Miércoles, 1 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3980 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Cuenca del río Chili, el pulmón verde
de Arequipa que se ha reducido un 20%
Esta
cuenca ha venido reduciéndose desde hace 20 años, entre las razones está el
abandono y habilitaciones urbanas de diferente índole, tanto formales como
informales
El colectivo “Arequipa Grupo Productivo Ambiental de la
Cuenca Urbana del Río Chili (AGRUPA – CURCH)” propuso un proyecto para
recuperar la sostenibilidad e incrementar la vegetación en la cuenca urbana del
río Chili. Esta iniciativa preservará el valle y permitirá la extracción del
dióxido de carbono, reduciendo los niveles de contaminación en la ciudad.
Uno de los miembros de AGRUPA, Juan Francisco Melgar
Begazo, enfatizó que el monte ribereño del río Chili garantiza la estabilidad y
sustentabilidad en Arequipa.
La iniciativa empezó hace 4 meses, se hizo coordinaciones
con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Cultura (Mincu). Fue presentado al
Colegio de Arquitectos Regional Arequipa para ser publicado como propuesta al
Gobierno Regional de Arequipa.
Melgar Begazo indicó que en los últimos 20 años se ha
perdido el 20% del área de la cuenca urbana del río Chili. Entre las razones
está el abandono y habilitaciones urbanas de diferente índole, tanto formales
como informales.
Riesgos en la cuenca de Arequipa
La anunciada construcción de la central hidroeléctrica
Charcani VII es un riesgo para la cuenca urbana del río Chili. Este es el
proyecto que ejecutará Egasa y autorizada por el Minem,
“Si nosotros perdemos metros cúbicos en el río Chili por
una construcción que puede tomar más de dos años, porque las obras no se hacen
en el tiempo exacto, va a significar la pérdida de metros de agricultura,
volviéndose una lesión irreparable”
Melgar Begazo agregó que cualquier proyecto que se haga en
zona de impacto de la cuenca, tiene que estar bien pensado y ser sustentable. https://elbuho.pe/
Glaciares en peligro: peruano demanda a empresa alemana RWE
En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Saúl Luciano
Lliuya, peruano que ha iniciado una demanda contra la empresa alemana de
energía RWE, una de las más grandes emisoras mundiales de gases de efecto
invernadero. Además, la periodista habló con Noah Walker-Crawford, investigador
de la ONG Germanwatch y abogado del caso.
- Saúl, cuéntanos, ¿cómo se da esta
demanda que responsabiliza a una empresa del cambio climático en tu lugar de
origen?
Soy hijo de pequeños agricultores en la Cordillera Blanca.
Como agricultor, durante este lapso he estado viendo los cambios, los cultivos,
los animales iban extinguiéndose. Me formé como guía de montaña. A partir del
2002, he visto cómo los glaciares han ido derritiéndose. A parte, está el tema de
la escasez del agua en nuestras comunidades. Toda esta experiencia ha hecho que
tome la decisión para demandarla empresa RWE, que es una de las causantes de
los cambios que hay.
- Esta es la primera demanda en su tipo.
Noah, ¿qué argumentos se usaron para que un tribunal pueda aceptar esta
demanda?
De lo que trata esta demanda, encabezada por Saúl, es decir
que estas grandes empresas han contribuido al cambio climático a través de sus
gases de efecto invernadero y que ellos deben tomar responsabilidad por los
impactos que han causado.
Según un estudio, son solamente 100 empresas que han
contribuido al 70% de los gases de efecto invernadero en toda la historia. Lo
que estamos diciendo es que ellos deben tomar responsabilidad, ayudar a la
gente más vulnerable a estos cambios. La demanda de Saúl trata de establecer un
precedente legal para que dichas empresas tomen responsabilidad.
