Miércoles, 24 de marzo de 2021 – Año XIV – Edición 3689 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ - Marco Arana, Ollanta Humala y Julio Guzmán coinciden en que
el agua no debe ser privatizada. Candidatos coincidieron en resaltar que hay un
problema de injusticia hídrica y que este bien no se debe privatizar. Verónika
Mendoza y George Forsyth no asistieron al debate
PERÚ – Loreto. Indígenas peruanos exigen a canadiense Frontera limpiar
derrames de petróleo
PERÚ - Huánuco: comadre de alcalde ejecuta millonaria obra en
Yarumayo
PERÚ - Reactivación económica: cambios en la letra pequeña de la
gran minería
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Marco Arana, Ollanta Humala y Julio
Guzmán coinciden en que el agua no debe ser privatizada
Candidatos
coincidieron en resaltar que hay un problema de injusticia hídrica y que este
bien no se debe privatizar. Verónika Mendoza y George Forsyth no asistieron al
debate
En un debate sobre el derecho al agua y saneamiento, los candidatos
presidenciales Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Marco Arana, (Frente
Amplio) y Julio Guzmán (Partido Morado) coincidieron en señalar que existe un
problema de injusticia hídrica y que este bien no debe ser privatizado.
En el encuentro virtual, al que no asistieron Verónika
Mendoza (Juntos por el Perú) ni George Forsyth (Victoria nacional), Marco Arana
empezó precisando que en el país hay un problema de injusticia hídrica más que
un problema técnico.
“Para el Frente Amplio, se trata de resolver el problema de
injusticia hídrica, de implementar la protección de cabeceras de cuenca y que
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deje de someterse a manejos de poder”,
sostuvo desde Calca, en Cusco.
Cuestionó que las empresas agroexportadoras y mineras
extraigan el agua con declaración jurada y buena fe y que para ellos no haya
medidores de agua ni tarifas justas.
Recordó que en el Congreso dieron un primer paso para
modificar la Constitución y declarar el agua como derecho humano. Lamentó que
se haya aprobado su carácter progresivo.
Sobre la forma en que financiará sus proyectos, dijo que
volverá coactivas las deudas tributarias de las grandes empresas y habrá un
proceso de formalización para ampliar la base tributaria.
A su turno, y desde el Vraem, Julio Guzmán explicó que el
manejo del agua fue parcial porque se pensó en consumo humano y el agro, no
como recurso estratégico para los próximos 50 años.
“El potencial agroexportador y el ordenamiento territorial
tienen que estar dentro de este nuevo enfoque integral multipropósito, y como
derecho humano”, mencionó.
Tras afirmar que el agua es patrimonio del Estado, se
pronunció por la reorganización de la ANA y dijo que las Empresas Prestadoras
de Servicios (EPS) están muy politizadas.
Sobre el financiamiento de sus proyectos, Guzmán refirió
que lo hará con reforma tributaria.
“Racionalizaremos las exoneraciones. Se utilizarán los
fideicomisos. En Colombia se hacen los proyectos por fideicomiso”, alegó.
Asimismo, comentó que el agua industrial debe tener tarifas
diferenciadas y que se hace necesario el subsidio cruzado del agua de consumo
humano, para lo cual hay una solución técnica.
Por su parte, Ollanta Humala señaló que en Lima es
indispensable avanzar los proyectos de saneamiento La Rinconada, Cajamarquilla
y Pachacútec.
En cuanto a la corrupción que hay en la distribución del
agua, afirmó que uno de los problemas son las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS), que se han afirmado en las regiones con la ley de descentralización.
“Hay que revisar las 49 EPS, más Sedapal. Necesitamos
evaluarlas y calificarlas por región, si no pasan, serán intervenidas por el
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS),
acotó.
Sobre los mecanismos de financiamiento, Humala aludió a la
Ley MERESE que dio en su gobierno y que permitió a Sedapal recaudar 128
millones. También dijo que incentivará el uso del canon minero y redistribuirá
el presupuesto de la República.
La clave
Cuestión. En el espacio para hacer preguntas al contendor,
Marco Arana le cuestionó a Ollanta Humala qué hará para no volver a traicionar
al pueblo como cuando prometió ‘agua sí, oro no’. El nacionalista respondió que
no sabía de qué traición le hablaba. “De Echave fue el que dinamitó el acuerdo
que hizo Goyo Santos y se armó el tole tole”, dijo. https://larepublica.pe/
Indígenas peruanos exigen a canadiense Frontera limpiar derrames
de petróleo
Cuatro federaciones de indígenas de la Amazonía peruana
reclamaron este martes a la petrolera canadiense Frontera completar la descontaminación
de numerosos derrames de crudo acontecidos en los últimos cinco años en el Lote
192, el mayor yacimiento de petróleo de Perú.
