7/12/22

Hidroboletín Fentap 4108: PERÚ - Sedapal se declara sin almacenamiento suficiente para abastecer de agua a Lima y Callao: es el registro más bajo en seis años

 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 – Año XV – Edición 4108 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Sedapal se declara sin almacenamiento suficiente para abastecer de agua a Lima y Callao: es el registro más bajo en seis años

La empresa estatal detalló que, al cierre de noviembre, tenía previsto almacenar 130 millones de metros cúbicos (MMC); sin embargo, solo se ha logrado acopiar 102.5 MMC, 21.5 % menos de lo habitual   

La ausencia de lluvias en la sierra central del país ha despertado la alerta del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que este martes se declaró sin almacenamiento promedio para abastecer de agua a Lima y Callao.

La empresa estatal detalló que, al cierre de noviembre, tenía previsto almacenar 130 millones de metros cúbicos (MMC); sin embargo, solo se ha logrado acopiar 102.5 MMC, 21.5 % menos de lo habitual.

El almacenamiento ha tenido una tasa promedio de descenso mensual de 30 MMC y es la cifra más baja registrada en los últimos seis años, según Andina.

Asimismo, los pronósticos estiman que, para la época de caudal más bajo (entre mayo y noviembre de 2023), los niveles de almacenamiento serían menores a 282 MMC (capacidad total), por lo que se deberán tomar medidas preventivas para cuidar el recurso hídrico.

Frente a este panorama, Sedapal lanzó la campaña “Hora de valorar el agua”, que busca concientizar a la población a cambiar hábitos y evitar el abastecimiento de agua potable en los hogares de la capital, como ya ocurre en Cusco y Cajamarca.

Asimismo, la empresa trabaja en coordinación con la Autoridad Local del Agua (ALA) para el control y regulación de los caudales, además del monitoreo constante a las bocatomas ubicadas en La Atarjea, a fin de asegurar las reservas para Lima y el Callao.

Emergencia en el sur

La semana pasada, el Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en 111 distritos de las sureñas regiones de Arequipa y Puno ante un “peligro inminente de déficit hídrico” por la ausencia de lluvias que afecta la sierra.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo decretó esta medida para ejecutar “acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

La norma indica que la medida responde a las solicitudes de las autoridades regionales de Puno y Arequipa debido al déficit hídrico que afecta principalmente a sus agricultores.

“Los agricultores de varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Arequipa y Puno se encuentran expuestos ante el peligro inminente de déficit hídrico, toda vez que los recursos hídricos disponibles no alcanzarían para satisfacer la demanda para siembra o regadío de sus cultivos”, se lee en el documento.

La norma sostiene que, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), “la magnitud” de la situación y la fata de capacidad de respuesta de las autoridades regionales demanda la adopción de medidas urgentes y una intervención “técnica y operativa” por parte del gobierno nacional.

Los 111 distritos declarados en emergencia corresponden a las 14 provincias de Caravelí, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo y Sandia. https://www.infobae.com/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Protestan cerrando calles ante desabastecimiento de agua

Con sus baldes, timbos, ollas en media pista y cerrando la calle, la mañana de ayer viernes, los vecinos de la cuadra 4 del jirón Ricardo Palma, protestaron exigiendo el abastecimiento de agua, debido que hace 6 días no cuentan con el servicio, hecho que indignó a algunos transeúntes y conductores de vehículo que increparon a los moradores de la zona por obstaculizar la calle, indicándoles que esta protesta lo debería realizar en Emapa y no cerrando la vía pública.

Martitha Isminio Upiachihua, vecina del lugar señaló que son 6 días que se encuentra sin agua, el cual no les permite cocinar sus alimentos, no tienen con qué bañarse y realizar la limpieza de sus servicios higiénicos, esta situación hace incluso a las personas de la tercera edad y los niños sufran más con la falta de agua.

Por su parte Victoria Espinoza, moradora del lugar, indicó que es una pena que estando en plena ciudad este sufriendo el desabastecimiento de agua y lo peor de todo es que Emapa San Martín, les cobra puntales y si se olvidan de pagar dos meses inmediatamente les cortan exigiendo un pago adicional de 60 soles para reconexión, sin embargo, para dar el servicio es pésimo, a esto se suma la falta de presión con las que les brinda el agua en donde incluso, ni juntar un balde agua pueden.

Finalmente, Armando Pérez Arévalo, vecino del lugar, manifestó que desde que comenzaron a sufrir el desabastecimiento del servicio de agua, han buscado diferentes formas de poner en conocimiento a los funcionarios de Emapa San Martín, sin embargo, pese a las llamadas en los números de teléfono que brinda para emergencia, nadie les contesta y lo peor de todo es que les cortan la llamada al no saber a dónde acudir, determinaron tomar esta acción esperando ser escuchados y les dé una pronta solución.

Jefe de operaciones de Emapa SM, asegura que fuga no visible afectó a varios sectores, entre ellos Ricardo Palma, cuadra 4.

Ante el reclamo de los vecinos de la cuadra 4 del jirón Ricardo Palma, que incluyó el cierre de la calle, el gerente de operaciones de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima, administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, Manuel Ramírez García, señaló que hace una de días venían teniendo baja presión de agua, comenzando a realizar la verificación de toda las líneas de servicio, logrando encontrar en la cuadra 4 del jirón Alfonso Ugarte, una fuga no visible, por lo que procedieron a realizar el trabajo debido a que es una tubería de más de 8 pulgadas que abastece al sector 1256, es decir abastece toda la ciudad y barrio Huayco , esperando que horas de la noche se restablezca el servicio.

Asimismo, el funcionario, indicó que al tener conocimiento sobre esta protesta y tener la infracción exacta de lo que ha pasado con el abastecimiento de agua,

inmediatamente viene coordinando para mediante cisternas se pueda brindar el servicio hasta que la reparación de la tubería de 8 pulgadas, e incluso no es el único sector porque tienen información que algunas instituciones educativas se encuentran en las mismas condiciones por lo que priorizarán los sectores para que puedan contar con el líquido elemental.

