Martes, 20 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3767 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ – Espinar. Una mina suiza compromete la salud de los aldeanos
en la zona. La publicación de varios informes técnicos acrecienta la inquietud
sanitaria sobre el efecto que tienen los metales tóxicos sobre las comunidades
que viven cerca de un complejo minero en los Andes peruanos. La mina, propiedad
del grupo suizo Glencore, estaría provocando una mineralización tóxica del
medioambiente
PERÚ – Junín. Sedam Huancayo acoge recomendación defensorial y
habilitará en su página web enlace para presentar reclamos
PERÚ – Arequipa. Reservorio llevará agua a dos mil familias de Tiabaya
PERÚ – Cusco. Presidente Francisco Sagasti: Las comunidades de
Cusco exigen reparación integral tras 40 años de actividad minera
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Una mina suiza en Perú compromete la
salud de los aldeanos en la zona
La
publicación de varios informes técnicos acrecienta la inquietud sanitaria sobre
el efecto que tienen los metales tóxicos sobre las comunidades que viven cerca
de un complejo minero en los Andes peruanos. La mina, propiedad del grupo suizo
Glencore, estaría provocando una mineralización tóxica del medioambiente
A más de 1 000 kilómetros de Lima y a medio mundo de
distancia de la sede de Glencore en Zug (Suiza), los habitantes de una de las
regiones más pobres de Perú que viven cerca del complejo minero del grupo
suizo, siguen sufriendo los efectos de la pandemia de COVID-19.
Después de que Perú impusiera una de las estrategias de
confinamiento más duras del mundo, ordenando el cierre de empresas y la
suspensión del transporte interregional por períodos prolongados, muchos de los
habitantes de la región de Espinar se hundieron aún más en la pobreza, al perder
sus empleos en la economía informal. En mayo de 2020, después de que se
registrara el primer caso de COVID-19 en este distrito montañoso del sureste de
Perú, los servicios médicos ya se vieron desbordados, antes de que llegaran las
siguientes olas de contagios, aún más graves, a principios del 2021.
La falta de agua potable, que los habitantes del distrito
de Espinar atribuyen a la mina, ha complicado los efectos secundarios del
confinamiento. Cuando se reanudaron los desplazamientos de forma limitada, solo
los lugareños con parientes que podían viajar a los pueblos cercanos tuvieron
la posibilidad de recibir agua embotellada, dada la ausencia de movilidad que
había en las zonas más aisladas. Todos los demás tuvieron que conformarse con
el agua que tenían disponible.
“Mi hermana trajo agua [embotellada], porque no se puede
beber el agua que tenemos aquí”, decía Yenny Kana Magaño a SWI swissinfo.ch en
junio. Vive en Huisa, una pequeña comunidad próxima a la mina, donde regresó a
la casa familiar tras perder el trabajo que tenía como jornalera en una
provincia vecina. Su familia solía abastecerse de agua en un pozo local. “Pero
el agua prácticamente ha desaparecido. Antes era cristalina; ahora es grasosa y
está llena de sedimentos", denuncia.
Las relaciones entre la comunidad y la explotación minera de
Glencore ya eran tensas antes de la pandemia, como lo demuestra un artículo
sobre Espinar que SWI swissinfo.ch publicó en 2019. Mientras el gigante minero
con sede en Suiza planeaba una expansión de 1 470 millones de dólares (1 350
millones de francos suizos) en la mina Tintaya-Antapaccay, los campesinos
indígenas se quejaban de que las operaciones estaban afectando su bienestar. La
falta de agua limpia y la contaminación por metales tóxicos hizo que los
animales de sus rebaños murieran o abortaran y que la gente enfermara
gravemente.
“El polvo es constante”, refiere Kana Magaño durante una
llamada por WhatsApp, “ensucia el agua, el río y se me mete en los ojos. A veces
llamamos al gerente de la mina. Antes mi madre no decía nada. Pero ya no se
calla."
El complejo minero, situado a unos 4 100 metros sobre el
nivel del mar, se dedica a la extracción sobre todo de cobre, pero también de
plata y oro en la zona. La parte más antigua de la mina se llama Tintaya y ya
ha sido explotada en gran medida. Tintaya se extiende hacia ambos lados de una
de las cuatro cuencas hidrográficas dentro del complejo minero y es una de las
escombreras donde se vierten los residuos de las excavaciones. Otra parte de
los residuos se esparce a lo largo y ancho de toda la propiedad de Glencore que
se encuentra vallada y custodiada por los servicios de seguridad privada de la
multinacional.
Datos inquietantes
En mayo, Amnistía Internacional publicó un estudio, según
el cual los niveles de metal y sustancias tóxicas encontrados en muestras de
agua y en el cuerpo de habitantes de 11 comunidades cercanas a la mina de
Glencore presentaban riesgos importantes para la salud. La investigación,
realizada entre 2019 y abril de este año, encontró elevados niveles de metales
y sustancias tóxicas, como arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio, tanto
en muestras de sangre como de orina, en el 78% de los voluntarios que
participaron en el estudio.
La evidencia científica confirma que la exposición a estas
sustancias tóxicas puede causar desde dolores de cabeza y náuseas hasta graves
daños en algunos órganos, como enfermedades renales, pulmonares o cerebrales, e
incluso la muerte. Los metales también son perjudiciales para la salud de los
animales.
“Este es un primer nivel de evidencia, un primer paso”,
dice Fernando Serrano, responsable de la investigación. Los metales tóxicos
pueden entrar en el organismo a través de la respiración o el consumo de aire,
agua o alimentos contaminados. O simplemente, al tener contacto con polvo
contaminado”, dice el profesor de la Universidad de St. Louis, en Missouri
(Estados Unidos). Sin embargo, Serrano explica que se necesitaría un control
riguroso y constante del agua y el medioambiente durante un largo plazo para
poder realmente determinar la fuente precisa de la contaminación en Espinar.
Si bien realizaron estudios anteriores en respuesta a las
preocupaciones de los residentes, el estudio de Amnistía en colaboración con el
grupo regional de derechos civiles Derechos Humanos Sin Fronteras es la primera
investigación independiente y rigurosa que se ha realizado entre los habitantes
de toda la región afectada según criterios de referencia médica actualizados.
Glencore ha descartado que los rastros de metales en las
pruebas anteriores de agua y animales sean dañinos. Los considera
"normales" en un ambiente rico en minerales. La compañía ha declinado
responder a preguntas específicas sobre el informe de Amnistía que relaciona la
actividad minera con los niveles de desechos tóxicos en el suministro de agua.
“El área de influencia de las operaciones de Antapaccay
incluye los ríos Cañipia y Salado. Ambos poseen agua que se ha mineralizado
debido a la presencia natural de minerales en el suelo. Así lo confirmaron las
autoridades peruanas, entre ellas, la Autoridad Nacional del Agua”, responde
Glencore por correo electrónico a las preguntas de SWI swissinfo.ch.
Casi al mismo tiempo que se publicaba la investigación de
Amnistía, otro estudio realizado por el Ministerio de Salud, que monitoreó el
agua en 13 comunidades cercanas a la mina, llegó a conclusiones similares,
demostrando la presencia de arsénico y otros metales en las muestras de agua
analizadas. Solo en una de las 43 localidades próximas a la mina donde se
tomaron muestras los análisis mostraron que el agua era apta para el consumo
humano.
Exposición tóxica
En 2020, el Ministerio de Salud de Perú emitió una
relevante declaración en la que afirmaba que alrededor de 10 millones de
peruanos estaban expuestos al contacto con metales pesados y otras sustancias
tóxicas; seis de ellos, al arsénico y metaloides, con los riesgos que esto
supone. A su vez, la plataforma preexistente conocida como Estrategia Nacional
de Salud para el Cuidado de la Contaminación con Metales Pesados y otras
Sustancias Químicas identificó a Espinar como una de las áreas más afectadas
donde la población estaba en riesgo de exposición.
Una sentencia dictada en diciembre de 2020 por la Corte
Superior de Cusco ordenó al Ministerio de Salud de Perú que diseñara e
implementara una estrategia de salud pública, exigida un año antes por un
tribunal de Espinar, para atender el problema de la contaminación por metales
pesados en un periodo máximo de 90 días.
El informe de Amnistía condena al Estado peruano por haber
incumplido durante mucho tiempo su obligación de garantizar el derecho a la
salud para las comunidades indígenas cercanas a la mina Antapaccay. También
recomienda que se aplique una estrategia integral de salud pública y ambiental
para hacer frente a la contaminación y la exposición a las sustancias tóxicas,
así como garantizar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para
las comunidades indígenas.
Serrano lamenta que Perú carezca de la capacidad necesaria
para diseñar e implementar un programa de salud dedicado a atender los
problemas relacionados con el contacto con metales tóxicos. "El sistema de
salud está tan dañado -hecho que se hizo patente durante la pandemia, y aún más
en este tema [contaminación por minerales pesados]-, que tendremos que mover
cielo, mar y tierra".
Al analizar la sangre y la orina de las personas para
identificar los cinco metales más tóxicos, Serrano dice que se enfrentan, por
ejemplo, al problema de la gran discrepancia que existe en los valores de
referencia de las regulaciones peruanas con respecto a los estándares
internacionales. "¿Cómo sabemos pues si [los niveles en sangre y orina]
son altos o bajos, si [las personas] están a salvo o en riesgo?”
El desconocimiento por parte de los funcionarios públicos
del riesgo que suponen los mayores niveles de exposición a metales pesados
indigna a Nubia Blanco Pillco, exdirectora de un hospital. “En otros países, si
se registraran estos porcentajes [de metales tóxicos en sangre], la empresa
minera estaría violando la ley y sería sancionada”.
Los funcionarios del Ministerio de Salud y las autoridades
regionales de salud de Perú no han respondido a las solicitudes de entrevistas
por parte de SWI swissfo.ch.
Reparar y compensar
En marzo pasado, el Ministerio de Medio Ambiente inició
otro estudio de muestras de agua y tierra de las áreas cercanas a la mina para
determinar el origen de la contaminación. El Ministerio de Medioambiente no ha
respondido a los múltiples correos electrónicos y mensajes de WhatsApp enviados
para hablar sobre su investigación y otros estudios recientes. En el pasado,
los funcionarios del ministerio, así como los de las administraciones de salud
pública y agricultura, han esgrimido sistemáticamente el mismo argumento de la
empresa minera de que se trata de una contaminación “natural”.
Se espera que los resultados del estudio del Ministerio de
Medioambiente sirvan de base para un plan de reparación y compensación, como lo
exigió el tribunal de Cusco, para las comunidades afectadas por la
contaminación por metales tóxicos.
Serrano, responsable de la investigación de Amnistía, ya
había investigado previamente la contaminación tóxica en el Cerro de Pasco,
otro pueblo minero peruano considerado uno de los lugares más contaminados del
mundo. La explotación minera allí ahora es parcialmente propiedad de Glencore,
tras haber sido gestionada por varias empresas durante sus más de 100 años de
historia. Serrano cree que las discusiones sobre las reparaciones podrían
cambiar las cosas.
“La idea de las reparaciones es nueva, y ahora la tenemos
en un marco legal, en el contexto de la decisión de Cusco. Esto brinda la
esperanza de que, si las comunidades siguen presionando, podamos ver algún
cambio, y eso sería realmente bueno”.
Pero de vuelta en la región de Espinar, los residentes
están cada vez más impacientes y les gustaría poder vivir una vida más
saludable.
"[Glencore] debería venir y verlo con sus propios
ojos", dice Kana Magaño, parada junto a la valla de malla del complejo de
la multinacional, a pocos metros de su casa familiar. “Veo cómo se comercian
[los metales] dentro del país, argumentando que esto genera desarrollo. Pero
creo que al menos deberíamos tener agua potable. Si todo el mundo tuviera agua,
la gente como yo no tendría que irse", dice.
Glencore se ha limitado a responder vía correo electrónico:
"Antapaccay alienta los esfuerzos para mejorar el acceso al agua para las
comunidades rurales y urbanas de Espinar a través de iniciativas de apoyo que
abordan problemas de cantidad y calidad del agua".
La empresa añade que ha invertido en un sistema de riego
para la producción agrícola e infraestructura hidráulica para colectar agua de
lluvia en una presa. “Se prevé que las actividades agrícolas y ganaderas de 10
comunidades diferentes se verán beneficiadas con esta presa”, puntualiza Glencore.
https://www.swissinfo.ch/
Sedam Huancayo acoge recomendación defensorial y habilitará en
su página web enlace para presentar reclamos
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín resaltó la
decisión de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Sedam
Huancayo S. A. de habilitar en su página web un enlace para la presentación de
reclamos de manera virtual, acogiendo así la recomendación efectuada por la
institución para mejorar sus canales de atención no presencial a su público
usuario, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
El pedido defensorial se realizó tras supervisar los
canales de atención de la referida empresa, y constatar que la página web de
Sedam Huancayo carecía de la opción para presentar reclamos. La recomendación
para potenciar la atención no presencial fue expuesta a los representantes de
la empresa en una reunión interinstitucional, en la que también participó la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). La Defensoría
del Pueblo solicitará a la empresa publicar las indicaciones para el
funcionamiento efectivo del enlace
https://www.sedamhuancayo.com.pe/consultaweb/, y que los usuarios puedan
utilizar este canal de reclamación.
Por otro lado, la oficina de la Defensoría del Pueblo en
Junín también advirtió sobre las difíciles condiciones de abastecimiento de agua,
a causa del estrés hídrico que aqueja a la ciudad de Huancayo, y exhortó a la
empresa a brindar soluciones a los reclamos de los usuarios. Sedam Huancayo se
comprometió a realizar de oficio la refacturación en las zonas afectadas por la
falta de agua y que continuará con el abastecimiento de agua a través de
camiones cisterna, publicando el cronograma de distribución en su página web,
Facebook y diversos medios de comunicación.
Asimismo, los representantes de la empresa indicaron que
los spots publicitarios sobre el uso adecuado y racional del agua serán
difundidos a partir del lunes 19 de julio en diversos medios de comunicación,
tradicionales y virtuales, y que los recibos por el servicio de agua que se
distribuyen de casa en casa también contendrán esta información.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín saludó los
compromisos de la empresa y resaltó que estas medidas dan cumplimiento al
artículo 23 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.° 1280, Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que establece
que los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer
el control permanente de la calidad de los servicios que brindan. https://www.defensoria.gob.pe/
Reservorio llevará agua a dos mil familias de Tiabaya
Un aproximado de 2 mil familias, del distrito de Tiabaya,
se verán beneficiadas con la inauguración del reservorio de agua potable del
Pueblo joven San José. Dicha actividad se realizó ayer en la mañana con las
autoridades distritales y los representantes del pueblo joven.
El alcalde de Tiabaya, Miguel Cuadros, detalló que el
reservorio tiene una capacidad de 550 metros cúbicos (m3), además, se instaló
un nuevo sistema de bombas que permitirá dotar del líquido elemento las 24
horas del día a los vecinos de este sector.
La obra tuvo una inversión de un millón 405 mil soles y se
realizó bajo la modalidad de contrata. Con el reservorio, también se podrá
atender a los pobladores que venían captando agua a través de la Planta de
Pampas Nuevas - Tunales.
Los pueblos de Patasagua Alto, Juan Pablo II, Alto Tunales,
Asociaciones el Bosque y 11 de Setiembre también podrán contar con el servicio
con la obra inaugurada.
“Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de las
personas, el proyecto tenía ya tiempo y solo quedaba terminarla y lo hicimos
bajo la modalidad de contrata, con esto también aseguramos la lucha contra
distintas enfermedades”, dijo la autoridad. https://diariocorreo.pe/
Presidente Francisco Sagasti: Las
comunidades de Cusco exigen reparación integral tras 40 años de actividad
minera
A pocos días de concluir el
mandato de la Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños
en nuestras comunidades, nos dirigimos a Usted para expresarle lo siguiente:
Los territorios donde vivimos
son parte de la zona de Expansión minera Coroccohuayco, una de las zonas de la
Unidad Minera Antapaccay.
Pacopata y Huini Coroccohuayco
son comunidades que se desmembraron de la Comunidad de Huano Huano. La empresa
minera compró a Huano Huano más de 400 hectáreas de tierras, incluido el
territorio que ambas comunidades ocupábamos. Este hecho implicó el
desplazamiento de familias de nuestras comunidades, a las cuales se les entregó
montos de entre 60 y 100 dólares por hectárea vendida, que no les permitieron
rehacer sus vidas en otros lugares. Ante el malestar social que esto generó, la
empresa entregó a esas familias, solo en posesión, tierras en los fundos Huara
Huara y Torca, zonas inhóspitas para nuestras actividades campesinas, sin
servicios e infraestructura básica para las familias desplazadas.
Con las tierras vendidas,
nuestras comunidades perdieron zonas de pastoreo y cuando la empresa construyó
el cerco de su propiedad, también perdieron el acceso al río Huano Huano. Desde
entonces, un grupo de familias solo puede acceder a sus viviendas y tierras de
pastoreo y cultivo a través de la garita de seguridad de la empresa minera.
A esos daños se sumaron otros.
En un 70%, nuestras comunidades se abastecen de agua de manantiales. Cuando
empezaron las actividades de exploración para el proyecto Coroccohuayco en el
año 2011, muchos manantes perdieron su caudal o desaparecieron. Además, hasta
la fecha, existe el “túnel de exploración” donde se bombea y traslada agua en
camiones a otras zonas de operación de la mina. Es decir, a diario perdemos
agua y tenemos que soportar el ruido que produce la bomba, 3 a 4 horas al día.
En otras zonas donde los sondajes han sido cerrados, existen afloramientos de
agua. Todo hace pensar que esa agua que brota estaría contaminada, porque
observamos que nuestros animales se enferman cuando la toman. Las dos
comunidades hemos reportado 58 zonas de baja de caudal o pérdida de manantes y
tres zonas de afloramiento de aguas aparentemente contaminadas, sin que seamos
escuchados.
Esto ha significado también
pérdida de pastizales y disminución de ganado, a lo que se suma la pérdida de
mercado para nuestros productos agropecuarios, presuntamente contaminados por
metales pesados. Es decir, todo ello nos ha traído más pobreza.
De la Comisión Multisectorial de
Reparaciones esperamos soluciones concretas a estos problemas, que nos digan
qué pasó con el agua, a dónde se fue, por qué no cierran el túnel de
exploración, si los afloramientos son dañinos o no, y cómo se repondrá el agua
para nuestra población y animales, en cantidad y calidad necesaria. Además,
necesitamos saber qué se hará para reponer la infraestructura común de riego
perdida, y cómo superaremos la limitación para transitar en nuestro territorio.
Nos preocupa qué pasará en el
futuro. Si la exploración dejó todos estos impactos ¿qué ocurrirá durante la
explotación en los próximos años? El EIA semidetallado que se aprobó para la
exploración no evitó los problemas que ahora tenemos. Por eso, cuando se
evaluaba la modificatoria de estudio de impacto ambiental (MEIA) para la fase
de explotación exigimos que se hiciera consulta previa, pero SENACE nos negó
esa posibilidad y el MEIA fue aprobado. ¿Quién es el garante de nuestros
derechos? Nos sentimos realmente desamparados.
Estando en una mesa de diálogo
donde se ofrece como reparación solo medidas de control y a lo sumo proveer de
agua de consumo humano a algunas comunidades, consideramos que ello es
totalmente insatisfactorio. Necesitamos que se reponga o compense lo que
perdimos.
El desarrollo del país no puede
basarse en la destrucción de los medios de vida de las comunidades campesinas
originarias como viene ocurriendo. Es inhumano hacerlo, por lo tanto, exigimos
respeto a nuestros derechos y una reparación digna, justa e integral. https://cooperaccion.org.pe/