espacios en Perú.
Lissette Vásquez, de la
Defensoría del Pueblo, menciona que muchos delitos ambientales están asociados
a las actividades extractivas ilegales, como es el caso de la minería ilegal,
que además está vinculada a otros problemas como la trata de personas y explotación
sexual y laboral. “Es una problemática que se tiene que abordar de manera
multisectorial. Tiene que haber una coordinación interinstitucional, pero que
no solo se impulse por unos meses o cuando salga la noticia de una muerte, sino
con políticas públicas sostenidas en el tiempo”.
Vásquez señala que es un tema que se debe abordar de forma prioritaria. “Estamos hablando de que en todas las regiones del país existe ya sea minería informal o ilegal y que se generan vulneraciones de derechos de las personas, hablamos de personas defensoras que son estigmatizadas, amenazadas y que han perdido la vida. El medio en el que vivimos viene siendo amenazado e impactado, y es momento de reflexionar si como país estamos haciendo lo suficiente para enfrentarlo”.
Para Mariano Castro, director
del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el
Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, el crimen organizado también debe abordarse
con una mirada regional: “El crimen transnacional fue priorizado en la Cumbre
Amazónica. Esperamos que el abordaje sea a nivel regional, y que, además,
involucre a los países consumidores que están presionando negativamente sobre
la vida, el ambiente, la salud y la vulnerabilidad de nuestro país. Esperamos
que los acuerdos se concreten, creo que ahí hay un punto que hay que seguir
impulsando”.
La Cumbre Amazónica se realizó
en Belém, en Brasil, en agosto de 2023. La cita reunió a los jefes de estado de
los países amazónicos, quienes luego de dos días de reuniones emitieron la
Declaración de Belém, un documento con 113 puntos divididos en 18 segmentos y
que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques,
cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las
actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos
humanos.
En la Declaración de Belém se
abordó, por primera vez, un artículo específico sobre “la situación actual de
los fenómenos delictivos y del crimen organizado transnacional en la Amazonía”.
En este segmento se propone una reunión de ministros y autoridades en materia
de seguridad pública de los Estados Parte que deberá realizarse en Colombia,
así como la promoción del intercambio de información y la cooperación policial
y de inteligencia, para combatir los delitos ambientales.
En el caso de la tala ilegal,
Julia Urrunaga considera que un tema pendiente es la trazabilidad de la madera,
es decir, conectar un producto con su punto de origen para verificar la
legalidad. “Nosotros venimos presionando con la trazabilidad para la madera
durante muchos años, pero obviamente ahora, con la nueva ley de la Unión
Europea, eso también aplica a los demás commodities que se cultivan en tierras
que podrían estar deforestadas… se debe demostrar en esa cadena de
comercialización de qué productor o de qué parcela está viniendo ese producto”,
explica Urrunaga. La norma que menciona Urrunaga fue aprobada en abril de este
año por el Parlamento de la Unión Europea y prohíbe las importaciones de café,
cacao, carne de ganado vacuno, soya, aceite de palma y una serie de sus
derivados (madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso) que estén
relacionados o hayan sido obtenidos de bosques deforestados.
“Es urgente contar con sistemas
de trazabilidad desde el punto de producción de extracción de la madera hasta
el container de exportación que, además, con la tecnología que tenemos
actualmente, son cada vez más simples, baratos y asequibles”, menciona Urrunaga.
Perú necesita un sistema de
trazabilidad eficiente y de acceso público, continúa Urrunaga. “Cada vez más,
los compradores internacionales no van a adquirir los productos de lugares en
los que no pueden verificar los puntos de extracción. Vamos a quedar fuera del
mercado o vamos a quedar vendiendo a países en los que no les importa de dónde
proviene el producto”.
3. Urge protección para líderes
indígenas
“Lamentablemente el Congreso de
la República denegó ratificar el Acuerdo de Escazú. Perú sigue al margen de la
ratificación de este acuerdo por intereses empresariales, pues han dicho que
este acuerdo quitaba la autonomía a los gobiernos regionales de controlar los
territorios. La contra campaña fue muy fuerte de tal manera que el proyecto
quedó archivado”, señala Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de
Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau). “Considero que es un
tema que debe volver a la agenda del país”, agrega.
