Lunes, 16 de octubre de 2023 – Año XVII – Edición 4322 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP expone sobre la ejecución
de los proyectos de fuentes de agua dulce, la lucha contra la corrupción y el
fortalecimiento de Sedapal y las empresas de agua a nivel nacional
Comunicado
N° 039-2023/CDN FENTAP
El día martes 10/10/23 a partir de las 10:00 a. m. los
dirigentes miembros del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado del Perú - FENTAP,
con la participación del asesor técnico CPC Raúl Enríquez Hurtado se reunieron
en el Congreso de la República para exponer los reales problemas por los que
atraviesa Sedapal y las Empresas Prestadoras de Servicio a nivel nacional,
siendo una de las mayores dificultades para cerrar la brecha de agua en todas
las Empresas de Agua del Perú, que el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, los gobiernos locales y los gobiernos regionales ejecuten
eficientemente el presupuesto anual que se asigna para la ejecución de las mega
obras y obras de agua y desagüe, ya que desde los años 2011 al 2022 en los tres
niveles de gobierno se ha dejado de ejecutar más de S/ 41 mil millones de
soles, que hubiese sido suficiente para cerrar la brecha y brindarle agua a
todos los peruanos y peruanas que no lo tienen.
También hemos cuestionado a los funcionarios y
exfuncionarios del Ministerio de Vivienda, y de Sedapal que en el caso de Lima
y Callao que es una zona desértica es imperdonable que se haya dejado de
ejecutar los proyectos de fuentes de agua dulce como Ramal Sur, Marca 2 que iba
a servir para darle agua a la zona sur de Lima y Callao y los siete proyectos
que no se ejecutan desde hace más de ocho años y que están contenidos en el
Plan Maestro Optimizado de Sedapal. Esta paralización y desinterés de ejecutar estas
obras que debieron hacerse con urgencia desde hace años atrás se debió
únicamente a un lobbismo insistente de dar preferencia a las plantas
desalinizadoras como Provisur que solamente produce 250 litros de agua por
segundo y cuyos costos superarían 16 veces más que tratar un proyecto de
fuentes de agua dulce y que actualmente estos altos costos lo pagamos todos los
usuarios de Lima y Callao.
También hemos cuestionado la venta de agua en bloque, un
modelo colombiano que consiste en que a Sedapal y a las Empresas de Agua el
Sector Privado le venda el agua potabilizada para distribuirla pagando los
peruanos y peruanas los altos costos incluida la infraestructura para convertir
a las empresas en simples distribuidoras de agua y en un cheque en blanco para
el pago indefinido a las grandes ganancias del sector privado.
Con respecto al fortalecimiento de Sedapal y las Empresas
de Agua hemos solicitado a los congresistas, la ampliación de los presupuestos
para ejecutar las obras de cierre de brecha tanto en la ciudad de Lima como en
nivel nacional.
Con relación a la lucha frontal contra la corrupción, la FENTAP ha sido muy clara y hemos solicitado la
participación de la Comisión de Vivienda y la Comisión de Fiscalización para
que se identifique y sancione todos los actos de corrupción que se han
producido en Sedapal, EMAPACOP S.A., EPS Grau S.A., EMAPICA S.A., EPSEL S.A.
entre otras, porque es la causa principal de que las empresas estén sin
solvencia económica y en déficit.
Finalmente, hemos pedido que los altos funcionarios de
Sedapal empezando por los directores nombrados por el Ministerio de Vivienda y
el Ministerio de Economía y Finanzas, y los gerentes generales designados por
los directorios estén limpios de procesos penales y judiciales, y que no tengan
conflicto de intereses con las empresas privadas que contratan con Sedapal y
con las empresas de agua a nivel nacional.
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Puno: agricultura será el segundo más golpeado por la sequía
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (Cenepred) presentó un informe sobre los riesgos de
déficit hídrico a causa del Fenómeno El Niño (FEN) para la temporada de lluvias
2023- 2024. En su pronóstico advierte que los departamentos de la sierra sur
serán los más afectados, especialmente Cusco y Puno. En función de esos datos,
la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) reveló que la región de Cusco
sería la más afectada, con 330,762 hectáreas en riesgo, que representa el 100%
de la superficie agrícola.
La mayoría se concentra en las provincias de La Convención
con 103,922 hectáreas; Chumbivilcas (31,814) y Canchis (25,339). El segundo
departamento más afectado será Puno, con 281,524 hectáreas de superficie
agrícola en riesgo elevado, lo cual representa el 100% de la superficie
estimada y afectará principalmente a la provincia de Azángaro (53,129
hectáreas). En cuanto a la variable por regiones, la entidad da cuenta de que
el mayor número de distritos que se encuentran expuestos a un riesgo muy alto
son Puno (85), Junín (84), Cusco (77) y Huancavelica (71). Por esta razón,
fueron declarados en emergencia ante el déficit hídrico.
Germán Flores Cutipa, director de estadística e informática
de la Dirección Regional Agraria (DRA) de Puno, mostró preocupación porque los
sembríos se encuentran muy retrasados. Es un escenario desolador, teniendo en
cuenta que en la anterior campaña agrícola se dejaron de sembrar más de 26 mil
hectáreas de cultivos. El especialista sostiene que, de acuerdo al calendario
agrícola, entre septiembre y octubre se deben sembrar quinua, cañihua, oca,
mashua, cebada grano y habas.
Para los dos últimos meses del año se proyecta el sembrío
de papas, pero debido al comportamiento de escasas lluvias, es incierto si
habrá una buena producción. Según el consolidado de la DRA Puno, en lo que va
de la campaña agrícola 2023-2024, el avance de siembras entre cultivos
transitorios y permanentes solo alcanzó el 11.7%, cuando normalmente debería
estar en el 20%. Hasta septiembre, en comparación con el año anterior, ha
habido una disminución del 21.6% en las siembras.
Esto significa que se han sembrado 29,275 hectáreas menos
que en la campaña agrícola 2022-2023, en la que se alcanzaron a sembrar en este
mismo período 37,317 hectáreas. En la presente campaña agrícola, en productos
tradicionales como la quinua, se tiene una proyección de siembra de 32,445
hectáreas, pero a la fecha solo se han sembrado 1,412, lo que presenta un avance
del 4.4%. En cuanto a la papa, se proyecta sembrar 57,693 hectáreas, pero solo
se han sembrado 11,908.
Transferencia
John Ccama Lipa,
jefe de gestión de riesgos y desastres del Gobierno Regional de Puno, señaló
que desde el nivel central se han destinado más de S/120 millones para que el
Estado, a través de sus diferentes organismos públicos descentralizados (OPD),
realice proyectos para asegurar el consumo de agua poblacional y para la
agricultura. No obstante, en localidades como Huancané, se han tenido problemas
para ejecutar pozos debido al rechazo de los dueños de los terrenos.
El funcionario instó a socializar el tema con las
autoridades locales para atender esta emergencia. El especialista indicó que
habiéndose declarado en emergencia el agro puneño por parte del Consejo
Regional, 84 distritos serán nuevamente registrados en el Sistema de Información
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad). "A largo plazo, la
gerencia de recursos naturales está elaborando un proyecto en función al
escenario del déficit hídrico previsto por el Senamhi hasta el 2030",
refirió el funcionario, quien también insta a las entidades prestadoras de
servicios a trabajar en sus planes de contingencia.
Por su parte, Daniel Najarro, analista de Estudios
Económicos de Comex Perú, en declaraciones a la prensa local, recomendó atender
la siembra de cultivos transitorios para octubre y noviembre, para que no
pierdan los beneficios de las semillas certificadas. https://larepublica.pe/
Puente Piedra: Ministerio Público
realizó operativo por conexiones clandestinas de agua
En un operativo inopinado para
constatar un presunto hurto de agua el Ministerio Público ejecutó una
diligencia en la asociación de vivienda Paraíso del Paraje en Lomas de
Zapallal, en el distrito de Puente Piedra, en donde encontró la presencia de
tuberías presuntamente clandestinas.
El representante de la Primera
Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Lima
Noroeste, comprobó la instalación de varias cañerías extensas enterradas que
empalman a otras e ingresan a los domicilios de vecinos del sector.
Durante la acción preventiva, el
fiscal provincial Leoncio Aragón Castañeda, informó que, al comprobarse las
conexiones clandestinas, la investigación estará a cargo de la fiscalía penal para
que, conforme a sus atribuciones, realice la denuncia respectiva.
Esta denuncia debe ser la
empresa se Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
La autoridad fiscal exhortó a
los ciudadanos a denunciar cualquier hecho irregular que afecte el normal
abastecimiento de agua potable, principalmente en horas de mayor consumo.
Además, advirtió que continuará
con los operativos para detectar y clausurar las conexiones clandestinas que se
encuentren. https://andina.pe/
La defensa del Yasuní como lucha de
clases y las elecciones anticipadas
El pasado 20 de agosto, junto a
las elecciones presidenciales adelantadas en Ecuador, se nos convocó a dos
consultas populares. Una de alcance local para preguntar a los habitantes del
Distrito Metropolitano de Quito, la capital del país, si estamos o no de
acuerdo en prohibir la extracción minera en el noroccidente del territorio, una
zona de alta biodiversidad y productividad agrícola que hace parte del Chocó
Andino, una bioregión que se extiende desde Panamá hasta el norte de Ecuador,
por la costa, de altísima biodiversidad e importancia ecológica.
La segunda consulta, de alcance
nacional, preguntó si estábamos de acuerdo en dejar a perpetuidad el petróleo
bajo tierra en una zona del Parque Nacional Yasuní, conocida como bloque ITT,
en la amazonía norte del país.
El “Sí al Chocó Andino” alcanzó
68% de los votos, el “Sí a Yasuní”, el 59%. Ambas consultas ganaron con más
votos que la primera y el segundo candidato presidenciales juntos, quienes irán
a segunda vuelta – Luisa González, del partido del ex presidente Rafael Correa,
que alcanzó el 33%, y Daniel Noboa, de una de las familias más ricas del país,
exportadores de banano, que llegó sorpresivamente al 24%. Los dos se enfrentarán
el próximo 15 de octubre en comicios de segunda vuelta, que decidirán quién es
la presidenta o presidente por poco más de un año en el esquema de elecciones
anticipadas, en medio de una de las peores crisis económicas del país, tomado
además por la narcoviolencia que al parecer tiene vínculos con el mismo
presidente actual, Guillermo Lasso
Esto significa dos cosas:
primero, que la defensa y protección de la naturaleza y de los pueblos
indígenas en aislamiento que habitan el Yasuní es consenso nacional. En segundo
lugar, que hemos consolidado el inicio del fin de la era post-extractiva en
Ecuador, que comenzó en 2009 cuando se lanzó la iniciativa Yasuní-ITT para
mantener el petróleo en el subsuelo. El triunfo de las dos consultas marca un
hito histórico en la discusión sobre cómo detener nuestra dependencia de las
exportaciones de petróleo y comenzar a diseñar un futuro mejor, lejos del país
exportador de crudo que hemos sido hasta ahora, pero sin caer en la minería
corporativa. Tal discusión está sucediendo a nivel nacional, pero necesitamos
que trascienda al nivel global porque, como he dicho en otras ocasiones, la
solidaridad internacionalista es vital para lograr el vuelco que necesitamos
para superar el capitalismo adicto a los combustibles fósiles y presto a saltar
hacia las energías “limpias” que no harán otra cosa que seguir extrayendo
materia prima de las periferias globales.
La acalorada discusión que ha
seguido en Ecuador tras conocer los resultados está enfrentando dos modelos de
país. Por un lado, la derecha neoliberal, incólume frente a la avanzada de
violencia en el país causada por el desmantelamiento del estado y su captura
por redes de narco delincuentes de toda talla socioeconómica. Esta derecha, en
el gobierno desde 2016 con Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso, no supo
hacer frente a la pandemia y sus consecuencias (según reportes del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, para junio de 2022 casi 200.000 niñes y
adolescentes de entre 5 y 17 años habían dejado de asistir a las escuelas, y
probablemente han terminado siendo carne de cañón de la narcodelincuencia) ni a
la nueva oleada de migración, que en 2022 alcanzó alrededor de 100.000
personas. Ha adoptado una crítica frontal hacia los resultados de la consulta,
planteando que las pérdidas por la extracción del crudo del Yasuní llevarán al
país a la quiebra. La crisis económica, dicen las élites, no es culpa de su
política de rapiña de los bienes comunes, sino de la no extracción de petróleo
de baja calidad en un campo marginal. En vista de eso, señala la élite
extractiva, la única solución será quitar los subsidios a los combustibles
(razón por la cual ya ocurrieron dos paros o levantamientos nacionales, en 2019
y 2022), subir impuestos, siempre de manera regresiva, o privatizar los bienes
públicos.
Lastimosamente a estas voces se
unen varias dentro del correísmo, cuyo gobierno persiguió y criminalizó la
organización social y la protesta, lo que provocó la ruptura con gran parte de
la izquierda ecuatoriana, incluyendo la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones ecologistas y feministas. A
pesar de esto último, el correísmo sigue siendo un actor político central, que
sigue obteniendo un mínimo de 30% de los votos en cada elección, debido precisamente
a que logró, durante una década (2007-2017), mejorar las condiciones materiales
de gran parte de la población, que incluyó una política de retorno migrante, y
recuperar el rol central del estado en la planificación pública, siempre
gracias a la renta petrolera. La conflictividad con la izquierda fuera del
correísmo los llevó incluso a plantear en un inicio que, de ganar las
elecciones, no ejecutarán el mandato popular tras la consulta del Yasuní, y no
pretende revisar la actividad minera.
Afortunadamente, hay voces sobre
todo jóvenes dentro del correísmo, que se están abriendo paso dentro del
partido y movimientos afines que comprenden la urgencia de la acción ecologista
y climática, pero sobre todo de politizarla en términos de clase. Estas voces críticas,
y ciertamente el oportunismo político, han llevado a la candidata González a
aceptar los resultados de la consulta e incluso a plantear como alternativa una
de las propuestas económicas más interesantes de la campaña por el Sí al
Yasuní: llenar el hueco fiscal cobrando las deudas que las grandes empresas
mantienen con el Servicio de Rentas Internas.
La campaña Sí al Yasuní,
aglutinada alrededor de la lucha de 10 años del colectivo Yasunidos, está
presionando al país para que asuma otro modelo para alcanzar el bienestar de la
población humana y no humana. La reflexión ha aprendido mucho de la lucha histórica
del movimiento indígena, que en sus últimos periodos ha colocado en el centro
de la lucha y del debate político las contradicciones de clase. De hecho, la
interpretación clasista de la lucha antiextractiva convocó a la CONAIE a hacer
campaña intensiva a favor de las dos consultas.
Propuestas como la reducción de
las exoneraciones tributarias y el cobro de multas a las empresas y grupos
económicos más ricos o la renegociación de tarifas con las grandes empresas
telefónicas, son propias de un ecologismo popular que cuestiona la desigualdad
social estructural y plantean de manera frontal que el precio de la crisis y la
desigualdad estructural no puede seguir siendo asumida por la población más
pobre del país, feminizada y racializada, ni por la población no humana.
Revisemos las principales.
Cobrar las deudas al fisco que
acumulan, desde 2014, $ 6.338,6 millones. Esta deuda representa el 20% del
Presupuesto General del Estado de 2023, es más de lo que el país recibe por
exportar petróleo, y definitivamente muchísimo más que lo que generaría el
petróleo del Yasuni-ITT, que llega a los $ 147,97 millones anuales, es decir
menos del 0.5% del PGE 2023. Esto es adicional al cobro de las deudas a las que
hace referencia Luisa González, monto que asciende a más $ 1.990 millones en
valor de deuda de los primeros 500 deudores (los grupos económicos más ricos,
el primero de la lista es el grupo de la familia el candidato Noboa).
Otras propuestas buscan poner
freno a la rapiña corporativa a través de la renegociación de regalías del
sector corporativo o la defensa de lo público a través de la nacionalización y
el rechazo a la apropiación privada de los recursos naturales. Por ejemplo, la
renegociación de tarifas con las grandes corporaciones telefónicas internacionales
que monopolizan el sector, dejarían al Estado alrededor de $ 2 mil millones;
nacionalizar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), evitaría que el Estado pague
la tasa por su uso, $2,14 por barril de petróleo transportado, ahorrando
alrededor de $156 millones anuales, sin contar con el ingreso por el cobro de
esa misma tasa a las privadas; la focalización de subsidios a los combustibles
y la electrificación del transporte público liberaría al país de las
importaciones de derivados del petróleo y permitirían la eliminación ordenada
de los subsidios, que no afecte a la población más pobre. Central a esto es la
propiedad pública del sector energético, que permita ejecutar una política
energética soberana y sostenible, que pasa por la racionalización del consumo
interno de energía y, sobre todo, de alianzas geopolíticas norte-sur y la
solidaridad internacionalista a la que me referí antes, vitales para la última
propuesta a la que me referiré: la cancelación de deuda al sur global. Esta no
es una propuesta alineada con la noción hegemónica de deuda, en la cual la
deuda externa es intercambiada por fondos que se destinan a fideicomisos muchas
veces privados o a otros instrumentos del capitalismo financiero, que mantienen
la sujeción de los países periféricos deudores a los países centrales
acreedores, al tiempo que legitiman una deuda basada en el saqueo colonial. Al
contrario, es una propuesta que desconoce la deuda externa histórica por
ilegítima, señalando su carácter imperialista y colonial, y exige que la deuda sea
anulada, y dichos fondos direccionados a hacer frente a las consecuencias del
cambio climático en la forma de transferencias de dinero directas e
incondicionadas, no a través de la generación de más deuda. Lo que se señala es
que los países industrializados centrales mantienen una deuda ecológica y
climática con el planeta, que debe ser resarcida a los países periféricos, de
donde la riqueza fue extraída y que ya estamos enfrentando con menos recursos
los efectos del cambio climático.
Dicho esto, es inevitable
preguntarse: estas reformas estructurales, y otras muchas que se requieren,
¿son posibles bajo un gobierno abiertamente neoliberal, liderado por un
integrante de una de las familias más ricas del país, con vínculos con el
actual presidente Guillermo Lasso que, a su vez, parece tener vínculos con el
narcotráfico? Y es que, aunque el candidato Noboa haya manifestado su simpatía
por la consulta por el Yasuní, las propuestas aquí presentadas van en la
dirección diametralmente opuesta a sus ofertas de campaña, plagadas de desdén
por lo público y afán privatizador. Por otro lado, pese al largo historial de
autoritarismo del correísmo y su poco afán en pensarse otro modelo no basado en
el extractivismo de petróleo y minerales, o de construir puentes con los
sectores de izquierda otrora dinamitados, la candidata González ha planteado
ciertas líneas ideológicas en el sentido contrario a Noboa, por la recuperación
de la educación y salud públicas, destrozadas por los gobiernos sucesivos de
Moreno y Lasso, la protección del Instituto Nacional de Seguridad Social, el
combate a la narco inseguridad y el señalamiento de las grandes fortunas como
responsables de la crisis.
Por supuesto, es comprensible el
miedo al retorno del correísmo al poder ejecutivo. No olvidamos los eventos de
violenta represión en Dayuma, Saraguro, Nankintz y Tsutnsuim, los 10 Luluncoto.
No olvidamos la reticencia obtusa a pensarse un país sin extractivismo de
ningún tipo. El correísmo debe rectificar, reconocer las heridas que provocó,
dejar de replegarse sobre sí mismo. La esperanza está puesta en la izquierda
dentro del correísmo y en los cuadros jóvenes que se están abriendo paso, a los
que me referí antes. La apertura de la candidata González al triunfo en la
consulta del Yasuní puede leerse en estos términos.
Tampoco olvidamos lo que hace la
derecha, las élites económicas cuando toman el poder político. Lo que
necesitamos es pensar en alianzas de clase. Lo que es imposible con los
millonarios, sean los filántropos luchadores contra el cambio climático o los
herederos de fortunas construidas sobre formas de trabajo esclavo en nuestros
países periféricos, ávidos por seguir sirviendo al arreglo colonial de proveer
trabajo humano y naturalezas baratas a la maquinaria de expolio, como el candidato
Noboa. Perder la capacidad de mirar las diferencias entre unos y otros puede
echar por tierra lo ganado con el triunfo en las consultas.
La pregunta ya no es solo, sobre
quién ponemos el peso de generar divisas para financiar el Estado, si sobre los
pueblos indígenas, negros y montubios, sobre los y las campesinas, sobre los
pueblos en aislamiento y la población no humana del país, o sobre las élites de
rapiña. La situación en Ecuador es tan delicada, que la pregunta es ¿qué
gobierno afectará menos las condiciones mínimas de reproducción de la vida? Y
más allá: con qué gobierno es más posible la recuperación de dinero vía cobro
de impuestos y deudas a las grandes fortunas, la renegociación de contratos
petroleros y mineros, la nacionalización de los recursos. Qué gobierno puede
hacer frente a la desaparición de las decenas de miles de niñes de las
escuelas, de la sumisión del Estado a las redes narco-corporativas, del
sangrado de ecuatorianos y ecuatorianas a través del Darién. https://rebelion.org/