Finalmente, Manuel Ramírez, manifestó que al respecto a los problemas de las llamadas, dijo que, al parecer, al no ser el único sitio afectado, la línea móvil aparentemente ha colapsado, por lo que pidió disculpas a los moradores afectados, dejando en claro que después de mucho tiempo hubo este problema. https://diariovoces.com.pe/

 


Buscan solucionar contaminación del río Moche

Ante la excesiva contaminación de las aguas del rio Moche, los comuneros y representantes de los gobiernos regional y nacional, participan en la mesa técnica que atiende la problemática de la contaminación del emblemático río.

De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de facilitador de la citada mesa técnica, se realizó una reunión el último viernes 2 de diciembre en Trujillo, donde los representantes del Ejecutivo presentaron los avances para solucionar problemática de la contaminación del río Moche.

Piden intervención

De acuerdo al acta firmada en el auditorio del Colegio de Biólogos de La Libertad, el 29 de noviembre 2022, la comunidad solicitó que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Gobierno Regional, informen sobre las acciones que realizan por la presencia de la actividad minera ilegal e informal en la zona de Quiruvilca, Samne y Salpo.

Como parte de la agenda, diferentes representantes del ejecutivo informaron los avances de actividades en los planes específicos, de acuerdo a los compromisos asumidos por cada sector. Así, el Ministerio del Ambiente (Minam) reportó la implementación de estaciones de monitoreo en lo largo de la cuenca y la OEFA sobre el reporte de avances del plan de supervisión y fiscalización de la ex unidad minera Quiruvilca.

En tanto, la Dirección General de Minería del Minem explicó sobre el convenio de transferencia entre Activos Mineros S.A.C. y dicho sector, para el cierre de la ex unidad Quiruvilca. Por su parte, la ANA mostró los resultados del monitoreo de la calidad del agua, identificación de fuentes contaminantes en la cuenca del río Moche, así como indicadores de calidad ambiental de los recursos híbridos superficiales en la cuenca.

Minera se pronuncia

A su turno, la compañía Minera Quiruvilca S.A. en liquidación y ATOM presentaron una propuesta sobre una nueva tecnología que podría ser aplicada en el cierre de mina de la ex unidad Quiruvilca. Por último, el MVCS indicó sobre las medidas para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

Las partes también acordaron que la DGM del Minem enviará un proyecto de Decreto Supremo a la Oficina General de Asesoría Jurídica del citado portafolio para el trámite de gestión del refrendo del MEF y su aprobación en el Consejo de Ministros.

En la próxima reunión, la PCM se compromete a presentar la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la Mesa de Técnica por 180 días adicionales (hasta el 31 de mayo de 2023). Asimismo, informará sobre las coordinaciones y acciones que se realizará la Alta Dirección del Ejecutivo para evaluar y analizar los tiempos del estudio que realizará la empresa Activos Mineros SAC (Amsac). La siguiente reunión ha sido programada para la tercera semana de enero 2023.

Por último, el Minem expresó su voluntad a los participantes de continuar monitoreando los acuerdos por parte de la empresa y los diferentes sectores a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) con la finalidad de agilizar la solución a la problemática del río Moche. https://exitosanoticias.pe/

 


HIDROMUNDO

México, inoperante ante creciente contaminación marítima

México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría (ministerio) de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, también llamado Veracruz, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir 254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021.

Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –un aumento de 9,6 %–, y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

IPS constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés, una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

La embarcación, cuyo nombre IPS mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo a IPS desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo a IPS, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 % más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación. https://ipsnoticias.net/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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6/12/22

Hidroboletín Fentap 4107: PERÚ - Desaparece la laguna de Cconchaccota por peor la sequía en los Andes de Perú

 Martes, 6 de diciembre de 2022 – Año XV – Edición 4107 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Desaparece la laguna de Cconchaccota por la peor sequía en los Andes de Perú 

Perú está padeciendo una sofocante sequía que está afectando a su población que habitan los Andes del sureste peruano.

Parada en la puerta de su casa bajo el sol de los Andes del sur de Perú, Vilma Huamaní mira con preocupación cómo la pequeña laguna de Cconchaccota, eje de la vida de su comunidad, se secó hasta quedar convertida en una planicie de tierra resquebrajada y rodeada de pasto amarillento.

Huamaní, de 38 años y madre de cuatro, recordó que en la laguna habitaban truchas, los niños nadaban, los flamencos andinos llegaban volando sobre las montañas y las ovejas bebían de sus orillas. Todo ha desaparecido.

“Totalmente se ha secado”, dijo Huamaní, quien indicó que el periodo de lluvias no ha llegado pese a que solía comenzar en septiembre. La siembra de papa -el único cultivo que crece en su aldea ubicada a 4.100 metros de altitud- se ha retrasado, por lo que sus habitantes creen que podría haber escasez de alimentos en los próximos meses. Estos días los vecinos de Cconchaccota se alimentan con las reservas que poseen del tubérculo que fue deshidratado mediante una técnica de la época de los Incas para sobrevivir durante las hambrunas.

Los expertos afirman que los Andes del sureste peruano soportan su periodo más seco en casi medio siglo. Según datos oficiales a los que accedió The Associated Press, octubre de 2022 tuvo una ausencia marcada de lluvias similar a la del mismo mes de 1976. “Es un valor récord”, dijo Yuri Escajadillo, climatólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, por sus siglas en inglés) -que se usa a nivel internacional para definir sequías en una serie de escalas de tiempo- en octubre se obtuvo un valor de -2 en la región, lo que se califica como “extremadamente seco”.

La falta de lluvias afecta a más de 3.000 comunidades del centro y sur andino de Perú.

En Cconchaccota no hay agua potable, desagües, ni telefonía pese a que la región a la cual pertenece recibió 50.4 millones de dólares en lo que va del año por la explotación de una cercana mina de cobre, la novena más grande del mundo llamada Las Bambas. Los pedidos de auxilio a las autoridades, por más de dos meses, no tuvieron respuesta.

Entonces Grisaldo Challanca, un joven campesino local, usó su celular para grabar videos, editar y preparar un reportaje sobre la sequía que luego publicó en una página de Facebook. Challanca recordó que tuvo que subir a 4,500 metros de altitud para conseguir conexión a internet.

