15/12/23

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento está licitando Sedapal en la zona norte, centro y sur con incremento de tarifas para fortalecer al sector privado - Hidroboletín Fentap 4363

 Viernes, 15 de diciembre de 2023 – Año XVII – Edición 4365 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento está licitando Sedapal en la zona norte, centro y sur con incremento de tarifas para fortalecer al sector privado

Comunicado N° 047-2023/CDN FENTAP

La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP rechaza y cuestiona el cinismo con que viene actuando la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento al declarar a través de los medios de comunicación que no va a privatizar Sedapal sino la va a modernizar y fortalecer, sin embargo, todo el Perú conoce que la señora ministra, a través de la Comisión Multisectorial y de “expertos nacionales e internacionales“ han propuesto licitar y concesionar por zonas (Norte, Sur y Centro) Sedapal.

La FENTAP exige a los Órganos de Control y a la Fiscalía Anticorrupción investigar la obra de “Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 289, 394 y 395 distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del Callao” que estuvo a cargo de Sedapal y después fue “entregada” al Ministerio de Vivienda, para finalmente ellos licitarla por un monto que sería aproximadamente de S/ 560 millones y la buena pro que se la ha entregado a la empresa IVC de la PTAR de Sedapal por un monto que aproximadamente sería de S/ 800 millones la misma que no estaría financiada totalmente.

La FENTAP demanda la RENUNCIA de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar Lubienska por su incapacidad para resolver los problemas de las empresas de agua a nivel nacional y por haber hecho todo lo posible en su corta gestión, para que la economía de Sedapal esté debilitada para privatizarla, favoreciendo los intereses del sector privado.

¡SEÑORA MINISTRA, LA PRIVATIZACIÓN DE SEDAPAL NO PASARÁ!

¡PRIVATIZACION, ES SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN!

Consejo Directivo Nacional de la FENTAP                              

Lima, 14 de diciembre de 2023

HIDROREGIONES PERÚ

El Niño asoma y hay obras retrasadas en Piura y Lambayeque

Lambayeque y Piura, las regiones de la costa norte más golpeadas por las lluvias, presentan retrasos en las obras de mitigación ante la llegada del fenómeno de El Niño. Esto pese a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sostiene que a la fecha hay un avance del 65.7% en la limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas en siete regiones del ámbito de la emergencia.

En el caso de Piura, Hermer Alzamora, decano departamental del Colegio de Ingenieros, dijo que la región aún no está preparada de ocurrir fuertes precipitaciones, pues falta todavía mucho para reducir la vulnerabilidad.

Indicó que aún el Gobierno Regional de Piura no ha terminado con la descolmatación de los drenes principales, y las municipalidades tampoco han avanzado con la limpieza de drenes secundarios y terciarios, por lo que existe riesgo de desbordes.

Asimismo, la ANA tenía que ejecutar la descolmatación del río Piura en toda su longitud, pero solo se está haciendo en algunas partes. “Su avance es demasiado lento, solo hay avance en una parte del puente Independencia y la zona urbana aún está en ese trabajo ahorita”.

Además, precisó que hay 120 cuencas ciegas, de las cuales el Gobierno central aprobó la intervención de solo 8 de ellas. El resto corre riesgo de sufrir inundación. Explicó que las cuencas ciegas son depresiones naturales donde las viviendas están dentro, de tal manera que, cuando llueve, el agua inunda a estas.

Tampoco se ha trabajado una salida del río hacia el mar por falta de tiempo y presupuesto. De manera momentánea, se hará un canal para llevar al río a una depresión natural que se llama Pampa Salinas y ahí se generará una gran laguna. Eso protegerá a la población probablemente de ser vulnerable por un cierto tiempo. “Pero cuando la laguna se llena, el agua se regresa y podría generar desborde”.

Situación en Lambayeque

En Lambayeque, el gobernador regional, Jorge Pérez, criticó el gasto que realiza el Gobierno central y la ANA sobre las obras de prevención ante el fenómeno de El Niño. Dijo que hasta el momento se ha comprometido un presupuesto del 4%, pese a que la región fue una de las más golpeadas por los efectos del ciclón Yaku, a inicios de año.

“El gran problema lo tiene el centralismo porque casi el 90% del dinero lo tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En el caso del centralismo de la ANA y el Midagri, solo llegan al 4%. Esa es la situación, y encima lo hacen mal. ¿Cómo es posible que solo hayan hecho movimiento de tierras que cuesta casi lo mismo que el enrocado y la geobolsa?”, cuestionó Pérez.

Según el portal amigable del Ministerio de Economía (MEF), la ejecución del gasto de emergencia por El Niño, el Midagri tiene un avance del 47.1%.

Cuidado con las lluvias

En tanto, en diciembre y enero habrá un aumento progresivo de las lluvias en el norte. Según Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las probabilidades de precipitaciones están entre normal y por encima de lo normal en la costa norte.

Dijo que este escenario es común, pero tenemos el factor de El Niño con temperaturas del mar por encima de lo normal. “Esta condición podría incrementar la probabilidad de estas lluvias, las cuales serían más frecuentes o más intensas. Y la intensidad de esas lluvias va a depender de cuán caliente esté el mar para finales de diciembre”.

Señaló que el Enfen dice que es muy probable que la temperatura del mar hacia enero y febrero esté entre moderado a fuerte. “En el último comunicado ya el escenario de cálido a débil ha subido y lo que ha bajado es el grado fuerte”, dijo Ávalos. En unos días habrá un nuevo escenario.

ANA se pronuncia

La ANA precisa que, según el D.U 015-2023, se le encargó la realización de trabajos de limpieza y descolmatación en 77 puntos críticos de la región Piura que abarcan 8 provincias.

En el caso del río Piura, la ANA señaló que trabaja en sectores determinados por la norma y programados con fichas técnicas referenciales. Es decir, no “en toda su longitud”. Estos trabajos se suman a los que realizan la ARCC, Ministerio de Vivienda, Transportes, gobierno regional y gobiernos locales.

En total en el río Piura, ANA interviene 26.88 kilómetros, en Alto Piura: 9.98 Km, Medio y Bajo Piura: 16.90 Km. Según precisó varios sectores están al 100% como Lágrimas de Curumuy, Los Monteros, Merino, Monte Elena, Puente Independencia, Tambogrande, Vicus.