De hecho, la demanda ya fue declarada admisible en esta
corte de Alemania, en el 2017. La corte ya dijo que, en términos legales, la
demanda sí tiene fundamento. Según la ley alemana, sí se pueden hacer
responsables estas empresas y, actualmente, el tribunal está analizando las
pruebas para ver si se puede probar que la empresa ha contribuido a dicho
impacto.
- Ahora que los jueces alemanes están
viendo el tema probatorio y que han estado visitando toda el área afectada,
¿cómo ha sido esa experiencia, Saúl?
El juez iba a visitar (el área) en el 2020, pero por el
tema de la pandemia ya no se realizó. Este año recién ha sido posible. Hubo
bastante atención de los medios cuando nos estábamos preparando. Estoy
satisfecho de haber podido mostrar a los jueces, y también a la parte
demandada, los problemas de la desglaciación.
- Noah, así como ha hecho Saúl con la
empresa RWE, ¿hay otros casos de empresas en Perú que podrían ser demandas por
este motivo?
De hecho, es la primera demanda que ha llegado a este
punto. Hubo otros intentos, pero han fallado. Es importante decir que la
empresa no tiene actividades en Perú ni en Sudamérica, pero cuando hablamos de
cambio climático, no importa dónde se producen las emisiones porque el impacto
se va a sentir en todo el mundo. Esta empresa tiene más de 100 años de
operaciones en Alemania y otros países europeos. Es una empresa energética, lo
que hacen es producir energía a base de la quema de carbón.
Como ellos, existen otras empresas, como las petroleras. La
idea es que con este reclamo se puede establecer el primer precedente para que
todas puedan tomar responsabilidades.
- La laguna de Palcacocha se está
llenando de agua debido a que los glaciares se están derritiendo. Saúl, ¿qué
pasaría con tu comunidad si esta se rebalsa?
En mi vida cotidiana, como agricultor, por ejemplo, se
puede notar la escasez de agua, los manantiales se están secando porque en la
parte alta de las montañas ya no hay glaciar.
La laguna Palcacocha en el año 1941 se desbordó y causó
muchos daños, hubo muertes. A partir de eso, el Gobierno construyó diques.
Ahora, están controlando el nivel del agua, tratando de minimizar el riesgo,
pero aún existe.
- Noah, ¿hay alguna respuesta de la
empresa?
La empresa lo está negando, dicen que no deberían tener
ninguna responsabilidad legal. No niegan que estén contribuyendo al cambio
climático, no niegan que exista el cambio climático, pero dicen que la ley
alemana no debería aplicarse de este modo. Ellos dicen que la responsabilidad
es del Gobierno. Más allá de eso, también han tratado de cuestionar algunos
estudios científicos y del riesgo que existe para la ciudad de Huaraz.
- Saúl, ¿encontraste respuesta en el Ministerio
de Ambiente cuando buscabas ayuda?
Hace cinco años visitamos al gobierno regional. Ellos
estaban de acuerdo en colaborar en este caso. También visitamos a otras
autoridades que tenían una opinión positiva. https://larepublica.pe/
Metales pesados: comunidades
afectadas de Hualgayoc exigen seguimiento médico hace más de diez años
Las comunidades campesinas de la
provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, están cansadas de esperar. Hace diez
años, en 2012, las autoridades empezaron a tomar muestras de laboratorio entre
los comuneros para determinar su estado de salud, debido a la contaminación por
metales pesados que persiste en esta zona de la sierra norte del país. Pero a
pesar de que ha transcurrido una década desde entonces, los habitantes
expuestos a los elementos tóxicos aseguran que todavía no reciben tratamiento
médico adecuado por parte de la institución que debería darlo: la Dirección
Regional de Salud (Diresa) de Cajamarca.
Como se sabe, Hualgayoc es uno
de los territorios más afectados en el Perú debido a la contaminación
ocasionada por operaciones mineras. Solo en esta provincia, en 2016, se
acumulaban 1.067 pasivos ambientales, el 12% de todos los reportados a nivel
nacional.
El Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) realizó en 2012,
en coordinación con el Ministerio de Salud, la Diresa de Cajamarca y la
Dirección Subregional de Salud (Disa) de Chota, pruebas de sangre para
determinar la presencia de metales pesados en los organismos de 211 personas de
las comunidades cajamarquinas de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc, en la
provincia de Hualgayoc; Pulán, en la de Santa Cruz: y Querocoto, en Chota.
Este portal se comunicó con la
Diresa de Cajamarca para conocer los resultados de los tamizajes y saber qué
tratamiento han estado recibiendo los peruanos intoxicados. En dicha
institución, se nos pidió que nos comunicáramos con la enfermera Martha Saucedo
Valera, exdirectora de la dirección regional, quien no respondió sobre el tema
y nos derivó con César Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa
de Chota, oficina que gestionó el tema en esa época.
“El conducto regular fue que
esas pruebas fueron tomadas por el Censopas en 2012, que las remitió a [la
Diresa de] Cajamarca y Cajamarca las remitió a nosotros. Nosotros cumplimos con
entregar los resultados que nos dieron en 2015, a cada persona tamizada. Y así
fue, se entregaron. Tres años después dieron los resultados”, explicó César
Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa.
Los fuertes reclamos de las
comunidades de Hualgayoc impulsaron la entrega de dichas pruebas, al punto de
que la Defensoría del Pueblo catalogó el malestar de la población como un
conflicto social en mayo de dicho año. Y el problema hasta hoy persiste por la
falta de atención del Estado.
Consultado sobre el tratamiento
médico que se ofrece a los intoxicados, César Fores aseguró que la Disa de
Chota no lo brindaba. "Pregúntele usted a la estrategia de metales pesados
en [la Diresa] de Cajamarca para que le den información", señaló. Hasta la
fecha, ninguna de las dos instituciones da razón.
Años de olvido
La última vez que Paulina
Valdiviezo, presidenta de la Rondas Campesinas Femeninas de la comunidad de Maygasbamba,
en Hualgayoc, recuerda haber presenciado la asistencia de un presidente del
Consejo de Ministros en su provincia fue en el 2017, durante el gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski, cuando se instaló una mesa de diálogo. Entonces Mercedes
Aráoz ocupaba ese cargo.
“Con ella fue la última mesa de
diálogo que se dio acá en Bambamarca. El tema es que cuando cambian de
ministros y funcionarios todo vuelve a cero”, lamenta Valdiviezo.
En Hualgayoc y Bambamarca, las
mesas de desarrollo para evaluar la contaminación producto de la actividad
extractiva y sus efectos en el medio ambiente y la población comenzaron en
2016. Estas han incluido la implementación de dos declaratorias de emergencia
ambiental, una aprobada en setiembre de 2016 y la otra en diciembre de 2018.
Sin embargo, aunque en estas se
hayan presentado planes de gestión multisectorial para hacerle frente a un
problema ambiental y de salud pública de décadas en la provincia, los comuneros
consideran que los representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM), como
coordinadores del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA)
Hualgayoc, solo cumplieron con escuchar las preocupaciones de la población, más
no en efectuar acciones concretas ante sus demandas. Una de ellas era el
seguimiento del tratamiento médico por contaminación de metales pesados.
“Las declaratorias de emergencia
son solamente de nombre, porque no nos brindan los servicios para contrarrestar
los daños ocasionados en el ambiente”, advierte también Yulisa Mejía, defensora
ambiental y dirigente comunal de Hualgayoc, a Convoca.pe.
Valdiviezo y Mejía recuerdan que
en ese momento se decía que las entidades de salud buscaban mantener informada
a la población sobre su estado de salud con la realización de estos tamizajes.
Sin embargo, los ciudadanos de esta zona del Perú tuvieron que esperar cerca de
tres años para finalmente conocer los resultados de las pruebas, en 2015,
mientras que sus afecciones continuaron avanzando hasta hoy.
