Lunes, 4 de octubre de 2021 – Año XV – Edición 3818 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Las cláusulas controversiales del contrato Camisea y los
actores de su posible renegociación. Expertos consultados por OjoPúblico
señalan que hay algunas cláusulas en los contratos que podrían ser actualizadas
en un nuevo acuerdo, como el precio base que se fijó para vender el gas a las
centrales térmicas y el valor de exportación en el Lote 56. Con ello el Estado
obtendría más ingresos, pero no una reducción de precios para el consumidor
final porque esto depende de la masificación del gas natural. Esto tampoco se
conseguirá redistribuyendo las utilidades del consorcio, como lo sugirió la
Presidencia del Consejo de Ministros.
PERÚ - Ecos del Perúmin y el tema tributario
PERÚ - En regiones del sur hay 1,292 obras paralizadas por malas
gestiones
PERÚ - Áncash: toman medidas de contingencia para uso de agua de río Santa.
Ante la oferta de agua de 30 metros cúbicos por segundo, la distribución
porcentual será del 40% para el Proyecto Chavimochic y 60% para Chinecas
Las cláusulas controversiales del
contrato Camisea y los actores de su posible renegociación
Los
contratos del yacimiento gasífero de Camisea ya fueron sometidos a tres grandes
renegociaciones desde su suscripción, en el gobierno de Alejandro Toledo y en
el de Ollanta Humala. Expertos consultados por OjoPúblico señalan que hay
algunas cláusulas en los contratos que podrían ser actualizadas en un nuevo
acuerdo, como el precio base que se fijó para vender el gas a las centrales
térmicas y el valor de exportación en el Lote 56. Con ello el Estado obtendría
más ingresos, pero no una reducción de precios para el consumidor final porque
esto depende de la masificación del gas natural. Esto tampoco se conseguirá
redistribuyendo las utilidades del consorcio, como lo sugirió la Presidencia
del Consejo de Ministros.
Son dos los contratos que rigen las condiciones de
explotación del principal yacimiento de gas natural del Perú: Camisea, ubicado
en el distrito de Megantoni, en La Convención, Cusco. El primero de ellos fue
suscrito el año 2000 y corresponde al Lote 88, donde se produce el recurso para
consumo interno; el segundo se firmó en 2004 respecto al Lote 56, cuyo destino
actual es la exportación. Desde entonces, ambos documentos han sido objeto de
tres grandes renegociaciones a pedido del Estado o para favorecer a la empresa
privada.
Las normas que se emitieron para formalizar los contratos y
sus adendas dan cuentan de la concentración de grupos económicos en torno a la
explotación y distribución del gas, así como las condiciones desventajosas en
las que se impulsó el proyecto y los cambios que se realizaron para reducir la
reserva destinada al mercado local. Esto último se logró subsanar durante la
gestión del presidente Ollanta Humala.
La renegociación del contrato de Camisea fue una de sus
promesas de campaña, pero también fue incluido en los discursos de los
candidatos presidenciales de 2016, como Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y
Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Incluso en las recientes elecciones
presidenciales el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo el
mismo ofrecimiento. A diferencia de ellos, el partido oficialista Perú Libre
incluyó en su plan de gobierno la “estatización o nacionalización de los
principales yacimientos” gasíferos y mineros.
Expertos consultados para este reportaje señalan que aún se
mantienen cláusulas contractuales que se podrían replantear, desde el ámbito
técnico y económico. Sin embargo, si bien estos cambios pueden generar un
incremento en los recursos que puede captar el Estado, no se reflejarán en un
menor costo del gas para el consumidor final. Tampoco están relacionados a la
distribución de utilidades que perciben las empresas, como lo señaló el
presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, al iniciar el debate
por el gas.
Consorcios integrados por las mismas
empresas
El primer contrato para la explotación del gas de Camisea
se firmó el año 2000 en el periodo de transición de Valentín Paniagua, luego de
un proceso de licitación que se inició en el régimen de Alberto Fujimori. El
ganador del Lote 88 fue el Consorcio Camisea, formado por Pluspetrol (Países
Bajos), Hunt Oil (EE.UU.), SK (Corea del Sur) y Tecpetrol (Argentina), poco
después se sumaron Sonatrach, de Argelia; y Repsol, de España.
Ese mismo año el Gobierno adjudicó la concesión del
servicio de transporte de líquidos y gas natural, desde la selva del Cusco
hasta Lima, por un periodo de 33 años. Las bases del concurso no impidieron que
las mismas compañías postulen, por lo que el consorcio ganador fue
Transportadora de Gas del Perú (TGP), liderado por Tecgas –entonces del grupo
argentino Techint–, pero integrado por cuatro de las empresas que controlan la
explotación del yacimiento: Pluspetrol, Hunt Oil y SK y Sonatrach, además de
Graña y Montero.
El acuerdo incluyó el uso en exclusividad por 10 años de
los ductos que se iban a construir para trasladar el combustible a la costa.
Una oferta nada atractiva para las empresas interesadas en presentarse a la
licitación pública internacional del Lote 56, pues en la práctica los obligaba
a construir otro gasoducto para comercializar su producción.
El gobierno de Alejandro Toledo Manrique resolvió este
obstáculo oficializando el monopolio del recurso. A través del Decreto Supremo
003-2004-EM, el 25 de agosto del 2004 se aprobó una negociación directa para
que la explotación del mencionado lote sea asumida por el Consorcio Camisea. De
esta manera, el mismo grupo de empresas se adjudicó la explotación del
yacimiento y también el transporte del combustible, pero algunas de ellas se
constituyeron en otra razón social para asumir, también, la compra y
exportación del gas.
Esto fue posible tras la aprobación de la Ley de Promoción
de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, su reglamento y
otras normas emitidas en dicho gobierno. Con este marco legal, las compañías
interesadas en invertir en plantas de licuefacción –un procedimiento
indispensable para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización–
podían acceder a iguales incentivos y beneficios que las empresas de
exploración y explotación de hidrocarburos.
Tales condiciones permitieron que la estadounidense Hunt
Oil conforme el consorcio Perú LNG, junto a SK, Repsol (luego comprada por
Shell) y Marubeni Corporation, y se adjudique la Planta de Licuefacción en
Pampa Melchorita, ubicada en Ica, con el fin de comercializar el gas en el
exterior.
Cuando se cerraron estos tratos, el expresidente de la
República Pedro Pablo Kuczynski Godard era ministro de Economía. Pero hasta un
año antes, en 2003, había sido consultor de Hunt Oil, como él mismo admitió
ante la comisión investigadora que conformó el Congreso sobre el gasoducto de
Camisea. En 2018, el Ministerio Público reabrió una investigación penal en su
contra para aclarar estos hechos.
Cláusulas controversiales
El contrato del Lote 88 sufrió diferentes variaciones en la
gestión de Alejandro Toledo, pero la primera gran renegociación fue cuando su
gobierno usó este mecanismo para asignar a la exportación parte de las reservas
de gas destinadas al mercado interno. Las conversaciones se autorizaron en
diciembre de 2005 y, en menos de un mes, en enero, se aprobó el Decreto Supremo
003-2006-EM que oficializó el cambio a favor de las empresas.
La segunda renegociación fue para que los precios del gas
del Lote 88 no estén vinculados al alza del precio del petróleo residual, esto
con el fin de impulsar el consumo interno. La tercera modificación ocurrió en
2014, en el gobierno de Ollanta Humala, donde se firmó una adenda al contrato
para que la producción del Lote 88 vuelva a ser de uso exclusivo para el
mercado nacional.
Para el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio
Aita, hay otros aspectos que quedaron por subsanar en los contratos iniciales.
Uno de ellos es la tarifa base que se fijó en boca de pozo en el Lote 88, es
decir, la valoración al momento de extraer el hidrocarburo del yacimiento. En
la cláusula octava se estableció que el uso para las empresas de generación
eléctrica tenga un costo de 1 dólar por millón de Unidades Térmicas Británicas
(BTU, por sus siglas en inglés), a diferencia del gas destinado a uso vehicular
y doméstico, que es casi el doble.
El precio base se reajusta mensualmente, pero en la misma
proporción. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin), actualmente la tarifa para el sector eléctrico es de USD 1,83 y
para los otros usos es de USD 3,18. “Las centrales térmicas que operan en
Chilca pagan un precio menor por el combustible. Esto se hizo al principio
porque se buscó asegurar e impulsar la demanda. Recordemos que las conexiones
domiciliarias y el uso vehicular tardaron en posicionarse, pero en el contexto
actual se pueden revisar estas tarifas", señala Gamio Aita.
Pero un aspecto más importante que corregir, según el
experto, es el precio de referencia que se fijó en la cláusula 8 del contrato
por el Lote 56 para determinar el valor final del gas licuado que se exporta.
En una publicación del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco),
del 2018, el experto en hidrocarburos y expresidente de Petroperú, Humberto
Campodónico, explica que estas tarifas se definieron en contra de los
estándares internacionales que prevén hacerlo tras descontar los costos
verdaderamente incurridos en transporte y distribución hasta Japón, México o
cualquiera sea el punto de destino.
Producto de ello, pese a que las regalías fijadas por el
Estado, para la exportación es de hasta el 38 %, el monto que obtiene de estas
operaciones es mucho menor a las que se pagan por el gas que se consume en el
mercado interno. En base a las cifras reportadas por Perupetro, Campodónico
estimó que entre el 2011 y 2017 el Estado debió recibir USD 2.099 millones en
regalías, pero solo obtuvo USD 1.042 millones. Perdió US$ 1.056 millones.
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre,
coincide en que los principales problemas contractuales están en el Lote 56,
puntualmente en el costo de exportación. "Ese es un punto fundamental a
renegociar, porque el precio al cual se exporta el gas resulta inferior al que
rige para el mercado interno. En el Lote 88 sí se paga un 37,2% de regalías
sobre las ventas, un porcentaje alto y está bien; pero el 38% fijado en el Lote
56 no es real, es una regalía de contrabando", dijo.
En su gestión frente a la empresa estatal se detectó que,
entre el 2010 y el 2011, Perú LNG había reexportado gas natural del Lote 56
hacia puntos de destino diferentes a los indicados en sus reportes de
exportación para abaratar aún más estos costos. Es así que en el documento aparecía
que el cargamento iba a México, pero terminaba en Europa y Asia. Debido a ello,
el Estado demandó al Consorcio Camisea ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y se le impuso una multa de
US$64 millones.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi,
señaló que el Estado tiene el derecho de pedir una renegociación, sobre todo
por un contrato que se estableció hace muchos años y en un contexto distinto,
pero esto no significa expropiar ni imponer propuestas que escapan del ámbito
de acción del consorcio. Sin embargo, señala que el costo de las exportaciones
debe resolverse con Perú LNG y no con el Consorcio Camisea, y a pocos años de
vencer dicho contrato de venta, considera que no sería rentable.
Herrera Descalzi sostiene que, si el objetivo es reducir el
costo del gas para el consumidor final, se debe revertir la dependencia a los
balones de GLP (gas metano). Estos se procesan con parte del gas líquido que
sale de Camisea, pero este tipo de insumo es más escaso, y su demanda se
termina cubriendo con importaciones que están sujetas a las variaciones del
dólar y el costo internacional. A ello se suma la cadena de costos para su
traslado y distribución con intermediarios.
“Uno de los errores más graves del contrato fue corregido
en el gobierno de Ollanta Humala. Hay aspectos que pueden ser perfectibles en
el contrato, pero estos no se reflejarán en una reducción del costo para el
consumidor final porque esto depende de la masificación de las conexiones de
gas natural y la reducción del consumo de GLP. Tenemos que pensar, también, en
buscar nuevos yacimientos, si queremos seguir contando con este recurso para
las próximas décadas”, añadió.
Al respecto, Ochoa Alencastre sostiene que algunas mejoras
se pueden resolver a través de resoluciones de Osinergmin para, por ejemplo,
fijar un menor costo de importación del gas licuado del petróleo (GLP). “Desde
enero se está aplicando el precio de paridad de importación, a pesar de que el
80 % del GLP que se consume en el Perú proviene de Camisea, pero en lo que
montos fijados para el 20% restante pagamos como si lo importásemos desde
Estados Unidos", explicó.
Pero los tres expertos coincidieron en que la
redistribución de utilidades de las empresas, planteada por Bellido Ugarte, no
guarda relación con el objetivo de reducir el precio del gas para las familias.
Según explicaron, si bien algunas de las reformas que se necesitan hacer en el
contrato del Lote 56 generarán una mayor recaudación para el Estado, es importante
debatir el uso de este dinero en los gobiernos regionales y locales. "Es
justo supervisar qué han hecho las regiones con 24 mil millones de soles en 16
años. Hay que priorizar el desarrollo humano antes que el cemento", añadió
Gamio Aita.
Los actores de la renegociación
Luego que el titular del Consejo de Ministros, Guido
Bellido Ugarte, anunció en un tuit la renegociación de los contratos de gas, el
Consorcio Camisea emitió un comunicado donde asegura que hay suficientes
reservas en el Lote 88 para abastecer a más de 20 millones de hogares, pero
deben reinyectar al subsuelo cerca del 25% porque no existe suficiente demanda.
También indicaron las regalías e impuestos que pagan, pero no mencionaron los
cuestionamientos que se ciñen sobre las tarifas en el Lote 56.
El gobierno no ha dado mayor información sobre su propuesta
de renegociación ni cambio en las regalías o utilidades. Una eventual
expropiación implica que el Estado tome el control de las acciones o los lotes
gasíferos, previo pago de un justiprecio o indemnización al consorcio que,
según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, podría costar unos USD 30.000
millones. Además, poner en funcionamiento los yacimientos necesita de una ley
aprobada por el Congreso, como ordena la Constitución. OjoPúblico solicitó una
entrevista con un vocero del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el
cierre de edición no hubo respuesta.
El pasado 27 de setiembre Bellido Ugarte envió el oficio
D000423-2021-PCM a la empresa Pluspetrol, con un encabezado en el que se invita
a esta empresa a una reunión el próximo miércoles 6 de octubre para iniciar al
proceso de renegociación de los contratos. La persona jurídica con la que el
Estado mantiene vínculos contractuales es el Consorcio Camisea, integrado por
seis empresas, una de las cuales es la multinacional Pluspetrol Corporation
S.A. que posee el 27,2% de acciones
Su compañía matriz es Pluspetrol Resources Corporation B.V,
una offshore que se ubica en los Países Bajos y tiene como accionistas a otras
tres empresas con sede en Luxemburgo, según un reporte del Centro para la
Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO). Su subsidiaria ingresó
al Perú en 1986, y a través de la razón social Pluspetrol Norte dirigió por
varios años operaciones petroleras en los lotes 192 y 8, en Loreto, es una de
las empresas que más infracciones ambientales tiene y que más derrames de
hidrocarburos registró entre marzo del 2020 y julio de 2021.
Pluspetrol Norte se retiró de la zona en medio de graves
denuncias por contaminar territorios de la Amazonía, como en la comunidad
indígena de Nuevo Andoas, y tras litigios con las autoridades ambientales
peruanas. Además, en abril pasado el punto de contacto holandés de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) admitió la
denuncia de cuatro federaciones indígenas de Loreto para investigarla por
contaminación y el uso de un sistema offshore en paraísos fiscales.
Los negocios de Pluspetrol Corporation se centran ahora en
el gas, y está a un paso de aumentar su poder accionarial en Camisea, pues el
tercer socio mayoritario del consorcio, el grupo surcoreano SK Innovation, le
vendió el 17,6% de participación en los lotes 56 y 88. La transacción se
realizó en setiembre del 2019, pero hasta mayo de este año se mantenía bajo
observación en el Ministerio de Energía y Minas.
Específicamente el caso estaba bajo estudio en la estatal
Perupetro, la empresa que se encarga de promocionar, negociar y supervisar los
contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. El
objeto de análisis era determinar si Pluspetrol tenía la capacidad técnica y
financiera para adquirir dicha participación, pero la demora hizo que SK
Innovation evalúe el inicio de un arbitraje. De oficializarse esta operación,
la multinacional con sede en los Países Bajos tendría el 44,8% de acciones en
Camisea.
Los otros socios del consorcio son Hunt Oil, compañía con
sede en Texas, Estados Unidos, y que posee el 25,2% de acciones; seguido de la
argentina Tecpetrol (10%), subsidiaria del Grupo Techint y con inversiones en
proyectos energéticos y de hidrocarburos en América Latina; la multinacional
española Repsol (10%) y la argelina Sonatrach (10%).
Los representantes de estas empresas son los que se
sentarán en una mesa liderada por Perupetro, según la Ley Orgánica de
Hidrocarburos. Si bien la entidad está adscrita al Ministerio de Energía y
Minas, su titular, Iván Merino Aguirre, no tiene injerencia en estas
negociaciones. La trayectoria de Merino no incluye experiencia previa en el sector
minero e hidrocarburos, pero sí cercanía con el partido Perú Libre. Su esposa,
la economista Celeste Rosas, fue integrante del equipo técnico de Pedro
Castillo.
Este sábado 2 de octubre se oficializó en el diario El
Peruano la conformación de una comisión multisectorial que actuará en paralelo
y dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus funciones
está elaborar un informe final que contenga propuestas de ampliación de las
reservas de gas, el desarrollo de la infraestructura en las regiones de Cusco,
Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y mecanismos que permitan
garantizar la masificación del recurso.
La labor de la comisión tendrá una vigencia de 60 días
hábiles. Lo integrarán el titular de la PCM, el ministro de Energía y Minas,
Iván Merino; el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y los titulares
de las carteras de Comercio Exterior y Turismo, Justicia, Relaciones
Exteriores, así como el viceministro de Hidrocarburos y el presidente de
Perupetro, entidad que asumirá la secretaría general. https://ojo-publico.com/
Ecos del Perúmin y el tema tributario
El tema tributario está en la actualidad en medio del
debate económico y en el último Perúmin estuvo presente como eje transversal en
varios de los paneles. El anuncio del gobierno, en particular del Ministro de
Economía y Finanzas, Pedro Francke, de llevar adelante una reforma tributaria
que comprende sectores como el minero, ha generado reacciones en el sector
empresarial.
A continuación, vamos a revisar cómo marcha el tema
tributario este año, el aporte del sector minero, los argumentos a favor y en
contra que se esgrimen de la reforma y los retos y perspectivas en materia de
política fiscal.
La recuperación de la recaudación
Las cifras de agosto del presente año muestran un
crecimiento acumulado de la recaudación general del orden del 44%. Del mismo
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 88% del total recaudado)
aumentaron en 46.7%. Solo para comparar, la recaudación general durante el año
pasado cerró con una contracción acumulada de 16.2%, debido a los efectos del
Covid 19 que, como sabemos, provocó un período de cuarentena nacional desde
marzo hasta junio y que continuó en la segunda mitad del año con cuarentenas
focalizadas.
En relación al aporte tributario minero, el pago del
Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría aumentó en 277.4% a
agosto del 2021, luego de mostrar un retroceso importante en los dos últimos
años. La recuperación reciente se debe sobre todo al repunte extraordinario de
los precios de los minerales.
Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera
categoría, se observa que en agosto del 2021 el subsector minero elevó su
participación en el impuesto a la renta, llegando a 21.9% respecto al total
recaudado, nivel similar al del año 2018.Por otro lado, el aporte del sector
minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano registra una
participación de 16.8% a agosto del 2021, en este caso similar a los niveles
registrados en el 2011, todavía en el período del súper ciclo de precios.
Respecto a los aportes y devoluciones tributarias del
sector minero, a agosto del 2021 se registró un aporte de S/. 15,837 millones y
devoluciones por S/. 3,179 millones, que en suma dieron un aporte neto del
sector de S/. 12,658 millones. Durante el mismo período en el 2020 el sector
minero registró un aporte total de S/. 4,475 millones y devoluciones por S/.
3,280 millones, que en suma dieron un aporte neto del sector de S/. 1,195
millones, casi once veces menor de lo que va en este año.
Recordemos que en años pasados se ha observado una
tendencia creciente de las devoluciones tributarias en el país. Tan es así, que
en 2019 se alcanzó el récord histórico de devoluciones totales por un monto de
S/. 17,131 millones.
Los argumentos anti reforma del sector empresarial minero
En el actual contexto el discurso desde las empresas apunta
a subrayar que estamos en un momento excepcional y que el aporte tributario de
la minería está aumentando fuertemente a partir de este año, lo cual es cierto.
Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, ha
señalado en reiteradas apariciones en medios que este año la recaudación
proveniente del sector minero será del orden de los 12,500 millones de soles
(se duplicaría) y para los próximos 5 años se proyecta entre 90 mil y 100 mil
millones de soles. “Estamos frente a una situación de récord de aportes
fiscales de la minería”.
El mensaje por lo tanto es “ya estamos aportando”, “la
reforma tributaria del año 2011 está funcionando”, por lo tanto, ya no se
necesita ningún tipo de ajuste a la política tributaria minera. Demandan
predictibilidad estabilidad y transparencia. Además, dicen que “las empresas
están en el límite” y cualquier variación de la carga tributaria haría que el
país deje de ser competitivo. En suma “no se necesitan mover las reglas de
juego en materia tributaria”.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no es la
primera vez que en el Perú el aporte tributario de la minería aumenta de manera
sostenida por el factor precios internacionales. Ocurrió en el período
2003-2012, en el denominado súper ciclo de precios y en esa etapa las empresas
mineras también se opusieron a que se coloque un impuesto a las sobreganancias.
Durante gran parte del súper ciclo lograron su objetivo y recién en el 2011 se
intentó una reforma, cuando ya se estaba acabando el período de precios altos.
Sin embargo, en ese entonces organismos como el Fondo
Monetario Internacional ya observaban que la política tributaria en el Perú era
regresiva y recomendaban que se hagan reformas. En el actual contexto, en medio
de una situación mucho más compleja que la de hace una década, las
recomendaciones del FMI a los países vuelven a apuntar a hacer ajustes en sus
marcos tributarios: “Los Gobiernos deben tomar medidas para mejorar el
cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para
los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, ha declarado el
director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar; “Los
ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes
de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera
desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”.
Por lo tanto, sobre todo en un país como el Perú, con una
de las más bajas presiones tributarias de la región, existen fundamentos
sólidos para llevar adelante una reforma tributaria. El hecho que sectores como
el minero estén aumentando sus aportes se debe básicamente al factor de
incremento de precios; no se explica ni porque las empresas se hayan vuelto más
eficientes ni por las bondades del marco tributario vigente. La minería explota
recursos naturales no renovables que le pertenecen a la Nación. Es totalmente
justificable que, en las actuales circunstancias, con precios de los minerales
batiendo récords históricos, con las empresas obteniendo sobre utilidades y con
un país que necesita recursos para salir de la grave crisis ocasionada por la
pandemia, se busque capturar un mayor porcentaje de la renta minera. Además,
países de la región, integrantes de la Alianza del Pacífico, como Colombia y
Chile, están implementando [1] reformas tributarias.
Cuando se habla de competitividad debemos tener presente
que las minas productoras de cobre en el Perú tienen el más bajo cash cost a
nivel mundial. Se argumenta que “si se
cambia el esquema tributario las inversiones se van a ir a otro país; lo cierto
es que esto no ocurre tan fácilmente ya que yacimientos con leyes de minerales
como los que hay en el Perú, son escasos en el mundo.
La línea de la continuidad conservadora
En las últimas tres décadas el empresariado minero siempre
ha sido reacio a cualquier tipo de reforma (social, ambiental o económica). Por
ejemplo, a comienzos de la década del 90 el empresariado minero se opuso a la
creación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Luego, cuando se discutió
la creación de la regalía minera también hubo una oposición rotunda y 20
empresas mineras llegaron hasta el Tribunal Constitucional (TC) donde
finalmente perdieron [2]. También se opusieron a la ley de consulta previa,
libre e informada y a su implementación; a la creación del Ministerio del
Ambiente, el aporte por regulación ambiental, entre varios otros temas.
El argumento de oposición a todas estas reformas siempre
fue el mismo: va a afectar la competitividad del país y retrasará las
inversiones. Demás está decirlo, nunca se cumplieron estos vaticinios y en este
caso todo indica que tampoco ocurrirá. El país necesita avanzar y las políticas
públicas deben tener como horizonte el interés nacional. https://cooperaccion.org.pe/
En regiones del sur hay 1,292 obras
paralizadas por malas gestiones
En el país, existen 2,968 obras
paralizadas en donde se invirtieron más de S/ 29 mil millones. El 43% de estas,
es decir 1,292, están ubicadas en el sur del país según el Sistema Nacional de
Información de Obras Públicas -Infobras.
Cusco concentra 609 obras
truncas, la mayor cantidad en el país. Puno tiene 306 proyectos parados,
Apurímac 156.
Las causas están relacionadas a
procesos arbitrales en marcha, medidas cautelares y la ineficiencia de las
anteriores y actuales gestiones ediles y regionales en impulsar y destrabar
proyectos.
El economista de la Universidad
Católica de Santa María, David Espinoza señala que la paralización de obras es
una clara muestra de la pésima gestión de las autoridades, además de la
corrupción. “Inician obras con expedientes mal hechos o sin la habilitación de
terrenos. Ahí empieza el problema”, reclama.
Problemas en el Cusco
En la región Imperial, los
proyectos abandonados se ubican en las provincias de La Convención (129), Calca
(69) y Chumbivilcas (62). La mayoría se iniciaron por administración directa
por diferentes niveles de gobiernos, incluso el nacional.
El 30% de estas obras están
relacionadas a transportes y el 22% a educación. Es decir, carreteras, caminos
vecinales, trochas carrozables, puentes, construcción y mejoramiento de
instituciones educativas.
La más emblemática en Cusco es
el hospital Antonio Lorena. La construcción se paró en el 2015 luego que el
gobierno regional rescindió el contrato con la constructora. El nosocomio, en
2012, le fue encargado a la brasilera OAS, inmersa en el caso Lava Jato, la red
de corrupción más grande del país.
Otra obra trunca es la renovación
y mejoramiento de sistema de agua potable, desagüe en la ciudad universitaria
de Perayoc-Unsaac. Se paralizó al 81% por incumplimiento del contratista en el
2019.
El gobernador regional Jean Paul
Benavente aclaró que de la totalidad de obras paralizadas muy pocas
corresponden al gobierno regional. Explicó que su gestión asumió decisiones
estratégicas para destrabar la cartera de proyectos que heredó.
A la espera
En la región Arequipa, la
mayoría de obras en stand by corresponden a las comunas distritales y
provinciales. De los 109 proyectos en espera, 42 se concentran en la provincia
de Arequipa e iniciaron entre 2017 y 2019. Se trata de mejoramiento de
colegios, obras de agua y desagüe e infraestructura vial. Las comunas de Cerro
Colorado (08) y Socabaya (06) son los que tienen el mayor número de obras
paralizadas en la ciudad.
No obstante, un caso que llama
la atención a nivel de distritos es el caso del Puente Huarangal en Alto Selva
Alegre, una obra iniciada en 2018 en la gestión de Omar Candia y que permanece
paralizada por errores en el expediente técnico. El alcalde Samuel Tarqui,
anunció que se retomará en las próximas semanas, sin embargo, su presupuesto
creció de S/ 3 millones a más de S/ 8 millones, lo que grafica el alto costo de
la paralización.
De toda la lista de proyectos
varados, el Gobierno Regional de Arequipa, ostenta aquellos con mayor
presupuesto. Infobras, apunta directamente a la obra de 4 carriles, que
pretende descongestionar el tráfico del Cono Norte. El proyecto nació en la gestión
de la exgobernadora Yamila Osorio y contempla a la fecha, la inversión de S/.
249 millones 172 mil. El mayor problema se concentra en el tramo III de la obra
a cargo de Consorcio Vial. La empresa se comprometió a retomar las obras en
agosto pasado, pero ello no ocurre a la fecha. Hay superposición de redes y
tuberías de Seal, Sedapar y Naturgy gas. La empresa además señala que los
expedientes están mal hechos. El puente Añashuayco 2, parte del Tramo I,
tampoco avanza.
También se advierte la paralización
del colegio IE 40205 Manuel Benito Linares de Socabaya. El proyecto tiene una
inversión de S/ 17 millones 997 mil. De forma paralela, los hospitales de
Cotahuasi (La Unión) y Camaná también se encuentran truncos.
Sobrecostos y perjuicio a la
población en obras
El economista Glenn Arce señala
que la paralización de una obra genera impactos sumamente negativos. El
primero, los sobrecostos al proyecto y el perjuicio social a la población
afectada por la obra inconclusa. Sobre el primero explica que los estándares
nacionales advierten que tras una paralización el sobrecosto máximo debería
llegar a 10%. No obstante, la realidad es otra. Un claro ejemplo se advierte en
la variante de Uchumayo, ejecutada en tres gestiones regionales que de costar
S/ 162 millones superó los S/ 600 millones. “Con la coyuntura actual y el
incremento del dólar tengan por seguro que todos los proyectos paralizados
tendrán un amplio sobrecosto”, advirtió.
En ese contexto, para David
Espinoza el Estado debería priorizar la licitación de los proyectos antes que
la ejecución por administración directa. “Termina siendo más cara y
burocrática”. Esa es la verdad. https://larepublica.pe/
Áncash: toman medidas de contingencia
para uso de agua de río Santa
Ante la oferta de agua del río
Santa de 30 metros cúbicos por segundo, siendo la demanda de 52, la Autoridad
Administrativa del Agua Huarmey Chicama convocó a una reunión de urgencia al
grupo de trabajo del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas
(PADH) 2021-2022, donde se acordó que los operadores de infraestructuras
hidráulicas mayor y menor respetarán la distribución porcentual de estas aguas
del afluente.
Al no existir embalses de
regulación en ninguno de los dos proyectos especiales, se concertó respetar la
distribución porcentual de la oferta de agua, siendo el 40% para Chavimochic
(La Libertad) y 60% para Chinecas (Ancash), de acuerdo a lo establecido en el
PADH, cuando el caudal del río está por debajo del umbral de contingencia en
época de estiaje.
En la actualidad, la oferta de
agua del río Santa es de 30 metros cúbicos por segundo, cuando la demanda
hídrica para todos los usos (poblacionales, agrícolas, industriales,
energéticos) es de 52 en esta época de estiaje, lo que obliga a que se tomen
medidas para el uso adecuado en cada proyecto.
Los operadores de la
infraestructura hidráulica menor de la margen izquierda (juntas de Santa,
Irchim, Nepeña), según análisis social y de previo acuerdo, dispusieron ajustar
de manera temporal sus demandas de agua. De esta manera, Chinecas asignará a la
Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Guadalupito hasta 1.0 metros
cúbicos por segundo. Los representantes de Chavimochic precisaron que, de
requerir, la Junta de Usuarios Guadalupito puede solicitarles maquinaria para
encauzar las aguas del río Santa que le han sido asignadas.
En este encuentro, los
participantes sustentaron las demandas de agua de sus sectores y se adoptaron
otros compromisos, tomando en consideración el comportamiento hidrológico de la
cuenca, los aspectos climatológicos y socioambientales, así como las
características propias de cada infraestructura hidráulica.
Participaron en esta reunión los
operadores de infraestructura hidráulica mayor de los proyectos especiales
Chinecas y Chavimochic, y operadores de infraestructura hidráulica menor de las
juntas de usuarios Guadalupito, Santa, Irchim, Nepeña, Moche, Chao, Virú y
Riego Presurizado. https://larepublica.pe/
