13/3/20

HIDROBOLETÍN FENTAP 3431: PERÚ – Piura. Con marcha población pide a alcalde no entregue agua a la EPS Grau. Pobladores de Vice marcharon y de manera contundente exigieron al alcalde declarar nulo el acuerdo de concejo y dejar la administración en manos de la empresa Aguas Vice. Temen aumento de tarifas


Viernes, 13 de marzo de 2020 – Año XIV – Edición 3431 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·   PERÚ – Piura. Con marcha población pide a alcalde no entregue agua a la EPS Grau. Pobladores de Vice marcharon y de manera contundente exigieron al alcalde declarar nulo el acuerdo de concejo y dejar la administración en manos de la empresa Aguas Vice. Temen aumento de tarifas
·        PERÚ - El 63% de colegios a nivel nacional no tiene servicio de agua potable
·        PERÚ - Piura. Talara: entes reguladores del Estado realizarán proyección en provincia
·        PERÚ – Piura. Más de 400 familias de Las Lomas padecen sin servicio de agua
·        PERÚ - Piura. Vecinos de La Unión no cuentan con agua potable desde hace un mes
·        PERÚ – Lima. Comas: vecinos de Collique sin servicio de agua temen por coronavirus

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Con marcha población pide a alcalde no entregue agua a la EPS Grau
Pobladores de Vice marcharon y de manera contundente exigieron al alcalde declarar nulo el acuerdo de concejo y dejar la administración en manos de la empresa Aguas Vice. Temen aumento de tarifas.   

Cientos de pobladores del distrito de Vice, protestaron en el frontis de la Municipalidad en rechazo al convenio aprobado por el Pleno del Concejo, mediante Acuerdo Municipal 133-2019, que permite que la administración del servicio de agua potable y alcantarillado actualmente en manos de Aguas Vice, pase a la EPS Grau.

Sin embargo, ante esta protesta, el alcalde, Benjamín Gonzales Sánchez, desde el balcón del municipio, encendió la polémica al indicar a los protestantes que respetará el decreto supremo donde se establece que las administraciones pasen a la EPS Grau.

Ante ello, la población amenazó con continuar sus medidas de protesta de persistir la actitud del alcalde.

Los moradores tras recorrer las distintas calles del distrito, llegaron al frontis de la comuna calificándolo de “traidor y terco”, por su actitud.

Asimismo, exigieron una asamblea pública para que escuche a la población y les informe respecto a los beneficios que incluye su incorporación a la EPS Grau y el temor de la población a que la tarifa de agua se incremente.

Según indicaron, con este acuerdo de concejo, se pone fin a la cesión en uso del contrato de los servicios de agua potable para Aguas Vice que actualmente administra los servicios.

Según indicaron en sus reclamos, el servicio que brinda actualmente Aguas Vice, es eficiente y la población respalda su administración e incluso lo señalaron como un ejemplo de administración de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Aunque reconocieron índices de morosidad, esta organización civil está dispuesta afianzar algunos temas y corregir esta situación.

TEMOR A INCREMENTO

El regidor, Alberto Canova Temoche, señaló que la población teme que haya un incremento de la tarifa de los servicios y también respecto a la calidad del servicio y los antecedentes que tiene en Piura y sus diversas provincias en donde la población se queja de su servicio.

Señaló que si la población se lo pide pedirá en pleno del concejo su nulidad, ello en respaldo del pueblo.

EL DATO

El alcalde Benjamín Gonzales Sánchez, señaló que para que se atiendan los proyectos de agua potable de Chalaco, Sánchez, Letirá y el casco urbano, exigen su integración a la EPS Grau y por ello, para financiar la planta de tratamiento de agua superficial se exige ese requisito.

HIDROREGIONES PERÚ

El 63% de colegios a nivel nacional no tiene servicio de agua potable

El 63% de colegios a nivel nacional no están conectados a una red de agua potable pública y el 38% tampoco cuentan con conexión a servicios de desagüe, informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Destacó que solo el 31% de colegios en todo el país cuentan con los tres servicios básicos (luz, agua y desagüe), situación que considera muy delicada para los peruanos debido a que generará mayores problemas de salud en el contexto de expansión del COVID-19.

“Ante la llegada del COVID – 19 (coronavirus) al país, la situación de la infraestructura educativa y de salud en el país hacen urgente adoptar medidas rápidas y prioritarias para la implementación de infraestructura, equipamiento, operación, servicios y mantenimiento en estos sectores, más allá de las medidas de corto plazo”, aseveró.

Además, indicó que el 78% de establecimientos del primer nivel de atención (postas médicas) y el 51% de hospitales presentan capacidad instalada inadecuada, es decir, su infraestructura y equipamiento no se encuentran acordes con las normas técnicas de salud correspondientes.

Al respecto, mencionó que existen diversas iniciativas en Proinversión, para hospitales, colegios y plantas de tratamiento que no están avanzando en el ritmo esperado. “Solo dos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) en Salud se encuentran en el portafolio del ente promotor para ser adjudicados hasta junio 2021 (Essalud Piura y Essalud Chimbote). Otras cinco iniciativas se encuentran en evaluación desde hace más 5 años (Hospital H. Unanue, Hospital Huaycán, Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en Lima Metropolitana y Callao - Minsa, Hospital Cayetano Heredia, Nuevo Hospital Militar)", precisó.