De hecho, para la Defensoría del
Pueblo, el conflicto aún se encuentra activo y sin diálogo por parte de las
autoridades, según su último reporte actualizado a abril de 2022.
Consultado por Convoca.pe al
respecto, Carlos Andrés Vera, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de
Conflictos Sociales de esta institución, confirma que, si bien el caso de estas
comunidades cajamarquinas empezó a ser monitoreado por el retraso en la entrega
de las pruebas de sangre realizadas en 2012, hoy el verdadero problema es la
discontinuidad en la atención de salud de la población. Además, a ello se suma
la lentitud en la remediación ambiental de los pasivos dejados por las
operaciones extractivas de la minería.
"La atención médica sigue
siendo bastante básica. No hay un tratamiento adecuado al diagnóstico que
implica la intoxicación por metales pesados. Ese es un problema que no es
solamente de Cajamarca. Hay otros conflictos sociales donde las principales
demandas están vinculadas a afectaciones a la salud por intoxicación de metales
pesados", apunta Vera.
El comisionado indica que la
situación preocupa a la Defensoría del Pueblo debido a que hay una constante en
la vulneración de derechos fundamentales. El problema, señala, no solo es de
carácter ambiental sino también de salud por su impacto en las personas que
viven en estas zonas.
En esa misma línea, Yulisa
Mejía, quien fue presidenta de las Rondas Campesinas Femeninas de la provincia
de Hualgayoc y afirma haber sido afectada por este tipo de contaminación,
considera que esta situación dificulta su derecho a acceder a un seguimiento
médico activo, que nace de la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos
luego de asumir compromisos con la población.
“Las atenciones necesarias que
prometieron nunca se han dado, como que nos iban a llevar a Cajamarca para que
el Gobierno Regional, a través de la Diresa, brinde las atenciones integrales
correspondientes a las personas afectadas por metales pesados”, expresa.
Pero ese no es el único punto
grave. Mejía considera que otro de los factores que impactan directamente en la
salud de las comunidades es el desconocimiento del personal médico de la Diresa
de Cajamarca. La dirigente indica que en más de una oportunidad el personal de
salud les ha informado que sus problemas son causados por los metales pesados
luego de practicarles una simple apreciación sintomatológica.
Al respecto, el médico Raúl
Loayza, investigador y director del Laboratorio de Ecotoxicología de la
Universidad Cayetano Heredia, explica a Convoca.pe que para determinar si una
persona está contaminada por metales pesados se necesita realizar un análisis
que puede ser de sangre, uñas, cabello u orina. En este sentido, no es posible
confirmar la existencia de este tipo de intoxicación con un indicador meramente
sintomatológico.
"Para saber si una persona
está o no contaminada, se le debe tomar una muestra, esa es la única forma. La
sintomatología puede ser muy subjetiva, salvo que el paciente realmente muestre
un síntoma que esté directamente relacionado con la contaminación por plomo,
por ejemplo. Hay que tener cuidado con ese tipo de valoración y por eso hay que
evaluar los indicios y casos. Pero si nadie dijo tener un síntoma aparente o
relacionado a algún metal, eso no es confirmatorio", apunta Loayza.
Del mismo modo, el representante
de la Defensoría del Pueblo, Carlos Andrés Vera, resalta la limitación que
existe para atender estos casos, pues la falta de experiencia técnica y médica
de este tipo de situaciones clínicas, sobre todo a nivel local y regional,
dificulta aún más este tipo de conflictos, un punto que depende también de la
situación ambiental.
"Lo que encontramos
evidentemente es una brecha entre el diagnóstico y el tratamiento clínico que
reciben las personas identificadas con estas afectaciones a su salud por causa
de metales pesados. Y hay un problema sobre la articulación de una estrategia
integral [del Estado] para su atención", relata.