Las radios rurales de los Andes y una televisora nacional prestaron ligera atención a la sequía. La tardía respuesta de las autoridades regionales recién llegó la semana pasada con la entrega de paquetes de avena forrajera para el ganado ovino, vacuno y los camélidos sobrevivientes.

En un recorrido reciente por la comunidad, AP observó ovejas muertas en las mesetas con escaso pasto amarillo y corderos tan débiles que apenas podían sostenerse en pie. John Franklin Challanca, un pastor de 12 años, relató que su familia acumula medio centenar de ovejas muertas. “Los animales están puro hueso”, dijo sobre las que aún están vivas.

La semana pasada hubo una lluvia leve, la segunda después de casi ocho meses, y todos los comuneros sacaron sus cuencos para juntar algo de agua. Pero las gotas levantaron polvo al caer sobre los terrenos y a la mañana siguiente el fuerte sol de los Andes había evaporado la escasa humedad del suelo.

Los vecinos toman agua para su consumo de un manantial que en ocasiones se seca en una zona cercana llamada Almachayoccpata, donde está el cementerio local.

La falta de agua siempre ha perseguido a Vilma Huamaní, quien junto a su familia llegó en 2020 a Cconchaccota desde Lima -la segunda ciudad más grande del mundo en medio de un desierto después de El Cairo- huyendo del COVID-19. En la capital vivía en un cerro sin acceso al agua potable, pagaba en promedio seis veces más que un hogar que sí está conectado a la red de distribución y su consumo diario ni siquiera alcanzaba el mínimo de 100 litros recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

“Día a día pido, ojalá que caiga la lluvia... cuando hay lluvia crecen los pastos, la papa”, dijo Huamaní. Su marido, ausente, encontró un trabajo en la minería artesanal de cobre que ha brotado en los Andes por el alto precio del metal rojo, del cual Perú es segundo productor mundial.

La falta de lluvias en parte de los Andes está relacionada con el fenómeno de La Niña, que golpea a la zona en 2022 por tercer año consecutivo, según la agencia metereológica de Naciones Unidas. La sequía también se ha dejado sentir en Bolivia, Paraguay y Argentina. En este último, hay 22 millones de hectáreas con “sequía severa” y su principal región agrícola es la más afectada, según sus autoridades.

Los campesinos de los Andes en diversas regiones de Perú y Bolivia elevan sus plegarias pidiendo lluvias. Los rezos se realizan a orillas del lago Titicaca, que comparten ambos países, o en cerros a quienes los pobladores indígenas consideran dioses. El domingo, en la plaza de armas de Cusco durante las danzas campesinas en honor de la más famosa peregrinación local -Señor de Qoyllur Rit’i o la Estrella de Nieve- también rogaron por lluvias.

“Estamos pidiendo la misericordia de Dios para que llueva... que nos perdone algún pecado”, dijo Francisco Huamán, un campesino y flautista de la aldea Carpapampa, en la provincia de Paucartambo.

En la única iglesia evangélica de Cconchaccota, Rossy Challanca comentó que la sequía era un castigo “por los pecados del hombre” y una señal clara del fin del mundo que iba a llegar pronto junto a pestes, guerras y hambrunas.

Pero para los expertos la laguna pudo haberse secado porque tenía menos de un metro de profundidad, dependía exclusivamente del agua de lluvia y está sometida a una fuerte radiación solar con gran pérdida de agua debido a la evaporación.

Wilson Suárez, profesor de hidrología de montaña y glaciología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Perú, indicó que todas esas características constituyen “un cóctel ideal” para que se sequen las pequeñas lagunas en las zonas altoandinas. “Con medio metro de profundidad, va a estar siempre sometida a la radiación, con gran pérdida por evaporación”, dijo.

Suárez, quien también es investigador del Senamhi y estudioso de los Andes del sur, destacó que la pérdida de la laguna provoca “un impacto económico” en los campesinos de la comunidad a los que durante años el espejo de agua les garantizó la hidratación de su ganado.

“Esto les tiene que poner sobre aviso de que los tiempos están cambiando”, comentó Suárez. “Una sequía no es fácil de manejar... el clima está cambiando”, sostuvo. Por Frankiln Briceño The Associated Press. https://vanguardia.com.mx/

 


HIDROREGIONES PERÚ

El lago Titicaca: paraíso de contrabandistas entre Perú y Bolivia

El lago Titicaca, que reposa en lo alto de la cordillera andina entre Perú y Bolivia, tiene diversos significados para muchas personas. El centro del cosmos, la legendaria cuna del imperio Inca y uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo.

Hoy, el lago es un caleidoscopio de diferentes economías criminales, desde el tráfico de narcóticos hasta el de ranas.

Los gobiernos de ambos países han tenido poco éxito en contener los crecientes volúmenes de carga ilegal después de la pandemia de COVID-19. Las autoridades de los dos lados de la frontera se enfrentan a duras condiciones por la dificultad de eliminar la condición histórica del lago como paso de contrabando.

Lo más sorprendente no es tanto la cantidad de mercancía ilegal que pasa de un lado para otro, sino la variedad. Desde combustible, mercurio, vida silvestre capturada ilegalmente, productos agrícolas de contrabando y hasta personas, todas son llevadas ilegalmente por el lago y sus mal vigiladas orillas.

InSight Crime da una mirada a las economías ilícitas claves en el lago Titicaca y las rutas que trazan entre los dos países.

Narcotráfico a orillas del lago

En la población fronteriza de Desaguadero confluyen los cargamentos de cocaína y pasta base de coca para pasar de Perú a Bolivia. En el extremo sur del lago, la población queda dividida hacia la mitad de la frontera por el río Desaguadero.

Una investigación realizada en septiembre de 2022 por el diario boliviano El Deber reveló el papel que juegan decenas de muelles ilegales que rodean el lago en la recepción de drogas y más. Muchos de estos, como el gran muelle de La Carroñera, son utilizados día y noche por los contrabandistas. Muchos de estos están cerca de Desaguadero y están construidos en áreas cubiertas por la planta conocida como la totora, un junco acuático que puede alcanzar alturas de 20 pies y proporcionar una cobertura ideal.

En agosto, por ejemplo, se informó que las autoridades bolivianas decomisaron 27 kilos de cocaína en Desaguadero. Un decomiso similar se dio en julio, y otro en febrero. Aunque la cantidad confiscada sigue siendo baja, la innegable escalada de la frecuencia de alijos de droga en Desaguadero tiene preocupadas a las autoridades.

Muelles ilegales como el de La Carroñera reciben una variedad de contrabando diariamente, pero los cargamentos de cocaína han aumentado desde la pandemia de COVID-19, según comenta Iván Paredes Tamayo, experto en economías ilegales en el lago Titicaca y la región fronteriza aledaña.

Paredes explicó a InSight Crime cómo los contrabandistas amarran la droga a pequeños botes de madera en contenedores herméticos, que permiten el paso sumergido de los paquetes para evitar la detección de los pocos agentes que patrullan el lago.

La coca, producto base para la cocaína, también está en continuo movimiento desde Perú. Muchas veces parte de Sandia, en el departamento de Puno, sobre la ribera oeste del lago. El cultivo ilícito se abre camino por vía fluvial hasta Copacabana y Puerto Acosta en la parte boliviana. De allí, transportadores jóvenes reciben la coca para llevarla a ciudades más grandes, como La Paz, según Público.

El hecho de que la coca peruana se venda por un precio mucho más alto al otro lado de la frontera lleva a que ya sea tradición el flujo oeste-este de las hojas base y del producto elaborado, y Paredes confirmó que la pandemia generó un repunte del uso de estas rutas, pues ambos países tuvieron problemas para disponer efectivos para los controles fronterizos.

Aunque ambos gobiernos han intentado ofensivas de seguridad en el lago Titicaca para detener el flujo de narcóticos, las economías ilícitas del lago tienen un poder de permanencia que les permite resurgir cuando las fuerzas de seguridad salen de la zona.

Contrabando de comestibles

Aunque la cocaína, y su base, la coca, muchas veces sale de La Carroñera, fuentes del ejército mencionaron productos agrícolas, como papas y cebollas de contrabando como los principales bienes que salen del muelle, como informó El Deber en septiembre.

Las papas se han convertido en un pilar del contrabando en la zona, según Paredes. “Entran cada día a todas horas. Pueden verse en los mercados de La Paz, Cochabamba, en todos lados”, afirmó.

Paredes atribuye una vez más las diferencias de precio como el factor que incide en el contrabando de papas. Las papas peruanas son mucho más baratas que el tubérculo boliviano, lo cual ha permitido un crecimiento constante del tráfico más allá de las papas. Esta no es una nueva amenaza, ya que Bolivia se queja con frecuencia del riesgo que el contrabando peruano de alimentos representa para su sector agrícola.

En 2022, las fuerzas militares apostadas en Titicaca incautaron una amplia gama de alimentos de contrabando por agua o por carretera, incluyendo papas, fresas, aguacates y más. Un camión incautado en septiembre contenía más de 100 cajas de alimentos de contrabando de Perú, valoradas en más de US$10.000, según un comunicado de prensa del Ejército de Bolivia.

Y es que, según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), entre enero y marzo de 2022, se incautaron 387 toneladas de alimentos que iban a ingresar a Bolivia de forma ilegal.

Los productos agrícolas de contrabando se dirigen por lo general desde Perú hacia mercados del extremo este, aunque algunos terminan en mercados de contrabando bien establecidos, como Virupaya en Puerto Acosta. En la zona también se ha incautado carne de res y cordero, lo que muestra la variadísima gama de mercancías de contrabando que atraviesa el lago, como dijo a La Razón el viceministro de lucha contra el contrabando.

Histórico contrabando de combustible

En este caso el flujo se revierte. Los contrabandistas locales han usado por años estas rutas para el tráfico de diésel y gasolina de contrabando desde Bolivia a Perú, aprovechando los grandes subsidios sobre los precios de los combustibles en el primer país.

En octubre de 2022, la Marina boliviana decomisó 200 litros de gasolina, junto con una variedad de dos barcos veleros y 10 cabezas de ganado, según información de El Día Digital. Las operaciones ocurrieron en la orilla este del lago, en Bolivia, y señalan la continuación de operaciones de contrabando tradicionales en el lago. En 2014, La Razón documentó la existencia de rutas de contrabando de combustible que salían de La Paz y terminaban en las poblaciones fronterizas de Virupaya, Jankho Jankho y Patacaile.

Cada uno de estos mercados sigue en operación hasta el día de hoy, y se dice que atienden cada miércoles y sábado, con una amplia gama de productos ilícitos. Según El Deber, varias familias “trabajan exclusivamente en el contrabando de combustible, por lo general contenedores de diésel y gas licuado”. Paredes comentó a InSight Crime que la total falta de control en la zona permite que estas pequeñas mafias operen con libertad, tal como lo han hecho por años.

La prevalencia del contrabando de combustible no solo se debe a la falta de control fronterizo, sino nuevamente a un sencillo principio económico. Paredes dijo a InSight Crime que las garrafas de gasolina que salen de Bolivia pueden venderse en tres veces su precio original en Perú, y más en algunos lugares. En Desaguadero, por ejemplo, “una garrafa de gasolina puede costar hasta US$14,42 y aquí [en Bolivia] puedes conseguirla por US$3,17”, señaló Paredes.

Además, el contrabando de combustible permite a otros traficantes evitar el riesgo de lavado de dinero por su alto precio en Perú. Paredes citó ejemplos de trueque en la zona aledaña al lago Titicaca, donde se cambian drogas por combustible de contrabando. Este tráfico no es posible con todos los productos ilícitos que circulan en el lago, pero tanto la cocaína como la gasolina son lo suficientemente costosos para facilitar este intercambio y permiten a las organizaciones criminales evitar los riesgos del lavado de dinero.

El nexo entre la trata de personas y la minería ilegal

Las rutas de trata desde Bolivia no se limitan a la exportación de combustible. Al parecer desde Puerto Acosta, las mafias locales llevan a mujeres y menores de edad bolivianas hasta la frontera con Perú. En el extremo noroeste del lago, la vía Juliaca-Moho ofrece una ruta para los camiones que llevan las víctimas al otro lado de la frontera hacia la población de Juliaca.

Estas mujeres y niñas menores de edad son enviadas, a veces en contra de su voluntad o bajo falsos pretextos, para ser explotadas sexualmente en puntos ilegales de minería de oro como Madre de Dios y Puno en Perú.

Los cruces fronterizos son fáciles para los tratantes de personas por los controles mínimos en la parte boliviana. Según el reporte de El Deber, los vehículos cruzan sin pasar por la Oficina de Migración y en cuestión de 15 minutos ya están en Perú. De este lado, hay más control, pero sigue siendo escaso.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, las denuncias de trata y tráfico de personas en el país se han incrementado en un 8,1% entre 2021 y septiembre de 2022. El mismo comunicado cita cifras de la Policía Boliviana Nacional, que señalan que, del total de personas que caen en estas redes, el 63% son mujeres y de estas, el 43% están entre los 11 y 20 años.

Una nueva investigación del medio de investigación peruano OjoPúblico también ha revelado la magnitud del tráfico de mercurio desde Bolivia a las minas ilegales en Perú. En 2021, el Ministerio de Minas y Metalurgia de Bolivia estimó que el 26,9% de todo el mercurio, o unas 52 toneladas, enviado al Perú, estaba destinado a la extracción ilegal de oro. Una vez más, Desaguadero está en el corazón de este comercio, con los contrabandistas de mercurio utilizando muelles cerca de la ciudad, en el lago, o cruzando hacia Perú a través del río Desaguadero. Las autoridades de Perú dijeron a OjoPúblico que habían encontrado mercurio de contrabando por personas que lo llevaban en mochilas o en maletas.

Ranas y peces bajo amenaza

El lago Titicaca también es la región de la Rana Gigante, una especie que se encuentra en la lista de especies amenazadas y que está protegida por la ley en Perú. Sin embargo, según reportan los medios locales, la rana se usa en todo Perú “para la preparación de caldos, brebajes y extractos debido a que se le atribuyen propiedades medicinales no comprobadas científicamente”, como escribió Inforegión, medio especializado en medio ambiente.

Aunque el tráfico de ranas no parece tener una escala comparable al tráfico de alimentos o narcóticos, sí goza de amplia difusión en todo Perú. Se han reportado decomisos de ranas gigantes del lago Titicaca en Arequipa, Puno, Ate e incluso en vías a abastecer mercados internacionales de mascotas, como detalló Extinción Animal.

En mayo pasado, se confiscó un camión lleno de 1.750 ranas cuando se dirigía a Lima. Embutidos en cajas de madera, los anfibios fueron hallados por funcionarios de aduanas antes de ser entregados al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para su rehabilitación. El Serfor estima que entre 2012 y 2019, se decomisó un total de 15.000 ranas traficadas ilegalmente, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente de Perú confirmó que, en el mismo periodo de tiempo, la rana gigante fue uno de los animales más traficados del país.

Las poblaciones de peces en el lago también han sido presa de la depredación desbordada llegando o acercándose a la extinción, según informó El País. Aunque se aplican vedas de pesca por temporadas, estas son ignoradas por pescadores desesperados por extraer poblaciones de peces cada vez más escasos en un círculo vicioso. El problema se agrava, al parecer, por el hecho de que las restricciones de tamaño implementadas para favorecer los ciclos reproductivos y prevenir la merma de las poblaciones también se han ignorado por años. https://www.servindi.org/

 


Población que habita el alto Nanay denuncia afectación a su fuente de alimentación

La población que habita el alto Nanay en la provincia de Maynas, denunció que su principal fuente de alimentación el río Nanay, se contamina cada día debido a la presencia de dragas ilegales que arrojan desperdicios químicos al agua con la intención de sustraer oro del fondo del agua, hecho que aún no fue frenado por los encargados de valar por la seguridad en la zona como la Policía Nacional del Perú o la Marina de Guerra del Perú.

El señor Luis Aricara, representante de la comunidad Diamante Azul, señaló que ahora en sus cochas y tahuampas, no pescan la misma cantidad de pesces que la de años anteriores, a las que calificó de abundantes y suficientes para la comercialización y la alimentación de sus familias.

“La presencia de las dragas hace que los peses dejen de habitar toda esta zona, porque no buscan oro solo en el río también van a las quebradas y a las cochas, eso nos afecta muchísimo” comentó el señor Aricara.

Pese a la falta de atención de las autoridades, el señor Aricara, manifestó que iniciaron una labor de coordinación con los representantes y comuneros de otros pueblos para comenzar con la detención de personas que surcan el río para llevar insumos a quienes laboran en estas dragas.

El profesor José Manuyama, activista ambiental de Loreto, expresó que desde el año 2019, denunciaron la presencia de dragas ilegales, pero hasta a poco de terminar el año 2022, no evidencia una acción eficiente de los encargados de administrar justicia en acabar con esta mafia que además de contaminar, también llevó otros delitos hasta el alto Nanay.

Para la población que habita esta zona, existen alrededor de 100 dragas ilegales a lo largo de todo el río Nanay, que de manera continua realizan labores de extracción de oro y contaminan el agua que termina en el río Amazonas, pero antes es succionada por la empresa SedaLoreto para abastecer a más de 500 mil habitantes de la ciudad de Iquitos.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, realizó hasta ocho operativos denominados “Tahuampa del Nanay”, en la que, con participación de otras instituciones del Estado, detonaron dragas ilegales e incautaron material para su investigación, la cual hasta el momento no consiguió dar con la identificación e inicio de proceso judicial contra quienes lideran esta organización.  https://diariolaregion.com/

 


HIDROLABORAL

Personas con discapacidad: ¿Cuáles son sus derechos laborales y qué obligaciones tienen las empresas?

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las personas con discapacidad, que, de acuerdo con el Reporte del Mercado Laboral de las Personas con Discapacidad en el Perú realizado por el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, representan aproximadamente el 5% de la población nacional.

Según el citado informe, aproximadamente 1’175,000 peruanos que cuentan con discapacidad se encuentran en edad de trabajar y el 44.4% de estos contó con empleo durante el 2021.

“Es importante que las personas con discapacidad conozcan la legislación actual y, por lo tanto, sus derechos. Y en el caso de las empresas, es clave que tengan claro sus obligaciones, con el fin de que puedan contribuir con el acceso al empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, además de evitar multas”, señala Natalia Orrego, asociada senior del área laboral del Estudio Olaechea.

¿Cuáles son las obligaciones de las empresas?

La norma vigente reconoce el derecho de toda persona con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, con igualdad de oportunidades y de remuneración por un trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Además, indica que las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3%.

“Adicionalmente, las personas con discapacidad tienen derecho a que el empleador realice ajustes razonables en el lugar de trabajo, entendiéndose por estos aquellos que no supongan una carga económica excesiva, de acuerdo con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo”, comenta Orrego.

La abogada laboralista explica que uno de los criterios que se toma en cuenta es que los ajustes razonables no impliquen la paralización del ciclo productivo de forma que se ponga en riesgo el cumplimiento de las metas productivas de la empresa, lo que podrá acreditarse, según sea el caso, con el estado de ganancias y pérdidas, con proformas o cotizaciones de los proveedores que se requieran para implementar los referidos ajustes, entre otros.

Cumplido ese criterio, algunos ajustes razonables que pueden citarse son: ingresos que permiten el tránsito de sillas de ruedas, archiveros y escritorios adaptados a la altura de éstas, perillas de puertas ergonómicas o sistemas de alarmas para prevención de caídas en servicios higiénicos, entre otros.

De otro lado, existen también incentivos para las empresas, como, por ejemplo, la deducción adicional del impuesto a la renta de tercera categoría sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, así como sobre los gastos por ajustes razonables.

Según el Ministerio de Trabajo, al 2021, la mitad de los trabajadores con discapacidad laboran en empresas de 101 a más trabajadores. Y el 33% lo hace en empresas de 1 a 10 trabajadores, pese a que estas no están obligadas a ello. Adicionalmente, existen 446 empresas promocionales, en las que las personas con discapacidad representan el 30% de la fuerza laboral.

Fiscalización y sanciones

La Sunafil es la entidad que se encarga de la supervisión del cumplimiento de las normas laborales y ante la cual las personas con discapacidad que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden presentar sus denuncias por vía telefónica o por la plataforma digital creada para tal fin.

De acuerdo con la experta, las empresas de más de 50 trabajadores que no cumplan con la cuota obligatoria de empleos para las personas con discapacidad pueden, según la norma, recibir multas que pueden llegar hasta los S/ 69,000 (15 UIT).

“En general, existe una buena disposición de promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es importante que ello se mantenga, crear conciencia sobre las diferentes capacidades que tenemos las personas y trabajar en la integración y la no discriminación”, finalizó. https://gestion.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

5/12/22

Hidroboletín Fentap 4106: "Nuestro futuro es público: Declaración de Santiago por los Servicios Públicos". FENTAP participó en esta conferencia realizada en Chile

 Lunes, 5 de diciembre de 2022 – Año XV – Edición 4106 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

"Nuestro futuro es público: Declaración de Santiago por los Servicios Públicos"

Santiago de Chile, 2 de diciembre de 2022

Nos encontramos en una coyuntura crítica. En un momento en que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, desde la emergencia medioambiental hasta el hambre y la explosión de las desigualdades, pasando por el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo y la crisis en el costo de vida, se van gestando respuestas colectivas. Un gran movimiento social está tomando forma, proponiendo soluciones concretas. Cientos de organizaciones de todos los sectores de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y los servicios sanitarios hasta la asistencia, la energía, la alimentación, la vivienda, la protección social, el transporte y el agua, están confluyendo para hacer frente a los efectos nocivos de la comercialización de los servicios públicos, para reclamar el control público democrático y para reimaginar una economía que funcione para las personas y el planeta. Exigimos el acceso universal a los servicios públicos de calidad como base de una sociedad justa y equitativa.

La comercialización de los servicios públicos y la mercantilización de toda la vida han desarrollado y afianzado las disparidades de poder, poniendo las ganancias y la corrupción por encima de los derechos de las personas y del bienestar ecológico y social. Esta mercantilización de los servicios públicos afecta negativamente a los trabajadores, a los usuarios y a las comunidades, y sus efectos negativos recaen de forma desproporcionada en aquellos que históricamente han soportado la carga más pesada. La devaluación del estatus social de los trabajadores de los servicios públicos, el empeoramiento de sus condiciones laborales y los ataques contra sus sindicatos son algunos de los retrocesos más preocupantes de nuestro tiempo y una amenaza para nuestros espacios colectivos. Los impactos desiguales de esta devaluación de lo público están profundamente relacionados con la organización patriarcal de la sociedad, en la que las mujeres, como trabajadoras, absorben los choques sociales. Ellas son las primeras en sufrir los recortes del sector público, perdiendo el acceso a los servicios, las oportunidades de trabajo decente y enfrentándose a una creciente carga de trabajo de cuidado no remunerado.

El marco político común de la colonialidad nos ayuda a reconocer las estructuras y mentalidades que históricamente han construido y siguen impulsando la desigualdad económica, la injusticia y la austeridad, que han dejado a los servicios públicos crónicamente desfinanciados durante décadas. La economía neoliberal, magnificada por el actual modelo de hiperglobalización, se define por perpetuar la extracción, el control, la dependencia, el patriarcado y la actual división global del trabajo, impactos que afectan desproporcionadamente al Sur Global.

Los recortes de austeridad en los presupuestos y en el personal del sector público están impulsados por una mentalidad ideológica compartida por el Fondo Monetario Internacional y muchos Ministerios de Finanzas que sirven a los intereses de las corporaciones por encima de los de las personas. Las injusticias tributarias, a nivel nacional e internacional, permiten enormes desigualdades en la acumulación y concentración de ingresos, riqueza y poder entre y al interior de los países. La financiarización de un creciente número de actividades y del sector público fortalece el poder de quienes detentan la riqueza y socava la democracia.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de XX países, incluidos movimientos de base, organizaciones del mundo de desarrollo y de los derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, y de forma virtual, para debatir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro.

Esta reunión se produce tras años de creciente movilización en todo el mundo, a nivel de base y en lo nacional, a escala local y transfronteriza, tanto en zonas rurales como urbanas. Esta ola de movilización llevó a la organización de una serie de eventos pioneros que reunieron a miles de personas en línea, y a la adopción en 2021 del Manifiesto Mundial por los Servicios Públicos.

Nuestro futuro es público

Nos comprometemos a seguir construyendo un movimiento por un futuro público. Uno en el que nuestros derechos fundamentales se garanticen no en función de nuestra capacidad de pago, o del nivel de ganancias que un sistema genera, sino de si nos permite a todos la expansión de nuestro bienestar en sociedades en paz: nuestro buen vivir. Un futuro público es aquel en el que ni las mujeres, ni los pueblos indígenas, ni las personas con discapacidad, ni la clase trabajadora, ni los antiguos países colonizados soportan una carga injusta y desigual en nuestras sociedades.

Es fundamental saber a quién pertenecen nuestros recursos y nuestros servicios. Un futuro público significa garantizar que todo lo esencial para una vida digna esté fuera del control privado, y bajo formas descolonizadas de control colectivo, transparente y democrático. En algunos contextos, esto significa intervenciones locales, regionales o nacionales decisivas por parte del Estado. En otros contextos, esto significa fortalecer las organizaciones populares, incluidos los sindicatos, y ampliar los espacios de autogobierno, los bienes comunes y el control colectivo y comunitario de los recursos. Asociaciones público-públicas o público-comunitarias caben en este escenario, pero no asociaciones público-privadas que sólo sirven para extraer recursos de lo público para intereses privados.

Un futuro que es público también significa crear las condiciones para permitir sistemas de producción alternativos, incluyendo la priorización de la agroecología como un componente esencial de la soberanía alimentaria. Para ello necesitamos recuperar el control de los procesos de toma de decisiones y de las instituciones frente a las actuales formas de captura corporativa para poder decidir para qué, para quién y cómo proporcionamos, gestionamos y poseemos colectivamente los recursos y los servicios públicos.

El futuro público no será posible sin emprender una audaz acción colectiva a nivel doméstico en favor de reformas fiscales y económicas ambiciosas, progresistas y transformadoras de la desigualdad de género que permitan ampliar considerablemente la financiación de servicios públicos universales. Estas reformas deben complementarse con cambios importantes en la arquitectura de las finanzas públicas internacionales, así como en la gobernanza fiscal, de la deuda y del comercio, aprovechando las oportunidades que abre la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo y el impulso generado con éxito por los países africanos y otros países del Sur Global hacia una Convención Fiscal de la ONU. La democratización de la gobernanza económica hacia procesos verdaderamente multilaterales es fundamental para contrarrestar el poder de las organizaciones neoliberales dominantes y reorientar las instituciones financieras nacionales e internacionales hacia la justicia socioeconómica, la sostenibilidad ecológica, los derechos humanos y los servicios públicos.

Un Futuro Público reconoce la necesidad urgente de la solidaridad internacional y de soluciones sistémicas globales, ajustadas a las necesidades de cada contexto. Reclamar un futuro público es un elemento esencial de una transición justa y equitativa, que sitúe a los usuarios y trabajadores de los servicios públicos en el centro, y que nos permita reconstruir un pacto social sostenible para el siglo XXI. 

Pasaremos a la acción

Colaboraremos entre sectores, regiones y movimientos para formular estrategias comunes y nuevas alianzas y articular una convergencia interseccional hacia propuestas conjuntas para una transición feminista y justa frente a la crisis climática, que transforme los sistemas, valorando los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica por encima del crecimiento del PIB.

Trabajando en solidaridad con los grupos de base de todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidad, nos comprometemos a:

-Trabajar de forma transversal y solidaria entre sectores, construyendo nuestro análisis colectivo y apoyando el trabajo y las demandas de los demás.

-Convocarnos mutuamente a reuniones sectoriales y a desarrollar programas y reivindicaciones colectivas.

-Mantener canales de información e intercambio entre nuestras organizaciones, redes y sectores, y continuar fortaleciendo nuestros sectores como pilares fundamentales de un movimiento más amplio.

-Organizar un proceso de autorreflexión y transformación organizativa e interseccional.

-Explorar cómo establecer un espacio virtual colectivo en el sitio Nuestro Futuro es Público para compartir experiencias y tácticas políticas entre comunidades y países.

-Seguir articulando demandas robustas a los responsables políticos en relación con los servicios públicos, las políticas y las inversiones, que puedan tomar forma en compromisos de política, concretos.

-Comprometerse con las autoridades locales y nacionales e internacionales alineadas con la construcción de modelos alternativos de gobernanza.

-Consultar sobre la forma, el alcance y el enfoque que podría adoptar una Comisión Independiente de Servicios Públicos y trabajar juntos para construirla.

-Organizar convocatorias periódicas para reforzar los grupos y movimientos que participan en Nuestro Futuro es Público y estudiar la posibilidad de celebrar otra conferencia mundial en los próximos tres años.

La Conferencia Nuestro Futuro es Público, congregó a más de 400 líderes sociales, sindicales y miembros de la sociedad civil que participaron en paneles, talleres y sesiones abiertas que trataron, entre otros, temas como Justicia Fiscal, Climática y de Género. Iniciativa Global fue parte del comité organizador en alianza con la Internacional de Servicios Públicos y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un mundo más justo.

En este cónclave participó el Lic. Luis Isarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP

 


HIDROREGIONES PERÚ

Piura: vecinos de 2 asentamientos humanos protestan por falta de agua

Los vecinos de los asentamientos humanos San Pedro y Víctor Raúl (Piura) quemaron llantas en el frontis del pozo de agua de San Pedro en protesta por la falta del líquido elemento desde hace más de una semana, lo cual perjudica su salud, especialmente de niños y ancianos.

Ellos solicitan que la Entidad Prestadora de Servicios EPS Grau solucione este problema, el cual —señalaron— se originó cuando los tubos del pozo de agua fueron extraídos como parte de un proceso de mantenimiento. Indicaron que, posteriormente, ningún trabajador llegó al lugar para terminar los trabajos, lo que conllevó a que el material quede abandonado en la vía pública.

“Necesitamos agua, estamos en la quinta ola de la pandemia por COVID-19 y seguimos sin agua. No es posible que ningún trabajador se acerque a la zona para verificar la situación en la que se encuentra el pozo de agua, que ha perjudicado a los asentamientos humanos”, señaló una moradora de San Pedro.

Asimismo, manifestaron que, durante estos días, la empresa a través de una cisterna abasteció del líquido elemento a las familias, aunque las condiciones no habrían sido las adecuadas, por lo que constituyó un riesgo para la salud de la población.

Al respecto, la EPS Grau, a través de un comunicado informó la paralización del pozo San Pedro; ello debido a fallas registradas en el motor de dicha infraestructura sanitaria, por lo cual ya se están coordinando los trabajos de mantenimiento respectivos para que pueda reanudar operaciones a la brevedad.

Los representantes de la empresa indicaron que, como parte de estas acciones, se realizará el desmontaje de los equipos de la mencionada fuente de agua, para determinar con exactitud la causa y magnitud del problema, y proceder luego con los trabajos de reparación que correspondan. https://larepublica.pe/

 


Gestión ambiental en humedales costeros de Pisco

La provincia de Pisco posee un complejo sistema de humedales costeros, que incluyen lagunas costeras, albuferas, oasis, salinas y gramadales, que se localizan tanto adyacentes al litoral, como en las márgenes derecha e izquierda del río Pisco. Este sistema brinda importantes servicios ecosistémicos que incluyen proteger las costas contra tsunamis, servir de barrera natural ante precipitaciones intensas y ante la erosión, almacenar agua, y constituir importantes sumideros de carbono, además de brindar espacios para el ecoturismo y la educación en ecología, entre muchos otros.

Los humedales costeros de Pisco presentan una serie de problemas vinculados, principalmente, al desarrollo urbano acelerado y el crecimiento de la agroindustria y sus impactos en la valorización del suelo que promueve la destrucción y/o relleno de humedales, situación que se ve agravada por factores como el cambio climático. La gestión de estos ecosistemas frágiles requiere entender a los humedales como piezas dentro de un sistema mayor, donde es clave estudiar los procesos e interacciones entre sistemas humanos y naturales en diferentes escalas espaciales y temporales, que incluya tanto información sobre el territorio, los factores bióticos y abióticos que componen el ecosistema, los sistemas de gobernanza –formales e informales– existentes, así como los diversos usuarios de los servicios ecosistémicos. Todos estos aspectos forman parte del enfoque de sistemas socio ecológicos (SSE), que permiten una mirada integral a la compleja problemática de Pisco.

Para completar la falta de información sobre el territorio, instituciones de investigación como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vienen haciendo uso de metodologías no convencionales, que permiten complementar y afinar los resultados obtenidos por métodos tradicionales que a menudo incluyen extensos trabajos de campo. Estas metodologías incluyen el levantamiento de información topográfica mediante fotogrametría aérea con drones; el uso de imágenes satelitales para analizar la evolución de la vegetación; el desarrollo de análisis geológicos-geomorfológicos con el apoyo de sondajes eléctricos verticales (SEVs) para obtener la profundidad y el grado de saturación de los horizontes del subsuelo, etc.

Desde el punto de vista de dimensión humana, un desafío permanente es el desarrollo de una gobernanza participativa que incluye trabajar en el fortalecimiento de las instituciones vinculadas al ecosistema, pero también considerar los diferentes intereses particulares y grupales de los diferentes usuarios de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. Esto significa buscar una gestión articulada que identifique las prioridades ambientales y sociales, así como el rol y responsabilidad del Estado para proteger a los ecosistemas y que inevitablemente cruza su interacción con el ciudadano. https://www.inforegion.pe/



LIMA PERÚ

Sunass autorizará servicios de saneamiento en pequeñas ciudades de forma excepcional

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) promueve que el procedimiento de autorización excepcional para brindar servicios de saneamiento sea solicitado por las municipalidades en las pequeñas ciudades, únicamente, en el marco de la política de integración.

Es así como, a través del proyecto normativo difundido mediante la RCD 112-2022-SUNASS-CD, se establecen disposiciones adicionales a las contenidas en la RCD 037-2019-SUNASS-CD, que buscan que las solicitudes para la aplicación de la autorización excepcional, presentadas por las municipalidades de pequeñas ciudades, se encuentren en el marco de un proceso de integración planificado, para evitar solicitudes que no se ajusten al marco normativo.

Las solicitudes de autorización excepcional serán evaluadas por la Sunass, previa verificación de que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), haya elaborado el informe de integración donde se especifique la planificación de la integración de la pequeña ciudad al ámbito de la empresa prestadora.

En ese sentido, la autorización excepcional podría emitirse, solamente, a aquellas municipalidades que tengan una justificación para excluirse temporalmente de la planificación aprobada por el Otass, para que luego de finalizado el plazo máximo de 3 años de duración de la excepcionalidad, se integren conforme dicha planificación.

Cabe precisar que la Ley Marco 1280 establece como uno de los objetivos de la política pública del sector saneamiento, el alcanzar la integración de los prestadores de servicios de saneamiento.

Dicha política se enfoca en el logro de la eficiencia empresarial mediante el aprovechamiento de las economías de escala, la sostenibilidad de inversiones y el ordenamiento de la prestación de servicios de saneamiento.

El proceso de integración es liderado por el Otass y consiste en un proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel provincial, interprovincial, regional y macro regional.

Los aportes y sugerencias al proyecto normativo pueden ser enviados por los interesados hasta el 12 de diciembre de 2022 https://andina.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe