23/9/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4057: PERÚ - Presuntas irregularidades que están siendo denunciadas a la contraloría y a la fiscalía anticorrupción, porque estarían perjudicando a Sedapal y directamente a los trabajadores. Comunicado N° 013-2022/CDN FENTAP

 Viernes, 23 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4057 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Presuntas irregularidades que están siendo denunciadas a la contraloría y a la fiscalía anticorrupción, porque estarían perjudicando a Sedapal y directamente a los trabajadores

Comunicado N° 013-2022/CDN FENTAP

Al presidente del directorio, a los directores, gerente general de SEDAPAL(e) y a los trabajadores en general:

La FENTAP, ha venido constantemente solicitando al más alto nivel de SEDAPAL solicite a la Contraloría y a la OCI-SEDAPAL la investigación de presuntas irregularidades que se vendrían cometiendo desde el mes de abril del año 2019 a la fecha; como son los veintinueve (29) contratos suscritos por SEDAPAL y la UNOPS, (por un costo aproximado de más de 20 millones de soles) y también porque esta entidad habría sido cuestionada por falta de transparencia a nivel nacional e internacional; la contratación y todo el proceso de selección de la megaobra “La Nueva Rinconada” y de su supervisión (cuyo costo aproximado sería de 1,200 millones de soles); la investigación de todos los contratos suscritos en este periodo arriba señalado con las empresas VEOLIA y ACCIONA (por un monto total aproximado de 1,500 millones de soles); todo el proceso de selección y contratación a través de la UNOPS de las actividades comerciales y operativas  de SEDAPAL por cinco (05) años (por un monto aproximado de más de 1,000 millones de soles); la recepción por SEDAPAL de la obra “Colector Cajamarquilla - Cerro Camote”; Los gastos y compromisos de SEDAPAL por las reparaciones de los dos (02) colapsos del colector “ Canto Grande” en San Juan de Lurigancho; todos los procesos de selección y contratación de personal, desde el inicio de la pandemia a la fecha (más de 300 contratos por suplencia y emergencia aproximadamente) y todo el proceso de nombramientos a la planilla de SEDAPAL, de estos trabajadores contratados por suplencia y emergencia; todos los procesos de selección de personal de los concursos internos y externos desde el mes de marzo del año 2019 a la fecha; todos los procesos de selección, evaluación y autorizaciones para designar a los Funcionarios de SEDAPAL desde abril 2019 a la fecha (Jefe de Equipo, Gerentes de línea y Gerente General); incumplimiento de las Políticas de Personal aprobada por el Directorio de SEDAPAL en el año 2003 que habría afectado severamente la línea de carrera y el desarrollo de personal de los trabajadores que se encuentran nombrados en planilla, al aceptarse que los trabajadores contratados participen conjuntamente con los trabajadores nombrados en los Concursos Internos; también se investigue todos los concursos internos que han sido declarados desiertos, a pesar de que los trabajadores de carrera que se encuentran en planilla reunían los requisitos del perfil del puesto; para convocar a concursos externos y traer personal externo a SEDAPAL, perjudicando irreparablemente la línea de carrera de los trabajadores.

Declaramos que la FENTAP, continuará denunciando todas estas presuntas irregularidades que se vendrían cometiendo en los últimos tres (03) años y que lamentablemente se ha guardado silencio todo este tiempo de pandemia, que también deberían investigarse cuáles habrían sido las razones de este silencio.

Por lo que, pedimos a todos los trabajadores de carrera de SEDAPAL hacernos llegar su DENUNCIA de cualquier irregularidad en la que han sido testigos o afectados en los procesos de selección y nombramiento de personal en SEDAPAL.

¡La FENTAP siempre con los trabajadores exigiendo transparencia y cero corrupción en la gestión!

El Consejo Directivo de la FENTAP                               

Lima, 22 de setiembre de 2022.

 

HIDROREGIONES PERÚ

Se retomará consulta previa del proyecto minero Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las 11 comunidades originarias de la provincia de Espinar, Cusco, alcanzaron consenso para retomar la implementación del plan de consulta previa del proyecto minero de explotación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, a partir del próximo 4 de octubre, con lo cual el clima de paz retorna al corredor minero.

Este y otros acuerdos arribaron tras una prolongada reunión de casi 10 horas de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y las comunidades de Cala Cala, Huisa, Huancané Bajo, Suero y Cama, Alto Huancané, Huarca, Huisa Ccollana, Alto Huarca, Huano Huano y Anta Ccollana.

Entre los acuerdos, se ha establecido que el Minem reiniciará el plan de proceso de consulta previa en el marco de la suscripción de la octava adenda de dicho plan y tras aprobar un calendario de reuniones que comprende cuatro ejes de trabajo: educación, territorio (propiedad, medio ambiente y agua) y desarrollo sostenible. Estos se desarrollarán en reuniones durante el mes de octubre.

Otro acuerdo alcanzado con las 11 comunidades originarias de Espinar se refiere al Plan de Reparaciones. Este será implementado en el marco de la Resolución Ministerial 174-2020-PCM. Para ello, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) emitirá una resolución que permita identificar, caracterizar, valorizar y remediar, según sea el caso, los daños que declaran las comunidades. El proyecto de resolución será socializado el próximo 26 de setiembre, virtualmente, y demandará 20 días para su publicación. La norma tendrá una vigencia de 120 días.

Para la implementación del Fondo de Emergencia Social se acordó elaborar un Plan de Actividades y Proyectos en coordinación con las 11 comunidades originarias. La elaboración del plan tendrá un plazo de tres meses y estará a cargo de la PCM en coordinación con los sectores del Poder Ejecutivo y las comunidades.

Se precisó que el mencionado plan determinará las actividades y proyectos menores que serán ejecutados a través de núcleos ejecutores constituidos en las comunidades. Tras su aprobación, el Poder Ejecutivo gestionará su financiamiento. https://larepublica.pe/

 


Comunidades indígenas de Yurúa cercadas por el narcotráfico e invasores brasileños en la Amazonía de Perú

“No es fácil vivir aquí. En meses como estos, cuando el río baja al mínimo, nuestros botes se atascan en la arena y prácticamente quedamos incomunicados. Tampoco hay autoridades, por eso viene gente de fuera y nos invade, se llevan nuestros alimentos o talan los bosques para sembrar drogas”, dice uno de los habitantes de la comunidad indígena Oori. Él forma parte de una de las 29 familias asháninkas, yaneshas y amahuacas que viven en el límite más extremo de la región Ucayali, en la frontera con Brasil; peruanos que no conocen de agua potable, medicinas ni vías de acceso, solo de violencia y olvido.

La comunidad de Oori se ubica entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Llegar hasta este punto de la frontera de Perú y Brasil solo es posible si el tiempo permite el despegue de las avionetas que unen Pucallpa con Puerto Breu, capital del distrito de Yurúa, en la provincia ucayalina de Atalaya. Algo que sucede, a lo mucho, tres veces por semana, y siempre que sus habitantes puedan pagar S/100 (US$25) por tramo. Una vez en Puerto Breu, la única forma de entrar a las comunidades indígenas de frontera es navegando por los ríos Yurúa y Breu, durante cuatro horas o más si es que el caudal está muy bajo.

Cuando un habitante de Oori, o de las comunidades fronterizas aledañas Santa Rosa y Koshireni, necesita atención médica, prefiere buscarla en el poblado brasilero Foz de Breu, que es donde compran la mayoría de sus insumos, desde alimentos hasta hélices para sus lanchas. En el lado peruano, la ciudad más cercana para acceder a una posta médica y a una escuela secundaria es Puerto Breu, aunque en ambas fronteras el costo de la desigualdad es el mismo: 10 soles (US$2.5) por una botella de agua y 45 (US$11) por cada galón de gasolina.

Estas tres comunidades de frontera tienen un doble rol en la defensa de la selva peruana. Junto a otras seis localidades nativas, Oori, Santa Rosa y Koshireni forman el cinturón de protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY), un área de 45,669 hectáreas de bosques y ecosistemas en preservación. Además, en conjunto con las comunidades que confluyen al sur con los ríos Yurúa y Huacapishtea, actúan como bloque de amortiguamiento de la Reserva Indígena Murunahua y de la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) mashco piro, mastanahua y otro cuya pertenencia técnica aún no se identifica.

Sin embargo, líderes de comunidades indígenas y voceros de organizaciones civiles, entrevistados por este medio, indican que estas 29 familias nativas están siendo afectadas por la expansión del narcotráfico, cuyas redes de comercialización y consumo han alcanzado a sus niños y adolescentes. Además, han asumido el rol de guardianes del bosque para proteger su territorio de invasores brasileños que cazan, pescan y talan sus recursos, aprovechando la ausencia del Estado.

Ruta de narcotráfico

Según el líder de la comunidad indígena de Santa Rosa, Fernando Aroni Lozano, al menos hasta el mes de mayo fueron testigos del paso de avionetas clandestinas que volaban a baja altura sobre sus territorios, entre las 3 a.m. y 5 a.m. Esta modalidad de transporte, usada para sacar la droga que se produce en el país, también ha sido reportada por comuneros de la localidad nativa Koshireni, y de las comunidades Dulce Gloria, Nueva Bella y Paititi, ubicadas en la cuenca sur del río Breu, de acuerdo con la información recopilada por Carlos Iván Torres, coordinador sectorial de la Asociación Propurús en Yurúa.

“Hace dos meses hicimos un patrullaje por la cuenca del río Huacapishtea, con personal del Ministerio de Cultura, y entrevistamos al jefe de la comunidad Paititi. Él nos contó que durante sus acciones de caza encontraron latas de atún y empaques de galletas, indicios del paso de foráneos en zonas inaccesibles que conectan con la Reserva Indígena Murunahua. Es posible que estas avionetas, cuyo sobrevuelo se escucha en las madrugadas, estén aterrizando cerca del área protegida”, añade Torres.

No se trata de hechos aislados. En julio y agosto, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Cultura realizaron sobrevuelos por la Reserva Indígena Murunahua, la Reserva Territorial Madre de Dios, la Reserva Indígena Mashco Piro y el Parque Nacional Alto Purús, y presenciaron el mismo fenómeno. Según el Informe 006-2022-Sernanp, al que Mongabay Latam tuvo acceso, el equipo evidenció el vuelo de avionetas pequeñas sobre el Parque Nacional Alto Purús. “Esta acción se registró tanto en horas de la mañana y al cerrar la tarde”, se lee en el documento.

También se fotografiaron tres campamentos foráneos dentro de la Reserva Indígena Mashco Piro y dos chozas en la Reserva Murunahua que no pertenecen a población indígena. Además, se identificó un área de menor vegetación en el distrito de Sepahua, “probablemente producto de la tala ilegal o futuras parcelas para el establecimiento de cultivos ilegales», señala el informe.

El jefe del Parque Nacional Alto Purús, Arsenio Calle, añadió que el Sernanp cuenta con información de nueva actividad de deforestación en la Quebrada La Raya, en el afluente del río Inuya que limita con la Reserva Murunahua, exactamente en una zona que era usada como pista de aterrizaje clandestina para el transporte de drogas. Según Calle, esta pista ilegal se habría reactivado. «Lo cierto es que la trocha carrozable que se abrió desde Nueva Italia, y que pretendía llegar a Puerto Breu, ha contribuido a la aparición de pistas clandestinas y a una invasión desordenada del bosque», dijo en diálogo con Mongabay Latam.

Al respecto, fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa explicaron que estas avionetas modelo Cessna que cruzan la región tienen como destino final Bolivia, país que recibe la cocaína que llega del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por el corredor fluvial. De acuerdo con esta información, los pilotos experimentados reciben USD 25 mil por cada vuelo en el que se transportan hasta 350 kilos de droga.

Sin embargo, sostienen que en los últimos años la región Ucayali ha escalado en su actividad productora de cultivos de hojas de coca. Esto debido a la presencia de organizaciones del narcotráfico que migraron del Vraem, huyendo de los operativos antidrogas, y al ingreso al Perú del Comando Vermelho, un grupo criminal brasileño dedicado al sicariato y a la extorsión, que desde 2018 busca concentrar el control del transporte de estupefacientes en la Amazonía. El Comercio y OjoPúblico alertaron de la presencia de organización delictiva en Madre de Dios y Ucayali, respectivamente.

Crecen cultivos ilegales en Ucayali

En entrevista con Mongabay Latam, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, confirmó que uno de los hallazgos del nuevo Informe sobre la situación del Tráfico Ilícito de Drogas 2021 es el drástico incremento de cultivos de hoja de coca en Ucayali, impulsada por migrantes cocaleros del Vraem y mafias brasileñas. “En Ucayali encontramos una situación súper delicada, por estar en frontera con la zona andina del Vraem y en frontera con Brasil, segundo consumidor mundial de pasta básica de cocaína. Eso convierte a la región en el blanco de concentración de intereses ilícitos, que afectan directamente a las poblaciones indígenas”, detalló.

De acuerdo al informe, Ucayali se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de hoja de coca, por encima de Loreto, Puno y Junín. Solo entre el 2020 y 2021, la superficie cultivada aumentó en 266%, al pasar de 3.822 hectáreas a 10.151 hectáreas. El mayor crecimiento se registra en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, pero por primera vez se incluye al Bajo Ucayali entre las zonas monitoreadas por Devida.

En este bloque se encuentran dos distritos de Coronel Portillo: Iparia y Masisea, y tres distritos de la zona sur de la provincia de Atalaya: Tahuania, Raimondi y Sepahua, que en conjunto reportan 1.750 hectáreas de cultivos de hoja de coca. La cuenca del Yurúa, sin embargo, no aparece en el informe. En conferencia de prensa realizada por Devida, Soberón añadió que no tienen los medios operativos para llegar al mencionado sector fronterizo, “pero sabemos, por referencias e imágenes satelitales que realiza el Observatorio Peruano de Drogas, que es un territorio en riesgo”.

Hasta el mes de agosto, la Dirandro había identificado 47 zonas de expansión de cultivos cocaleros en Ucayali, así como 37 pistas de aterrizaje clandestinas en los distritos de Sepahua, Raimondi y Tahuania, en la provincia de Atalaya; y en los distritos de Masisea e Iparia, en la provincia de Coronel Portillo. Sin embargo, reconocen que no han realizado sobrevuelos ni patrullaje en la cuenca del Yurúa ni en las comunidades de frontera para saber cómo está operando allí el narcotráfico.

La presencia policial en este lado de la frontera con Brasil se reducía a un puesto de control instalado en el Hito 38, pero desde hace casi una década este se encuentra abandonado. Mongabay Latam pudo confirmar que sus instalaciones han sido saqueadas; no cuenta con mobiliario, baños ni tomacorrientes. En el frontis del local, los retazos de una bandera peruana son la única evidencia de que alguna vez el Estado estuvo ahí. A través de su área de prensa, se solicitó información a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú para conocer si tienen previsto reactivar el puesto fronterizo, pero no respondieron.

Doble consumo

Puerto Breu también se ha convertido en punto de conexión para el ingreso de cocaína y marihuana en territorios de las comunidades indígenas de frontera. En esta localidad, donde la corriente eléctrica llega solo de 6 a 10 pm, la noche no logra esconder a los adolescentes que se drogan en los alrededores de las canchas deportivas y en la trocha que sirve como aeropuerto a la ciudad, como pudo constatar Mongabay Latam.

De acuerdo con las fuentes entrevistadas en la zona, este año han detectado una mayor movilización de ‘mochileros’, es decir, cargadores de droga que llegan a Puerto Breu a pie, a través de la carretera ilegal que pretendía unir el centro poblado Bolognesi, en el distrito de Yurúa, con Brasil. Si bien esta ruta fue bloqueada a la altura de la comunidad nativa Sawawo, en 2021, el tránsito peatonal continúa y está afectando a la comunidad fronteriza más próxima: Santa Rosa.

Carlos Iván Torres, de la Asociación Propurús, señala que en lo que va del año han recibido cuatro comunicaciones de comuneros sobre la presencia de mochileros que hacen paradas en Puerto Breu, al ingresar o salir de Brasil. “El narcotráfico está afectando a la población de Yurúa desde dos frentes: por el consumo y por el uso de mano de obra indígena para la siembra, cosecha y transporte de coca, ya que están habituados a recorrer la selva en largas caminatas. Están aprovechando su vulnerabilidad y necesidad”, dice.

Los comuneros de Puerto Breu, que pidieron no identificarse por temor a represalias, detallaron que cada dos o tres meses llegan grupos de seis u ocho viajeros foráneos, portando mochilas, y se quedan un par de noches en la ciudad. Juegan ‘fulbito’ en la cancha municipal y gastan mucho dinero en cervezas, pero también distribuyen pequeños paquetes de pasta básica de cocaína entre vecinos de la localidad, que les ayudan en la red de comercialización.

El consumo de pasta básica de cocaína también ha alcanzado a los niños y adolescentes indígenas de la comunidad nativa Santa Rosa. Una de estas familias asháninkas cuenta que tuvo que sacar de la comunidad a su hijo de 14 años porque se volvió adicto durante la pandemia, e incluso llegó a sufrir una sobredosis. Pero ni en Puerto Breu ni en Pucallpa, lugares a donde lo enviaron, han podido alejarlo por completo de la adicción. A esta preocupación se suma que han recibido amenazas por intentar denunciar a los comercializadores.

Tony Mori Flores, técnico en laboratorio y jefe de la microred de salud de Yurúa, recuerda que en 2021 otro niño indígena de 13 años, del mismo Puerto Breu, fue llevado a su puesto de salud en estado convulsivo, por una sobredosis. «Se le estabilizó con calmantes y se le tuvo en observación, porque de repente si le damos algún medicamento lo podemos matar (…) Las familias que tienen hijos en adicción no suelen pedir ayuda al centro de salud, pero sería importante recibir capacitación para atender a pacientes de esta magnitud», señaló. Según refiere, tras el primer año de pandemia se hizo más evidente que niños y adolescentes indígenas de Puerto Breu y Santa Rosa se habían convertido en consumidores.

Fernando Aroni Lozano, jefe de la comunidad indígena de Santa Rosa, resume el riesgo que esto representa para sus bosques y su legado: “Ya no van a necesitar matar a los líderes indígenas para tener nuestros bosques, desde niños ya los están envenenando (…) Hay problemas para el futuro que no estamos viendo”.

En tanto, el caso de la carretera ilegal que se bloqueó a la altura de Sawawo, y que hoy permite el tránsito de los denominados ‘mochileros’, es la única denuncia por afectación de los bosques que se encuentra en la vía penal de Ucayali.

Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Atalaya, la investigación acaba de concluir confirmando que la empresa maderera Inversiones Forestales JS afectó plantaciones de cedro y caoba al abrir y usar dicha trocha, por lo que la Procuraduría del Ministerio del Ambiente está pidiendo una reparación de S/200 mil (USD$51,948). En las próximas semanas, el Poder Judicial deberá decidir si la carpeta fiscal es suficiente para ir a juicio oral o dictar el sobreseimiento de la causa.

Invasiones y extracción de recursos

El apu Edwin Pérez, quien también es presidente de Asociación de Comunidades Nativas Para el Desarrollo Integral del Yurua, Yono, Sharakoiai (Aconadiysh), señala que existen indicios de cultivos ilegales de Santa Rosa a Koshireni, y de chacras no autorizadas dentro del área de Conservación Comunal de Yurúa, pero piden que Sernanp y la Policía realicen patrullajes específicos en sus territorios de frontera para identificarlos.

El también jefe de la comunidad indígena Oori, conformada por apenas cuatro familias, es uno de los defensores ambientales que monitorea el estado de sus bosques y ha sido capacitado para anotar en la plataforma Global Forest Watch las alertas de deforestación que encuentra a su paso. Como parte de esta labor, desde hace varios años viene denunciando un problema paralelo con el que deben lidiar en solitario: la presencia de pobladores indígenas brasileños que ingresan a territorio peruano para realizar caza, pesca y siembra ilegal.

“Hemos fotografiado plantaciones de plátano, yuca y hasta marihuana. En la quebrada Beu, cercana a Santa Rosa, hay una trocha por la que ingresan con sus animales a hacer ganadería; y tanto aquí como en Oori y Koshireni las imágenes aéreas muestran zonas deforestadas, pero necesitamos conocer el impacto real de este daño. Estamos pidiendo que la Policía Nacional retome su presencia en la frontera y que se realicen patrullajes continuos selva adentro”, señala Pérez.

Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre mayo y septiembre de este año se han activado la mayoría de alertas de deforestación en la zona mencionada en este reportaje. Comencemos por las comunidades fronterizas: entre Santa Rosa, Oori y Koshireni se han encontrado 2040 alertas de deforestación, sobre todo a lo largo de la frontera con Brasil. En el caso de Santa Rosa, el desbosque se extiende a lo largo del río Yurúa sobre todo en el mes de agosto.

En el caso de la reserva indígena Murunahua, toda el área protegida registra 5.272 alertas de deforestación, lo que demuestra la pérdida de cobertura forestal en un espacio que debe ser protegido. Estas alertas se han encendido con más fuerza entre julio y agosto.

Un equipo periodístico de Mongabay Latam acompañó al apu Edwin Pérez en parte de su recorrido y confirmó que a lo largo del río Breu, en el tramo fronterizo que une las comunidades de Oori con Koshireni, es común ver botes de metal de los pobladores indígena brasileños kashinawas encallados en el lado peruano, a pocos metros de trochas que se dirigen selva adentro. Siguiendo esos caminos se pueden encontrar zonas, de una a tres cuadras, donde los árboles han sido reemplazados por plantaciones de maíz y plátano.

Vicente López Mariño, jefe de la comunidad Koshireni, es uno de los defensores ambientales que desde hace una década envía escritos al Gobierno Regional de Ucayali, al Ministerio del Interior y al sector Cultura denunciando estas invasiones, pero hasta el momento su esfuerzo no ha derivado en soluciones reales.

“Los peruanos que vivimos en este lado de la frontera somos poquísimos, ellos [los kashinawas] son más de mil. Cruzan el río y ya están del lado peruano, pero este año la invasión ha sido más fuerte. Vienen a cazar en grupos, con perros y armas, eso espanta a nuestros animales. También pescan de forma masiva, esparciendo en el agua una planta llamada Huaca, que perturba a los peces, y que es la que ha ahuyentado a los boquichicos y lisas que nadaban en nuestras cochas”, cuenta López, a lo que hay que añadir, según otras fuentes locales, la aparición de cultivos de marihuana.

Si bien los comuneros indígenas de ambos lados de la frontera mantienen un trato cordial, el mayor aprovechamiento de recursos por el lado brasileño amenaza con romper el equilibrio, pues mientras los kashinawas conforman una población de más de 1800, los asháninkas, yaneshas y amahuacas que habitan Santa Rosa, Oori y Koshireni son apenas 29 familias.

Gabriel del Águila Pezo, coordinador en Yurúa del Parque Nacional Alto Purús, señala que los invasores ni siquiera respetan la zona de concesión comunal ACCY ni la reserva indígena. “En 2017, con Sernanp, hicimos una supervisión exhaustiva en la Reserva Murunahua, en un recorrido de 19 horas por trocha, y constatamos la existencia de caminos de caza y casquillos de bala dentro de ambas áreas protegidas (…) En Brasil los kashinawa están sometidos a una severa regulación de caza, pero aquí no tienen ese control”, explica.

El ingeniero William Villacorta, de la organización ambiental Upper Amazon Conservancy, detalla que, por ejemplo, en el lado brasilero está prohibido cazar sachavacas, venados, motelos y tortugas taricayas, una especie que forma parte de proyectos de protección de fauna silvestre. Sin embargo, los kashinawa obtienen estos recursos en territorio peruano.

“Ellos ingresan con armas, perros y sacos de sal para llevarse la carne. Si no existiera la majaz, que es un animal que se reproduce muy rápido, las comunidades estarían pasando hambre. Algunos señalan que en estas comunidades no conocen de fronteras, porque sus culturas han hermanado sus prácticas de vivienda y consumo desde siempre, pero eso podría aplicar a poblaciones no contactadas, y este no es el caso”, señala.

Del Águila y Villacorta coinciden en que este aprovechamiento indebido de recursos generará una desigualdad alimentaria y, sobre todo, acentuará la deforestación en los bosques.

Una de las últimas inspecciones ambientales en las que participaron los apus Edwin Pérez y Vicente López, con apoyo de la Asociación Propurús, la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, fue en mayo de 2022. Allí pudieron ingresar a parte del territorio de Koshireni y fotografiar cuatro zonas que se han convertido en chacras de consumo.

En el Informe Técnico 001-2022-GRU, elaborado por la oficina regional forestal luego de esta visita, se confirman los daños forestales y ambientales en la mencionada comunidad, y se pide a la oficina de catastro hacer un análisis satelital para cuantificar la pérdida de cobertura boscosa. Además, se incluyen evidencias fotográficas de un árbol de shiringa con la corteza dañada para extraer su látex natural, y un árbol de shihuahuaco talado, pese a tratarse de una especie amenazada por el comercio maderero.

Producto de esta inspección, el 8 de agosto se abrió una investigación fiscal preliminar contra los que resulten responsables, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado. De acuerdo a la carpeta fiscal Nº 3006025200, el despacho de la fiscal Judith Gonzales Rondón tiene dos meses para investigar el hecho, pero de momento no han hecho una constatación en el lugar. https://es.mongabay.com/

 


 

HIDROMUNDO

Contraloría: gasto público en recursos hídricos alcanzó los casi 692.000 millones en 2021

Este jueves la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados del primer informe sobre gasto público en recursos hídricos, señalando que el desembolso ejecutado en relación al agua en 2021 alcanzó los $691.660 millones.

El estudio realizado por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas del ente fiscalizador, tomó en cuenta el gasto efectuado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General de Aguas (DGA), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Instituto Nacional de Hidráulica (INH), la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), los Gobiernos regionales (Gores) y el programa de Agua Potable Rural (APR).

Los resultados

En esa línea, el informe de la Contraloría constató que el presupuesto en 2021 de los ocho organismos analizados fue de $759 mil millones, cifra que aumentó en 48,6% respecto de 2020.

Los organismos que presentaron los mayores montos fueron la DOH y el APR -ambos pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas- los que concentraron el 69,4% del total, y la entidad con mayor crecimiento en la asignación presupuestaria fue la CNR, con un alza de 69% en comparación a 2020.

De ese modo, adicionalmente, el estudio identificó las regiones que concentraron la mayor inversión pública en 2021, lista liderada por los proyectos realizados por la DOH en la región de Arica y Parinacota con $44.547 millones, es decir, un 88,7% de los proyectos de esa región y por el APR en la Región de Valparaíso con $32.538 millones, es decir, un 52,2% de los proyectos de dicha zona.

Escasez hídrica

Además, se precisó que actualmente 144 comunas del país están bajo decreto de escasez hídrica, donde el promedio de déficit de la variación de los caudales de los ríos llega al 60% en la zona central.

Dentro de ese listado, la Región Metropolitana lidera con 57 decretos, seguida de Valparaíso, Coquimbo y el Maule con 37, nueve y seis decretos respectivamente. 

En tanto, en 2019 se detectó un rango de déficit de precipitaciones en la zona central que fluctúa entre un 65% y 75%, además de un déficit mayor a 50% en la acumulación de nieve.

Asimismo, el estudio plasmó que entre 1930 y 2021, la DGA entregó 188 mil Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA). De ellos, más de la mitad no están clasificados por uso.

Bajo ese contexto, las tres regiones que han otorgado un mayor número de DAA son La Araucanía, Valparaíso y Los Lagos con 25.910, 20.238 y 19.613 respectivamente. https://www.adnradio.cl/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

22/9/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4056: PERÚ – Loreto. El desprecio a la vida detrás de la reincidente contaminación en Cuninico

 Jueves, 22 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4056 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


 El desprecio a la vida detrás de la reincidente contaminación en Cuninico

Por Kely Alfaro

El 22 de junio del 2014 se derramaron 2358 barriles de petróleo en la quebrada del río Cuninico, parte de la cuenca del río Marañón, ubicada en el distrito de Urarinas, departamento de Loreto.

La impunidad frente a los hechos que contaminan o que degradan los territorios son una muestra de violencia y desprecio a la vida que los territorios impactados sostienen. Sin compensación ambiental (física, biológica y social), reparación, investigación y sanción a las personas o instituciones responsables (en cumplimiento de la normativa), este desprecio institucionalizado por el Estado se convierte en inmunidad a favor del ejercicio de poder de quienes contaminen; menosprecie sobre territorios, cuerpos, ecosistemas y en general, sobre la vida que de manera ignorante no valoran y de manera consciente rechazan.

El derrame se habría iniciado en el kilómetro 41+833 del tramo l del Oleoducto Norperuano. Ocho años después, el 16 de septiembre de este año, se ha producido un nuevo derrame en la misma quebrada (kilómetro 44), de mayor magnitud según manifiestan las personas que habitan el territorio impactado. Este derrame tiñe de negro nuevamente un ecosistema ya afectado y que aún no se recupera. Su territorio es nuevamente violentado por la contaminación, un territorio que aún no muestra rezagos del derrame del 2014 que de manera impune permanecen y afectan la vida de las familias. Hoy con el nuevo impacto estas afectaciones se profundizan.

La vida de las familias de las comunidades nativas en la Amazonía y en particular de la quebrada de Cuninico, se desarrolla alrededor del río, por tanto, el agua es el servicio ecosistémico más importante y el que sostiene la vida en la Amazonía. Tanto es así que la Ley de Recursos Hídricos reconoce las aguas amazónicas como un bien público vertebrador de la biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana en la Amazonía.

En el derrame del 2014 se identificaron por lo menos seis aspectos que han generado una variación en su bienestar por el acceso al agua contaminada: agua para uso humano (agua para consumo, limpieza personal, limpieza en la vivienda, cocción de alimentos; entre otros), agua para actividades productivas y autoconsumo (crianza de animales menores, agricultura, pesca; entre otras), salud (enfermedades por consumo de agua, salud mental; entre otras), actividades recreativas, relación con el ecosistema, aspectos culturales, y al suelo que afectó su provisión de plantas medicinales y recolección) supusieron una disminución de más del 80% de lo que era su fuente de consumo y venta, principalmente la pesca, antes del impacto. Hoy, con esta nueva contaminación, lo que les trae el oleoducto es la muerte, en palabras del líder indígena Galo Vásquez.

Los derrames de petróleo han generado «necesidades» que antes no tenían, como el hecho de acceder a mercados y la necesidad por ello la renta para poder suplir el alimento de sus familias. Es difícil para el Estado reconocer el nivel del impacto en la vida de los ciudadanos indígenas, quienes en una encuesta realizada el 2021 mencionaban que deseaban continuar viviendo en sus comunidades en un 98% por los lazos culturales, por la pertenencia a su territorio, por sus costumbres. Sin embargo, la contaminación y sus efectos están presentes en todas sus respuestas referidas al futuro: el 57% del total de familias entrevistadas cree que la CN no funciona a causa de la contaminación (38,5%), la escasez de alimento (28,2%) y la carencia económica (24,8%).

No podemos permitir un Estado ausente, no podemos permitir que noticias como estas no sean un escándalo, muchas veces las personas minimizan los impactos sobre el ecosistema aduciendo que son ellas mismas, las personas que viven allí las que se auto contaminan; sin embargo, en el caso de Cuninico en 2014 se logró acreditar legalmente que fue responsabilidad de Petroperú el derrame, por falta de mantenimiento del oleoducto (R.D. No 0844-2015-OEFA/DFSAI). Lo cierto; además, es que OSINERGMING informó a IDL en agosto del 2021 que Petroperú no ha hecho mantenimiento integral y completo al oleoducto.

¿Qué toca ahora? Dar auxilio inmediato a las comunidades que llevan varios días sin agua, sancionar a los responsables y atender en los aspectos de salud, económicos, sociales a las familiares perjudicadas y ambientales a su territorio. Es prioritario dar mantenimiento integral al Oleoducto Norperuano, que tiene más de 40 años de antigüedad, con un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que tiene casi 30 años (año 1995) y adecuar la gestión integral del mismo con estándares óptimos. De lo contrario, estoy convencida que debe cerrarse la extracción de crudo que tanto daño está causando a las comunidades nativas, al ecosistema a la Amazonía. Y que en 40 años no se ha visto beneficio para las comunidades nativas. https://wayka.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ 

El reto de cerrar las brechas en infraestructura de saneamiento

El servicio de saneamiento comprende la provisión de agua potable y alcantarillado, ambos tienen repercusión en la salud, economía y el medio ambiente. Por ello, Naciones Unidas lo incorpora entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.

Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua, ya que posee el 1.89 % de agua dulce disponible a nivel global, siendo uno de los países más privilegiados, según el Minagri. Los altos volúmenes del recurso hídrico se deben a los más de mil ríos de nuestro país, sus doce mil lagunas, además de glaciares y acuíferos, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Entonces, ¿por qué hay millones de peruanos sin acceso a agua potable?

Un primer punto para entender este problema es la distribución desigualitaria, resaltó la ANA. La distribución del recurso no se da en las localidades más pobladas: el 98 % de los recursos hídricos está en la sierra y la selva; mientras que, en la costa, donde vive el 70 % de la población, se encuentra el otro 2 %, precisó.

La cobertura de agua potable también explica el problema. Según el INEI, la población que consumió agua proveniente de red pública ascendió al 89.6% para el periodo octubre 2020-setiembre 2021. En detalle, en el ámbito urbano, la cifra fue del 92.9%, en contraste con la rural, donde apenas fue del 76.6%.

En mayor detalle, si se toma en cuenta el número de horas al día de abastecimiento, solo el 56.1% de la población nacional cuenta con acceso las 24 horas del día.

Asimismo, para el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de la población nacional con acceso a red pública de alcantarillado fue del 73.6%. En el desagregado, en la población urbana el acceso alcanzó el 87%, mientras que en el área rural apenas el 22 % de la población tiene acceso a este servicio.

“Los indicadores evidencian la precariedad en que se encuentra la infraestructura de agua y saneamiento en nuestro país que disputa los últimos lugares en Sudamérica con las de Bolivia y el Ecuador, de acuerdo con el Banco Mundial”, comentó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Agua mediante camiones cisternas

En Perú, según el INEI, entre 7 y 8 millones de peruanos aún no tienen agua potable, siendo Lima la ciudad más vulnerable. De ese total, en Lima 1.5 millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado.

Estos ciudadanos son abastecidos de agua a través de camiones cisterna que les venden el recurso a un costo elevado, pagando hasta 2 veces más, en comparación con las personas que tienen conexión domiciliaria.

Al respecto, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández Campanella, aseguró que el Ministerio de Vivienda viene invirtiendo a lo largo de este año S/ 103 millones para que la empresa Sedapal reparta agua potable de manera gratuita a la población de Lima y Callao que no tiene acceso a dicho servicio. Así lo informó

“Esto permite que un total de 350 camiones cisterna distribuyan agua potable de forma gratuita en zonas alejadas de 25 distritos de Lima y Callao. De esta forma, estamos atendiendo a más de 800 mil personas en situación de vulnerabilidad”, indicó Hernández.

¿Cómo afrontar el problema?

Ante las preocupantes cifras de acceso a alcantarillado a nivel nacional, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), recomendó acelerar la ejecución de proyectos de inversión en saneamiento por parte de los Gobiernos regionales y locales. “Esta debería ser una prioridad para los niveles de gobierno mencionados y más aún para los aspirantes a gobernadores. Urge atender esas brechas, no solo para elevar la competitividad de nuestro país, sino también para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, subrayó el gremio empresarial.

El Plan Nacional de Saneamiento periodo 2022-2026 prevé incorporar más de 3.7 millones de personas a los servicios de agua potable y 3.5 millones al servicio de alcantarillado sanitario u otras formas de disposición sanitaria de excretas, alcanzando en el año 2026 una cobertura de 96.8% en agua potable, 83.2% en alcantarillado sanitario o disposición sanitaria de excretas y 76.5% en el tratamiento de aguas residuales.

Para el logro de estas metas en el periodo 2022-2026, se propone la realización de un conjunto de inversiones en tratamiento de aguas residuales que sumarán S/ 10,529 millones durante ese periodo de tiempo. Según la Sunass, en el Perú hay departamentos que no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en el colmo tenemos 27 plantas que no operan.

Para Lillian Carrillo, profesora de la universidad ESAN, estamos en camino a garantizar la seguridad hídrica. “Hay muchas cosas que hacer. Se tiene la ley general de saneamiento, se tienen planes de creación de infraestructura y muchas buenas intenciones, pero no se materializan. Siguen las disparidades, diferencia en cada región”, concluyó la especialista. https://rpp.pe/


Tumbes: Vecinos de la calle Bolognesi se oponen a la obra de saneamiento

Moradores y comerciantes de la cuadra 2 de la calle Bolognesi, en la ciudad de Tumbes protestaron en contra de la intervención municipal de una obra de saneamiento de cambio de redes de agua y alcantarillado, pues temen que la vía no quede en buen estado.

Los manifestantes, se opusieron a que la máquina que debió demarcar la capa de asfalto inicie operaciones, razón por la que tuvo que intervenir agentes de la Policía Nacional del Perú.

Los pobladores indicaron que el proyecto no fue socializado con ellos, y que su mayor temor es que la vía, que actualmente está en buenas condiciones, quede perjudicada tal y como ocurre en otros sectores de la misma obra.

“Estamos finalizando el año, esta zona es comercial, todos tenemos inversiones, tenemos deudas y justo que se avecina las Fiestas de Navidad y Año Nuevo quieren destruir la calle, no lo vamos a permitir”, precisaron.

A la vez, agregaron que la zona no sufre por falta de agua o colapso de desagües, y que este tipo de obras deben ser direccionadas a sectores que tengan estas carencias.

En tanto, una comisión acudió a la Municipalidad Provincial de Tumbes para dialogar con los funcionarios a fin que puedan suspender la intervención en la zona; sin embargo, horas después, Javier Moquillaza Herrera, gerente municipal de Desarrollo Urbano, dijo que la obra continuará este miércoles a primera hora, y que hay un compromiso por reponer el asfalto que sea dañado durante dicha intervención.

Cabe mencionar que un grupo de comerciantes y propietarios de inmuebles del paseo Los Libertadores también se opone al inicio de los trabajos en ese sector, aunque el proyecto ya ha empezado por otros tramos.

Es preciso destacar que el proyecto de saneamiento contribuiría a mejorar el problema del colapso de desagües en el paseo Los Libertadores, lugar concurrido por el comercio formal y ambulatorio. https://diariocorreo.pe/

Fiscalía investigará caso de “trabajadores fantasmas” en Gobierno Regional de Arequipa

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público inició una investigación preliminar por los “trabajadores fantasmas” que habrían cobrado sueldos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sin laborar en una obra de Camaná.

El despacho a cargo de la fiscal adjunta Luz Alejandra Llamosas Martínez, se dio un plazo de 60 días para realizar las diligencias correspondientes.

Los hechos se remontan a la penúltima semana de agosto. En esas fechas, la consejera de Camaná Chriss Díaz Montoya, presentó un informe ante el Consejo Regional de Arequipa (CRA) en donde denunciaba irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Los Molinos”, en la localidad de San Gregorio - La Pampa (Camaná).

Cobrar sin trabajar

En su informe de fiscalización, la legisladora comprobó que Guadalupe del Carmen Pacheco Llaiqui y César Parrillo Quispe figuraban en los tareos de la obra. En la planilla del GRA aparecían como operarios albañiles. Pacheco cobró S/ 1.779.31 y desembolsaron S/ 1.791 a favor de Parrillo. Cuando se hizo la fiscalización en campo los citados trabajadores no estaban presentes.

El residente Adrián Enríquez Medrano y el supervisor Hernán Sigifredo Flores Salazar confirmaron que los dos operarios nunca fueron a la obra. “Aquí en obra no tengo (a Guadalupe Pacheco), sino está en el gobierno regional, igual también el señor Parrillo Quispe. (…) las 2 personas son del gobierno regional, acá en la obra no laboran”, se le escucha decir a Enríquez Medrano en el audio de la reunión virtual que sostuvo con la consejera de Camaná.

Ambos confirmaron que una trabajadora del GRA, llamada Adriana Muñoz Mendiz los llamó para pedir que los incluyan en las tareas.

Muñoz Mendiz trabaja en la Subgerencia Ejecución de Proyectos de Inversión. Forma parte del círculo de los jóvenes asistentes de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez.

Fiscalía tomó conocimiento de estos hechos por la denuncia de la consejera Díaz que planteó para los implicados los delitos de concusión y falsificación de documentos. La Fiscalía reformó esta tipificación y lo calificó como peculado doloso.

En el proceso se investigará al residente y supervisor de la obra, a la auxiliar del GRA y a los dos “trabajadores fantasmas”. Se tomarán 60 días para recabar pruebas, declaraciones, etc. Al GRA se le pedirá copias certificadas de los contratos de las trabajadoras involucradas, se efectuará una inspección ocular a la zona de obra. De esas pesquisas dependerá si se formaliza la investigación.

Se volverá a presentar en Consejo

Este informe de fiscalización de trabajadores fantasma fue discutido en consejo regional el mes pasado. Sin embargo, el pleno lo descartó arguyendo que estaba incompleto.

La consejera Chriss Díaz Montoya solicitó los aportes de sus colegas para plantear una reformulación. A excepción del consejero Haberth Zúñiga, ninguno le hizo llegar ninguna sugerencia. Díaz nuevamente volverá a presentarlo ante el pleno. ahora con el espaldarazo del Ministerio Público. https://larepublica.pe/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

21/9/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4055: PERÚ – Áncash. Observan designación de funcionarios de SedaChimbote que no cumplen con requisitos. Contraloría también detecta que los legajos del personal de confianza de empresa paramunicipal están incompletos o desactualizados

 Miércoles, 21 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4055 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Observan designación de funcionarios de SedaChimbote que no cumplen con requisitos

Contraloría también detecta que los legajos del personal de confianza de empresa paramunicipal están incompletos o desactualizados   

La Contraloría detectó que se encargaron jefaturas en Sedachimbote a personal de confianza que no cumpliría con los requisitos establecidos por la entidad.

Control

En el informe de control sobre la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos en los legajos del personal de confianza de la empresa paramunicipal se menciona que se encargó dos jefaturas a funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los instrumentos de gestión de Sedachimbote, “situación que podría generar que los servicios y operaciones efectuadas no se realicen con funcionarios idóneos, designados sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.”

Según el personal de control, Julio Jesús De Paz Quiroz, encargado como jefe de Desarrollo Empresarial, no contaría con título profesional, y por ende no estaría colegiado ni habilitado.

En tanto, Diana Yurisel Gonzales Flores, encargada como jefa de Logística, no acreditaría la documentación que sustente la experiencia específica en el puesto, ya que los instrumentos de gestión señalan 18 meses en cargos de nivel directivo y/o gerencial y/o de nivel ejecutivo en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente del sector saneamiento; ella solo acredita 11 meses.

La Contraloría, además, detectó que los legajos del personal de confianza se encuentran desactualizados o carecen de información mínima requerida en la normativa aplicable, “lo que podría afectar la integridad de los documentos que deben conformar los legajos del personal en cargos de confianza y la legalidad de su composición, generando que se desconozcan las capacidades y habilidades de los funcionarios para asegurar una actuación eficaz y eficiente”. https://diariocorreo.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Quellaveco: Gobierno Regional de Arequipa aún evalúa si adoptará medidas legales por uso de agua

Hace una semana, la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, informó que se conformaría un equipo técnico para revisar la legalidad de la resolución que permite al proyecto minero Quellaveco, en la región Moquegua, el uso de las aguas de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes de la cuenca alta del río Tambo.

La autoridad regional dejó abierta la posibilidad de presentar una medida cautelar, sin embargo, hasta el momento dicho equipo aún evalúa las medidas que adoptarán, señalaron a Gestión voceros del Gobierno Regional de Arequipa.

“Una medida cautelar es una opción, puede haber otras opciones y eso pues se va a estudiar, en una semana vamos a tener ese resultado (...). Tenso que ver si existen argumentos para ingresar una medida cautelar”, expresó el último 14 de setiembre Gutiérrez, tras la mesa de diálogo que convocó.

En dicho encuentro se subrayó que tanto el Gobierno Regional, así como la Municipalidad de Islay, no pueden anular la Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA, que otorga licencia de uso de agua a favor del proyecto minero Quellaveco, informó el Portal el Buho.

“Nosotros no podemos declarar la nulidad, pero podemos estudiar otra vía para hacernos escuchar”, expresó Gutiérrez a la prensa.

En dicha oportunidad, Edgar Rivera, alcalde de Islay, consideró que la única solución posible sería viajar a Lima y reunirse con el presidente Pedro Castillo.

Aguas filtradas

El argumento de quienes se opone al uso del agua es que se verán afectados los agricultores y habría una supuesta contaminación del líquido elemento. Sin embargo, Anglo American informó a Gestión que Quellaveco utilizará para sus operaciones agua del excedente de lluvias y aguas de origen volcánico, no aptas para consumo humano o agrícola. A cambio del agua con boro y arsénico que se tomará del río Titire, se devolverá desde la presa Vizcachas el recurso necesario para el afianzamiento hídrico de la población.

“Quellaveco no le restará agua a la cuenca ni al valle del Tambo, ya que el recurso que usará para su operación proviene principalmente de fuentes mineralizadas naturalmente y agua de lluvias almacenadas en una presa que incluso ayudará a mejorar la calidad de agua de la población y agricultura”, remarcó.

Según la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, el agua para el uso agrícola y poblacional está asegurada y el valle de Tambo no se verá afectado, porque los 22 millones de metros cúbicos al año que usará Anglo American actualmente se pierden en el mar y que, en el caso del río Titire, este tiene alto contenido de boro, arsénico y aluminio, informó RPP.

Para la operación de Quellaveco se requieren 22 millones de metros cúbicos anuales de recurso hídrico. La principal fuente de abastecimiento es el río Titire, cuyas aguas superan largamente los límites máximos permitidos de boro y arsénico, según los indicadores tanto de entidades competentes de las Naciones Unidas como de las autoridades peruanas. https://gestion.pe/


Piura: exhortan a EPS solucionar la baja presión de agua y colapso de redes en distintas zonas de la ciudad

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en el marco de sus funciones, está monitoreando que la empresa prestadora de servicios de saneamiento EPS Grau, dé una pronta solución a los problemas de baja presión en el AA. HH Pachitea, que afecta a más de 2000 usuarios, y al colapso de las redes de desagüe de la Urb. El Chilcal que involucra a 3600 usuarios.

“Cuando los usuarios reportan un problema con los servicios de agua potable y alcantarillado, nuestros especialistas inician las acciones pertinentes para gestionar una solución oportuna y a su vez orientamos a los usuarios sobre cómo deben presentar un reclamo cuando estén disconformes con el servicio que reciben”, indicó Irina Palomino, jefa de la Sunass en Piura.

Palomino exhortó a la EPS Grau a ejecutar todas las acciones operativas necesarias para la reparación de los sistemas deficientes y que los trabajos finalicen según los plazos establecidos. De no hacerlo, la Sunass podría iniciar un Proceso Administrativo Sancionador (PAS), por el incumplimiento de obligaciones, si se constata dicha situación.

Es preciso indicar que se considera como una infracción muy grave que una EPS no avise a la población sobre los cortes del servicio de agua potable- por casos fortuitos o de fuerza mayor – que afecten la continuidad y calidad del servicio. https://www.elregionalpiura.com.pe/

 


¿Qué pasó en Cuninico?: Claves para entender el desastre ambiental tras el derrame de petróleo

“¿Se acordarán del 2014 que hubo el derrame? Ahorita creo que ha sido el peor derrame porque, de la quebrada del Cuninico, ha salido al Marañón. Eso es lo más triste para los demás pueblos que están aguas abajo del Cuninico (...) Del pescado que consumimos en esta época, ya no hay nada ahorita. No tenemos deseos de pescar porque sale medio negra la trampa. Entonces, qué vamos a comer"

Ése es el desgarrador testimonio de Julio Arirua Nashnate, presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón, que resume los 4 días de desesperación que viven los pobladores de la quebrada de Cuninico, tras el derrame de petróleo registrado en el distrito de Urarinas, en la región Loreto.

Hoy lunes, los miembros de la comunidad han optado por realizar una olla común dado que, según señaló a RPP Noticias el apu Galo Vásquez, no han recibido ayuda del Estado pese a la emergencia.

"Informo que aquí se está haciendo olla común para al menos atender a los niños. Los mayores todavía pueden aguantar hambre, pero los niños no. Por eso nos hemos organizado porque ningún sector del Estado ni nadie se ha compadecido de esa población que está pidiendo auxilio por el agua. Nadie ha traído ni una gota de agua ni comida a esta comunidad", refirió.

Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en esta zona donde viven 6 comunidades kukamas y que, en gran medida, dependen de las aguas del río Marañón para subsistir?

Primeras alertas

El último viernes, RPP Noticias difundió la primera alerta de la situación realizada por Galo Vásquez. El apu denunció que la ruptura de una tubería de Petroperú había ocasionado que el petróleo se disperse en la quebrada de Cuninico y, en una estela de contaminación aguas abajo, llegue al río Marañón.

"El Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón. Todas las comunidades que están aguas abajo, llámese San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es bien ardua", señaló ese día.

Aquel viernes ya la población se preparaba para lo peor: la ausencia de agua apta para cubrir sus necesidades básicas y la imposibilidad de pescar. Sin embargo, con el pasar de los días, el panorama parece agravarse.

¿Qué fue lo que pasó?

El mismo 16 de setiembre, Petroperú informó que, al tener conocimiento del hecho, había movilizado "un equipo de respuesta de emergencias" a la zona y había activado su "Plan de Contingencia". Al día siguiente, vía Twitter, señalaron que "junto a las autoridades policiales" constataron que el derrame "fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros (cm) a la tubería, que se realizó en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP)".

Además, advertían que, desde diciembre del año pasado, el oleoducto había sufrido 11 ataques similares "con 46 cortes intencionales" que venían siendo investigados por la Fiscalía y la PNP. A su vez, señalaban que estaban coordinando "la entrega de víveres y agua", de manera temporal, para los pobladores de las comunidades afectadas.

Investigación fiscal

A su vez, aquel viernes, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta informó la apertura de una investigación preliminar, por 60 días, contra los que resulten responsables por la presunta comisión de delito ambiental y las causas que la originaron en agravio del Estado peruano.

En ese sentido, indicó que había solicitado informes sobre lo ocurrido a Petroperú, al Organismo de Evaluación y Fiscalizador Ambiental (OEFA), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y a la Policía Ecológica de Loreto

Frente a ello, Julio Arirua, señaló que la población desconocía lo que había ocurrido, pero que lamentaban estar en una situación en la que tenían que "pedirles a las autoridades" agua y alimentos para sobrevivir.

"Nosotros no tenemos nada que ver si hubo corte o no, eso está fuera del territorio del Cuninico. Es a 2 km. del territorio de donde nosotros estamos viviendo (...) Antes de este oleoducto, no teníamos la necesidad de estar pidiendo a las autoridades para que nos den alimentos para consumir, no teníamos que molestar por agua o alimentos. Pero ahora, con este derrame que está pasando, estamos en esta situación", señaló.

¿Sin ayuda del Estado?

El día de ayer, domingo 18 de setiembre, Arirua señalaba que, hasta el lugar, solo habían llegado Petroperú, el OEFA y la Defensoría del Pueblo, pero que, hasta el momento, el Estado no se había hecho presente para garantizarles agua y alimentos para los próximos días.

"Ahorita no se puede decir cuántos están afectados porque en cada comunidad hay un mínimo de 200 pobladores y algunos pueblos son más grandes y hay más (...) Sí o sí tienen que atenderlo, porque ninguno de la población tiene la culpa de esto", refirió.

En ese sentido, Abel Chiroque, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, señaló a RPP Noticias que, junto al OEFA, la ANA y las autoridades locales, habían hecho la inspección de la zona y que la ayuda humanitaria "no llegaba".

“Desde la Defensoría estamos viendo que las acciones de contención y limpieza son insuficientes. En nuestro recorrido que hemos realizado hoy (...) hemos observado que hay especies que han sido afectadas, la población está que reclama agua. A tres días del suceso prácticamente no llega la ayuda humanitaria", afirmó.

El día de hoy, Galo Vásquez confirmó que la situación de abandono del gobierno seguía siendo la misma que describieron Julio Arirua y el representante de la Defensoría.

¿Limpieza ineficiente?

Por otro lado, Abel Chiroque denunció ayer otro hecho: que Petroperú no contaba con la suficiente logística para ejecutar, de manera efectiva, las acciones de limpieza que habían anunciado desde el día del desastre.

“Tiene que poner mayor logística y debe realizar la limpieza de la quebrada de Cuninico (...) Expresamos nuestra preocupación por la demora en las acciones de limpieza, las cuales se tienen que intensificar por la magnitud del derrame", refirió el representante de la Defensoría.

Mientras tanto, Petroperú señalaba que el Tramo I del ONP "lleva 7 meses paralizado", por lo cual "urgía" su funcionamiento para "transportar el crudo de los operadores privados" y exhortaba a las comunidades nativas a "mantener el diálogo" para evitar "paralizaciones" en las "labores de limpieza".

Asimismo, informaba que "la entrega de agua y packs de víveres a las primeras comunidades vecinas identificadas" iniciaría hoy lunes.

Por su parte, Humberto Campodónico, presidente del directorio de Petroperú, en diálogo con Ampliación de Noticias, remarcó hoy que la empresa estatal se encontraba desplegando los protocolos pertinentes en apoyo de los pobladores afectados.

"Lo que nosotros hemos hecho en este derrame es que hemos activado inmediatamente nuestro 'Plan de Contingencia' que tiene 3 fases: la parte operativa que tiene que ver con reparar la falla, la parte social que es atender a todos aquellos que se vean afectados, y luego, en la parte ambiental, contar con los profesionales especializados para la restauración de los elementos ambientales", sostuvo.

Sin embargo, lo expuesto por Campodónico respecto a la ayuda en agua y víveres fue negado por Julio Arirua. Además, refirió que, hasta el momento, la Municipalidad Distrital de Urarinas no había elaborado la evaluación de daños necesaria para pedir ayuda a las autoridades provinciales y regionales.

Al cierre de esta nota, sectores clave del gobierno central para el despliegue de asistencia humanitaria, como el Midis o el Minsa, no han anunciado ninguna acción en ese sentido.

Mientras tanto, los pobladores de la zona de la quebrada del Cuninico esperan que los alimentos de su olla común alcancen, aunque sea, para este día.  https://rpp.pe/

 


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