"Mientras el sitio siga
estando contaminado y se sigan presentando parámetros elevados [por encima de]
los valores permisibles, la exposición va a continuar y eso, de alguna manera,
agrava la condición de salud de las personas que están intoxicadas por metales
pesados”, agrega.
Por otro lado, la comunera
Paulina Valdiviezo insiste en que es necesario que el personal de salud esté
debidamente capacitado, pues la comunidad percibe que no lo está. “Nosotros
hemos vuelto a pedir que, por favor, nos manden un especialista a Cajamarca,
para poder hacer a toda la población los dosajes. Nosotros siempre decimos que
todos y todas estamos contaminados, pero no sabemos en qué porcentaje
tendremos”, dice.
Antecedentes desapercibidos
El caso de Hualgayoc es la
consecuencia de años de contaminación acumulada de la que nadie se hace cargo.
El primer Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), realizado por el
Ministerio de Energía y Minas (Minem), se publicó en 2006. El documento
inventarió en todo el país 850 pasivos ambientales, polución dejada por
operaciones extractivas descontinuadas. Catorce años después, en 2020, la misma
entidad pública registró 7.956 pasivos a nivel nacional. La mayor cantidad de
estos se localizaron en Áncash (1.235), Cajamarca (1.156) y Puno (921).
Pero el problema de Cajamarca
está bastante focalizado. Para el año 2016, el Minem reportó solo en el
distrito de Hualgayoc 1.067 pasivos ambientales. Estos representaban el 90,1%.
de los 1.183 que prevalecían en ese año en toda la región.
Actualmente, otro de los ríos
afectados por este tipo de contaminación son Hualgayoc Arascorgue y
Tingo-Maygasbamba. Cerca a este último viven las dirigentes Paulina Valdiviezo
y Yulisa Mejía. En las cercanías, también en Hualgayoc, se encuentra la mina de
cobre y oro a tajo abierto Tantahuatay, operada por las compañías Buenaventura
y Southern Copper. Está ubicada a 85 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Cajamarca, a una altura de 3.884 m.s.n.m.
De acuerdo con información de
nuestra plataforma Convoca Deep Data, ambas compañías figuran como grandes
infractoras entre los registros de Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (Oefa). Hasta el 2020, la compañía minera Buenaventura acumulaba un
total de 180 infracciones ambientales, cifra que la convertía en la quinta
mayor infractora del país. Por otro lado, Southern Copper sumaba 80 de estas
faltas.
Pero la actividad minera en la
última década en el Perú ha gozado de grandes privilegios otorgados por el
gobierno, a diferencia de las comunidades afectadas por la contaminación de
dicha industria que siguen reclamando atención. En julio de 2014, el gobierno
de Ollanta Humala promulgó la Ley 30230, más conocida como la ley del Paquetazo
Ambiental, preparada al interior de su Consejo de Ministros en tiempo récord y
que permitió perdonar multas por infracciones ambientales relacionadas al
sector Minería e Hidrocarburos.
De esta manera, a Buenaventura
se les perdonaron multas ascendentes a 3 millones 75 mil soles, mientras que a
Southern Copper se le condonaron más de 1 millón 274 mil soles. La ley también
permitió que las compañías del rubro pudieran anular infracciones ambientales
cometidas entre julio de 2014 y enero 2020.
Otras compañías extractivas que
operan en Hualgayoc son Anta Norte, Yanacocha y Gold Fields. Esta última
provocó en diciembre de 2018 una descarga de flujo de agua en la operación
Cerro Corona, que llevaba residuos sólidos de una tubería de drenaje que discurrieron
hacia la quebrada La Hierba. Con el incidente, quedaron afectadas 1,4 hectáreas
en la zona y hasta 1,5 kilómetros de la cuenca del río Tingo-Maygasbamba.
“El río Maygasbamba está muerto.
Tiene un color naranja espeso. Cuando llueve se rebalsan los relaves de las
mineras, afectando a los ríos. La gente antes se alimentaba de truchas, pero
ahora no hay nada. Todo está muerto”, lamenta Valdiviezo.
A pesar de esta situación, la
defensora ambiental cuenta que actualmente la comunidad de Maygasbamba tiene
acceso al agua, gracias a la labor de las organizaciones de base de la zona,
que han logrado, con el apoyo de comuneros de las localidades cercanas,
autogestionarse para administrar un reservorio hídrico limpio para realizar sus
actividades diarias.
Luego del accidente de Gold
Fields, las comunidades también denunciaron la afectación de un estimado de
30.000 truchas del criadero La Trucha de Oro. La empresa informó a través de un
comunicado el 30 de enero de 2019 que el incidente no tuvo relación alguna con
su presa de relaves.
Sin embargo, el Tribunal de
Fiscalización Ambiental del Oefa declaró el 30 de julio de 2021 la
responsabilidad administrativa de Gold Fields y le ordenó pagar una multa
ascendente a 0,06 Unidades Impositivas Tributarias; es decir, tan solo 276
soles. También dispuso que se encargue de remediar el suelo, lecho y ribera de
la quebrada La Hierba y del río Tingo-Maygasbamba, por donde discurrió el agua
con contenido de relave.
Pero los daños no terminan ahí.
Así como Gold Fields, la empresa Anta Norte también ha causado molestias en la
ciudadanía de la provincia. En enero de este año, cerca de 1.000 ronderos y
miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil de los distritos de
Bambamarca, Chugur, Hualgayoc y de la provincia de Chota acataron un paro por
más de ocho días en la entrada del proyecto minero Antacori, ubicado en el
distrito de Chugur (Hualgayoc).
El yacimiento de cobre operado
por la empresa Anta Norte realizó operaciones de exploración, sin contar con la
aprobación y aceptación por parte de las comunidades locales, provocando una
falta de transparencia relacionada a los impactos del proyecto de inversión,
según declaraciones de los dirigentes.
Las comunidades denunciaron la
presencia de contaminación en las cabeceras de las cuencas aledañas que
alimentan el río Chotano, afluente que abastece a la población, además de
afectaciones en su salud y en sus medios de producción, como la ganadería y
agricultura, producto de metales pesados, como arsénico y plomo.
A pesar de que cumplieron más de
una semana de protestas y demandar la presencia del presidente Pedro Castillo,
la entonces premier Mirtha Vásquez y el titular de ese entonces del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM), Eduardo González Toro, no declararon inviable el
proyecto, que era una de las demandas de la población. Sobre ello, la dirigente
Paulina Valdiviezo indica que actualmente no hay un diálogo activo entre las
empresas extractivas involucradas y las comunidades sobre su seguridad,
sostenibilidad e impacto en su entorno social.
El reporte actualizado de
Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo detectó hasta el último mes de
abril, 209 conflictos sociales en todo el país. Entre las regiones con más
casos se encuentran Loreto (29), Cusco (19) y Áncash (15). Solo este mes los
conflictos socioambientales causados por la minería ocuparon el 65.9% del
total, una realidad que se mantiene vigente desde 2007.
De hecho, algunos de estos
conflictos tienen que ver precisamente con la falta de seguimiento médico y la
problemática de la salud pública en zonas con altos niveles de concentración de
metales pesados.
Según la auditoría de desempeño
sobre Gobernanza para el Manejo Integral de los Pasivos Ambientales Mineros
2021, los principales problemas para la remediación de estas instalaciones o
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas, que
pueden presentar una acumulación de metales pesados, es la dificultad para
identificar a los responsables y la necesidad de más recursos para su
remediación. El documento señala que cuando no sea posible hacerlo, el Estado
peruano debe pasar a ser quien asuma esta obligación.
El Ministerio de Salud indica
que la proyección de la cantidad de personas en riesgo de exposición a metales
pesados a nivel nacional es de más de 10 millones de personas. En ese sentido,
la Defensoría del Pueblo informa que está trabajando por insistir en la
urgencia de fortalecer la gestión pública vinculada a esta materia, así como en
el desarrollo y ejecución del Plan Especial Multisectorial para atender a esta
población desde los enfoques de nueve ministerios.
