8/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4006: PERÚ - San Martin: deforestación avanza ante la inacción y negligencia de las autoridades. Nuestro país con tanta riqueza natural y extraordinaria mega biodiversidad no puede estar aislado e indiferente a los nuevos retos y desafíos impuestos por la realidad ambiental atribuida por el cambio climático

 Viernes, 8 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4006 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

San Martín: deforestación avanza ante la inacción y negligencia de las autoridades

Nuestro país con tanta riqueza natural y extraordinaria mega biodiversidad no puede estar aislado e indiferente a los nuevos retos y desafíos impuestos por la realidad ambiental atribuida por el cambio climático.

El departamento de San Martin es una región muy sensible y muy especial como valiosa para el desarrollo de su población, más del 65 o 70% de su territorio tiene vocación para la conservación y protección, con trece áreas de conservación: tres áreas naturales protegidas de categoría nacional, dos de categoría regional y ocho privadas, y sin poder contar como tal las de medio centenar áreas de conservación municipal que fueron anuladas el año 2001.

Lo dicho anteriormente es para exponer la importancia de la conservación de la región en tanto y cuanto cabecera de cuenca, dicho en otras palabras, más socialmente, la fuente y razón de la economía regional. Todo esto bajo la responsabilidad y competencia de las autoridades nacionales, regionales, congresales y municipales.

¿Me preguntan qué gestiones se está haciendo como Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo y no puedo evitar pensar en lo lentitud burocrática de las autoridades para tomar decisiones y lo nefasto y lleno de preocupación por lo el “festival de promesas electorales” de los candidatos regionales y municipales en toda la región, tendrán presente la magnitud del tema que representa el tema ambiental para nuestra región?

Me temo que alguno conoce el tema, pero claro, no es conveniente tocar por cuestión de votos más votos menos, ósea puro calculo… “hay que dejar que esos loquitos sigan hablando o escribiendo, ya la gente se olvidara” es el decir de los iluminados estrategas de campaña.

He aquí algunos hechos e hitos que grafican y alimentan la preocupación por la inacción, parsimonia y negligencia de las autoridades competentes, aquí una pincelada de los hechos para refrescar la memoria: 

Antecedentes

En abril del 2014 expulsan o desalojan a más de una docena de guardaparques del campamento improvisado instalado en Flor de Selva Zona de Candamo. Sin contar otros hechos violentos y delictuosos de este tipo cometidos anteriormente ya que, desde abril del 2013, que se firma un convenio marco entre la Gestión del Área Protegida, el Frente de Defensa y las Rondas Campesinas dirigidas desde Aguas Verdes y con tres sectoriales al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, convenio que no firmo Candamo, desde allí prohibieron e impidieron usando la violencia la presencia de los guardaparques de representante del estado o cualquier otra institución u organización.

Las reiteradas solicitudes burocráticas y nuestra férrea persistencia 

En el 2015, el 12 de Enero, el 31 de Julio se vuelve a solicitar las reiteradas gestiones realizadas desde el 2010 mediante documentos  y pronunciamientos al GORESAM, GL, MININTER, MINAM, PODER JUDICIAL, FISCALIA DE LA NACION la creación e implementación de la Policía Ecológica, la creación de la FEMA, creación del Juzgado Especializado en Materia Ambiental, creación e instalación de la Brigada de Protección del medio ambiente con sede en Rioja, creación funcionamiento, reconocimiento e implantación del Núcleo Funcional de Aguas Verdes, la conformación de la Mancomunidad Municipal del Alto Mayo.

El secuestro y vejamen a la autoridad

Luego el 25 de Junio del 2016 un grupo de encapuchados armados sacaron del Puesto Vigilancia y Control Venceremos a 15 guardaparques, luego en Agosto del mismo año, pese estar advertidos de que estas acciones descritas y otras están tipificados como delitos penales, secuestran a 11 profesionales, especialistas y guardaparques y lo más grave fue cuando el 21 y 22 de setiembre del ese año secuestran y torturan a 16 policías, 12 guardaparques y dos fiscales titular y adjunto; esto motivo para que las autoridades locales, regionales, consejeros, congresistas y organizaciones sociales como frentes de defensa y juntas de usuarios del agua se unieran y solicitaran mediante memoriales y pronunciamientos, reuniones al más alto nivel la declaratoria de emergencia del Bosque de Protección Alto Mayo  -BPAM- , lo que motivo para que se instale una delegación policial en venceremos el 25 de setiembre del 2017, y, ya como resultado de un sobrevuelo realizado el 04 de Agosto del 2018 por premier Villanueva junto al ministro de Defensa, Gobernador y consejeros regionales, alcaldesa y regidores más autoridades QUE CORROBORARON el grado de destrucción y deforestación y cultivos ilícitos  (lo que la Congresista Lucinda Vásquez luego de tres años volvió a corroborar hace unos meses, la deforestación avanza) 

Se instaló una base policial PNP en El Triunfo y La Perla a finales del 2018, a finales del 2019 se movió e instalo esta base policial en Flor de Selva – Candamo, y, que lamentablemente hasta ahora no cumple con el objetivo trazado mediante el operativo planificado.

Igual por la gestión e incidencia se logró que se reconozca mediante Resolución Ejecutiva del GORESAM el Núcleo Funcional de Aguas Verdes, pero que lamentablemente la actual gestión regional que dirige Pedro Bogarin y, que ya se va,  no ha implementado ni a ejecutado ninguna inversión pese a tener los recursos que se consiguieron como para el Centro de Capacitación Rural de Aguas Verdes; si el gobierno regional freno la implantación del núcleo Funcional de Aguas Verdes, la Municipalidad Provincial de Moyobamba no se queda atrás demostrando millas de indiferencia y desinterés ya que no respondió de ninguna manera a los pedidos realizados para poner en marcha la Mancomunidad Municipal del Alto Mayo que fue reconocida mediante Resolución de la Secretaria de Descentralización de la PCM el 07 de Junio del 2018, resolución que ya ha vencido y que es urgente y necesario reactivarla.

Es importante reconocer que por las incidencias y gestiones se logró de manera coordinada con el presidente de la junta de fiscales la conversión de la fiscalía penal de Tocache en FEMA que funciona con sede en Juanjuí desde marzo del 2018.

Como se puede verificar por los hechos descritos hay razones suficientes para estar expectantes para que los dirigentes de las diversas organizaciones de la sociedad civil junto a las actuales autoridades regionales y congresistas impulsen mediante su función y competencia para que la policía nacional  permanezca en la zona y cumpla con el operativo de recuperar el BPAM, y por supuesto que logren la creación del Juzgado Especializado en Materia Ambiental para fortalecer el Sistema de Conservación Regional.

Responsabilidad y compromiso del votante

Ojo que esto también implica mucha responsabilidad de la población sanmartinense para elegir a los próximos gobernantes provinciales y distritales y, a nuestro próximo gobernador y consejeros regionales sea analizando muy seria y responsablemente sus propuestas de campaña.

“Qué barbaridad no es posible tanta deforestación, parece Cacatachi” Esta fue la expresión de la congresista Lucinda Vásquez hace unos meses al concluir un sobre vuelo sobre el área protegida Bosque de Protección Alto Mayo.

Invocación para la acción

Finalmente, el pedido a nuestros congresistas tal como lo venimos gestionando  que mediante ley del Congreso de la Republica se Autorice y se le otorgue competencias al Ejército Peruano para participar del control y vigilancia como ocurre en otros países, vecinos nuestros y teniendo en cuenta que actualmente se considera una prioridad mundial la protección del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente luego de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizada en el año 2000, en la cual las Naciones acordaron dentro de sus objetivos el Garantizar la Sostenibilidad Mundial del Medio Ambiente. 

Nuestro país con tanta riqueza natural y extraordinaria mega biodiversidad no puede estar aislado e indiferente a los nuevos retos y desafíos impuestos por la realidad ambiental impuesta por el CAMBIO CLIMATICO y teniendo como responsabilidad constitucional la protección del medio ambiente especialmente las Áreas Naturales Protegidas reconocidas como Patrimonio de la Nación. 

“Sanmartinenses de nosotros depende que la Región San Martin siga siendo fuente de agua o se convierta en desierto, avisados estamos, de nosotros depende elegir sabiendo que somos una región con una potencialidad extraordinaria y, a la vez muy frágil porque de nuestros bosques depende el presente y futuro de nuestra economía, porque nuestros bosques son fuente de vida, son la fuente la economía para generar nuestro desarrollo. La niñez y juventud sanmartinense, nuestras familias dependen de ello. Sin inversión en conservación no hay producción.”.

“Qué barbaridad no es posible tanta deforestación, parece Cacatachi” Esta fue la expresión de la congresista Lucinda Vásquez hace unos meses al concluir un sobre vuelo sobre el área protegida Bosque de Protección Alto Mayo. Por: Segundo Vicente Calle. https://www.diariovoces.com.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Huancayo: Bloquean carretera al Huaytapallana y exigen saneamiento paralizado desde el 2012

En Acopalca el tiempo parece haberse detenido, sus pobladores no tienen saneamiento básico, la carretera que los comunica con Huancayo y otras localidades está en pésimo estado. Es por ello que ayer sus pobladores bloquearon las vías de acceso hacia el Huaytapallana y Pariahuanca.

Ellos exigen la presencia de los funcionarios de Sedam Huancayo y el cumplimiento del saneamiento básico, que no tienen avances desde el año 2012.

Por el bloqueo en la zona se hizo una larga fila de vehículos que estaban varados en la zona. Mientras tanto, mujeres y varones se sentaron en la vía, encima de troncos de árboles y piedras enormes que colocaron para interrumpir el tránsito.

El presidente de la comunidad de Acopalca, Delso Ventura, dijo que el domingo la población participó de una asamblea general, donde se asumió la medida de protesta ante la falta de atención de las autoridades.

“Esta lucha es por la mala atención de los gobernantes, tenemos un expediente técnico inconcluso de Sedam Huancayo para el saneamiento básico de nuestra comunidad, el gobernador en el 2016 se comprometió a financiar este proyecto y ahora nos dicen que no hay dinero”, exclamó el dirigente.

Asimismo, se refirió a la carretera, la cual es una polvareda. Desde el año 2018, se proyectó ejecutar la vía, pero nunca llegó el dinero. Ahora ya no pueden ni dar el mantenimiento porque no pueden hacer una doble inversión pública, les han dicho.

Es por ello que los pobladores piden que las autoridades expliquen dónde está el dinero que tienen que invertir en la carretera.

Asimismo, se demandó el mejoramiento de la hidroeléctrica y que los apoyaron con abrigo, alimentos y mejores condiciones para las familias más pobres que en estos momentos sufren por la helada que está causando que niños y ancianos sufran de infecciones respiratorias agudas.

“Todos se han olvidado del pueblo de Acopalca, estamos a 18 kilómetros de Huancayo y somos un pueblo olvidados, en el año 2006 nos prometieron el agua y desagüe y todo quedó en promesas, dijo la pobladora.

Hasta la zona llegaron efectivos de la comisaría de Huancayo y también funcionarios de Sedam Huancayo y el gerente de Municipal, Jesús Navarro y el de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Miguel Chamorro.

Los funcionarios plantearon que para el lunes pueden sostener una reunión con las autoridades a fin de solucionar de manera progresiva las demandas que tienen los pobladores en cuanto a saneamiento y para la construcción de la carretera. La población quería al gobernador. https://diariocorreo.pe/

 


LIMA PERÚ

Autoridad Nacional del Agua realiza monitoreo de seguimiento de la calidad del agua en el río Chillón

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua realizó el monitoreo de seguimiento de la calidad del recurso hídrico del río Chillón, zona donde ocurrió el derrame de concentrado de zinc, altura del kilómetro (km) 24.70 de la carretera Canta - Huayllay - Cerro de Pasco, ámbito de la Comunidad Campesina San Felipe de Cullhuay, distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.

Profesionales de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, realizaron la recolección de muestras de agua en 6 puntos de muestreo, distribuidos en el río Chillón, a 109 metros aguas arriba del accidente hasta 1.1 km aguas abajo del centro poblado Cullhuay, las muestras de agua fueron llevadas a un laboratorio acreditado ante por el Instituto Nacional de Calidad, para la evaluación de parámetros fisicoquímicos e inorgánicos.

Asimismo, se realizaron las mediciones de parámetros en la zona de impacto in situ (Ph, conductividad eléctrica, temperatura) en los 6 puntos de muestreo y a 35 y 227 metros aguas abajo del accidente.

El monitoreo se realizó en aplicación de la Resolución Jefatural N° 156-2018-ANA, “Lineamientos de intervención en casos de emergencias que afectan la calidad de los recursos hídricos” y el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. https://caretas.pe/

 


HIDROMUNDO

La inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica van de la mano, según un estudio

Cerca de una décima parte de la población mundial padece hambre y casi una de cada tres personas se enfrenta a la inseguridad alimentaria, según estimaciones recientes. Sin embargo, detrás de estas crudas cifras se esconde otra amenaza estrechamente relacionada: la inseguridad hídrica.

En un nuevo estudio que incluye veinticinco países, los investigadores informan de una estrecha relación entre la inseguridad hídrica -la falta de acceso fiable a agua suficiente- y la inseguridad alimentaria. Las conclusiones, basadas en datos recogidos por primera vez en 2020 por la Universidad de Northwestern y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través de la Encuesta Mundial de Gallup, sugieren que mejorar el acceso al agua podría ser clave para abordar de forma sostenible y eficaz la inseguridad alimentaria en muchos lugares.

El estudio descubrió que las personas que tenían problemas frecuentes de acceso y uso del agua tenían casi tres veces más probabilidades de enfrentarse a la inseguridad alimentaria en comparación con las que no los tenían. Además, más de dos tercios de las personas que padecían inseguridad hídrica en 2020 sufrían al mismo tiempo inseguridad alimentaria. El acceso fiable al agua es importante no sólo para mantener una hidratación adecuada, sino también para cocinar, la higiene y la agricultura. "La inseguridad hídrica es un importante problema de salud mundial y es probable que su impacto en el bienestar biológico y social aumente con el cambio climático", dijo Hilary Bethancourt, PhD, MPH, investigadora asociada de la Universidad de Northwestern, miembro del equipo de investigación. "Estos datos sugieren que sólo hemos visto la punta del iceberg de la comprensión del papel que desempeña la inseguridad hídrica en la alimentación, la nutrición y el bienestar en general".

Los investigadores analizaron los datos de una muestra representativa a nivel nacional de más de 31.000 personas de 15 años o más en 25 países de ingresos bajos y medios de África, América Latina y Asia. En general, alrededor del 18% de los participantes fueron clasificados como afectados por la inseguridad hídrica; esta cifra oscilaba entre el 15% en Asia y más del 34% en el África subsahariana. La inseguridad hídrica estaba estrechamente vinculada a la inseguridad alimentaria en general, aunque los investigadores dijeron que la relación variaba según las regiones, probablemente debido a las diferencias en el clima, la infraestructura del agua, los servicios sociales y otros factores.

Basándose en estos resultados, los investigadores sugirieron que la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica deberían medirse y abordarse conjuntamente. Esto garantizaría que el agua insuficiente no suponga una barrera adicional para la seguridad alimentaria y, en particular, para la utilización de los alimentos, por ejemplo, impidiendo que la gente utilice los alimentos proporcionados por los programas de asistencia alimentaria porque no hay agua para prepararlos. Por ello, los esfuerzos para mejorar el acceso al agua también podrían aportar beneficios a la seguridad alimentaria. "En algunos casos, la forma más sostenible de mejorar la seguridad alimentaria puede ser a través de la mejora de la seguridad hídrica", dijo Bethancourt. https://www.iagua.es/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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7/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4005: PERÚ - Trabajadores tercerizados buscan la unidad para defender derechos laborales y el DS 01-2022-TR

 Jueves, 7 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4005 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Trabajadores tercerizados buscan la unidad para defender derechos laborales y el DS 01-2022-TR 

Exitosa reunión con los compañeros y compañeras de diversas áreas Tercerizadas de la empresa SEDAPAL, se realizó ayer miércoles.

Se contó con la participación de la Dra. Gisella Figueroa, asesora de la congresista Isabel Cortez, el asesor de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP CPC Raúl Enríquez, dirigentes de los sindicatos: SUTSMAPACON, SITRASEMAPAL, SUTAASP, SUTOPEC y SITRASEL y la masiva participación de compañeras y compañeros.

Todos los asistentes se mostraron convencidos de que solo la unidad es la garantía para defender los derechos de los trabajadores, exigen al Congreso de la República, la inmediata implementación del Decreto Supremo 001-2022-TR y rechazar los proyectos de ley que pretenden anular el referido decreto, priorizando la eliminación de la tercerización laboral, que tanto daño hace a millares de familias peruanas. 

  





HIDROREGIONES PERÚ

Vecinos de Los Licenciados protestan ante falta de agua

Decenas de pobladores del asentamiento humano Los Licenciados y sus alrededores, llegaron a las afueras de las instalaciones de SEDA Ayacucho para alzar su voz de protesta, esto debido a la necesidad de un mejor servicio de agua potable en su zona.

Según una de las vecinas, el agua solo llegaría durante una hora por dos días a la semana y los recibos ascenderían hasta los 200 soles. Dicha medida de protesta habría sido tomada al no obtener respuestas por parte de la entidad administradora del servicio de agua y saneamiento de Ayacucho, ya que se habrían presentado los reclamos desde hace dos años.

Según Mario Jáuregui, jefe de la oficina de imagen de SEDA Ayacucho, el servicio de agua por horas se debe al sistema de bombeo que emplea la empresa, y que ya se estaba dando a cabo una reunión entre el gerente y los dirigentes de las zonas afectadas para llegar a un consenso y una pronta solución del problema. https://jornada.com.pe/

 


Ministerio de Vivienda aprobará este mes los proyectos de la PTAP Sullana y AA.HH. Sullana

Los proyectos de mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica, más conocido como proyecto PTAP Sullana, y el de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de las localidades de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo, llamado AAHH Sullana, se encuentran listos para su aprobación durante la primera quincena del mes de julio.

Así lo anunció el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, durante la reunión que sostuvo, junto al equipo técnico del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, con el alcalde provincial de Sullana, Power Saldaña, y el alcalde distrital de Querecotillo, Jorge Irazábal.

La elaboración de los expedientes técnicos de ambos proyectos estuvo a cargo del PNSU, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), los cuáles fueron actualizados, y, con su aprobación, estarán listos para convocarse su licitación.

El proyecto PTAP Sullana, valorizado en más de S/ 234 millones, contempla la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, la construcción de dos reservorios elevados, el mejoramiento de 6 reservorios más, el mejoramiento de la captación del río Chira y de la captación del canal Daniel Escobar, y la instalación de líneas de conducción y líneas de impulsión.

En tanto, el proyecto AAHH Sullana tiene un valor de S/ 148.3 millones, incluye la construcción de 130 kilómetros de redes de agua potable, 73 kilómetros de redes de alcantarillado, el mejoramiento de 9144 conexiones domiciliarias de agua potable y 11 158 de alcantarillado, y la instalación de 2818 conexiones nuevas de agua y 4193 de alcantarillado.

Cabe destacar que estos proyectos beneficiarán a 252 mil habitantes de esta provincia piurana y tiene una proyección de garantizar el abastecimiento de agua potable durante los próximos 20 años, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional. https://www.elregionalpiura.com.pe/

 


HIDROMUNDO

Con 49 demandas, América Latina lidera una “revolución silenciosa” en los litigios climáticos

En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.

Los niños y niñas, todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Su caso aún está pendiente, pero llega en medio de una oleada de litigios sobre el clima en todo el mundo, con casos que promueven la acción climática que ganan cada vez más. Y aunque la mayoría suceden en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un movimiento en constante crecimiento en América Latina, que tiene sus propias características.

Litigio Climático, una plataforma de litigios climáticos de América Latina y el Caribe, fue lanzada en febrero por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se han iniciado unos 49 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la contaminación, entre otros.

La base de datos está a cargo de María Antonia Tigre, directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), y becaria de litigio climático global en la Facultad de Derecho de Columbia. Dice que los litigios sobre el clima en general han surgido de la frustración por la falta de ambición mostrada por los responsables políticos internacionales y nacionales.

Tigre señala que, mientras que los juicios climáticos en el Norte Global han tendido a centrarse en la extracción y combustión de combustibles fósiles, muchos casos latinoamericanos se centran en la eliminación de los sumideros de carbono de los bosques de la región. El caso de Perú es un ejemplo pertinente.

Y, a diferencia de sus homólogos occidentales, suelen enmarcar el cambio climático como una violación de los derechos fundamentales. El gobierno de Guyana ha sido llevado a los tribunales por dos ciudadanos que afirman que la aprobación de licencias de exploración petrolera en alta mar viola su derecho y el de las generaciones futuras a un medioambiente sano.

Los litigios despegan en América Latina

Tigre también es la autora principal de un artículo que se publicará próximamente en el Journal of Human Rights and the Environment, en el que se analiza si la región está “liderando silenciosamente” una revolución en los litigios sobre el clima.

Su análisis muestra el papel crucial del “constitucionalismo ambiental” -la invocación del derecho constitucional para proteger el medioambiente- en América Latina. Se dice que los casos recientes y emergentes “a menudo se basan en el derecho a un medioambiente sano como base jurídica principal” para cuestionar la falta de políticas climáticas. Otros casos reconocen que los acuerdos internacionales son vinculantes desde el punto de vista jurídico.

“Los litigios sobre el clima [en América Latina] están todavía en una fase inicial, y los casos tardan mucho en llegar a un punto de decisión, pero algunas de las teorías legales que se están presentando son realmente innovadoras”, dice Tigre a Diálogo Chino.

Se espera que una de las próximas decisiones legales importantes en la región se produzca en Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal está considerando dos demandas climáticas que cuestionan las políticas de deforestación del país.

No está claro el camino que tomará la Corte, pero la ministra Cármen Lúcia, ponente del caso, citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a un medioambiente sano y la decisión del mismo tribunal en el caso Lhaka Honhat, que condenó a Argentina por violar los derechos de los pueblos indígenas.

Tigre confía en que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, contribuya también a apoyar los litigios sobre el clima aumentando el acceso a la justicia, brindando oportunidades de acceso a la información y mejorando la participación pública en la toma de decisiones.

Señala que Escazú ha sido mencionado en las audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, aunque este país aún no ha ratificado el acuerdo. “Estas cosas llevan un poco de tiempo, pero creo que marcarán la diferencia”.

Siguen existiendo obstáculos

A pesar de los constantes avances recientes, los expertos subrayan que litigar en América Latina tiene sus propios retos particulares.

En un reciente artículo del que es coautora, Tigre afirma que la corrupción sigue siendo “generalizada y profundamente arraigada”, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y las extractivas, con el riesgo de que los académicos sean cooptados por las empresas o los gobiernos. Probar y combatir este problema es “extremadamente difícil y peligroso”, escriben.

También existen importantes riesgos personales a la hora de litigar en América Latina, una región que según Global Witness es la más peligrosa para los defensores del medioambiente y de los derechos humanos. Tigre añade que la falta de recursos también puede dejar a los demandantes desprotegidos, no sólo de la violencia, sino del estrés emocional o del estigma social.

Aunque la mayoría de los juicios concluidos han apoyado la acción climática, algunos casos fracasan. En Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos perdió su litigio contra una rama local de una de las mayores empresas petroleras de China.

E incluso si se gana un juicio, no hay garantía de que se aplique.

Este es el caso de uno de los éxitos más notables en materia de litigios regionales: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018 que establece que el gobierno colombiano debe proteger su parte de la Amazonia de la deforestación. Según la organización sin ánimo de lucro Dejusticia, con sede en Bogotá, la sentencia no se ha aplicado adecuadamente, y la deforestación continúa a buen ritmo, mientras que en los lugares donde se está abordando, el gobierno la utiliza como excusa para expulsar violentamente a los campesinos y, por tanto, para cometer abusos contra los derechos humanos.

Juan Auz es investigador en derechos humanos y derecho del cambio climático en América Latina en la Escuela Hertie, una institución de investigación en Berlín. En el acto de presentación de la plataforma Litigio Climático, el investigador advirtió que no se debe tener “fe ciega” en los litigios para resolver todos los problemas climáticos.

“No es una fórmula mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede llevar años. Y muchas veces te quedas sin recursos. Tenemos que ser abiertos con las comunidades con las que litigamos sobre este tipo de asuntos.”

James McKeigue, redactor de LatAm Investor, afirma que hacer frente a las demandas climáticas no parece ser una de las prioridades de las empresas extractivas de la región, que están más preocupadas por las protestas locales contra el medioambiente y las comunidades. Sin embargo, señala que América Latina “va a llevarse la peor parte de los daños medioambientales locales causados por la transición energética”, ya que es la fuente de muchas materias primas esenciales, como el litio para las baterías.

No obstante, los expertos esperan que los litigios sobre el clima se amplíen considerablemente en América Latina en los próximos años. En un reciente artículo publicado en el Journal of Human Rights and the Environment, Auz concluye que, “dada la enorme importancia de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los derechos de miles de comunidades, es probable que las demandas sigan enmarcando el cambio climático como uno de los muchos argumentos de derechos humanos”

Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA, dijo que espera que la plataforma regional sirva de inspiración para nuevos casos y ayude a conseguir resultados que impulsen la acción climática. “Tener una plataforma en español en la que se puedan consultar los principales casos activos de la región es una oportunidad única y una forma de aunar esfuerzos”. https://www.eldiarioar.com/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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6/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4004: PERÚ - Riesgos mineros sobre las cuencas de Lima y Callao. En los últimos días hemos visto cómo la actividad minera puede poner en serio riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a las ciudades de Lima y El Callao. Para visibilizar estos riesgos, CooperAcción ha elaborado una infografía

 Miércoles, 6 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4004 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Riesgos mineros sobre las cuencas de Lima y Callao

En los últimos días hemos visto cómo la actividad minera puede poner en serio riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a las ciudades de Lima y El Callao. Para visibilizar estos riesgos, CooperAcción ha elaborado una infografía   

En los últimos días hemos visto cómo la actividad minera puede poner en serio riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a las ciudades de Lima y El Callao. Para visibilizar estos riesgos, CooperAcción ha elaborado una infografía detallada donde se puede ubicar proyectos mineros cuestionados, depósitos de relaves y accidentes recientes.

El caso más reciente fue el 13 de junio: el derrame de 35 toneladas de concentrado de zinc en el río Chillón por parte de una empresa que realiza transporte de minerales para la minera Volcan, propiedad de la transnacional Glencore.

El derrame en el río Chillón provocó la muerte de más de 600 toneladas de truchas de criaderos de la zona, además que encendió las alertas en varias entidades del Estado. Los municipios de Lima norte están bajo alerta, y el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica. Los trabajos de limpieza continúan, pero la población sigue asustada por la presencia del zinc y otros elementos del concentrado que se derramó en las aguas del Chillón.

Pero este no es el único caso. Existen otros casos emblemáticos que cabe recordar por sus serias implicancias para las fuentes de agua de las comunidades aledañas, pero también para toda Lima Metropolitana y El Callao.

Relaves de la mina Huampar en Santa Eulalia

A mediados de abril, ciudadanos de la cuenca del río Santa Eulalia denunciaron que el desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando las cuencas del valle de Santa Eulalia y del río Rímac.

La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderada por su presidenta Cecilia Espinoza, denunció la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos del relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), atendió una alerta ambiental por una posible afectación a las aguas que circulan en la parte media de la microcuenca de los ríos Santa Eulalia y Rímac. Informó que el pasivo ambiental que existe en la zona es producto de un relleno de material de relave por actividades mineras que se desarrollaron años atrás.

El relave minero causante de la emergencia ambiental es un pasivo minero que perteneció a la Compañía Minera Huampar, la cual se encuentra abandonada desde hace 30 años, según refieren pobladores de la zona.

Los riesgos de los relaves de Tamboraque

Por otra parte, existe el peligro de los relaves mineros de Tamboraque, zona que se ubica en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, a la altura del kilómetro 90 de la Carretera Central. Los depósitos de relave (canchas 1 y 2) corresponden a la mina Coricancha, que operaba la compañía San Juan desde los años 50.

A inicios del 2008, los cerros empezaron a mostrar evidencias de inestabilidad por la activación de un deslizamiento de tierras. Ese año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el estado de emergencia del cerro por el plazo de sesenta días calendario (tuvo varias prórrogas). Ese mismo año, la mina y sus pasivos pasan a manos de NYRSTAR y luego a Great Panther Coricancha S.A.

Osinergmin confirmó que la empresa Great Panther Coricancha S.A. – que compró la mina en el 2015– mantiene pendiente el traslado de aproximadamente 140.000 m3 (casi 140.000 toneladas) de relaves remanentes que se ubican al pie de la ladera del cerro Tamboraque, adyacente al río Rímac. Esta cantidad representa el 37% del total de desechos mineros. El 63% –la empresa asegura que es el 65%– ya ha sido trasladado al depósito de Chinchán.

La continuidad del traslado, sin embargo, está suspendida en medio de una disputa legal y las 140 mil toneladas de desechos minerales en Tamboraque aún no se trasladan.

El caso de la mina Ariana

La concesión del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín, se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa aproximadamente el 60% del agua que abastece a Lima y El Callao.

La posibilidad de que un evento imprevisto –como un sismo, lluvias intensas o un accidente– cause el colapso de la presa de relaves tóxicos es elevado. Esto implicaría un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.

Por ello, el año 2019 un grupo de ciudadanos interpuso una demanda legal en contra de la mina Ariana para que esta paralice sus operaciones por poner en riesgo el agua de Lima y Callao.

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del OEFA.

El 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital.

Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Vea la infografía con las zonas de riesgo por actividades mineras elaborada por CooperAcción:

 


HIDROREGIONES PERÚ

Chiclayo: vecinos denuncian colapso de desagüe por obra de saneamiento inconclusa

Los vecinos del pueblo joven José Santos Chocano en Leonardo Ortiz (Chiclayo) denunciaron que una obra de saneamiento mal ejecutada en una calle pone en riesgo su salud y está ocasionando filtraciones de aguas servidas en el interior de sus casas.

La obra consiste en el cambio de las redes de agua y alcantarillado en la calle Jorge Chávez y debía estar lista el 17 de julio; no obstante, ni siquiera está a la mitad del avance y lo que se ha visto es una laguna de aguas servidas a lo largo de cuatro cuadras.

“Nosotros nos vemos afectados por la reconstrucción de esta calle. Las instalaciones de agua y de desagüe están mal hechas en estas dos cuadras. Desde un inicio el plan de estudio de suelo está mal hecho; inclusive la Contraloría ya ha dado un aviso para que se corrija eso, pero la constructora y la municipalidad no han hecho nada”, protestó un vecino.

Algunos vecinos que son taxistas no saben dónde guardar sus coches, debido a las zanjas con aguas servidas de la calle. Asimismo, es elevado el riesgo de accidentes en las personas más vulnerables, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Además, todos los días respiran olores nauseabundos.

“Nosotros estamos consumiendo agua contaminada. Hemos ido al alcalde, el alcalde no hace nada, brilla por su ausencia y nosotros como vecinos que pagamos nuestros impuestos, nos vemos totalmente afectados. Acá hay gente que es mayor, mujeres embarazadas, niños y mire cómo estamos”, se quejó otro vecino.

Piden que obras no continúen

Los vecinos de la calle Jorge Chávez se oponen a que los trabajos de esta obra de saneamiento continúen, debido a las filtraciones de aguas servidas hacia el interior de sus casas. En ese sentido, pidieron al alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz solucionar este problema con urgencia. https://www.latina.pe/

 


Policía detiene a alcalde de Sánchez Carrión acusado de liderar una organización criminal

El alcalde provincial de Sánchez Carrión, Robert Contreras Morales, fue detenido esta madrugada por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, tras un megaoperativo en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Trujillo. El burgomaestre es sindicado presuntamente de ser parte de la organización criminal “Los capos de Huama”.

El director de la Dircocor, Fredy López Mendoza, informó que como parte del megaoperativo fueron detenidos también otras 11 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Asimismo, se han allanado 30 inmuebles en Huamachuco y Trujillo, en la región La Libertad; también en Cajamarca, Arequipa, Chimbote (Áncash); y en la ciudad de Lima.

También intervinieron las oficinas del Ministerio de Vivienda y Construcción, donde se administra la plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos; la OSCE en su oficina de Gestión de Riesgos, el Fondo Social Alto Chicama.

Comunicado Ministerio de Vivienda

Ante este caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó un comunicado donde confirma que personal de la Contraloría General de la República, Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional del Perú llegó esta mañana a la Sede Institucional del MVCS para realizar diligencias enmarcadas en una investigación fiscal correspondiente al año 2018.

Precisó que el Ministerio brindó "todas las facilidades necesarias y colabora con las indagaciones a fin de esclarecer los hechos y, de ser el caso, caiga todo el peso de la ley sobre quienes sean hallados responsables".

Remarcó, asimismo, su compromiso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Investigación fiscal y policial

El oficial indicó que el megaoperativo se realiza dentro del marco de una investigación que alcanza además a contratistas y proyectistas por un mal proceso de licitación de una obra pública relacionada al servicio de agua y alcantarillado en el distrito de Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión.

López Mendoza aseveró que, de acuerdo con la investigación, la licitación de dicha obra debió realizarse en enero del 2019, sin embargo, por una serie de defectos que obligaron a su paralización. En noviembre se otorgó la buena pro de dicha obra valorizada en 93 millones 822,221.60 soles, pero fue paralizada porque los 17 kilómetros de terrenos que se necesitaba para instalar la red de tuberías no estaban disponibles o saneados. La obra estuvo a cargo de la empresa contratista Marquisa S.A.C Contratistas Generales.

Durante su traslado a la comisaría en Huamachuco, el alcalde Robert Contreras aseguró que “se está poniendo a derecho para que se esclarezca todo. Los delitos por los que se le investiga son colusión agravada, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias. https://andina.pe/

 

Municipalidad de Moyobamba insiste continuar evacuando las aguas residuales al río Mayo

Según la ley, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR deben ubicarse en áreas estables geomorfológicamente, evitando sitios que presenten procesos erosivos en las paredes del canal del cuerpo de agua, o próximo a terrenos inestables geológicamente. El uso del suelo donde se ubica la planta debe ser compatible con la reglamentación establecida en el Proceso de Ordenamiento Territorial – POT.

Conducción del POT, en cumplimiento a lo reglamentado en la Ley y su normativas, el Ministerio del Ambiente conduce, promueve, orienta y evalúa el ordenamiento territorial, elaborando la política, estableciendo los lineamientos, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general que corresponden de acuerdo a la normativa vigente; para lo cual capacita, asiste y atiende las necesidades de orientación técnica para que surjan para su desarrollo; evaluando y garantizando, de esta manera, su adecuada ejecución de proyectos y obras de inversión pública, «OJO» ambientalmente sostenibles y en el marco del respeto a la salud como prioridad.

Cabe aquí la pregunta: ¿La Municipalidad de Moyobamba, la EPSS-OTASS, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿tienen conocimiento de este marco normativo?

Ante este escenario, los pobladores del sector Juan Antonio, y grupos de interés en Moyobamba expresaron su malestar por la intensión del gobierno municipal de construir una planta de tratamiento de aguas residuales a escasos 150 metros de la urbanización y viviendas, del Puerto de Tauishco, de mandar al tacho todo lo que se viene contrayendo para poner en valor el eje turístico entre el antiguo Puerto Juan Antonio y el Puerto de Tahuishco motivo por el cual han expresado su malestar y demandaron al equipo de la municipalidad y sus operadores a reconsiderar el tema, como señalaron a VOCES, ni siquiera consideran lo que establecen las normas de saneamiento, – Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM . – Límites Máximos Permisibles (LMP) para los afluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), para el sector Vivienda-, en el que se señala que para la construcción de los sistemas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente extensa y fuera de la influencia de causes, sujetos a torrentes y avenidas, en este caso la construcción de PTAR, debe construirse en una zona alejada de la población y del cauce de río Mayo.

“La construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales traería consigo, la posibilidad de afectación en la salud de nuestras familias, olores fétidos, plagas y rebrote de epidemias, lo manifestó el ciudadano Paolo Guadalupe Araujo, muy preocupado y sorprendido por la intensión de esta gestión del alcalde Gástelo Huamán, que, estando próxima a culminar su ejercicio municipal, como sea quiere dejar un proyecto sin considerar aspectos técnicos elementales y dejar una triste herencia de su paso por la gestión edil moyobambina” dijeron.

En las últimas décadas, se ha recurrido a acciones simplistas y sin visión de futuro desde la comuna moyobambina; atentaron, contaminaron y destrozaron quebradas como Azungue, Indañe y Churuyacu, sin que hasta la fecha se haga nada por remediar los daños y el impacto socioambiental originado en los terrenos que atravesaban aquellas quebradas y lo peor de todo con la complicidad de algunos regidores originarios de Moyobamba que guardan cómplice silencio.

Pregunta: Y desde el aspecto académico, en Moyobamba funciona la facultad descentralizada de Ingeniería Ambiental, el decano de esta facultad, docentes y alumnos egresados de esta universidad ¿En alguna oportunidad han emitido un comunicado o un pronunciamiento sobre la problemática ambiental en la provincia o la región? Queremos equivocarnos, pero al parecer no existe ni una sola línea sobre la problemática ambiental en la provincia o la región.

Por su parte, Marco Antonio Tuesta Izquierdo, presidente del comité de moradores asociación Pro vivienda “Playa del Río Mayo” sector Juan Antonio, presentó un documento dirigido al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiger Alvarado López, dando cuenta suposición en la ubicación de la futura PTAR de Moyobamba.

El pasado viernes primero de julio, en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se realizó una reunión de trabajo convocado por la oficina regional de diálogo y sostenibilidad del Gobierno Regional de San Martín, donde informaron referente al proyecto de inversión pública denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba-San Martín, con código de SNIP 112136. Para esta reunión asistieron los representantes del EPSS-OTASS, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad de Moyobamba, la secretaria de gestión social y diálogo de la PCM, frente de defensa de los intereses de Moyobamba y Alto Mayo y una funcionaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Luego de las propuestas recogidas en la reunión de trabajo, los representantes de los sectores involucrados, acordaron realizar una próxima visita de campo el día viernes 07 de julio al sector Juan Antonio, allí buscarán colectivizar el tema con los moradores que habitan en dichos sectores, sin embargo, ellos; mantienen firme su posición, en caso no respeten su petición irán a las instancias legales para hacer valer sus derechos.

VOCES entrevistó a Paolo Guadalupe, un activo dirigente de la zona quien nos señaló: “Hemos demostrando nuestra oposición ante tal atrevimiento que quiere hacer la Municipalidad de Moyobamba y sus funcionarios, nosotros habitamos en la zona por más de 12 años y todos estos años la población ha creciendo y hemos sido nosotros, con nuestros propios recursos, acondicionando el lugar” señala Guadalupe.

Cuántas familias se vieran afectadas de instalarse la planta en ese lugar.

Más de 500 familias.

La municipalidad de Moyobamba, la EPS Moyobamba, ¿la OTASS les ha comunicado sobre la construcción de la planta?

Nunca.

O sea ¿no habido consulta alguna?

Jamás, lo que pasa es que lo han hecho a escondidas y de alguna manera tratar de explicar, este expediente que debió entregarse en febrero porque ellos han tenido lugares definidos donde se cumple la normativa de la OS 090 en el inciso 5.1.5, no sé por qué la insistencia de regresar y poner en este predio, se habla de cuestiones técnicas y es mentira, los primeros estudios los han hecho cerca al puente Metoyacu, Santa Clara, en lugares aislados de la población (…) no sé cuál es el criterio utilizado, ahora nos vienen hacer una presentación en 3D que es un sistema moderno, eso queda en el papel, pero en la práctica y de la forma como están tratando de imponer, no va a ser viable.

La representante del ministerio dijo dos cosas claras al municipio y al consultor: “lleven el PTAR lo más lejos posible de población” no están cumpliendo, mencionó, señaló que han tenido una reunión a nivel nacional con otras entidades prestadoras que realizan la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento (…) es una cosa bastante grave lo que está sucediendo.

Ante esa situación, ustedes han exigido la presentación de estudio de suelos, ¿el estudio de impacto ambiental y consulta a los pobladores?

Así es, estamos exigiendo que se cumpla la norma técnica y ambiental, no es una obra cualquiera, cómo te vuelvo a repetir todo indica que no se debe hacer en ese lugar.

DATO: NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN S.090 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

5.1.5 Los sistemas de lagunas deben ubicarse en un área suficientemente extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a torrentes y avenidas, y en el caso de no ser posible, se deberán proyectar obras de protección. El área deberá estar lo más alejada posible de los centros poblados, recomendándose las siguientes distancias:

· 500 m como mínimo para tratamientos anaerobios;

· 200 m como mínimo para lagunas facultativas;

· 100 m como mínimo para sistemas con lagunas aeradas; y

· 100 m como mínimo para lodos activados y filtros percoladores.

Las distancias deben justificarse en el estudio de impacto ambiental. El proyecto debe considerar un área de protección alrededor del sistema de tratamiento, determinada en el estudio de impacto ambiental.

El proyectista podrá justificar distancias menores a las recomendadas si se incluye en el diseño procesos de control de olores y de otras contingencias perjudiciales. Fuente: normas legales de saneamiento OS.090

Según la nota de prensa del GORESAM, señala que se establecen nuevos acuerdos respecto para la mejora del sistema de alcantarillado de Moyobamba.

Tras el intercambio de información entre los actores involucrados se plantearon nuevos acuerdos; entre ellos, la MPM se comprometió a continuar y culminar el proceso de saneamiento físico legal de los terrenos comprometidos en el proyecto y continuar sumando esfuerzos con la población civil y representantes del MVCS, así como con los demás implicados en la gran tarea de brindar mejores servicios y calidad de vida a la población moyobambina.

Se acordó desarrollar una reunión de campo para este 8 de julio a las 5:00 p.m., en un terreno cercano al río Mayo, donde se socializará e informará con referencia a la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En la cita nuevamente participarán representantes de la MPM, el Consorcio Alto Mayo, la EPS Moyobamba, el FEDEIMAN, la CAC San Martín y la DRVCS. https://www.diariovoces.com.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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