En ese sentido, indicó que es necesario “adoptar con sentido de urgencia y con celeridad más proyectos y lanzar estas inversiones a la brevedad en beneficio de la población”. https://peru21.pe/

El 78% de postas médicas presentan capacidad instalada inadecuada, según AFIN.

Talara: entes reguladores del Estado realizarán proyección en provincia

Los constantes reclamos por el pésimo servicio que brindan la EPS-Grau, Enosa, la banca y comercio, ha generado que la Municipalidad Provincial de Talara lleve a cabo una feria de entes reguladores, a fin de que la población talareña sea orientada por los fiscalizadores en sus reclamos y atender los mismos, de acuerdo a lo informado por el funcionario municipal Bedalmider Jaramillo Martínez.

Jaramillo Martínez, informó que a su despacho llegan a diario decenas de personas para advertir del mal servicio que prestan la EPS-Grau y Enosa en esta tierra talareña, siendo las quejas más frecuentes, el colapso de desagües, buzones sin tapa, aniegos por doquier, el desabastecimiento del líquido elemento, facturación elevada, postes en mal estado, pésima iluminación domiciliaria, de las calles, avenidas y de parques y jardines, entre otros.

El funcionario municipal, señaló que para una mayor efectividad en la orientación, reclamo y atención a esta constante problemática que aqueja por años la población talareña, se ha creído conveniente, junto a la gerencia de servicios públicos, llevar a cabo este 13 de marzo la “XI feria de Entes Reguladores” que se desarrollará en la plaza principal de esta ciudad, en donde 50 funcionarios de Osinergmin, Osiptel, Sunnas, SBS, AFP, Sunarp, Indecopi, Sutran, Oefa, Sunafil y Susalud, atenderán a la población para las debidas consultas.

“Son decenas de personas que a diario acuden a mi despacho para advertir de las deficiencias en los servicios básicos, teniendo que proceder a realizar el debido proceso de reclamo. Sin embargo, para que haya una mayor efectividad y la población sepa cómo hacer sus respectivos reclamos, se ha creído conveniente llevar a cabo esta feria de entes reguladores en donde se espera atender a unas 2,000 personas. Por ello hago un llamado a los presidentes de las juntas vecinales de todos los sectores de la ciudad para que como líderes acudan a este evento a fin de ser capacitados y a través de ellos la población se mantenga debidamente informada de cómo se debe realizar un reclamo ante los entes fiscalizadores por el mal servicio” expresó Jaramillo Martínez. https://www.elregionalpiura.com.pe/


Más de 400 familias de Las Lomas padecen sin servicio de agua

Más de 400 familias que viven en el centro del distrito de Las Lomas continúan sufriendo por el servicio de agua que lleva más de dos días sin reactivarse y que se prolongaría hasta el día viernes, lo que afecta a los puestos del mercado y negocios ubicados en la plaza de armas.

El problema se debe a que la empresa prestadora del servicio de agua EPS-Grau Las Lomas se encuentra realizando el cambio del sistema de agua y alcantarillado, pero el pasado martes colapsó la nueva red troncal ubicada entre las calles Leoncio Padro con Cuzco, lo que ocasionó el corte del servicio.

Sin embargo, los moradores indican que la obra se ejecuta desde hace más de un mes y han dejado las zanjas abiertas y temen que haya desabastecimiento de agua, como sucedió en el pasado mes de febrero donde padecieron más de una semana.

Pidieron a los responsables acelerar el proceso de ejecución y envíen una cisterna de agua para dotar del recurso a los moradores. https://eltiempo.pe/

Más de 400 familias de Las Lomas padecen sin servicio de agua

Vecinos de La Unión no cuentan con agua potable desde hace un mes

El Ing. Carlos Pingo Bayona reclamó la falta de agua en varios sectores de La Unión a causa de una mala gestión en la obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento, a cargo del Consorcio Saneamiento Norte, que abandonó los trabajos desde el 30 de enero de este año. “La empresa ha pedido que se cuelguen de esa nueva red sin tener protocolos de liberación de tramos ni pruebas hidráulicas”, expresó Pingo Bayona.

El ingeniero explicó que la falta de agua se debe a que, originalmente, la empresa encargada debió establecer una nueva red de agua con reservorio propio para abastecer a ciertos sectores de La Unión, sin embargo, se estableció dicha red en un pozo antiguo que ya abastecía a otros lugares del distrito. Ahora, el agua es insuficiente para proveer a todos los hogares con conexión al mismo pozo.

Como medida de contingencia, Ana Mary Correa Girón, de la Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado, dijo que, desde ayer, 11 de marzo, se ha destinado una cisterna de agua para abastecer a los sectores afectados. Además, indicó que ya se está haciendo un trabajo de detección del problema para reiniciar labores dentro de 15 días.

La obra ha estado a cargo de tres consorcios y lleva tres años en ejecución, según Correa Girón, la paralización de la obra se dio debido a errores en el expediente técnico por parte del Consorcio Saneamiento Norte. https://www.radiocutivalu.org/


LIMA PERÚ

Comas: vecinos de Collique sin servicio de agua temen por coronavirus

Decenas de vecinos denunciaron que no cuentan con el servicio de agua potable desde hace 40 años en la sexta etapa de Collique, en el distrito de Comas. Los ciudadanos se mostraron alertados por el avance del coronavirus.

Los pobladores alertaron que cada tres o cuatro días ellos deben ir a comprar agua potable de tanques de 1000 litros al precio de aproximadamente 21 soles.

“Nosotros no tenemos agua desde hace 40 años. Queremos lavar ropa o servicios o las manos, pero no podemos, tenemos que ir a comprar”, indicaron a Canal N. Añadieron que los precios del tanque pueden variar de acuerdo al tamaño.

“Cada semana tenemos que comprar. Dos o tres veces. El dinero no alcanza”, mencionó una vecina de la zona. Incluso, expresaron que esta situación suele ser adversa porque los aguateros no tienen día estimado de llegada.

“(Los aguateros) vienen cuando ellos quieren. No tenemos agua ni para cocinar ni lavar y más”, indicó. Sobre la presencia del coronavirus en Perú, una ciudadana precisó que esto puede ser peligroso para los niños.

 “A mí me preocupa la situación. Tengo ese coraje porque no tenemos agua. Existen pilones en otras etapas de Collique, pero aquí nos excluyen”, señalaron.

También mencionó que existía cerca de la zona un Wawa Wasi o Centro Infantil de Atención Integral donde los pequeños no contaban con los implementos para la salud. “Esto preocupa, los niños no tienen todos los servicios adecuados”, dijo.

Por último, los pobladores continuaron en su protesta contra la falta del servicio de agua. “Agua para mi salud. Agua para todos”, exclamaron los vecinos. https://larepublica.pe/


 “Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

12/3/20

HIDROBOLETÍN FENTAP 3430: PERÚ – Piura. Sechura: pueblo de Vice se opone a integración de servicios de agua potable a EPS Grau


Jueves, 12 de marzo de 2020 – Año XIV – Edición 3430 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ – Lambayeque. Epsel niega que chiclayanos consuman agua contaminada
·        PERÚ – Loreto.  Gobierno regional logra nuevo triunfo legal ante empresa china por la PTAR - alcantarillado
·        PERÚ – Lima. Empresa drena humedales de Lurín ante indiferencia de Lima y de Minam
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Sechura: pueblo de Vice se opone a integración de servicios de agua potable a EPS Grau

Una movilización contra la decisión municipal de aprobar la integración de los servicios de saneamiento, que incluye agua potable y alcantarillado, hacia EPS Grau, se realizó en el distrito de Vice de la provincia de Sechura. Según indicaron los promotores de esta marcha, el Concejo Municipal adoptó la decisión de autorizar dicha medida, tal y conforme lo hizo la Municipalidad Provincial al inicio de esta gestión municipal.

Apostados frente al local de la Municipalidad de Vice, los pobladores expusieron sus razones para oponerse a esta integración y ratificaron su posición en el sentido que la gestión y administración de los servicios de agua potable y alcantarillado tiene que ser realizada por la propia población como lo vienen haciendo a través de la JASS "Aguas Vice"

Oposición a integración de servicios de saneamiento de Vice

Solicitaron hablar con el alcalde Benjamín Gonzáles Sánchez; sin embargo, debido a la gran cantidad de pobladores solo aceptó que una comitiva ingrese al recinto municipal. En tanto, los pobladores, reclamaban que salga a dirigirse a ellos al exterior del edificio de la Municipalidad, situación a la que se negó.

De acuerdo a la legislación de los servicios de saneamiento, los servicios de esta naturaleza deben ser gestionados y administrados por una empresa prestadora de servicios de saneamiento, en este caso la EPS Grau; para hacerlo, la propia Municipalidad debe autorizarlo; sin embargo, para la población no es conveniente autorizar la integración hacia una empresa que se encuentra “quebrada”.

El dato

En tanto una parte de la población marchaba en defensa de mantener la gestión en la JASS Agua Vice, otro pequeño grupo daba su respaldo al alcalde, quien busca que los servicios de saneamiento se integren a EPS Grau. https://www.elregionalpiura.com.pe/


EMPRESAS DE AGUA

Epsel niega que chiclayanos consuman agua contaminada

Luego de una serie de imágenes que se difundieron por Facebook donde se evidenciaba la rotura de un tanque elevado, el subgerente de Producción de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Roberto Vallejos Cortez, descartó que la población de Chiclayo esté consumiendo agua contaminada, pero sí confirmó la afectación en dicha infraestructura que abastece a más de 30,000 pobladores del distrito de La Victoria.

Como se recuerda, a través de las redes sociales, se empezaron a difundir unas imágenes de Google Earth, donde se podía apreciar el fondo del tanque con sedimento verde, lo que colocaba en duda la calidad del agua que se distribuía a las familias.

Ante esta situación, el funcionario de Epsel explicó que efectivamente el tanque presenta una rotura en la cúpula desde hace unos tres meses, por lo que se decidió ya no reservar agua en dicho espacio. Actualmente, el agua se viene distribuyendo por conducto cerrado a través de las redes existentes por ese motivo el líquido ya no pasa por el tanque elevado.

El último reporte de la Oficina de Control de Calidad de Epsel revela que el agua tiene una concentración de cloro residual de 0.6 miligramos por litro, valores que se encuentran dentro de lo permitido en el Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano.

“El agua no ingresa al reservorio elevado para evitar la contaminación, pues el agua estaría expuesta al medio ambiente. Utilizar estos tanques elevados permiten dar una mayor y mejor cobertura, pero por ahora no se está utilizando por eso el agua no está llegando a las casas con la misma presión”, detalló.

Según contó el funcionario, en los próximos meses, la entidad concluirá el expediente técnico para rehabilitar la infraestructura afectada cuyo costo superaría el medio millón de soles. Hasta que se concrete dicho proyecto, Epsel instalará una cobertura metálica con planchas especiales en reemplazo de la cúpula lo que permitirá volver a utilizar el reservorio. https://larepublica.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Gobierno regional logra nuevo triunfo legal ante empresa china por la PTAR-alcantarillado

Durante la actual gestión regional se ha reconducido los arbitrajes contra la empresa china CWE y a consecuencia de ello fue una primera victoria en el Laudo Arbitral de fecha 20-12-2019, sobre el Lote N° 02 (iniciado por la CWE contra OPIP), donde se obliga a la empresa CWE a reparar la totalidad de defectos del Sistema del Alcantarillado, siendo notificados en su oportunidad por la OPIPP lo cual se encuentra en trámites administrativos para dar cumplimiento a la ejecución del Laudo arbitral de acuerdo a ley.

Continuando con una responsable defensa en favor del Estado, con fecha 14-02-2020, OPIPP fue notificado con el Laudo Arbitral Parcial del Lote N° 01, que es el segundo proceso arbitral que tiene el GOREL con la empresa china; a diferencia del primer caso, este segundo proceso fue iniciado por OPIPP, donde -entre otras cosas- se exige el pago de indemnizaciones, ejecución de partidas no concluidas y reparación integral de la PTAR y estaciones de bombeo.

La empresa CWE presentó oposición a la demanda arbitral y excepción de caducidad contra las pretensiones de la demanda de OPIPP, intentando validar las ilegalidades e irregularidades en el proceso de recepción del Lote 1 y posterior entrega de cartas fianzas en el mes de diciembre del 2014, hecho considerado por OPIPP como arbitrario y lesivo para los intereses de la región, tras la ejecución de esta controvertida obra.

En este Laudo Arbitral Parcial, el Tribunal da la razón a OPIPP, es decir, un nuevo triunfo para la actual gestión del Gobierno Regional que viene ejerciendo responsablemente la defensa de los intereses del Estado; pues, ahora el Tribunal podrá resolver el fondo de lo reclamado, sobre pago de indemnización, reparaciones, ejecución de obligaciones pendientes, entre otras pretensiones planteadas en su oportunidad.

Es así que, a partir de este momento, de acuerdo a las cláusulas del contrato, el tribunal arbitral ha establecido que el mismo se encuentra en vigencia, independientemente de la aparente liquidación desarrollada en anteriores gestiones. https://diariolaregion.com/

LIMA PERÚ

Empresa drena humedales de Lurín ante indiferencia de Lima y de Minam

Vecinos de Lurín denuncian que la empresa Century City Development continuó de forma clandestina con el drenaje de los humedales de San Pedro de Quilcay, en Lurín, pese a que en junio de 2019 el municipio de ese distrito ordenó que paralizaran dichas obras.

Empresa drena humedales de Lurín ante indiferencia de Lima y de Minam

Tanto el Ministerio del Ambiente (Minam), la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) han emitido informes en los que afirman que los humedales de San Pedro de Quilcay son un ecosistema que requiere protección. Por lo tanto, estas entidades, junto a los municipios de Lurín y de Lima Metropolitana, tienen el rol de promover su conservación.

El problema es que los humedales de Quilcay están en manos privadas pese a ser un bien público. «Antes eran zona de tratamiento especial, pero posteriormente han habido cambios de zonificación promovidos por la Municipalidad de Lurín y aprobados por la Municipalidad de Lima», señala Leyla Berrocal, representante del Comité de Vigilancia Ambiental Humedales de Quilcay.

En las últimas semanas, se reportó nuevamente que maquinaria pesada había ingresado en el área y que Century City Development ha colocado un cerco perimétrico alrededor. «Actualmente, el humedal está depredado, han arrancado totorales que son plantas características, a los pichones de las aves que habitan los humedales los han tirado a las acequias», cuenta, indignada, Berrocal.

De acuerdo a la líder ambiental, tanto Minam, Serfor y ANA conocen la situación, pero no han respondido con acciones concretas.


Entonces, ¿quién protege los humedales?