Pero como ya lo reveló este
medio en un reciente informe, el Plan y la ejecución del presupuesto para más
tamizajes y tratamiento médico correspondientes no se está desplegando con la
debida urgencia.
Mientras tanto, las dirigentes
Paulina Valdiviezo y Yulisa Mejía, y el resto de habitantes de Hualgayoc,
siguen reclamando la presencia del Estado, para que llegue con acciones
concretas y eficientes de protección a su salud, su vida y el medio ambiente. https://convoca.pe/
Réquiem para el agua potable
Todo parece indicar que el
proyecto Neptuno/Arazatí sigue su curso, a pesar de todos los inconvenientes
que se le puedan señalar. Este proyecto forma parte de un modus operandi de
desmembramiento y privatización de los servicios públicos de agua potable y
saneamiento en todo el país.
Si en la década de 1990 la
estrategia de aprobar una ley madre que privatizara de una sola vez varios
servicios públicos fue negada en referéndum por la ciudadanía, esto le dejó una
sola enseñanza a la coalición de gobierno: hay que avanzar por partes y usar
subterfugios.
Pensamos que muchos votantes de
la coalición no están de acuerdo con desmembrar OSE y entregarla a empresas
privadas, ya que 65% de voluntades ciudadanas que aprobaron la Reforma del Agua
en 2004 es más que el caudal electoral de la actual oposición. El gobierno
desarrolla por tanto estrategias oblicuas, confusas, muchas veces agitando
fantasmas sobre la situación de peligro en que se encuentra el sistema de
abastecimiento, sin que tenga ninguna base objetiva.
Los últimos avances conocidos
son que el directorio de OSE a fines de abril dio por aprobado el Estudio de
Factibilidad del Proyecto Neptuno. A lo largo de casi un año el ministro de
Ambiente, Adrián Peña, ha afirmado que la iniciativa ha sido estudiada (y ahora
aprobada) por cuatro gerencias de OSE. Sin embargo, realizamos un pedido de
acceso a la información pública en agosto de 2021, y en respuesta nos llegaron
informes redactados por el gerente general de OSE, que es un cargo de
designación política.
El 25 de abril de 2022
reiteramos la misma consulta, esta vez recurriendo al pedido de informes a
través del artículo 118 de la Constitución, y aún no tenemos respuesta.
La próxima etapa es conformar un
proyecto ejecutivo sobre Neptuno/Arazatí que sea posible de licitar, y para
esto corresponde definir aspectos de ingeniería, así como del “modelo de
negocio” que viabilice esta inversión. Y es en esta coyuntura que OSE avanza en
contrataciones externas relacionadas con el Proyecto Neptuno: por un lado, se
estaría firmando un contrato entre OSE y la Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND), herramienta usada en múltiples ocasiones para realizar tareas
operativas por encargo de alguna otra entidad estatal. En general la ventaja de
apelar a la CND es que se puede recurrir a procedimientos más expeditivos y con
menos trámites formales que en las administraciones públicas. Y justamente,
prende una alarma de que se desvíe por esta vía el estudio (¿y administración?)
de una obra cuyo monto equivale a tres años de lo que OSE invierte normalmente
para todo el país. Más aún, recordemos que la Constitución prevé que los
servicios públicos de agua potable sean prestados “directa y exclusivamente por
persona pública estatal”.
La CND es persona pública no
estatal, y sin dudas sus competencias están lejos de la definición de un
proyecto de provisión de agua potable, y esto nos lleva a la segunda señal de
alarma.
Se encuentra en avance un
contrato entre OSE y la empresa israelí Mekorot, también en conexión con el
Proyecto Neptuno. Mekorot es la empresa pública de provisión de agua potable de
Israel, y ha sido observada a nivel internacional por ejecutar una verdadera
política de apartheid en detrimento de la población palestina.1 El secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas incluía en su informe a la
25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (2014) una condena de las políticas
de Mekorot. Al menos en tres países han rechazado a la fecha iniciar o
continuar en tratativas con esta empresa israelí, debido a sus antecedentes.
A finales de 2013, se logró
detener un contrato de 170 millones que habría hecho que Mekorot construyera
una planta de tratamiento de agua en La Plata (Buenos Aires). También a fines
de 2013, la compañía holandesa de agua pública Vitens canceló un memorando de
entendimiento con Mekorot porque la cooperación con la compañía “no puede
separarse de lo que la ONU escribe sobre la política de Mekorot [...] hacia los
territorios palestinos y los asentamientos”. Y en marzo de 2014, la Compañía de
Agua Pública Epal en Lisboa (Portugal) anunció que, después de una campaña de
alto nivel, había finalizado un acuerdo de cooperación con Mekorot antes de su
término de caducidad.
La política del gobierno parece
ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la
gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios.
Un país como Uruguay, que logró
destacarse a nivel internacional por haber plasmado en su Constitución que el
acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento son derechos
humanos fundamentales, debería pensar mejor si le corresponde establecer un
convenio de colaboración con una empresa que flagrantemente viola estos
derechos.
¿Qué puede estar ocurriendo
entonces con esta contratación en paralelo de la CND y Mekorot por parte de
OSE? ¿Será que, aun habiendo ampliado el proyecto de obra inicial con la
construcción de una reserva de agua dulce, las autoridades estiman que no es
suficiente y el Proyecto Neptuno también incluirá una desalinizadora? ¿O acaso
estará volviendo una pretensión ya plasmada en una reforma de la Carta Orgánica
de OSE a principios de los 2000, para que OSE ingrese en el negocio de riego?
Otro hecho no menor es que la
contratación de Mekorot fue observada por el Tribunal de Cuentas en votación
dividida, en tanto no se cumple con la causal de excepción invocada por OSE
prevista en el numeral 18) literal D) del artículo 33 del TOCAF. Es decir, OSE
realiza una contratación directa invocando un convenio que prevé que exista un
intercambio comercial, es decir, que Uruguay exporte algo a Israel como
contrapartida a la contratación directa de la empresa israelí, lo cual no
ocurre en este caso.
Para terminar, e insistiendo
sobre la necesidad de visualizar estas iniciativas en OSE como una estrategia
oblicua de privatización, hemos sido informados sobre la presentación de más
iniciativas privadas en OSE al amparo de la Ley 17.555, de 2002. Además de
Neptuno y el Proyecto de Universalización de Saneamiento, sabemos que OSE ha
recibido iniciativas para colocar dos plantas desalinizadoras en el Río de la
Plata, una sobre la Costa de Oro, presentada por la transnacional francesa
Veolia; y otra para la provisión de agua potable a La Barra y José Ignacio en
Maldonado, esta última presentada por Pafed SRL como representante de IDE
Technologies de Israel. También se presentaron Teyma y Degremont (del Grupo
Suez, Francia) con una iniciativa para el tratamiento de lodos en aguas
corrientes, y por último la empresa Taficor se presentó con una iniciativa para
la eliminación de arsénico en aquellos servicios que no se encuentren ajustados
a los mínimos permitidos por la norma.
En todos los casos, si algo hace
falta es voluntad política para que la empresa pública se desarrolle y enfrente
los nuevos desafíos con sus propios recursos, dando un servicio de calidad,
público y con la perspectiva del acceso al agua potable como derecho humano.
Por el contrario, la política
del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas
posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos
innecesarios, y emplear todos los mecanismos a su disposición para esquivar el
pronunciamiento ciudadano del plebiscito del agua.
Lilián Galán es diputada del
Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio. https://ladiaria.com.uy/