El Acuerdo de Escazú es un
tratado para América Latina y El Caribe que promueve el derecho de acceder
oportuna y efectivamente a la información ambiental, participar en la toma de
decisiones que afecten el ambiente y acceder a la justicia para asegurar el
cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de la región.
En septiembre de 2018, Perú
firmó dicho tratado junto con otros 15 países de la región. Sin embargo, para
que éste pueda implementarse en cada país, debe ser ratificado por el Congreso
de la República. En el caso de Perú, el Parlamento archivó el proyecto de ley
para su ratificación en dos oportunidades. La primera vez fue en octubre de
2020 y la segunda vez ocurrió en julio de 2022.
Guimaraes también habla sobre
los mecanismos que se deben implementar para la protección de los territorios
indígenas y de los defensores ambientales, quienes “son los actores principales
en la protección del bosque”, señala. El líder indígena pone como ejemplo lo
que está sucediendo en su comunidad, Flor de Ucayali. “Es una comunidad que le
ha dicho no al narcotráfico y viene enfrentando amenazas colectivas e
inseguridad en el propio territorio comunal. Esto debe llamar la atención al
Estado, a los organismos de derechos humanos y a las entidades financieras para
poner la mirada en las comunidades que están enfrentando amenazas”.
De acuerdo con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 15 líderes indígenas y defensores ambientales han
sido asesinados entre los años 2020 y 2023, de ellos, 11 han sido líderes
indígenas. El líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad
Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, fue asesinado el 29 de noviembre de
2023; mientras que 8 de abril de 2023 acabaron con la vida del líder indígena
asháninka Santiago Contoricón, reconocido por su intenso trabajo en la defensa
de su pueblo como dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, en la
selva central de Perú, además de ser un líder histórico que enfrentó al
terrorismo en la década de los años ochenta.
Para Julia Urrunaga, directora
en Perú de EIA, es importante que este año se active un mecanismo que ofrezca
protección real a los defensores ambientales mientras están vivos. “Por un
lado, necesitamos que se investiguen los asesinatos y los ataques, pero sobre
todo debemos protegerlos mientras están vivos y eso, claramente, no está
funcionando. No hay ningún interés y no hay presupuesto. Tener una norma que
permita la activación de un mecanismo de protección sin los presupuestos
necesarios es una burla”.
4. Atender los efectos del
Fenómeno El Niño
El 2024 empieza en Perú con dos
fenómenos climatológicos frente a las costas peruanas. El primero es el Niño
Costero, que corresponde al calentamiento del mar en la zona más próxima al
litoral norte y central del país; el otro es el Niño global, es decir, el
calentamiento del mar en la zona del Pacífico central. Ambos eventos impactan
en Perú.
En el último informe de la
Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen),
emitido el 15 de diciembre de 2023, se indica que “es más probable que
predominen condiciones cálidas moderadas hasta febrero de 2024”. El reporte
también señala que la magnitud más probable de El Niño costero es moderada en
un 54 %. En cuanto al Niño del Pacífico Central o Niño global, el comunicado
del Enfen señala que las magnitudes más probables son de 45 % que sea fuerte y
41 % moderada.
“De acuerdo al pronóstico
estacional enero-marzo 2024, persistirían las condiciones cálidas de la
temperatura del aire a lo largo de la costa norte y centro. Es más probable que
las lluvias en la costa norte y sierra norte registren valores entre normal y
sobre lo normal, principalmente en enero; sin embargo, no se descartan eventos
puntuales de lluvias fuertes en estos sectores como parte de su estacionalidad.
En el sur del país se prevén lluvias por debajo de lo normal en la región
andina, particularmente en la sierra sur oriental”, señala el comunicado.
Andrea Collantes, especialista
en ecosistemas frágiles marino-costeros del Programa de Bosques y Servicios
Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que
este año se debe priorizar la atención de los efectos por el Fenómeno El Niño.
“Definitivamente la afectación se va a dar, pues los cambios en las condiciones
del mar ya están dados. Eso significa cambios en la estructura de las
poblaciones de especies marinas, puesto que hay especies cuyo tamaño varía ante
la presencia de El Niño”, indica la bióloga citando como ejemplo, las conchas
de abanico que, según explica, crecen más rápido, pero alcanzan dimensiones
menores de las habituales.
Hay especies que se adaptan rápidamente ante esta variabilidad —explica Collantes— mientras que otras simplemente migran, por tanto, cuesta más reponerse ante esta variabilidad. “Es importante saber cuál será la actuación de Produce [Ministerio de la Producción] frente al tema pesquero. Se sabe que habrá más varazones. También habrá afectación de lobos marinos y aves marinas. Entonces se debe articular entre organizaciones sociales, grupos de conservación, gobiernos locales, regionales y universidades para que se establezca un protocolo de actuación frente a estos varamientos”.
Juvenal Medina, especialista del
Centro de Prevención de Desastres (Predes), señala que, de acuerdo con las
instituciones nacionales e internacionales que monitorean el Fenómeno El Niño,
“vamos a tener que afrontar una emergencia”.
Lo que toca hacer en el tiempo
del que disponemos hasta que se presente el problema —agrega Medina— es
impulsar una planificación de acciones correctivas, no solamente para atender
lo dañado y resanar las heridas, sino también entender que esto es un problema
estructural, que requiere soluciones de fondo y no solamente paliativos para
pasar la temporada crítica, como estamos haciendo ahora. “Hay que ver la forma
de crear condiciones seguras a través de medidas estructurales más decididas,
que sean sostenibles en el tiempo, pero también, ver la forma de reordenar el
uso del del territorio. Esto nos lleva a ver quiénes deben ser los que
gestionan el territorio, cuál es el perfil de una autoridad local, de un
alcalde, de un gobernador para promover el desarrollo en un territorio
altamente susceptible a todos estos fenómenos”.
Para Medina es crucial incluir
la gestión ambiental y la gestión de riesgo de desastres en la agenda política
y en la agenda electoral. “Vamos a tener elecciones el 2026 y debemos saber qué
perfil de candidatos debemos tener y debemos incorporar estos problemas”.
Un análisis de las Naciones
Unidas sobre la gestión del riesgo en América Latina concluye que el riesgo en
la región está en ascenso pese a los esfuerzos y acciones en distintos países,
resalta Medina. “¿Esto qué refleja?, por un lado, que aquello que estamos
haciendo no es lo correcto y no estamos enfocando bien los esfuerzos. Por otro
lado, también sabemos que hay un crecimiento poblacional en todos los países,
un crecimiento con mayores condiciones de riesgo, porque existe infraestructura
que se construye que no está bien ubicada ni planificada, por lo tanto, el
resultado es un país que crece vulnerable y en riesgo”.
Medina insiste que se debe
pensar más allá de la emergencia. “Conocemos los efectos de El Niño 1982-83 y
1997-98 y lo que estamos viviendo ahora son situaciones muy similares, pero
como que no hay lecciones aprendidas, porque solamente hemos aliviado, hemos
reconstruido, hemos rehabilitado en la misma condición vulnerables. Eso no debe
seguir así. Quienes gobiernan el país tienen que cambiar de estrategia y
tenemos que exigir a quiénes elegimos como nuestras autoridades que también
tengan un planteamiento sobre estos temas”.
5. Una mirada a la crisis
climática y la transición energética
La cumbre de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático, COP28, realizada en diciembre de 2023 en Dubai,
culminó con un acuerdo en el que se reconoce la necesidad de dejar atrás los
combustibles fósiles y avanzar hacia las energías renovables y limpias.
En Perú, el camino hacia el
cambio de matriz energética, sin embargo, aún es incierto. Vladimir Pinto,
representante de Amazon Watch en Perú, señala que se trata de “un tema muy
complicado”, pero que, sin embargo, “debería iniciarse un debate a fondo sobre
la transición energética en el país”.
Pinto explica que las
inversiones de los hidrocarburos en Perú, sobre todo en la Amazonía norte y en
la costa norte, han sido tan críticas durante todas estas décadas que, lejos de
estar impulsando más actividad petrolera sobre la base de la misma infraestructura
jurídica y la misma infraestructura física como el oleoducto, el país debería
estar diseñando políticas para ir cambiando la matriz energética.
Aunque hay una conciencia global
sobre la necesidad de la transición energética, Pinto señala que asume que ese
cambio será dentro de unos 30 a 40 años. “En el cortísimo plazo lo que quieren
es explotar al máximo las reservas disponibles de petróleo y gas. Es una
paradoja, porque el tener una mayor conciencia sobre la transición energética
está llevando al mundo a que haya una pretensión de explotar más rápido todo lo
que queda de combustibles fósiles. Y, lamentablemente, el Estado peruano está
completamente subido en esa ola”.
Durante 2023, PeruPetro —empresa
que en representación del Estado peruano está a cargo de la exploración y
explotación de hidrocarburos— se encargó de poner en promoción 31 áreas con
potencial de extracción de hidrocarburos. De ellas, seis se ubican en el mar
peruano, frente a las costas de Tumbes, La Libertad, Áncash y Lima; mientras
que otras 25 están en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de
Dios.
José De Echave, investigador de
la organización Cooperacción, menciona otro de los problemas que enfrenta Perú
con respecto a la crisis climática y que será clave este 2024 y los años
siguientes: la seguridad hídrica.
“Alrededor del agua estamos
poniendo en riesgo la viabilidad de buena parte del país. La seguridad hídrica
entendida como la disponibilidad en cantidad y calidad aceptables de agua para
la salud, para los medios de subsistencia, para los ecosistemas, para la
producción y, por supuesto, para las personas, es un tema fundamental para el
país, pero estamos lejos de lograr una seguridad hídrica en Perú y no veo
voluntad política para colocar ese tema en el centro de la discusión”, comenta
De Echave
Creo que es una prioridad
—continúa De Echave— y lo menciono porque todo indica que este año se va a
manifestar, debido a la presencia del Fenómeno El Niño, lluvias torrenciales en
la costa del norte y central del país, y sequías en las zonas altoandinas.
“Somos el país con la más baja capacidad de almacenamiento de agua de América
Latina. Y no solamente porque no tenemos las fuentes suficientes, sino que las
empresas que tenemos, encargadas de almacenar el agua, están colmatadas y ya no
almacenan la cantidad que deberían. Es un tema fundamental y creo que no se
está viendo la importancia del tema del agua”.
De Echave recuerda lo que
sucedió en Montevideo, la capital de Uruguay, que en 2023 fue la primera
capital del mundo que se quedó sin agua potable, porque “vivió tres años de
sequía”. Algo similar podría ocurrir con Lima, menciona el experto de Cooperacción,
debido a que las lagunas que alimentan de agua a Lima están por debajo de los
niveles de años anteriores.
“En Lima hay casi 700,000
personas que no tienen acceso al agua potable, por tanto, se tiene que seguir
construyendo más infraestructura para abastecer de agua”, señala De Echave,
coautor del libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao, una
reciente publicación en donde se menciona que Perú es uno de los cuatro países
de América Latina que enfrenta una grave situación de vulnerabilidad hídrica.
Según esta publicación, uno de
los factores que explica esta situación es “la distribución heterogénea
disponible a lo largo de todo el territorio: aunque en la costa peruana se
concentra algo más del 70 % de la población y se desarrollan las principales
actividades productivas y de servicio, en esta región apenas se cuenta con el
1.8 % del total del agua disponible”.
En septiembre de 2023, el Estado
peruano declaró en emergencia por déficit hídrico a 544 distritos de 14
departamentos del país. “Somos un país que está declarado en estrés hídrico,
tenemos una baja capacidad de almacenamiento de agua y no protegemos adecuadamente
nuestras zonas productoras de agua”, concluye De Echave. https://es.mongabay.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