En una carta remitida al director ejecutivo de la empresa y
a las autoridades canadienses, las organizaciones indígenas exigieron el
cumplimiento de todas las obligaciones ambientales de Frontera, que hace un mes
y medio concluyó sus operaciones en el yacimiento.
Los firmantes del documento representan a comunidades
nativas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicados en Loreto,
la mayor región de la Amazonía peruana, donde se encuentra el Lote 192.
Rubrican la carta la Federación Indígena Quechua del río
Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del
Corrientes (Feconacor).
También la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación
San Pablo de Tipishca (Acodecospat) y la Organización de los Pueblos Indígenas
Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (Opikafpe).
MÁS DE 7.000 AFECTADOS
Según su misiva, cerca de 7.000 habitantes de más de 20
comunidades nativas se han visto afectados por daños ambientales ocurridos
durante la etapa que el Lote 192 estuvo en manos de Frontera.
Desde 2015 hasta agosto de 2020 se registraron 83 derrames
de petróleo en el Lote 192, de acuerdo con los datos recopilados en una
investigación de la organización Oxfam y la plataforma Pueblos Indígenas
Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
De ellos, el 72 % se debieron a corrosión de oleoductos o
fallas operativas, lo que para las federaciones indígenas es responsabilidad
directa de la empresa.
Las comunidades más afectadas fueron José Olaya, con 22
derrames; Antioquía, con 19; Nuevo Andoas, con 17; y Doce de Octubre, con 13.
Para los denunciantes, Frontera tampoco respetó los
derechos humanos ni estándares internacionales" en sus relaciones con las
comunidades nativas ubicadas en el área de operaciones del Lote 192.
Acusaron también a la empresa de incumplir la normativa
nacional y de "utilizar algunas normas y términos de su contrato para
legitimar malas prácticas".
LABORES INCONCLUSAS
Frontera culminó sus operaciones en el Lote 192 el 5 de
febrero, tras vencerse el contrato temporal que suscribió inicialmente en 2015
por dos años pero que se extendió por diversas circunstancias.
El mismo día que anunció el cese de sus actividades en el
Lote 192, Frontera aseguró que "ha honrado sus compromisos contractuales y
continuará cumpliendo con sus compromisos sociales y ambientales".
La compañía, que aún tiene pendiente presentar su plan de
abandono del lote, precisó en febrero que ya había descontaminado el 90 % de
los puntos impactados por accidentes ambientales y que completaría estas
labores en un periodo de tres meses.
Asimismo, la empresa señaló que ha cumplido con el 90 % de
los compromisos con las comunidades nativas y "continuará ejecutándolos y
cerrando los acuerdos pendientes hasta su total terminación".
Durante su periodo en el Lote 192, Frontera destacó haber
generado más de 5.000 puesto de trabajo, entre directos e indirectos, y haber
pagado al Estado peruano 250 millones de soles (67,2 millones de dólares) en
concepto de canon minero y fondo social, así como regalías por valor de 1,7
millones de barriles de crudo.
En programas de responsabilidad social invirtió 32 millones
de soles (8,6 millones de dólares) en salud, educación, desarrollo económico,
infraestructura, fortalecimiento cultural étnico y desarrollo de liderazgo
indígena, de los que se beneficiaron más de 8.400 habitantes de 19 comunidades
nativas.
POZOS PARALIZADOS
Actualmente la explotación de los pozos del Lote 192 está
paralizada a la espera de que concluya el proceso de consulta previa con las
comunidades nativas para el nuevo capítulo de explotación de este yacimiento,
que será asumido por la petrolera estatal Petroperú junto a un socio aún por
determinar.
Además de la descontaminación de los derrames ocurridos
durante el periodo de Frontera, el Estado mantiene un pulso con la petrolera
argentina Pluspetrol para que se haga cargo de la descontaminación de los daños
ambientales sucedidos desde el inicio de la explotación del yacimiento en los
años 70 hasta 2015.
Sin embargo, la compañía argentina alega que solo le
corresponde descontaminar los impactos ocurridos durante el periodo que tuvo a
cargo el Lote 192, que fue de 2001 a 2015, y ha anunciado la liquidación de su
filial, Pluspetrol Norte, por la "arbitrariedad" del organismo
ambiental de Perú. EFE https://www.clarin.com/
Huánuco: comadre de alcalde ejecuta
millonaria obra en Yarumayo
El 5 de noviembre del año pasado
el alcalde del distrito de Yarumayo, Héctor Isaías Orbezo Medina firmó contrato
con Gladis Mayta Morales, representante del Consorcio Yarumayo para ejecutar la
obra Instalación del servicio de agua del sistema de riego Tuclich-Chinchan-San
Francisco de Chullay-Pampamarca en Yarumayo-Huánuco con inversión de 11
millones 500 mil soles, en Huánuco.
Sin embargo, Gladis Mayta
Morales es la esposa de Clever Obdulio Torres Bernardo, quien es compadre del
alcalde Héctor Orbezo porque su hermana Lurdes Orbezo Medina tiene como esposo
a George Torres Bernardo, de acuerdo a la denuncia interpuesta el 12 de marzo
ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Huánuco.
En efecto, el alcalde y sus
compadres Clever Torres y Gladis Mayta fueron denunciados por los presuntos
delitos de colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento
indebido de cargo y tráfico de influencia.
En la denuncia también menciona
que el alcalde autorizó de manera irregular el adelanto hasta por 48.7% a la
empresa por una obra que no tenía avance considerable.
Al enterarse de la denuncia, el
ciudadano de Yarumayo, Elías Puente Lima en un documento enviado a Diario
Correo, sostiene que en la municipalidad habría una organización criminal
familiar y exige a la Fiscalía Anticorrupción la investigación exhaustiva para
sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. Manifestó que el año
pasado se colocó la primera piedra de dicha obra con algarabía y en presencia
del vicegobernador regional de Huánuco.
Alcalde reconoce a su comadre
“Es cierto que la señora (Gladis
Mayta) es familiar de mi cuñado, esposa de mi compadre (Clever Torre) se podría
decir, pero con mi persona no tiene ningún vínculo, el proceso de licitación se
hizo de manera transparente y de acuerdo a las normas” respondió el alcalde al
indicar que no hubo ningún tipo de favorecimiento y la licitación se hizo de
acuerdo al artículo 11 de la ley de contrataciones del estado.
Refirió que tiene la conciencia
tranquila y firme porque sabe hasta qué grado de consanguinidad se firma
contrato y se tiene vínculo laboral, y espera que la justicia delibere el caso
con criterio de conciencia
En esa medida dijo que se han
inscrito 12 empresas para la licitación y en la apertura de propuesta técnica y
económico han participado dos empresas y el ganador fue Consorcio Yarumayo.
Además, indicó que los adelantos
directos y por materiales dados a la empresa tienen justificación y respaldo de
ley de contrataciones del Estado. https://diariocorreo.pe/
Reactivación económica: cambios en la
letra pequeña de la gran minería
Iniciar el 2021 con renovados
bríos es un privilegio de pocos, incluso si salimos de la escala personal y
ampliamos la mirada hacia el Estado. El Perú, cumplió en marzo un año de
pandemia con más de 47 mil fallecidos oficialmente por Covid-19, un proceso
electoral en marcha para elegir un nuevo gobierno, miles de desempleados y con
un plan enfocado en la reactivación económica. El plan económico para este año
es de aproximadamente US$ 39.000 millones (S/142.272 millones) y busca enfrentar
la emergencia sanitaria, a la que se destinó US$ 14.996 millones, y promover la
recuperación económica, con una inversión de US$ 24.005 millones.
La urgencia no es poca: según el
Banco Central de Reserva, cerramos el año pasado con una caída del PIB de 11,5
%. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 1,5
millones de peruanos perdieron sus trabajos en ese lapso y 3’300.329 peruanos
cayeron en la pobreza como consecuencia directa de la pandemia.
Para paliar esta crítica
situación, el dinero del Plan Económico se obtuvo del retiro de Fondo de
Estabilización Fiscal de US$ 5.000 millones, de una serie de préstamos y de la
emisión de bonos. “La buena situación macroeconómica del Perú permitió hacer
esto el año pasado, pero nuestra deuda pública no ha parado de aumentar desde
el 2019”, precisa Claudia Viale, economista y oficial senior para América
Latina del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI). Por
ejemplo, el presupuesto en recursos oficiales de crédito para el 2021 será de
S/ 47.000 millones, es decir, casi el doble de lo que fue para el año pasado
(S/ 21.200 millones).
Con una economía en contracción
de baja recaudación y mucho endeudamiento ¿cómo hacer para continuar
invirtiendo en servicios públicos, volver a ahorrar y empezar a pagar las
deudas? “En países más desarrollados, el Impuesto a la Renta es el que ‘levanta’
la recaudación. Pero en una economía de tributación precaria, donde el IGV es
el que manda, si cae la industria simplemente no hay ingresos. Eso nos hace muy
dependientes de ciertos sectores que dan impuestos de manera indirecta”,
explica Viale.
En el Perú, ese sector es el
minero. Ello explica en parte porqué, al decretarse el Estado de Emergencia, el
15 de marzo del 2020, el sector fue incluido en la lista de actividades
esenciales y que la gran minería formara parte de la Fase 1 de la reactivación
económica.
Con ambas disposiciones –y pese
a la caída en la demanda de metales entre abril y junio–, en julio del año
pasado, el 90% de las empresas mineras ya había vuelto a producir a un ritmo
anterior a la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con la Memoria Anual 2020 de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre enero y
noviembre del 2020, se produjeron 1’927.188 toneladas de cobre, es decir, 13,6
% menos que el mismo periodo del 2019. A paso menos apresurado, las
exportaciones de metales alcanzaron los US$ 23.000 millones, 9 % menos que en
2019.
En este contexto de
reactivación, varios especialistas en temas ambientales han expresado su
preocupación sobre el impacto en los estándares y la vigilancia ambiental que
traerían una serie de modificaciones que se han estado realizando en la
normativa minera durante el último año. Un análisis realizado por la asociación
civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala, por ejemplo, que
entre marzo y diciembre del 2020 se emitieron alrededor de 40 normas vinculadas
a la reactivación económica, de las cuales 7 corresponden o se vinculan con el
sector minero.
Cambios en la vigilancia
ambiental
Durante los últimos años se han
realizado de manera sostenida varias modificaciones a las normas vinculadas a
actividades extractivas, algunas de ellas están relacionadas a la vigilancia
ambiental. ¿Qué buscan estos cambios y qué pasó durante este año de crisis
sanitaria y económica?
Diferentes especialistas
consultados por OjoPúblico señalan que estos cambios son de carácter bastante
técnico y por lo tanto, se hace complejo su seguimiento al impacto que puedan
tener sobre las guías ambientales. Para Ana Leyva, responsable del programa de
derechos colectivos y gestión del territorio de la ONG Cooperacción, que hace
años analiza los impactos económicos y ambientales de la gran minería, varios
de estos cambios son de tipo reglamentario, aunque precisa que vienen desde
antes de la pandemia. “Los cambios normativos suelen enfocarse en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), luego en las inspecciones y en la fiscalización.
Porque es el EIA el que señala las condiciones a la inversión y a las
actividades. Y lo que se viene rebajando son esos puntos”, explica.
Ese es el caso de la aprobación
del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros (Decreto Supremo 020-2020-EM),
que ha sido modificado sucesivas veces en el 2015, el 2017 y el 2020.
Actualmente, dicho documento reúne 35 procedimientos administrativos respecto a
plazos, requisitos y trámites mediante el uso de silencio administrativo tanto
negativo como positivo. De ellos, 14 son procedimientos que corresponden al
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y 20 a la Dirección General
de Minería. Información oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la
que OjoPúblico tuvo acceso señala que, de todo ese universo, 18 procedimientos
están sujetos al Silencio Administrativo Positivo y 16 al Silencio
Administrativo Negativo.
Un análisis realizado por Ana
Leyva en agosto del 2020, sostiene que los cambios sucesivos se refieren
principalmente a tres grandes temas: la autorización de inicio/reinicio de actividades
de explotación; el otorgamiento de concesión de beneficio; y el otorgamiento de
la concesión de transporte minero.
¿Funcionan los espacios de
diálogo?
Consultados sobre estas
modificaciones y los criterios que utilizaron para implementar los silencios
administrativos positivos, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
comentaron a OjoPúblico que la aprobación de estos cambios recayó en el
Ministerio de Justicia, en el marco del Análisis de Calidad Recaudatoria (ACR),
el cual asegura que toda norma de procedimientos administrativos debe superar
dicho análisis antes de ser publicada oficialmente.
Asimismo, el MEM asegura que
hasta el momento no han aplicado esta herramienta, ya que sí se están
cumpliendo todos los plazos de respuesta. Igualmente, el MEM explicó que se
tomaron en cuenta “algunas de las recomendaciones contenidas en el Informe
Final de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible como, por ejemplo, la
aplicación del Silencio Administrativo Positivo, con excepción de aquellos
vinculados con los derechos de los pueblos indígenas o los instrumentos de
gestión ambiental contemplados en el SEIA”.
Creada por dicho ministerio en
el 2019 y presidida por la economista y catedrática Roxana Barrantes, esta
comisión generó un informe con miras a lograr medidas normativas y de gestión,
así como de política pública. Sin embargo, la propia Barrantes comentó a
OjoPúblico que no consideraba que las recientes modificaciones normativas del
2020 resuelvan las que para ella son las reales urgencias que acechan al sector
minero: Covid-19 y los conflictos sociales en el corredor vial sur.
“Sé que en el Ministerio de
Energía y Minas tienen buenas intenciones con estas modificaciones y, de hecho,
el Silencio Administrativo Positivo formó parte de nuestras discusiones y proposiciones.
Lo cierto es que ahora el problema son los bloqueos en el corredor vial sur y
no se resuelven con esas normas. Deberíamos estar aprovechando los precios
altos de minerales en el exterior, como hace tiempo no había”, afirmó. https://ojo-publico.com/