Y con respecto a la región Lambayeque negó que haya ejecutado solo el 4% del presupuesto asignado. En la región realiza trabajo en 72 puntos críticos de ríos y quebradas. Al 11 de diciembre, la ANA señaló que culminó 39 puntos que representan la limpieza y descolmatación de 76.45 kilómetros, con un avance físico del 67.07 % de un total de 113.99 kilómetros. Además, se mantienen los trabajos en otros 23 puntos. “Las labores tienen previsto culminar a fines del mes de diciembre”.

“Según el MEF, todos los pagos por trabajos de limpieza y descolmatación se deben realizar a la culminación de la actividad. Por ello, actualmente y según los puntos concluidos, la ANA tiene ya una ejecución en Lambayeque de S/84’079,882. Es decir, un porcentaje del 65.2 % del presupuesto. Además, se mantienen los trabajos en simultáneo, que conllevará a la ejecución total del presupuesto”, sostuvo.

La clave

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios finalizó la limpieza, descolmatación y conformación de diques en 29 puntos críticos de cinco regiones: Tumbes, La Libertad, Lima, Ica y Áncash. En tanto, la ANA dijo que ya culminó el 100% de las actividades de limpieza y de descolmatación de 15 puntos críticos en Tumbes. https://larepublica.pe/

Detectan perjuicio de S/670 mil por irregularidades en obra de riego en San Jacinto ejecutada por el PEBPT

La Contraloría General reveló irregularidades en la obra de ampliación del servicio de agua para riego del sector Higuerón Alto, en el distrito de San Jacinto de la provincia de Tumbes a cargo del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), por un monto mayor a los S/6 millones y que comenzó el 25 de septiembre del 2020, con un plazo inicial de 150 días.

En un primer punto, de acuerdo al informe de Control Específico N.º 23714-2023-CG/GRTB-SCE, al inicio del plazo el director de infraestructura agraria y riego e inspector de la entidad aprobaron el calendario de avance de obra, pese a que el cronograma de pagos no fue elaborado en función a la programación de ejecución de los trabajos, situación que no permitió controlar su correcto avance.

En otro sentido, se constató que dos días antes de finalizar el plazo de ejecución, 19 de febrero del 2021, el director de la dirección de infraestructura agraria, el profesional de seguimiento y monitoreo y el ingeniero mecánico contratado por la entidad para el monitoreo de la obra, junto al contratista y supervisor, firmaron la suspensión de plazo, argumentando demora por parte de un proveedor en la entrega de equipos importados a causa de la COVID 19, pese a los retrasos injustificados del contratista debido a la no ejecución de las partidas programadas y aprobadas por la entidad.

Dichos aparatos eran para bombear agua para riego desde la cámara de bombeo. Es así que se evidenció que la cotización fue enviada el 6 de noviembre y recién se concretó el 30 del mismo mes. Cabe resaltar que los funcionarios tenían conocimiento de los retrasos injustificados que se venían dando y que la causal citada en la suspensión protegió la no ejecución a tiempo la partida del componente mecánico que correspondía a la instalación de las electrobombas para la captación de agua, hasta esa fecha se pagaron 5 valorizaciones.

Al respecto, la comisión de control advirtió que para el pago de la primera valorización solo se realizaron trabajos en el sistema de tubería de impulsión/descarga, pero según cronograma debieron ejecutarse también avances en la caseta de bombeo, componentes mecánico y eléctrico, sistema de utilización en media tensión, obras de arte, situación que continuó suscitándose en la segunda valorización.

Asimismo, en la tercera valorización el atraso continuó, fue después de casi 60 días que iniciaron las acciones en la caseta de bombeo. Pese a ello, el responsable del seguimiento y monitoreo de obra dio la conformidad y se tramitó el pago a favor de la empresa. Similar situación se comprobó en los pagos de la cuarta y quinta valorización donde los funcionarios validaron prestaciones que no estaban acorde al programa de avance establecido, sin adoptar acción alguna respecto a los atrasos injustificados.

Adicionalmente, se identificó que los equipos faltantes fueron entregados el 26 de febrero del 2021, 7 días después de la suscripción de la suspensión. Sin embargo, los citados funcionarios recién firmaron el reinicio de la obra el 19 de abril del mismo año, es decir 53 días después de la entrega por parte del proveedor.

Durante la suspensión los mismos funcionarios aprobaron y tramitaron una ampliación de plazo requerida por el contratista por un cambio del trazo en la tubería que incluía corte y demolición de pavimento por 20 días, desde el 22 de febrero al 13 de marzo. Alegaron la afectación de la ruta crítica, pero sin presentar un sustento técnico ni identificar las relaciones de dependencia entre las partidas que se habrían visto afectadas, solo recalcaron la demora de PROVIAS en dar la autorización.

Según el cuaderno de obra, está culminó el 12 de agosto del 2021, 171 días posteriores a su fecha de término. Las acciones de los trabajadores de la entidad impidieron se cobre la penalidad máxima, generando un perjuicio económico de S/651 272.33 sumado al incremento en los gastos de supervisión por la ampliación de plazo otorgada de 20 días, por un monto de S/19 450.29. En total, se perjudicó al PEBPT con S/670 722 62.

Tras las irregularidades determinadas, se identificaron a tres funcionarios con presunta responsabilidad, dos bajo el ámbito penal y tres a cargo del proceso administrativo de la entidad.

Edwin Edilberto Quevedo Rujel, Deciderio Atoche Ortiz tendrían responsabilidad penal, mientras que Juan Franklin Barranzuela Casales tendría responsabilidad administrativa funcional.

En el caso de Deciderio Atoche Ortiz, este se desempeñó como Inspector de Obra y como director de la Dirección de Infraestructura Agraria. Según el informe, mientras se desempeñó en ambos cargos cometió irregularidades que tendrían sanción penal.

Este cuestionado funcionario pese a sus antecedentes fue designado nuevamente al mismo cargo que ocupaba, por el actual director ejecutivo del PEBPT, Manuel Gonzaga Cobeñas.

El documento fue enviado al director ejecutivo del PEBPT para que adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información. https://diariohechicera.com/


HIDROMUNDO

Contaminación asfixia al lago más grande de América Latina

Un coctel diario de cientos de barriles de petróleo derramado, aguas residuales de ciudades ribereñas, salinidad desde el vecino Caribe, así como floraciones de algas y bacterias, empujan hacia el colapso como fuente de vida al mayor lago de América Latina: el venezolano Maracaibo.

Hará unos 30 o más años “un bote traía fácil unos 100 kilos de pescado, o podía capturar hasta 200 curvinas de cuatro a cinco kilos”, recordó el veterano pescador Winton Medina. “Ahora, con dos faenas diarias, y mucha suerte, podrá conseguir unas 40, de menos de tres kilos”, lamentó.

El gran lago del noroccidente venezolano, número 19 en el mundo (una superficie de 12 800 kilómetros cuadrados y un volumen de 280 000 millones de metros cúbicos) tuvo la suerte o la desdicha de albergar, en sus orillas y bajo sus aguas, la mayor riqueza petrolera que América del Sur conoció y explotó en el siglo XX.

“Actualmente tenemos un lago altamente contaminado, como consecuencia de un proceso de eutrofización, que en otros lagos implica un envejecimiento que demora miles de años y en el de Maracaibo se aceleró de manera vertiginosa en un siglo”, dijo el experto en estudios ambientales Ausberto Quero en Maracaibo, también el nombre de la capital del estado de Zulia.

La eutrofización es un proceso que degrada los cuerpos de agua al recibir un aporte muy elevado de nutrientes inorgánicos, como nitrógeno y fósforo, lo que produce una proliferación descontrolada de afloramientos como las algas fitoplanctónicas.

Ya en 2004 “el lago advirtió de esta degradación con el crecimiento de la lemna oscura (de la familia Araceae) en su superficie, y en 2023 hay un afloramiento algal que reduce la penetración de la luz y puede provocar mortalidad en los peces”, indicó Quero, también director del Centro de Ingenieros del estado de Zulia, cuyo territorio rodea la mayor parte del lago.

Imágenes divulgadas por la estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) muestran la forma de botella del lago como una mancha verde, producto de la cianobacteria verdín (Microcystis), maloliente y liberadora de toxinas perjudiciales para la salud de humanos y animales.

“La anoxia (falta de oxígeno) que genera el verdín causa mortalidad en los peces, daña la viabilidad y fecundidad de las especies comerciales, y los malos olores afectan el turismo y la recreación”, destacó el microbiólogo y profesor de la Universidad de Zulia, Beltrán Briceño.

Espagueti petrolero

Desde 1914, las costas y el subsuelo del lago fueron un emporio petrolero -unos 14 000 pozos produjeron durante décadas más de dos millones de barriles (de 159 litros) diarios- y dieron base al crecimiento económico experimentado, entre las décadas de 1930 y 1990, en este país que cuenta actualmente unos 29 millones de habitantes.

Mientras la superficie del lago se llenaba de torres de perforación, bajo sus aguas creció un “espagueti” de tuberías para trasvasar y transportar ese crudo.

Son unos 20 000 kilómetros de tuberías, viejas o en desuso, corroídas, oxidadas, y por cuyas roturas se escapa el crudo, a veces con grandes manchas, que daña las aguas, la flora y fauna, las poblaciones costaneras, los botes y las artes de pesca.

“La costa oriental del lago (el área más rica en crudo) ha sido muy golpeada por los derrames petroleros, desde hace muchos años ha afectado nuestro sector”, expuso Medina. “No solamente el pescado desaparece, sino que las cuerdas, redes, entallado, y a veces hasta motores, se pierden al tropezar una mancha viajera”, añadió.

La industria petrolera -en manos de trasnacionales hasta 1976, nacionalizada desde entonces- “actualmente no ha podido manejar eficientemente los flujos de crudo, el aumento y la frecuencia de los derrames, y debe mejorar los planes de contención y la rapidez de la respuesta” a esos incidentes, apuntó Briceño.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dio cuenta este año del reemplazo de 220 kilómetros de tuberías en el lago, dentro de un plan para sustituir al menos 700, y hay iniciativas ciudadanas modestas, como un plan para recoger, con cabello humano donado, el crudo que ha manchado cientos de metros de riberas urbanas.

La actividad petrolera además ha salinizado parte del lago, con aguas que pasan del caribeño golfo de Venezuela a través de una garganta de agua, originalmente poco profunda pero que ha sido dragada durante años para posibilitar el paso de buques que cargan el crudo en las terminales lacustres.

Cultivos y ciudades

La salinización “se entremezcla con la contaminación derivada del uso de agroquímicos en las cuencas que escurren hacia el lago, por la agricultura en las montañas andinas (este de la cuenca) y en las planicies con actividad ganadera en su occidente”, recordó Briceño.

Pero después del petróleo, la segunda gran causa de contaminación lacustre son las aguas servidas y desechos urbanos de las ciudades costaneras, donde viven cinco millones de personas, de las cuales unos 2,5 millones en la capital regional y ciudad que da su nombre al lago, Maracaibo.

Muchos pescadores participan en campañas impulsadas por el gobierno central y los municipios, como “Pesca tu plástico”, para favorecer la recolección de desechos sólidos que, con las aguas servidas, han llegado a las aguas del lago durante años con cifras difíciles de calcular, pero asociadas a una indolencia urbana generalizada.

No solo de las orillas venezolanas llegan descargas de aguas domésticas e industriales con desechos y residuos orgánicos y químicos provenientes de ciudades y áreas rurales, sino también desde el noreste de Colombia, a través de los ríos afluentes Catatumbo y Zulia, que nacen en el vecino país.

Durante años la guerrilla del Eln dinamitó oleoductos cuyos derrames fluían a los ríos tributarios del lago.

Luego “la actividad carbonífera y urbana de ciudades como Cúcuta (en el fronterizo noreste de Colombia y con un millón de habitantes) producen desechos y residuos que abonan el riesgo de colapso ecosistémico del lago”, dijo Douglas Rodríguez-Olarte, investigador del no gubernamental Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Hola camarones

La riqueza ictícola del lago mostró en el pasado 145 especies descritas de peces, al menos un tercio endémicas, y abundantes crustáceos, en particular el cangrejo azul y el camarón blanco.

Medina señala entre las especies más buscadas y capturadas a la curvina, lisa, carpeta, bagre, róbalo, palometa, bocachico y manamana.

Hijo, nieto y bisnieto de pescadores, Medina deplora que “el cangrejo azul está desapareciendo” y que el camarón, “de pronto se consigue un banco o enjambre durante dos o tres días, y luego se desaparece durante meses”.

Persiguiendo peces y camarones “no se consiguen ingresos muchas veces ni para cubrir los gastos operativos, en gasolina, aceite y las horas de faena”, dijo.

Por contraste, la acuicultura del camarón ha emergido en los últimos cinco años como nueva fuente de riqueza desde el lago, con base en 56 fincas camaroneras orientadas a la exportación del producto a mercados de Europa y Asia.

La producción llegó el año pasado a 30 000 toneladas, principalmente de la especie patiblanco, originaria del Pacífico oriental, espera cerrar 2023 con más de 50 000 TM -más de 200 millones de dólares en ingresos-, pasar a 100 000 toneladas métricas en 2024, y hasta 600 000 al final de la década.

Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarón, sostiene que la actividad no contamina el lago “por los sistemas de filtros y la recirculación de las aguas que empleamos, que no están en contacto con las del lago, y no nos afectan fenómenos como el verdín”.

En cambio, ambientalistas como Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura, reprochan que la instalación de las granjas “removió tierras con maquinaria pesada, afectó humedales, bosques de mangle y áreas costeras”.

Henchidos de regionalismo, los habitantes del Zulia exhiben con orgullo el majestuoso puente de casi nueve kilómetros que enlaza la garganta del lago, y haber dado el nombre al país: Venezuela o pequeña Venecia, por los palafitos que, a la llegada de los españoles, habitaban los indígenas sobre esas aguas.

Quizá en el futuro asombren a sus compatriotas y al mundo con la recuperación de su portentoso lago. https://www.elnuevosiglo.com.co/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

14/12/23

Gerente de “AGUA TUMBES” desaira al consejo regional. Por unanimidad, recomendaron al Ministerio de Vivienda la remoción del funcionario - Hidroboletín Fentap 4364

 Jueves, 14 de diciembre de 2023 – Año XVII – Edición 4364 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Gerente de “AGUA TUMBES” desaira al consejo regional

Por unanimidad, recomendaron al Ministerio de Vivienda la remoción del funcionario

Con total desfachatez el gerente de la empresa Agua Tumbes, Miguel Granda Chune, no se presentó al llamado del Consejo Regional, a quien habían citado para tratar el tema del colapso de desagües en las tres provincias de la región.

El funcionario de OTASS fue citado a las 10:00 de la mañana; sin embargo, este no se presentó, llegando una notificación de no asistencia a las 10:45 am, lo que fue tomado como una total falta de respeto para la investidura del Consejo en pleno.

“No solo es la falta de agua en las zonas altas de las tres provincias y el colapso de desagües, sino también la demora injustificada en realizar las pruebas hidráulicas en las obras públicas, generando más adicionales”, recalcó el consejero Romario Prescott Núñez.

Es por ello, que los consejeros por unanimidad recomendaron al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la remoción del funcionario, debido a que no ha cumplido con las expectativas que requiere la región para dar solución al álgido problema del servicio de saneamiento.

Cabe mencionar, que si bien en cierto, es un tema municipal, pues las comunas provinciales son las que deben fiscalizar a través de sus regidores dicha entidad, los consejeros optaron por citarlo al Consejo Regional, debido a que la problemática ha trascendido y tiene un interés regional.

Por su parte, los consejeros señalaron que las tres provincias de la región han presentado serios problemas en el colapso de desagües, cuyo hedor ha provocado enfermedades en la población tras estar en contacto con las aguas putrefactas.

En tanto, el consejero Diego Alemán Ramírez, encomendó de manera urgente al presidente de la comisión ordinaria de Recursos Naturales, Miguel Bustamante Farías, realizar un informe detallado para que se presente junto al dictamen al Ministerio de Vivienda.

Calificaron como una falta de respeto, que el funcionario, siendo tumbesino, desaire de esa manera al Consejo Regional. https://diariohechicera.com/


LIMA PERÚ

Balance ambiental de Perú en 2023: economías ilegales avanzan en la Amazonía y persiste la impunidad ante los crímenes de líderes indígenas

Un mes antes de terminar el 2023, el líder indígena Quinto Inuma fue asesinado en la región amazónica de San Martín. El crimen de Inuma no ha sido el único este año. En abril también fue asesinado el líder asháninka Santiago Contoricón, dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, quien se enfrentaba al narcotráfico que se ha instalado en la Selva Central de Perú.

Sus muertes exponen el riesgo permanente que acecha a los defensores ambientales en Perú debido al desborde de economías ilícitas como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señala que Madre de Dios perdió más de 23 000 hectáreas de bosques a causa de la minería ilegal entre los años 2021 y 2023. Y en Loreto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental registró más de 100 dragas solo en la cuenca del río Nanay desde el 2020.

Los eventos climáticos también han dejado huella este año. En marzo del 2023, la llegada del ciclón Yaku a las costas peruanas evidenció la falta de preparación del país para actuar ante estos eventos naturales. Siete personas fallecidas, miles de damnificados y millones de soles en pérdidas económicas fue el saldo que dejó el ciclón. A Yaku se le unió el denominado “Niño Costero”, fenómeno que aumentó la intensidad de las pérdidas.

Meses después, en junio, la confirmación de la presencia del Fenómeno de El Niño encendió nuevamente las alarmas en Perú. Las consecuencias de este efecto oceanográfico se empezaron a sentir a mitad de año, cuando una intensa sequía mostró imágenes de ríos amazónicos prácticamente secos, mientras el gobierno peruano anunciaba la pérdida de cosechas en por lo menos nueve regiones de Perú.

Al aumento de la criminalidad, se suman los constantes intentos del Congreso de la República por debilitar la legislación ambiental. Uno de esos proyectos, por ejemplo, busca cambiar la legislación forestal poniendo en riesgo los bosques amazónicos.

La biodiversidad también se ha visto amenazada. La situación más crítica se presentó en las costas del Perú con la presencia del virus H5N1 que afectó aves y mamíferos marinos. Las investigaciones realizadas señalan que, por lo menos, medio millón de aves murieron en las áreas naturales protegidas de Perú a consecuencia de la gripe aviar causada por este virus.

¿Cuál es el balance final de lo que sucedió en el Perú en temas ambientales? Este es nuestro análisis.

Lo trágico: asesinato de líderes indígenas e impunidad

Las amenazas a los líderes indígenas y defensores ambientales siguen en aumento y los crímenes no se han detenido. El reciente asesinato del líder kichwa Quinto Inuma, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, lo confirma. El líder indígena había sido amenazado en varias oportunidades por mafias de tala ilegal y de narcotráfico que, durante años, han invadido el territorio de su comunidad. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con este último crimen suman 15 los defensores ambientales asesinados desde el año 2020, de ellos, 11 son líderes indígenas.

“El asesinato de Quinto Inuma Alvarado, un hermano del pueblo Kichwa, en San Martín, refleja la inoperancia y la negligencia de las autoridades del Estado peruano de no garantizar la protección cuando un defensor o un líder de una comunidad se ve amenazado. El compañero Quinto denunció las amenazas en diferentes entidades del gobierno, pero la inoperancia y la falta de protección para él y su territorio ha tenido un lamentable final. Terminó siendo asesinado”, señala el líder indígena Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau).

Guimaraes cuestiona la débil presencia del Estado para enfrentar a los actores ilegales. “Los líderes indígenas son muy vulnerables. Creo que lo que se debe hacer es implementar urgentemente mecanismos propios de protección como sucede con las guardias indígenas”.

El narcotráfico está tomando el control —dice Guimaraes— y es un problema del que las autoridades regionales no quieren hablar. “Las actividades ilegales han aumentado en el 2023 en los territorios indígenas. Hasta el 2022, identificamos en la comunidad Flor de Ucayali 3 000 hectáreas deforestadas e invadidas por el narcotráfico. Este año ha aumentado a 4 500 hectáreas, es decir, 1 500 hectáreas más en un año”.

Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, señala que han sido las propias organizaciones indígenas las que han logrado que se ponga atención a la ilegalidad que ocurre en sus territorios. “Sin embargo, las amenazas continúan, no se han solucionado los problemas detrás del avance de estas economías ilegales, hay muchísimas demandas de titulación indígena pendientes, y un mecanismo Intersectorial de protección de los defensores que es un esfuerzo valioso en cuanto a diseño, pero con muy poco presupuesto”.

A los crímenes de los líderes indígenas se suma la falta de justicia para sancionar a los responsables de estos asesinatos. Un caso emblemático es el de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, en Ucayali. Hace casi diez años, cuatro líderes indígenas de esta comunidad fueron asesinados cuando se dirigían a Brasil para una reunión de defensores ambientales.  Edwin Chota Valera, presidente de la comunidad, y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014.

El pasado 31 de agosto la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la condena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva que, el 27 de febrero de este año, se impuso a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como responsables del cuádruple asesinato. “Cualquiera puede asesinar a un defensor ambiental o un líder indígena y, literalmente, no pasa nada”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “Es un tema de total impunidad, incluso en el caso más conocido a nivel global y con mayor cobertura, que es el caso Saweto, y mira lo que ha pasado”.

Quinto Inuma formaba parte del Protocolo para Defensores de Derechos Humanos, el sistema diseñado por el Estado para proteger a quienes han sido amenazados en sus territorios. Sin embargo, la iniciativa no ha resultado eficaz. Urrunaga señala que cuando ocurre un hecho de riesgo, la primera reacción es lograr la evacuación de la persona. “Está bien que la primera reacción sea que salga momentáneamente de la zona de peligro, pero los líderes no quieren hacer eso en el mediano o largo plazo, no quieren abandonar su territorio definitivamente. Esa figura para nosotros, desde el mundo más occidental, es aceptada, pero en el caso del territorio indígena es completamente diferente, es otro concepto visto desde su herencia, sus antepasados, el futuro de sus hijos”.

Lo malo: las economías ilegales y el crimen organizado

Este 2023, la minería ilegal de oro se ha extendido en todo el Perú. Reportes como los presentados por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) dan cuenta de los niveles de deforestación asociados a esta actividad ilícita en Madre de Dios, pero también muestra el aumento de dragas dedicadas a la minería aurífera en las regiones de Loreto y Amazonas.

Otro informe, en este caso de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), indica que esta actividad ilícita está presente en 22 ríos y sus afluentes en, por lo menos, cinco regiones amazónicas en Perú. Este informe también revela la vinculación de la minería ilegal con el crimen organizado.

“Una de las cosas negativas de este año son los graves retrocesos en la lucha contra la criminalidad ambiental, especialmente contra el crimen organizado en la Amazonía”, dice Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y actual director del Programa Unidos por los Bosques de la FCDS Perú.

No hay reportes oficiales —agrega Castro— lo que hay es información de la sociedad civil que muestra, de forma alarmante, el incremento y la irrupción de la minería ilegal en diversos lugares del país. “La criminalidad ambiental está agravada por iniciativas del Congreso que buscan erosionar los avances en la lucha contra las actividades ilícitas, contra la trata de personas, contra la corrupción. Es un problema grande que requiere respuestas en esa dimensión por parte del Estado”.

Para Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), una de las actividades ilícitas que más ha crecido este año es, efectivamente, la minería ilegal. “El proyecto de ampliación de manera indefinida del Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera] ha marcado el año, así como el crecimiento de la minería ilegal en el río Nanay, en Loreto”.

Un reportaje publicado por Mongabay Latam en julio de 2023 muestra el incremento de dragas en el río Nanay, en la región Loreto, así como una nueva ruta para el tráfico de combustible que se abrió en plena selva peruana para evadir los controles a los insumos usados en la minería aurífera. “Esperemos que no se llegue a las dimensiones de lo que sucede en Madre de Dios con relación a la minería ilegal, pero hasta ahora es preocupante”, señala Cueto. “Acaban de anular la concesión minera que se entregó en el río Nanay, pero solamente es esa, mientras todavía hay concesiones superpuestas en un montón de ríos”.

José De Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, señala que “la minería informal y la abiertamente ilegal ha tenido una expansión muy marcada tanto en la zona Andina como en la Amazonía, donde es aluvial y, por lo tanto, abiertamente ilegal… Hay cifras que muestran que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico, además que hay claras conexiones entre ambas entidades ilícitas”, comenta.

La minería informal y la minería ilegal no coexistía con la minería formal —agrega De Echave—, no compartían territorios, pero hoy en día “ya estamos viendo que hay minería informal o abiertamente ilegal en zonas donde está presente la gran minería”.

“El caso de Apurímac es un ejemplo, pero también hay casos en Cusco, en Arequipa y en La Libertad, una zona con una clara convivencia entre minería formal y la informal. La Libertad hoy en día es la principal región productora de oro a nivel nacional. Y en provincias como Pataz, por ejemplo, hay una situación violenta con enfrentamientos entre la minería formal y la minería informal”, explica De Echave.

En la frontera entre Perú y Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, también hay una fuerte expansión de la minería ilegal —continúa De Echave— así como en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil. En efecto, en octubre de 2023, un equipo de Mongabay Latam recorrió los 38 kilómetros del río Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador, y confirmó la presencia de una gran cantidad de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro que, además, están afectando a por lo menos siete comunidades nativas awajún.

La deforestación causada por la minería ilegal, por la agricultura de pequeña y de gran escala y por el narcotráfico ha sido otro de los problemas del 2023. Pese a que no se cuenta con información oficial sobre la cantidad de hectáreas deforestadas en 2022, según el estudio anual realizado por Global Forest Watch, fueron 160 991 hectáreas de bosques primarios los que se perdieron en Perú, una cifra superior a los 137 976 reportados por Geobosques en 2021.

“Sabemos que en el Perú los temas de deforestación están asociados principalmente a las actividades informales e ilegales que se generan en la Amazonía. Estamos hablando de cambios sobre el suelo, la minería ilegal, el tráfico de tierras, y otros. En este contexto de cambio climático, en el que los países están discutiendo los compromisos que van a asumir y el Perú también se ha comprometido a reducir sus contribuciones al año 2030 en un 40 %, para lograr esa meta se tiene que fortalecer las acciones destinadas a atender estas problemáticas”, señala Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Estas actividades ilegales no solamente impactan en el ambiente —agrega Vásquez— sino que generan vulneran un conjunto de derechos, como a la vida, a la salud, a la educación y a los derechos de los pueblos indígenas en general, además que también genera inseguridad y atenta contra la vida de personas que se dedican a defender el ambiente.

Sobre el problema de la deforestación, Julia Urrunaga menciona la responsabilidad que tienen los gobiernos regionales que facilitan el ingreso de empresas y otros actores a las áreas de bosques que no deberían ser ocupadas. “Hay una irregularidad altísima de parte de los gobiernos regionales de entregar áreas y permitir deforestación sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley”.

Un ejemplo de esta problemática es la presencia de los grupos menonitas en la Amazonía peruana que desde su llegada han causado la pérdida de, por lo menos, 7 032 hectáreas de bosques en las regiones de Loreto y Ucayali, según un reciente análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Según este informe, de las más de 7000 hectáreas deforestadas, 2426 hectáreas se perdieron entre enero de 2022 y agosto de 2023 en las cinco colonias menonitas establecidas en Perú.

La expansión del narcotráfico y de la presencia de cultivos ilegales de coca también han sido un problema este año. El informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reporta un total de 95 008 hectáreas de superficie cultivada con coca en el 2022, esto ha significado un crecimiento del 18 % respecto al 2021.

Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, señala que las políticas públicas deben estar destinadas a frenar las actividades ilegalidades como el narcotráfico. “Las políticas públicas del Estado deben estar destinadas a atender estos problemas de forma sostenida en el tiempo, pues la ilegalidad actúa frente a la ineficiencia estatal para abordar una problemática”.

Lo peligroso: el ciclón Yaku y el Fenómeno El Niño

En el mes de marzo de 2023, el ciclón Yaku llegó a las costas de Perú. En solo dos semanas, sus efectos fueron devastadores: siete personas fallecidas, 10 723 afectadas, 1500 damnificadas y más de 4500 viviendas dañadas, así como 1000 hectáreas de cultivo afectadas, según información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Al ciclón Yaku se sumaron otros dos factores, el trasvase de nubes desde la Amazonía y el calentamiento del mar. El resultado fueron lluvias extremas e inundaciones que impactaron en 16 regiones y en más de 400 distritos del país.

“Este año hemos tenido la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos caracterizados por el ciclón Yaku, que afectó al Perú a inicios del año, seguido de una sequía o estrés hídrico en toda la zona Alto Andina, no solamente en el Perú sino también en toda la región Latinoamericana, donde se ha visto escasez de agua”, comenta Juvenal Medina, especialista del Centro de Prevención de Desastres (Predes).

Medina agrega que el estrés hídrico ha afectado ecosistemas y poblaciones que han visto diezmadas sus sistemas de producción. “Es un contexto preocupante porque no solamente es el tema del clima, sino también el nivel de vulnerabilidad como sociedad y las debilidades que hacen que los cambios del clima tengan mayores impactos económicos, sociales e incluso políticos”.

Medina agrega: “Debemos trabajar más enfocados en la prevención y crear condiciones seguras y sostenibles, y no solamente actuar en contextos de emergencias, como lo hacemos ahora.”

No solamente es el 2023 un año caliente, sino que es probable que se presenten años calientes consecutivos hasta el 2027, según información de la Organización Meteorológica Mundial. “Tenemos un panorama bastante preocupante con este desorden de clima, particularmente en zonas como la costa norte de Perú, susceptible a la presencia de lluvias”.

En 2023, la sequía en Perú se evidenció durante todo el año, pero tuvo su etapa más crítica en octubre cuando los niveles de los ríos, lagos y lagunas llegaron a cifras muy por debajo de lo normal. Esto intensificó el riesgo de incendios forestales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por lo menos, 591 incendios forestales ocurrieron en Perú entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2023.

Otro tema que marcó el 2023 fue la presencia del Fenómeno de El Niño.

Para Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, la presencia del Fenómeno El Niño también ha marcado la pauta este año, porque “genera una serie de incertidumbres sobre la pesca”. Riveros comenta que se ha perdido la primera temporada de la pesca de anchoveta, generando crisis para la economía del país, pero también para las 15 000 a 20 000 personas que dependen de la pesca de este recurso.

La anchoveta es una especie fundamental dentro del ecosistema de la Corriente de Humboldt —explica Riveros— pues no solo es importante para producir harina, sino que tiene una función ecológica clave para otras pesquerías, el bonito y la caballa se alimentan de anchoveta y también los lobos marinos y las aves marinas.

Lo crítico: debilitación de la legislación ambiental

A lo largo del 2023 el Ejecutivo y el Congreso de la República mantuvieron en agenda una serie de proyectos de ley que ponían en riesgo los bosques, a los pueblos indígenas, las áreas protegidas y los ríos.

Uno de estos polémicos proyectos fue el que buscaba modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), una propuesta que pretendía transferir a los gobiernos regionales la decisión de declarar las reservas indígenas. Mientras el proyecto estuvo en debate, colectivos civiles, congresistas y gobernadores regionales llegaron a negar la existencia de estos pueblos indígenas. El julio del 2023, el Pleno del Congreso archivó la propuesta, aunque algunos expertos temen que pueda surgir un proyecto similar.

Otra propuesta que ocasionó polémica fue el proyecto de ley que buscaba cambiar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta propuesta que estaba vigente desde el 2022 se mantuvo en agenda del Pleno del Congreso para ser aprobada por insistencia. Aunque hasta ahora no se ha concretado su aprobación y ya no figura en agenda, podría retornar al debate en cualquier momento.

“Todavía está en discusión, pero no se sabe por qué medio pueda aprobarse, pues también se han delegado facultades al Ejecutivo, entonces, es probable, que salga mediante un decreto legislativo”, señala Mariano Castro.

Otra de las propuestas presentadas este año fue una iniciativa para modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo.

“Esta ley propone la apertura de las áreas naturales protegidas de uso indirecto, es decir, por ejemplo, los parques nacionales, que se abran a la actividad de hidrocarburos. Y pone al Ministerio de Energía y Minas, un sector extractivo, como uno de los actores claves”, señala Cueto.

A esta propuesta se suma la promoción, por parte de PeruPetro, de nuevos lotes de hidrocarburos en la Amazonía y en la costa norte de Perú. “Se proponen lotes en nuevas áreas para la exploración y explotación en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Incluso en Loreto hay lotes superpuestos a zonas de territorios de pueblos indígenas que han sufrido derrames de petróleo”, comenta Cueto.

Para Vladimir Pinto, de Amazon Watch Perú, ha sido preocupante que los derrames de petróleo hayan continuado este año. A ello se debe agregar que la remediación va a paso lento. “Hace muy poco se anunció el inicio de un proceso de remediación de uno de los lugares impactados. Estamos hablando de solo uno entre más de 140 priorizados como muy urgentes y entre más de 3 000 que se han determinado que existen. Por eso digo que es un avance muy muy modesto todavía”.

Para Mariano Castro, otra de las propuestas que causa preocupación es el proyecto de ley que busca establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y dar un nuevo plazo de inscripción a este sistema, una iniciativa que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso de la República. “Creo que, en el ámbito de la minería artesanal, junto con el tema del incremento de la criminalidad, están ciertos proyectos de ley que apuntan a abrir nuevamente el Reinfo y que la formalización sea permanente, sin metas, ni plazos”.

Lo bueno: los proyectos de conservación

Los esfuerzos de conservación de especies amenazadas y de ecosistemas también han sido parte de la agenda ambiental del 2023. Una de estas propuestas es el proyecto de turismo marino en la región Tumbes, en el norte de Perú.

Las investigadoras Rossana Maguiño Napurí y Alejandra Mendoza Pfennig fueron las impulsoras de esta propuesta, pues iniciaron sus trabajos con el tiburón ballena hace casi 10 años. En ese momento, el 2014, las investigaciones sobre esta especie casi no existían. Ahora, el norte de Perú ya es una región reconocida como una nueva área de agregación para los tiburones ballena, donde se busca impulsar el turismo y la conservación de la especie a través de la ciencia ciudadana.

Otra noticia alentadora nos lleva hasta la Amazonía, en el Áreas de Conservación Privada Millpuj La Heredad, en el departamento de Amazonas y cercana a la provincia de Chachapoyas, al norte de Perú. En esta área protegida se han implementado bebederos artesanales automatizados que ofrecen a la fauna silvestre un espacio seguro para beber agua y evitar así que crucen la pista que separa el área protegida del río Utcubamba, la principal fuente de agua en esta zona. Antes de que se establecieran estos pequeños estanques se registraban hasta cinco atropellamientos semanales de diferentes especies en los límites de la reserva, señala Pedro Heredia, responsable de esta reserva. Esta práctica ha permitido que desde el 2022 no ocurra prácticamente ningún atropello en el sector de Milpuj La Heredad.

El biólogo Álvaro García, fundador e investigador principal del centro de investigación y educación ambiental Biodiversidad Sostenible (BioS), explica que el atropellamiento de fauna se suma a las distintas causas de la disminución de las poblaciones de especies silvestres, una amenaza que ha sido poco estudiada en Perú. “El atropellamiento de fauna es difícil de registrar, sobre todo, por la logística que implica. Se deben recorrer tramos de carreteras con frecuencia, en auto o motocicleta, registrando; eso involucra personas, vehículos y mucha gasolina”.

Una tercera experiencia nos traslada al Parque Nacional Sierra del Divisor, donde cinco comunidades indígenas de la región Ucayali aprendieron a usar drones y a realizar lectura de mapas satelitales para proteger al parque nacional de taladores ilegales.

Teddy Cairuna Cauper, monitor ambiental en el parque nacional, usó por primera vez un dron para identificar las zonas deforestadas en su comunidad (Nueva Saposoa), en Ucayali. “Pocos creían en el proyecto porque en ese momento la deforestación era de un 25 % en nuestro territorio [aproximadamente 15 000 hectáreas de bosque], pero trabajamos mucho para reducirlo a cero”, contó el líder indígena.

Por último, la titulación de 12 comunidades del pueblo Ticuna, en la frontera con Colombia y Brasil, en solo 10 meses, ha sido una noticia alentadora. La propuesta surgió de las mismas comunidades y se concretó mediante un modelo de cooperación incluye la participación de las mismas comunidades nativas, los monitores ambientales indígenas, organizaciones indígenas, la organización Rainforest Foundation US (RFUS) y el Gobierno Regional de Loreto.

Esta experiencia empezó en agosto de 2022 y las primeras resoluciones las emitió el Gobierno Regional en mayo de 2023. Los monitores ambientales jugaron un rol decisivo en este proceso de titulación, pues se dedicaron a recorrer los territorios indígenas para definir las fronteras y acceder a su titulación.

Estos cuatro casos son solo una muestra de los esfuerzos que está haciendo la población y las organizaciones ambientales en Perú para lograr algunos avances en la conservación de ecosistemas e incluso para superar problemas que no atiende el Estado como la titulación de territorios indígenas. https://es.mongabay.com/

Ministra Pérez de Cuéllar: “Nunca estuvo en agenda privatizar Sedapal”

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, dijo que nunca estuvo en agenda del Gobierno la privatización de Sedapal y que su sector trabaja en el fortalecimiento y la modernización de la referida empresa de saneamiento para que brinde un mejor servicio a la población de Lima y el Callao.

Sostuvo que, con ese objetivo, su sector viene trabajando de manera coordinada con Sedapal a fin de que los usuarios limeños y chalacos tengan servicios de calidad.

“Hoy reafirmo, no vamos a privatizar Sedapal. El único objetivo que tiene el Ministerio (de Vivienda) y la nueva directiva de Sedapal es fortalecer nuestra empresa, hacerla más eficiente y que todos los limeños y chalacos nos sintamos orgullosos de nuestra empresa”, expresó.

La titular de Vivienda refirió que el MVCS encargó a una Comisión Multisectorial realizar un diagnóstico y elaborar un informe que identifique la problemática que enfrenta Sedapal para prestar servicios de saneamiento de calidad a la ciudadanía, y proponga medidas orientadas a su fortalecimiento y modernización.

Señaló que hace unas semanas el referido grupo de trabajo, presentó su informe con una serie de recomendaciones referidas a mejorar la gestión, la gobernanza y las tarifarias, tras lo cual corresponde al directorio de la empresa estatal analizar de manera detenida las medidas que consideren necesario adoptar.

En otro momento, la ministra Pérez de Cuéllar informó que se viene trabajando en la modificatoria del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por cuanto consideró que el sistema actual ha fracasado, ante lo cual es necesario hacer ajustes a los lineamientos y criterios del esquema tarifario.

Remarcó que su sector respeta la autonomía de la Sunass, pero como ente rector está en la obligación de establecer los lineamientos de la política pública nacional sobre agua y saneamiento.

Planta de tratamiento

La ministra Pérez de Cuéllar hizo estas declaraciones tras colocar la primera piedra que marcará el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) La Atarjea II, que beneficiará a miles de pobladores de los distritos de Lurigancho-Chosica y San Antonio de Huarochirí.

Manifestó que este proyecto comienza a concretarse gracias al compromiso de KfW (principal banco de desarrollo de Alemania) y Sedapal, que financiarán la obra por más de S/ 828 millones. Sedapal contribuye con S/658 millones (79%) y KfW con S/170 millones (21%).

Resaltó que la obra se desarrolla bajo el enfoque de economía circular, que impulsa su sector, esquema que permite que el tratamiento de aguas residuales pueda ser reusadas en distintas actividades, como el agro-riego e incluso para consumo humano.

"Estamos siguiendo estándares internacionales. A futuro, todas las obras que hagamos tendrán el enfoque de economía circular. Esta PTAR incentivará la agricultura, reverdecerá la ciudad, tratará las aguas residuales, y lo más importante cuidará la salud de la población", expresó.

Otros proyectos

En otro momento, la titular de Vivienda anunció que la obra Esquema Anexo 22 Pampa de Jicamarca se encuentra al 100%, y pronto será transferida a Sedapal para que empiece a operar en febrero de 2024, beneficiando a 33 mil 194 pobladores.

De igual forma, existe otros tres proyectos de agua y saneamiento, que son ejecutados por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS, en las localidades de Palle Nuevo, Palle Viejo, Cashahuara y Santa Eulalia, en Huarochirí.

En el acto de inicio de la obra PTAR La Atarjea, también estuvieron presentes el presidente del directorio de Sedapal, Jorge Gómez; la embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, así como representantes de la entidad alemana KfW. https://www.elperuano.pe/


OPINIÓN

Cómo puede la tecnología salvar el agua

Desde que Arquímedes inventó su tornillo para trasladar el agua cuesta arriba y los romanos construyeron sus acueductos, la humanidad ha intentado manipular el recurso más preciado de la tierra mediante el uso de la tecnología. Muchos han soñado con hacer que los desiertos florezcan.

Ahora, con la población mundial superando los siete mil millones y la demanda de agua en niveles sin precedentes, las nuevas tecnologías están ayudando a hacer un uso más inteligente de este bien esencial para la vida.

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se proyecta que la demanda mundial de agua

aumentará en un 55% entre 2000 y 2050. Para entonces, calcula el Enviro mental Outlook 2050, más del 40% de la población mundial puede estar en

condiciones de escasez.

Dicho de una forma cruda: cuando no hay suficiente agua para todos, el hambre, la guerra y la muerte no andan lejos. Aun así, según el Banco Mundial, perdemos unos 50 mil millones de metros cúbicos de agua al año por fugas.

Uso de datos

Esto es algo que la organización TaKaDu, con sede en Yehud, Israel, está abordando por medio de un software de análisis de datos instalado en la nube.

Procesa los datos proporcionados por los sensores y medidores repartidos por la red de suministro de agua de la compañía y los combina con información, como patrones de consumo de agua para uso doméstico e industrial y el clima. Todo esto para construir una imagen sofisticada de cómo se está comportando la red de agua.

"Convertimos los datos en bruto en conocimiento", dice Moshe Tamir, de TaKaDu.

"Construimos un algoritmo muy inteligente que puede detectar anomalías en el

comportamiento de la red, desde una pequeña fuga a una explosión de agua, permitiendo a los servicios de agua planificar y reaccionar mucho más rápido que antes. Y cuando se guarda agua, se ahorra energía".

Tamir dice que un cliente portugués se ahorró más de un millón de dólares en 2012 después de que el software de TaKaDu le ayudó a reducir la pérdida de agua por fugas (un índice conocido con las siglas NRW) desde 25,2% a 17,2% en un año.

El análisis de datos de TaKaDu toma la información recopilada a través de la red de agua. Incluso una red de agua muy eficiente experimenta un 10% de ANF, dice Tamir. Y las redes ineficientes con muchas fugas o mala supervisión pueden ver este índice elevarse hasta un 50%.

"Nuestros programas de software pueden decir dónde concentrar los esfuerzos, e incluso identificar qué medidores son menos fiables que los demás", dice.

En países como India, las redes de agua -cuando existen- pueden cubrir amplias áreas. Con frecuencia, la recolección de datos se tiene que hacer manualmente.

Pero con medidores nuevos que transmiten datos de forma inalámbrica, impulsados por turbinas dentro de las tuberías de agua, se pueden ahorrar millones de dólares, cree Tamir.

El problema con el agua es que, a diferencia de las fuentes de energía, no hay un recurso alternativo.

Es difícil de transportar, costosa de tratar y la extracción de agua potable a partir del agua de mar supone grandes cantidades de energía. Esto es porque tradicionalmente el agua se ha quedado atrás en las apuestas de inversión en

tecnología de limpieza, dice Ian Elkins, de Global Water Intelligence.

En 2012, solo el 5,4% de los US$6.500 millones invertidos en el sector de tecnología de limpieza se destinó a proyectos de tecnología del agua, de acuerdo con la empresa de investigación Cleantech Group.

Si bien se está avanzando, este goteo de inversión tiene que convertirse en una

inundación si la tecnología va a ser la respuesta a los graves problemas de escasez de agua en el mundo.

Es imperiosamente necesario la inclusión de nuevas tecnologías, buscando alternativas de consumo y control del agua potable, dado que la generación de este preciado elemento para la vida cotidiana...será en algunos años o quizás meses un recurso escaso, el cual podría generar guerras o desatar nuevas epidemias, de las cuales NO habrá retroceso.

Edwin Alberto Mora Diaz

Ingeniero de Seguridad y Gestión Minera

CIP. 295893

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe