Martes, 11 de enero de 2022 – Año XV – Edición 3885 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Moquegua: pagan a empresa que elaboró proyecto de agua
deficiente e incompleto. De acuerdo a Contraloría, tres exservidores del
Gobierno Regional de Moquegua otorgaron conformidad. Ahora, autoridades
dispusieron elaborar un nuevo proyecto lo que genera un doble gasto
PERÚ - Chiclayo: vecinos del pueblo joven San Antonio son afectados
por el colapso del desagüe. Los moradores de las calles Tejada, Marañón,
Francisco Pizarro, entre otras, indicaron que el problema es constante, por lo
que piden la atención urgente de Epsel. Además, requieren la intervención de la
Defensoría del Pueblo
PERÚ - Investigadores aseguran que el agua del Amazonas llega hasta
el árido desierto de Atacama. El equipo de investigación identificó unas cintas
transportadoras de humedad (MCB) que llevarían el agua hasta una de las zonas
más secas del planeta
CHILE - Las deudas ambientales de Chile en 2021: polémicos
proyectos, la urgencia de una transición energética y el drama de la sequía. En
el duodécimo año de la megasequía que azota al país, expertos temen que la
prórroga a la actual ley de riego, que está siendo discutida en el Congreso,
perpetúe un modelo de expansión agrícola agravando la crisis hídrica
Moquegua: pagan a empresa que elaboró
proyecto de agua deficiente e incompleto
De
acuerdo a Contraloría, tres exservidores del Gobierno Regional de Moquegua
otorgaron conformidad. Ahora, autoridades dispusieron elaborar un nuevo
proyecto lo que genera un doble gasto
Una serie de irregularidades identificó la Contraloría
General de la República en la elaboración del expediente técnico del proyecto
de saneamiento básico integral de agua y desagüe para el distrito de Samegua de
la provincia Mariscal Nieto. El proyecto fue elaborado tras convenio entre el
Gobierno Regional de Moquegua y la comuna distrital.
De acuerdo al informe elaborado por el órgano de control,
tres exservidores del gobierno regional otorgaron conformidad por un servicio
incompleto y defectuoso, que ocasionó un perjuicio económico de 855.180 soles.
En el año 2015, el Gobierno Regional de Moquegua y la
Municipalidad Distrital de Samegua suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional para sacar adelante el proyecto de agua potable, por lo que
contrataron a un consorcio para la elaboración del expediente técnico por la suma
de 950.200 soles en un plazo de 150 días calendario.
Según el Informe de Control Específico n° 017-2021-2-5347,
el contratista entregó documentación parcial y defectuosa a la entidad en la
tercera revisión. Pese a ello se otorgó la conformidad para el pago de 190.040
soles. En la cuarta oportunidad, el mismo consultor comunicó a la entidad que
su trabajo estaba inconcluso, y aun así les pagaron 285.060 soles.
También, se reveló que favorecieron al contratista con
sucesivas ampliaciones de plazo de ejecución contractual, prolongándose de 150
a 374 días calendario, comprendidos desde el 7 de octubre de 2015 al 14 de
octubre del 2016, aun así, el contratista incumplió con presentar el expediente
técnico completo.
Debido a que se acumuló el monto máximo de penalidades, el
Gobierno Regional de Moquegua resolvió el contrato el 12 de julio de 2019,
habiéndose ya pagado al contratista el 90% del monto acordado.
Debido a que el expediente en mención se encuentra
incompleto y presenta deficiencias, no puede ser utilizado, informó la comisión
auditora de la Oficina de Control Institucional del gobierno regional.
La Contraloría advirtió que la entidad regional elabora un
nuevo expediente técnico bajo la modalidad de administración directa, por lo
que se genera un doble gasto presupuestal para un mismo objetivo.
El Informe de control específico recomendó a la
Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, el inicio de las acciones
legales contra los exservidores con presunta responsabilidad. https://larepublica.pe/
Chiclayo: vecinos del pueblo joven San Antonio son afectados por
el colapso del desagüe
Desde hace siete meses, los vecinos del pueblo joven San
Antonio, en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), son afectados por el
constante colapso del sistema de alcantarillado que ha perjudicado su calidad
de vida. Son unas 400 familias que vienen perdiendo sus pertenencias y ven
dañada la infraestructura de sus viviendas con el ingreso de las aguas
residuales.
En una transmisión de La República de este lunes 10 de
enero, Maritza Peralta, residente del jirón Tejada de este sector, informó que
las aguas pestilentes malograron los productos que ofrecía en su bodega, por lo
que tuvo que cerrar su negocio a pocos meses de emprender. Asimismo, sus
animales de corral perecieron por la presencia del agua de desagüe estancada.
Similar es la situación de los moradores de las calles
Marañón, Francisco Pizarro, Ucayali, Independencia, Laureles, entre otras,
quienes pidieron la atención urgente de la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para atender el problema. De igual forma,
solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo por los posibles daños
a la salud.
“Padecemos por el colapso del desagüe desde hace siete
meses. Cuando vamos a Epsel a reclamar, nos dicen que ya enviarán sus equipos,
pero algunas veces cumplen y otras no. Estamos hablando de nuestra salud, la de
niños y ancianos. Las pocas pertenencias que nos quedan hemos tenido que
encargarlas a los vecinos de otras calles para no perderlas también”, manifestó
Maritza Peralta.
Evalúan soluciones
La República se comunicó con representantes de la oficina
de Comunicaciones de Epsel. Ellos informaron que, tras la reunión que
sostuvieron esta mañana los vecinos de dicho pueblo joven con el gerente de
operaciones, Manuel Ríos, se dispuso el envío de camiones hidrojet para atender
el colapso. Además, evalúan soluciones para drenar las tuberías causantes de
este problema.
Epsel enfatizó que el colapso en esta zona se genera por el
desperfecto en el colector ubicado en la esquina de las avenidas Francisco
Bolognesi y José Leonardo Ortiz (Chiclayo), donde hace unos días un camión
hidrojet se hundió por el deterioro de la infraestructura de saneamiento. https://larepublica.pe/
Investigadores aseguran que el agua
del Amazonas llega hasta el árido desierto de Atacama
La cuenca del Amazonas podría
ser identificada, por primera vez, como región de origen dominante del agua que
cae en el desierto de Atacama (Chile), según un estudio de científicos alemanes
que publica hoy Geophysical Research Letters.
Desde la selva, el vapor de agua
elevado viaja más de 2.000 kilómetros hacia el oeste, cruza los Andes y va al
sureste sobre el Pacífico para formar las precipitaciones sobre el desierto de
Atacama.
El equipo, encabezado por
Christoph Böhm, del Instituto de Geofísica y Meteorología de la Universidad de
Colonia, ha identificado las llamadas cintas transportadoras de humedad (MCB)
como el principal mecanismo de las precipitaciones, que representan entre el 40
y el 80 %.
Aparte de los polos, ese
desierto es la región más seca de la Tierra, con unas precipitaciones anuales
inferiores a 2 litros por metro cuadrado
Hasta aquí se habían
identificado dos vías de suministro de agua al desierto: las lluvias de verano
por los vientos húmedos del este (el Alto Boliviano) y de las de invierno
asociadas a las trayectorias de las tormentas del oeste.
Los autores consideran que ahora
podría incluirse un tercer mecanismo, el del Amazonas que, a través de las MCB,
da lugar a eventos de precipitación extrema, explicó Böhm en un comunicado.
Se trata de fenómenos
meteorológicos especiales que presentan un fuerte transporte de vapor de agua a
través de largas distancia y sin mucho intercambio con el aire húmedo
subyacente del Pacífico a lo largo del viaje.
Cuando la banda de vapor de agua
originada en la cuenca del Amazonas llega a Atacama desde el noroeste, el flujo
de aire tiene que atravesar la cordillera costera de hasta 2.500 metros, así el
aire se ve obligado a ascender, lo que provoca un enfriamiento y la formación
de precipitaciones.