Actualmente, el área no está registrada como una zona protegida. Así lo confirmó en febrero de este año el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegias (Sernanp), adscrito al Ministerio del Ambiente.

Mediante la Certificación N° 29-2020, la entidad respondió a la empresa Century City Development que el área de su proyecto para construir un ‘megacentro’ comercial «no se superpone a un Área Natural Protegida ni a zonas de amortiguamiento». Century City viene mostrando este documento como si se tratara de un visto bueno a su proyecto de construir un ‘megacentro’ comercial sobre los humedales.

Consultada por Wayka.pe sobre las acciones que tomarán frente a las nuevas denuncias por daño ambiental a los humedales, la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que se pronunciará en breve.

Ante la inacción de todas las autoridades mencionadas, el Comité de Vigilancia Ambiental Humedales de Quilcay reunió firmas de ciudadanos y presentó un memorial ante la Defensoría del Pueblo. Ellos adjuntaron, además, un informe técnico elaborado sobre la importancia biológica e histórica de este ecosistema costero. La Defensoría señaló a Wayka.pe que han remitido un oficio a la Municipalidad de Lurín.

«Lo que exigimos es que se conserven las dos lagunas del humedal. Que se conserve su biodiversidad y sea un recurso que permita realizar actividades de educación ambiental-histórica y social en nuestro distrito», afirma Leyla Berrocal. https://wayka.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”
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11/3/20

HIDROBOLETÍN FENTAP 3429: PERÚ - Trabajadores de Cañete (Región Lima) exigen derogatoria de decretos inconstitucionales y antilaborales. Dirigente nacional de la Fentap continúa con las reuniones de las bases sindicales


Miércoles, 11 de marzo de 2020 – Año XIV – Edición 3429 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ - Trabajadores de Cañete (Región Lima) exigen derogatoria de decretos inconstitucionales y antilaborales. Dirigente nacional de la Fentap continúa con las reuniones de las bases sindicales
·        PERÚ – Chimbote. Contraloría interviene más de 200 entidades públicas durante primer mega operativo regional
·        ESPAÑA - Derecho al agua. Poder, irregularidades y opacidad sin fronteras en el negocio del agua en España
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Trabajadores de Cañete (Región Lima) exigen derogatoria de decretos inconstitucionales y antilaborales
Dirigente nacional de la Fentap continúa con las reuniones de las bases sindicales   

Secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - Fentap, Lic. Luis Isarra Delgado, se reunió con los trabajadores y trabajadoras de la Empresa de agua de Cañete – Emapa Cañete, para ratificar su participación en la Jornada nacional de lucha convocada por la CGTP, para el próximo 19 de marzo.

En la asamblea general del martes 10, también participaron dirigentes de las organizaciones sindicales de FEDCUT - Cañete, FENUTSSA - Cañete, FENAOMP- Imperial - Cañete; acordando movilizarse por las principales avenidas de dicha provincia.

El lema que fue coreado por todos los trabajadores asistentes a esta reunión fue, ¡¡¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!!!

Una de las demandas de la Jornada nacional de lucha es la derogatoria de los Decretos de Urgencia 014-2020, 016-2020, 020-2020, por inconstitucionales y anti laborales.

La imagen puede contener: 9 personas, incluido Luis Isarra Delgado, personas de pie

La imagen puede contener: 5 personas, incluido Luis Isarra Delgado

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La imagen puede contener: 2 personas, incluido Luis Isarra Delgado, personas sentadas y exterior

La imagen puede contener: una o varias personas, tabla e interior

HIDROREGIONES PERÚ

Contraloría interviene más de 200 entidades públicas durante primer mega operativo regional

Durante el primer Mega Operativo de Control Regional, que se lleva a cabo en Cajamarca, la Contraloría General dio inicio a la acreditación de las 760 intervenciones de control y prevención en 227 entidades públicas que están siendo supervisadas en simultáneo para tener una radiografía de la gestión pública en esta zona del país, sostuvo el Contralor General, Nelson Shack Yalta.

Supervisión de obras monitores y auditores

Por la tarde, los Monitores Ciudadanos de Control y auditores de la Contraloría General inspeccionaron los trabajos de mejoramiento del Estadio de la Universidad Nacional de Cajamarca donde se ha previsto invertir S/ 3.6 millones y en la cual advirtieron algunas situaciones de incumplimiento como la ausencia del inspector de obra y de personal clave.

Durante la inspección física de la obra, los jóvenes voluntarios del programa Monitores Ciudadanos de Control, previamente capacitados y acreditados, realizaron el control social de esta obra donde verificaron que no cumplen la normas (G050) de seguridad durante la construcción y se observó desorden y falta de limpieza en la obra.

En la última visita realizada al estadio, el 6 de marzo pasado, los Monitores Ciudadanos de Control reportaron que el inspector de obra no se encontraba presente durante la visita de inicio de obra. Además, el residente de obra les comunicó que la entidad no había cancelado dos valorizaciones. Mientras que la supervisora de seguridad indicó que el expediente técnico no contemplaba una partida para implementos de seguridad como cascos, guantes, ni señalización, entre otros.

Transferencia de OCI

En el marco del Mega Operativo de Control Regional de Cajamarca, se concretó la transferencia de tres Órganos de Control Institucional (OCI) los cuales pertenecen al Gobierno Regional y las municipalidades provinciales de Cajamarca y Contumazá.

Precisamente, hoy el Contralor General entregó la resolución administrativa que oficializa la absorción del OCI al Gobernador Regional de Cajamarca, Mesías Guevara así como al Alcalde Provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro. Mientras que el Vicecontralor de Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios entregó el documento respectivo al Alcalde Provincial de Contumazá, Óscar Suárez Aguilar.


HIDROMUNDO

Derecho al agua. Poder, irregularidades y opacidad sin fronteras en el negocio del agua en España

Un pulso constante. Así se podría definir la situación en el Estado español del sector del agua. Detrás del agua que sale del grifo de las casas o de las fuentes de un municipio cualquiera se esconde un negocio complejo, con luces y sombras y más bien poco transparente. Esta situación se debe, en gran parte, al reparto entre administraciones y sociedades privadas de un negocio que mueve al año miles de millones de euros solo en el contexto nacional.

Según datos del Observatorio Sectorial DBK, en 2018 el abastecimiento hídrico generó un volumen de negocio de 3.745 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que, sin especificar las dimensiones de los municipios, un 55% de la población está siendo abastecida actualmente, según se desprende de las cifras del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España del mismo año, por corporaciones privadas o mixtas —constituidas con capital público y privado—, frente al 45% restante que recibe el servicio de empresas públicas.

De todo esto se derivan desde campañas provenientes de los movimientos sociales que tienen como objetivo incrementar el número de municipios que cuentan con una gestión pública del agua, hasta batallas de presión y en los tribunales entre las empresas privadas para poder aumentar su presencia en el negocio. Las compañías que copan la mayoría de concesiones en el Estado son Aqualia —filial de la constructora y empresa de servicios históricamente relacionada con las hermanas Koplowitz y propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim desde 2016—, Acciona y Agbar (Sociedad General de Aguas de Barcelona) que desde el 2010 es una de las filiales españolas de la compañía Suez, participada a la vez en un 4,1% por Criteria, el holding de inversiones de La Caixa.


Ciertamente, tal y como recuerda el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) Alexandre Peñalver, el agua no es un derecho humano que esté incluido en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1966. No obstante, el académico sí que constata que unas observaciones del año 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen el agua como un Derecho Humano. De esta manera, la posición de esta organización internacional recomienda que los recursos hídricos estén siempre disponibles, sean continuos y sean suficientes tanto para usos personales como domésticos.

Asimismo, en el documento se hace una mención a la cantidad que le corresponde a cada persona según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la calidad que debe tener y a accesibilidad tanto física como económica que debe garantizar cada prepuesta de gestión. Finalmente, y sin entrar a hacer valoraciones sobre si el servicio debe ser público o privado, el texto subraya la necesidad de garantizar el acceso a la ciudadanía a la información que genere cada compañía y generar procesos de participación.

UN IMPERIO OPACO

En el caso de Agbar, se trata de una de las concesionarias con más peso en el sector en España y también tiene presencia en otros países de la América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Dependiendo de la concesión se hace cargo de fases distintas del ciclo del agua, como pueden ser la explotación del acuífero, la distribución del agua en alta o la distribución en baja. A partir de este gran entramado entran en juego multitud de procesos y de decisiones que puede tomar la empresa a la hora de ofrecer su servicio. En el caso de México, por ejemplo, la compañía llegó el 2001 a El Saltillo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”, según una investigación de PODER. Sin embargo, pocos años después su actuación en la región ya era considerada “un millonario fraude” y un gran número de familias se habían quedado sin acceso al agua. Por lo que se refiere al caso nacional, las problemáticas son distintas, pero también contradirían las recomendaciones de la ONU por distintas razones: precios abusivos, falta de transparencia y una política contraria a la participación ciudadana, entre otras cuestiones.

Según cifras de la asociación de consumidores Facua, el precio del agua en el Estado español en 2019 fue de 24,41 euros sin IVA al mes. Sin embargo, hay ciudadanos que en sus localidades pagaron prácticamente el doble. Facua analizó el precio del suministro de agua en 53 ciudades y el municipio que registró un precio más caro fue Barcelona con una mensualidad de 46,89 euros. La capital catalana iba seguida de Murcia (38,86 euros/mes), Tarragona (37,71 euros/mes), Huelva (37,50 euros/mes) y Lleida (37,40 euros/mes).

En todos los casos, las concesiones están en manos de consorcios de capital mixto participados —a excepción de la ciudad de Lleida que es gestionada por Aqualia— filiales de Suez España, es decir por empresas del mismo grupo que Agbar. La última posición de la tabla está ocupada por la ciudad de León, cuyo servicio recae también en una filial de Suez España y que supone un gasto a la ciudadanía de 5,49 euros al mes. En cuanto a las localidades del estudio que cuentan con un servicio de suministro público —20 ciudades de las 53 localidades avaluadas— la horquilla se mueve entre los 36,27 euros por mensualidad en Sevilla a los 13,36 euros en Lugo, precios más próximos a la mediana que no los privados o mixtos.

Por lo que se refiere a la transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la propuesta de votación.

Por lo que se refiere a la transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la propuesta de votación.

Aunque la consulta finalmente no tuvo lugar porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró nulo el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona —a raíz de un recurso interpuesto por Abogados Catalanes por la Constitución— por entrar en contradicción con las leyes estatales, la filial de Suez llegó a presentar un recurso parar frenar la iniciativa. La compañía consideraba que la pregunta no era lo “bastante clara” y que la consulta era “ilegal” ya que el consistorio “invadía competencias” propias de otros organismos. El Salto ha contactado con Aigües de Barcelona para preguntar a la compañía acerca de esta y otras cuestiones y en el momento de publicación del reportaje no había obtenido respuesta.

EL PODER JUDICIAL: LOS ENTRESIJOS DE UNA BUENA RELACIÓN

Las maniobras para frenar la multiconsulta, pero, no han sido las únicas que han significado la apertura de un proceso judicial para Agbar. El 20 de noviembre de 2019 el Tribunal Supremo dictaba una sentencia en la que daba el visto bueno al proceso de creación de la empresa mixta —Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua— que ostenta la concesión en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), propiedad al 70% de Suez, 15% del AMB y 15% de Criteria. Con esta decisión se cerraba un capítulo de ocho años en los tribunales después que en 2011 la multinacional firmara con la AMB la creación de la mixta que gestionaría el ciclo del agua sin concurso público previo hasta el 2047. La acción se rubricó, en cambio, a través de un procedimiento negociado.

La sentencia del TS, a la que ha tenido acceso este medio —que levantaba la suspensión de la concesión dictada por el TSJC tres años antes dificultando así las posibilidades de optar a una gestión pública del servicio—, argumenta que es necesaria la diferenciación entre competencias municipales y municipalización de la concesión, además de afirmar que el cambio de manos de la concesión no es automático. El texto también expone que “existieron varios intentos de municipalizar, o supramunicipalizar, el servicio, que no llegaron a consumarse: en 1966 por el Ayuntamiento de Barcelona y en 1982 por la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) [periodo durante el cual el actual presidente ejecutivo de Agbar, Àngel Simón ostentó distintos cargos en el organismo] predecesora de la actual AMB”, de modo que un nuevo intento también podría resultar fallido.

Igualmente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo remarca que “ni el Estado, en 1953, actuó extracompetencialmente otorgando una concesión “provisoria, tácita o en precario” [según la sentencia del TSJC], ni el contenido de la “plena concesión, por un período de 99 años, se vio afectada por la incidencia que sobre la misma pudieran haber tenido las sucesivas modificaciones legislativas, bien materia de aguas, bien en materia de gestión de servicios públicos por las entidades locales”. Es decir, que el Estado actuó entonces correctamente.

Miriam Planas, portavoz de la plataforma Aigua és Vida, considera que la decisión del alto tribunal “asegura los intereses de las empresas”, acción que a su entender ya había hecho otras veces como en el caso del rescate a la banca. Planas reconoce que les “sorprenden muchos los fundamentos jurídicos de esta sentencia, pero no nos sorprende tanto la actitud del Supremo”.

EL RASTRO DE LA CORRUPCIÓN

A pesar de los múltiples lazos que unen a la hídrica con el cuerpo judicial, esto no le ha evitado verse involucrada en distintos casos de corrupción en los últimos años. El caso más grande en el que la filial de Suez España está siendo investigada es el Caso Pokémon, pero también consta en calidad de investigada en las instrucciones de otros casos como el “3%” en Cataluña y resulta un actor clave para entender la investigación judicial que involucra el Canal Isabel II de Madrid con el caso Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando a cinco filiales del grupo —Aquagest, Sorea, Aqualogy, Construccions i Rebaixos y Anaigua— por haber dado presuntamente 855.000 euros a la fundació CatDem, epicentro de la trama de corrupción 3%, entre 2008 y 2012. Del total dado, 715.000 euros provenían de Sorea y Aquagest y los 140.000 euros restantes de las otras tres filiales. De este modo, Agbar lidera las compañías que dieron parte de sus capitales a la preseunta financiación irregular de la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y actual Partit Demòcrata (PDECat). Igualmente, en el mismo periodo, la empresa Acciona, otro de los grandes actores del sector, realizó dos donaciones de 30.000 euros cada una en 2011.

Agbar lidera las compañías que dieron parte de sus capitales a la presunta financiación irregular de la antigua Convergencia y actual Partit Demòcrata (PDECat)

Respecto al caso Lezo, si bien es cierto que se centra en la presunta desviación de fondos públicos para la financiación de miembros del Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ignacio González, el nombre de Agbar aparece en los inicios del pelotazo. Tal y como se explica en el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal Isabel II, “las competencias de la empresa pública CYII [Canal Isabel II] abarcaban los servicios de agua promovidos directamente por la Comunidad de Madrid y los confiados a ella en su ámbito territorial mediante convenios firmados con los ayuntamientos”. Sin embargo, “entre 1994 y 2002, el CYII constituyó varias sociedades anónimas para cuya creación el Consejo no estaba expresamente facultado”, entre las cuales apareció la sociedad Canal Extensia “y la oferta de adquisición de la empresa colombiana INASSA (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.)”. Precisamente INASSA fue creada en 1996 por el Grupo Agbar, que poseía el 51% de la sociedad, en Barranquilla (Colombia) para llevar el agua potable hasta el municipio. En el 2000 Aigües de Barcelona vendió su participación por falta de rentabilidad del negocio a su socio, que la adquirió a través la Sociedad de Aguas de América y por un valor de ocho millones de dólares de aquella época. Fue entonces cuando la sociedad andina encontró nuevos socios en Madrid —el gobierno de Alberto Ruíz-Gallardón y un CYII bajo la presidencia de Carlos Mayor Oreja— y nació Canal Extensía, que un año después compraría “el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49%”, según informaba El Confidencial.

En lo que se refiere al caso “Pokémon”, a pesar de tener origen en la judicatura de Lugo (Galicia), sus distintas piezas salpicarían de lleno el lobby del agua y llegarían a distintos territorios de la geografía española. La instrucción fue iniciada en el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio por la magistrada Pilar de Lara durante 2011 a fin de investigar la presunta corrupción en distintos ayuntamientos gallegos gobernados por el PP y el PSOE. En dicha macrocausa de nueve piezas se encontraría inmersa la filial de Agbar Aquagest. De hecho, un auto de De Lara de setiembre de 2015 al que ha tenido acceso este medio tildó la filial de Agbar de “verdadera asociación ilícita”. Esta resolución supuso cambios en el organigrama interno de Agbar que decidió, en 2016, empezar a usar una terminología distinta para referirse a los distintos territorios del Estado donde opera. Aigües de Barcelona pasó a llamarse Aquadom y en cada Comunidad Autónoma la terminología varió. La compañía vinculaba el cambio entonces a “motivos de proximidad y cercanía al territorio” desvinculándolo por completo de “Pokémon”.

LOS EFECTOS COLATERALES DE LA PUGNA

Las maniobras de Agbar, pero, no tuvieron solo esta consecuencia. A finales de enero de este año la magistrada De Lara fue sancionada por el CGPJ con siete meses y un día sin empleo y sueldo además de la pérdida de su destino en Lugo. A pesar de que la cúpula judicial justifica el cese por supuestos ”retrasos injustificados“ y ”desatención" a los casos que le costaron la apertura de un expediente disciplinario, su defensa lo relaciona altos cargos del CGPJ en Pontevedra. Desde 2007 Pilar de Lara había trabajado en Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo donde había instruido casos de corrupción como el caso “Pokémon” que habían puesto el cerco en políticos gallegos y del resto del Estado, empresarios, funcionarios y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. En el caso, el negocio del agua es uno de los ejes centrales y algunas fuentes consultas apuntan que más allá de los retrasos de varios años tras la inhibición de la jueza, la cuestión de fondo guardaría relación con la puesta en duda de algunos nombres y empresas que mantienen buena relación con las altas instancias judiciales.

Desde la apertura del expediente disciplinario y a la espera de que el CGPJ tomara una decisión, la juez siguió instruyendo casos y notificó hasta el último momento autos de gran relevancia. La misma semana de su suspensión, por ejemplo, notificó un escrito de autos sobre el caso Pokémon de 514 folios en los que aparece citada la filial de Agbar Aquagest.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS LANZA UNA ALERTA

Más allá de los líos que acarrea la gestión del agua y de los rifirrafes entre actores privados para controlar el sector, hay organismos que están empezando a poner el foco en la calidad de la red que distribuye el agua de boca por todo el Estado. El Tribunal de Cuentas hizo público un informe el pasado 27 de enero al que ha accedido El Salto en el que pedía más coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas a la hora de informar sobre cuestiones relativas a los controles sanitarios del agua. En el texto, el Tribunal recordaba que “no se han aprobado las disposiciones que deben regular las autorizaciones para el uso e instalación de materiales y productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano”. Asimismo, también quedaría pendiente establecer “el método de muestreo armonizado para el cromo, cobre, níquel, y plomo”.

El Tribunal también recuerda al Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar que todavía “no ha establecido los contenidos formativos que deben ser superados para obtener el certificado o título que capacite al personal de mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas ni concretado las condiciones de la obtención de esta capacitación”. Igualmente señala “la falta de acreditación de la certificación establecida en la normativa, en más de la mitad de los laboratorios que efectuaron controles en 2017; la ausencia de la preceptiva comunicación al Ministerio, por parte de las CCAA, de sus respectivos Programas Autonómicos de Vigilancia Sanitaria (PAVS)”.

El entramado descomunal que se esconde detrás de la fachada visible del sector hídrico en España está, en gran parte, oculto a la ciudadanía. En este sentido, queda todavía camino por recorrer si quiere hacerse del agua un bien público y su acceso un derecho humano compartido. https://www.elsaltodiario.com/  

Torre Agbar Barcelona agua

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