Böhm indicó que cuanto más
intensa sea la precipitación, más probable es que esté asociada a esa cinta
transportadora de humedad y señaló un caso concreto en el que una región de la
parte más seca del desierto recibió más de 50 litros por metro cuadrado, lo que
superó la media anual en diez veces.
Para las especies altamente
adaptadas a la sequedad, la repentina disponibilidad de agua puede provocar la
muerte, pero al mismo tiempo esos episodios lluviosos desencadenan explosiones
biológicas como el espectacular desierto florido.
Además, la escorrentía generada
por las fuertes precipitaciones es capaz de desplazar restos y remodelar el
paisaje. Las huellas de tales actividades, como la deposición de polen y
carbono orgánico o el material movido de diferentes tamaños de grano, se manifiestan
en el suelo del desierto y se conservan a través de la sequedad duradera. https://peru21.pe/
Las deudas ambientales de Chile en
2021: polémicos proyectos, la urgencia de una transición energética y el drama
de la sequía
El 2021 fue el duodécimo año de
lo que se ha llamado la “megasequía” en Chile y que afecta a toda la
zona central del país. En las comunidades más afectadas las personas viven
apenas con 20 litros de agua diarios.
Las razones provienen de
diferentes frentes. Uno de ellos es el cambio climático y en ese sentido el
país ha avanzado en términos de descarbonización cerrando algunas plantas
generadoras de energía a carbón y estableciendo un calendario para migrar hacia
una matriz energética limpia. Aunque se trata de una buena noticia, la
posibilidad de que las plantas a carbón puedan reactivarse, considerando que no
hay un plan de desmantelamiento de las unidades, ha generado desconfianza en la
población frente al proceso en el que Chile se ha embarcado para contribuir a
detener el calentamiento global del planeta.
El segundo frente está
relacionado a la seguridad hídrica, puntualmente, al consumo de agua por
parte de la agroindustria. Aquí también el 2021 termina con algunos
progresos, como la reforma al código de aguas y fallos de la Corte Suprema que
reconocen el derecho humano al agua. Sin embargo, en términos prácticos, las
comunidades siguen sin ver mejoras y la discusión en el Congreso que busca
prorrogar una cuestionada ley de riego por 12 años más, aparece como un
obstáculo —opinan los expertos— que amenaza con perpetuar un modelo que, según
investigaciones periodísticas y estudios de organizaciones de la sociedad
civil, no solo han perjudicado a los pequeños agricultores, sino que han
agravado la sequía.
Mongabay Latam analiza en este
balance los principales temas que marcaron la agenda medioambiental de Chile
este 2021, el último año del segundo período presidencial de Sebastián Piñera,
sacudido, además, por el escándalo de conflictos de intereses entre el
presidente y el polémico proyecto minero y portuario Dominga.
Lo malo: el avance de la
frontera agrícola y la sequía
Actualmente el 50 % de las
comunas del país y el 45 % de la población se rigen bajo el decreto de Escasez
Hídrica. Nunca antes se declararon tantos decretos de este tipo, aseguró la
Dirección General de Aguas. Las razones, dicen los expertos, son principalmente
tres: la falta de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos
naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona y una
sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola.
En ese contexto, el Senado
aprobó en general un proyecto que prorroga la vigencia de la ley de riego por
12 años más. Dicha ley, que entrega bonificaciones (entendidas como subsidios
de parte del Estado) a obras de riego ya sea para la construcción de embalses
como para riego tecnificado y drenaje, ha sido altamente cuestionada por
conservacionistas, científicos y agricultores, por beneficiar a grandes
productores agrícolas en lugar de a los pequeños como era la intención,
promoviendo la expansión de la superficie agrícola y agravando los problemas de
sequía.
La doctora en ecología, Fernanda
Salinas, quien ha expuesto en calidad de experta ante el Congreso en la
discusión de este proyecto, asegura que, además, “varios de quienes han sido
beneficiados con estas millonarias bonificaciones han previamente utilizado los
planes de manejo para cambio de uso de suelo que la contraloría declaró
ilegales”. En otras palabras, “quienes han destruido ecosistemas naturales,
talado el bosque nativo reemplazándolo por monocultivos agrícolas para la
exportación, han sido los beneficiarios de estos fondos”, acusa Salinas, quien
es también consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política
Forestal.
Verónica Delgado, especialista
en derecho ambiental del agua, detalla que lo que ha permitido la ley es que
los beneficiarios de las bonificaciones ahorren agua —mediante la tecnificación
de su riego, por ejemplo— y que el agua ahorrada, en lugar de ser devuelta al
ecosistema, sea empleada para aumentar la superficie cultivable. “Tuvieron 36
años para lograr que estas bonificaciones financiadas con los impuestos de
todos los chilenos fueran a los pequeños agricultores y no lo lograron. Ahora
están pidiendo que les demos 12 años más de estos incentivos con la promesa de
que ahora sí se los van a dar a los chicos. Yo no soy partidaria”, dice
Delgado, quien fue parte de la mesa científica que entregó sugerencias al
gobierno chileno sobre los compromisos que se debían y podían adoptar en las
contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las medidas concretas que
cada país se compromete a adoptar para detener el aumento de la temperatura del
planeta.
Además, Salinas agrega que “tal
como está la ley actualmente no se evita que en zonas que tienen decretos de
escasez hídrica o donde los acuíferos están agotados, puedan crearse nuevas
superficies de riego”. Con eso, explica la científica, “se profundiza la
sequía”.
“Nosotros no estamos en contra
de una ley que bonifique el riego, pero que bonifique al pequeño”, precisa
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. A lo que Salinas
añade que lo importante es que este incentivo promueva “la tecnificación de su
riego para que sea más eficiente, pero en superficies que ya están cultivadas,
no que se expanda la superficie, porque cuando tienes expansión lo que tienes
es muchas veces cambio de uso de suelo y eso tiene que ser evaluado
ambientalmente”, dice Salinas.
En temas de bosques,
precisamente, si bien se avanzó en un proyecto de ley que buscaba que las
plantaciones forestales ingresaran al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),
el 2021 termina con un revés que, en opinión de Salinas, “es completamente
desfavorable”.
En Chile, el segundo productor
de celulosa en América Latina, existen más de tres millones de hectáreas de
monocultivos de pino y eucalipto que abastecen a la industria forestal. A pesar
de que los impactos ambientales de esta actividad sobre la disponibilidad de
agua, la calidad del suelo y la propagación de incendios han sido ampliamente
documentados por la ciencia, los proyectos forestales no son sometidos a
evaluación de impacto ambiental cosa que este proyecto de ley busca corregir.
Aunque la propuesta legislativa
fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, cuando esta fue remitida a la
Comisión de Agricultura, en mayo de este año, se agregaron indicaciones que
permiten, según señalan numerosos científicos, que la industria forestal
continúe operando tal como lo hace hoy.
“Lo que se busca es que las
plantaciones forestales no sean evaluadas con los instrumentos del SEA y la
legislación ambiental, sino que tengan que cumplir con una modificación
reglamentaria de un decreto de ley que tiene por objeto regular la actividad
forestal”, explica Salinas, quien ha participado activamente como científica en
las discusiones vinculadas al tema en el Congreso.
Lo feo: el escándalo Dominga
Aunque el proyecto minero y
portuario Dominga lleva años en las noticias y posicionándose como uno de los
temas ambientales más importantes del país, puesto que se instalaría en medio
de uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del continente, este 2021 el
escándalo alcanzó nuevas dimensiones luego de que la investigación periodística
internacional #PandoraPapers revelara un serio conflicto de intereses entre
dicho proyecto y el presidente Sebastián Piñera.
En 2017, una investigación
periodística de radio Biobío ya había revelado que en el 2009 la familia Piñera
había invertido en el proyecto Dominga, y que en 2010 había vendido su parte al
empresario Carlos Alberto Délano en una millonaria transacción. Lo que precisó
#PandoraPapers fue que el grueso de esa operación se realizó en las Islas
Vírgenes Británicas, considerado un paraíso fiscal. Además, la investigación
confirmó que parte del pago de la venta de Dominga estaba condicionado a que no
se declarara como reserva natural la zona donde se pretende instalar el
proyecto, una decisión que dependía de decisiones del gobierno de Sebastián
Piñera. Tras las revelaciones, el Fiscal Nacional abrió una investigación
contra el presidente Sebastián Piñera para determinar si hubo delitos de
cohecho, soborno y tributarios.
En medio del escándalo, el
Ministerio de Medio Ambiente anunció que presentará una propuesta de polígono
que permitirá crear el Área Marina Archipiélago de Humboldt. Sin embargo, por
ahora no se ha dado a conocer mayor información sobre cuál es el área
específica que se busca proteger. Científicos y conservacionistas temen que “se
avance en la declaración de un área que en la práctica no tenga protección
alguna”, dijo a Mongabay Latam Liesbeth van der Meer, directora de Oceana.
Lo preocupante: descarbonización
a medias y amenazas a defensores ambientales
A pesar de que Chile ha iniciado
una carrera contra la descarbonización, existe preocupación entre los
habitantes de los territorios donde están ubicadas las centrales generadoras de
energía a carbón, debido a que algunas empresas han pedido mantener las plantas
en un estado de reserva estratégica, una situación que implica que, si bien
mantendrían las unidades apagadas, estas podrían volver a operar en caso de ser
necesario.
Así fue como en agosto el
Coordinador Eléctrico Nacional pidió que la central Ventanas 1 —que había sido
desconectada a fines del 2020— volviera a operar “con el objetivo de preservar
la seguridad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional” dada la poca
disponibilidad de recursos hídricos. Aunque finalmente el gobierno no dio luz
verde a esta demanda ampliamente cuestionada por la ciudadanía, “surge
inseguridad sobre hasta qué punto el cierre es definitivo y genera un problema
de desconfianza en el proceso de descarbonización”, asegura Rodrigo Catalán,
director de conservación de WWF.
Además, Liberona agrega que “se
trata de un tema de mucha preocupación para las comunidades porque si bien hay
un cierre, no hay un plan de desmantelamiento (de las plantas a carbón) ni de
descontaminación de los sitios donde han estado”.
Por otra parte, la politóloga
experta en medio ambiente, Pamela Poo, quien es encargada de políticas públicas
e incidencia en la organización Chile Sustentable, critica que más allá de la
descarbonización, Chile no ha avanzado hacia un cambio en el modelo productivo
y sigue apostando por la minería, uno de los sectores productivos que más
energía utiliza. “Si uno analiza la política nacional minera que (el gobierno)
planteó al 2050 lo único que ves es extractivismo a destajo”, dice Poo. Chile
produce 5,7 millones de toneladas de cobre y espera aumentar su producción a 9
millones de toneladas para el 2050, con una meta intermedia de 7 millones al
2030. Los informes del IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático) advierten, sin embargo, que “tenemos que cambiar la forma en
que producimos y consumimos”, recuerda Liberona.
Catalán, sin embargo, asume que “la
minería en Chile va a seguir siendo una actividad importante”, y la
solución está en que ella se transforme para que logre operar con bajas
emisiones y con bajo impacto en la naturaleza, respetando sus límites.
Las amenazas a defensores
ambientales es
también un tema de preocupación. En junio, 130 organizaciones
socioambientales de todo el país, 28 constituyentes y 5 líderes ambientales
denunciaron los amedrentamientos cometidos en contra de Diego Ovalle
Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste, quien ha
venido denunciando “el avance indiscriminado de las forestales contra el bosque
nativo, y de la industria ganadera y lechera que estarían impactando el río
Rucúe”, señala el comunicado. Este mismo advierte que las amenazas a líderes y
profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental
es una “cuestión que se viene repitiendo sostenidamente”. Así como Ovalle, al
menos otros tres defensores ambientales fueron amedrentados en 2021, entre
ellos la defensora del agua Verónica Vilches, quien ya había recibido antes
amenazas de muerte.
“El número de conflictos
socioambientales ha aumentado mucho en los últimos años y, por lo tanto, hay
más gente que puede ser amenazada”, explica Liberona. Al mismo tiempo, la
directora ejecutiva de la organización Terram agrega que “hoy día cada vez que
se amenaza a un defensor ambiental hay una acción mucho más concertada desde
los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, las ONG para
denunciar esto como una forma de proteger a esos defensores, entonces también
(las amenazas) se ven más”.
Lo pendiente: el servicio de
biodiversidad
El año pasado expertos ligados a
asuntos ambientales confiaban en que este 2021 finalmente pudiera aprobarse el
proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
que se presentó en 2014 al Congreso. Sin embargo, el año llegó a su fin sin que
este pudiera ver la luz. En opinión unánime de los expertos consultados por
Mongabay Latam, esto hubiera significado un paso adelante en la conservación
efectiva de las áreas naturales protegidas terrestres, marinas y dulceacuícolas
de Chile.
Actualmente son diversos los
organismos que tienen a su cargo la gestión para proteger y conservar dichas
áreas, por lo que este nuevo organismo vendría a homogeneizar mejor las decisiones
sobre qué se puede llevar a cabo en cada lugar.
Además, actualmente la
conservación de las áreas protegidas está a cargo de los mismos organismos que
tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas de bosques
y pesquerías: las áreas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena, y las marinas
dependen del Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de
Economía, encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de
acuicultura. En ese sentido, “no hay ningún servicio que defienda la
conservación de la biodiversidad y ese rol es tremendamente importante”, dice
Salinas. Por lo mismo, “las áreas protegidas están super poco resguardadas y
podríamos tener actividades extractivas dentro de ellas”, agrega Catalán.
A Liberona, sin embargo, le
preocupa que “este proyecto es muy ambicioso para el presupuesto que tiene”.
Chile es uno de los 10 países que invierten menos fondos en la conservación de
su biodiversidad a nivel global, según un estudio científico publicado en 2013,
y el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que depende CONAF y
que ya es “insuficiente”, dice Liberona, “es el grueso del presupuesto del
proyecto”.
Lo bueno: avances en la
descarbonización y la reforma al código de aguas
El 40 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero corresponden al sector energético por lo que es
fundamental la descarbonización a partir del cierre de las termoeléctricas —las
plantas que generan energía a partir de la combustión de carbón.
La buena noticia es que en los
últimos días del 2020 dejaron de operar las termoeléctricas Bocamina 1 y
Ventanas 1, sumándose así a las ya cerradas plantas a carbón Tocopilla 12 y 13
y Patache. Además, a inicios del 2022 deberían cerrar también Tocopilla 14 y
15. En total, son 18 las termoeléctricas que estarán fuera del sistema de
generación de energía de aquí al 2025, aseguró el Ministro de Energía y
Minería, Juan Carlos Jobet.
Aunque el cierre del resto de
las centrales a carbón se planteó para el 2040, organizaciones de la sociedad
civil aseguran que es necesario adelantar ese proceso al 2030. Esto quiere
decir que se necesita acelerar el ritmo de los cierres, pero también
incrementar la generación de energía renovable y resolver problemas en la
distribución.
En ese contexto, otra buena
noticia fue la inauguración de Cerro Denominador, la primera planta termosolar
de América Latina ubicada en pleno desierto de Atacama. “Es una tremenda
contribución, una tecnología muy de vanguardia en la región y en el mundo”,
señaló Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF.
En cuanto a la crisis hídrica,
la Corte Suprema reconoció en dos fallos el derecho humano al agua y obligó a
las autoridades locales a proveer de 100 litros de agua por persona a las
comunidades de Petorca, La Ligua y Cabildo. El derecho humano al agua en Chile
no está reconocido en la constitución actual del país —cosa que la asamblea
constituyente espera cambiar en la redacción de la nueva constitución— por lo
que lo dictado por la Corte Suprema “sin duda es un logro”, señala Delgado.
Sin embargo, la experta precisó
que “es un logro a medias”, porque “se ha obligado a los gobiernos locales a
proveer esa agua a costa de sus presupuestos y sin tocar los derechos de agua
de la agroindustria y la minería”. Además, la Corte de Apelaciones de
Valparaíso admitió un recurso de protección presentado por la defensora del
agua, Verónica Vilches, en contra de la Gobernación Provincial de Petorca y de
la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en el que denuncia
que los vecinos del sector de San José, en Cabildo, solo reciben 20 litros de
agua al día a pesar del fallo dictado por la Corte Suprema.
Un segundo avance en temas de
seguridad hídrica es la reforma al código de aguas, que se espera sea aprobada
antes de fin de año. “No es muy ambiciosa, no está con los tiempos, pero avanza
un poco”, dice Delgado. Lo primero a destacar en la reforma es que “se está
hablando del agua para consumo humano y saneamiento como primer uso
prioritario. También se está hablando del uso ecosistémico y luego del uso
productivo”, señala la abogada.
Otro punto relevante dentro del
nuevo código es que se podrá pedir derechos de agua para conservación. “Eso no
existía”, precisa Delgado. Es más, el código de aguas actual obliga al titular
de un derecho de agua a pagar una patente si no hace uso del recurso hídrico,
que sería la categoría en la que encajaría un proyecto para conservación. “Es
un incentivo perverso que la OCDE (La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) nos criticó”, dice Delgado. En concreto, la existencia
de esa patente perjudica a quien quiere cuidar el recurso, porque tiene que
pagar a pesar de conservar, y beneficia al empresario que no la utiliza, pues
“te quedas con ella, pagas un poquito de patente, especulas lo que quieres… y
te sale negocio redondo”, explica la experta.
La reforma al código permite
tener un derecho de aprovechamiento para la conservación sin tener que pagar
esa patente por el no uso, que en este caso implica cuidar el recurso. “Es algo
bueno”, dice Delgado, aunque precisa que no es suficiente “porque sigue
existiendo el mercado de agua que no tiene control alguno”.
Otro aspecto positivo de la
reforma al código de agua es que contempla la realización de aquí a 10 años de
planes estratégicos de recursos hídricos por cada una de las 101 cuencas que
existen en el país. Esos planes, que también están incluidos en la ley marco de
cambio climático que se encuentra en discusión en el Congreso, implican que
“cuando los gobiernos regionales tengan que planificar el territorio urbano y
rural sea obligatorio que miren cuánta agua hay, qué calidad tiene y cómo va a
ser esa agua de aquí al 2030 o el 2050”, explica Delgado.
Según la experta, 10 planes
fueron ya licitados en 2020 y otros 10 en 2021 “por lo tanto esto ya está
avanzando”, dice.
Algunos fallos de la Corte
Suprema también han sido esperanzadores para la conservación de los bosques.
Uno de los más relevantes ocurrió en febrero de 2021, cuando la Corte ratificó
el dictamen de contraloría que determinó que los planes de manejo que la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) autorizaba a los agricultores para
sustituir el bosque nativo por plantaciones agrícolas eran ilegales. Cinco
meses después, la Corte Suprema falló a favor de los habitantes de Pichidegua
que habían denunciado la tala ilegal de bosque nativo por parte de empresas que
estaban instalando, en su lugar, plantaciones de paltas y cítricos. La Corte ordenó
a las empresas dueñas de las plantaciones paralizar los trabajos y presentar
una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para que este
determine si los proyectos deben someterse o no a evaluación. El fallo sentó un
precedente mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley para que los
grandes proyectos agrícolas sean sometidos a evaluación de impacto ambiental. https://lafontana.cl/
