Jueves, 10 de octubre de 2024 – Año XIX – Edición 4565
Más del 50% del Río Chillón presenta problemas serios de contaminación
Más de la mitad de los 128.3 kilómetros del Río Chillón
enfrenta graves problemas de contaminación, según un informe sobre el impacto
de la contaminación en dicho río y su desembocadura en la costa, elaborado por
la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), por encargo de Repsol.
De acuerdo con el informe, las áreas más afectadas se
localizan en la zona media del río, específicamente en el distrito de Santa
Rosa de Quives, en la provincia de Canta, así como en la región baja del río,
principalmente en los distritos limeños de Carabayllo, Comas, Los Olivos y San
Martín de Porres.
Causas de la contaminación
“La contaminación se debe a la cantidad de residuos
vertidos en el río o que bien permanecen al margen. Los plásticos, polímeros,
vidrio, aluminio, cartón, papel, tecnopor y restos de materiales constructivos
son los de mayor predominancia. De la misma forma, residuos orgánicos como
restos de verduras y cadáveres de animales fueron los de mayor concentración”,
detalla el reporte, preparado en el marco del programa Impulsared de Repsol.
En Santa Rosa de Quives, la contaminación del río se debe,
sobre todo, a la actividad agropecuaria, al vertido de aguas negras y materia
fecal. Por su parte, la zona baja “presenta elevados valores de coliformes, en
gran medida por la alta densidad poblacional al margen del río; mientras que la
fuerte presencia de fósforo repercute en el crecimiento de algas, lo que
ocasiona un desbalance en el ecosistema”. En dicha área, además se presentan
niveles de plomo significativamente elevados.
De acuerdo con las estimaciones de Ministerio del Ambiente
(MINAM), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y lo
observado durante la investigación, 26 toneladas de residuos son vertidos al
río diariamente y, dependiendo del caudal, pueden ser arrastrados hasta la
desembocadura, incorporándose al mar. En otros casos, los residuos pueden
estancarse e incrementarse en zonas donde la profundidad del Chillón es menor.
“El Río Chillón enfrenta serios problemas de contaminación,
especialmente en los primeros 57 kilómetros hasta su desembocadura en
Ventanilla. Las zonas urbanas y semiurbanas adyacentes al río están
delicadamente afectadas, con niveles significativos de coliformes resistentes a
temperaturas elevadas, oxígeno disuelto, fósforo total y plomo”, señaló Eunice
Villicaña, directora académica del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la
Energía de UTEC.
Posibles soluciones
Para abordar esta problemática, se propone efectuar
campañas de concientización en la zona y reevaluar las características fisicoquímicas
del agua entre el kilómetro 4 al 61 del río, en la zona de Quives, donde los
niveles de materia fecal son extremadamente elevados. Esto representa una
alerta adicional dado que se encuentra en la zona agrícola más importante de la
cuenca.
Además, se recomienda señalar los puntos de baja profundidad para reducir las zonas de estancamiento, evaluar el comportamiento del arrastre de residuos en la desembocadura y la zona limítrofe con el mar, identificar la zona de mayor impacto por la presencia de basura y señalar alternativas de reutilización, reducción y reciclaje. https://mineriaenergia.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Pachiza enfrenta la crisis ambiental: alcalde y actores locales exigen acciones inmediatas
Con un llamado urgente a la acción oficial y ciudadana para
enfrentar los principales desafíos ambientales, culminó la reunión
multisectorial “Para la Sostenibilidad con Enfoque Colaborativo” en el distrito
de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres. El contexto no podría ser más grave:
incendios forestales sin precedentes han devastado más de 240 hectáreas de
bosques y cultivos, afectando gravemente a la población de Pachiza.
“Hemos perdido áreas de pastos, cacao y naranja, que eran
el sustento de muchas familias. Además, hemos visto cómo bosques de
conservación han sido consumidos por el fuego, sin que hasta el momento
recibamos la ayuda necesaria para enfrentar esta emergencia”, señaló William
Velásquez, alcalde del distrito de Pachiza, un poblado que es conocido por la
calidad de su cacao, se encuentra en una de las regiones más productivas y
biodiversas de San Martín, pero la devastación amenaza no sólo el ecosistema,
sino también la economía local.
Durante la reunión, Velásquez hizo un enfático llamado
a las autoridades regionales y nacionales para que brinden apoyo inmediato a su
distrito. Aunque Pachiza fue declarado en emergencia por los incendios
forestales, el alcalde criticó que las intervenciones se financien únicamente
con presupuestos locales, sin recursos adicionales del tesoro público. “Es
injusto para municipios como el nuestro, que ya cuentan con pocos recursos.
Afrontar una crisis de esta magnitud sin ayuda externa nos deja en una
situación muy difícil”, expresó Velásquez, advirtiendo que la falta de acción
podría agravar la pobreza y aumentar las brechas en salud y educación.
La reunión no sólo sirvió para exponer los problemas,
sino también para trazar una hoja de ruta conjunta entre las autoridades y la
sociedad civil. Los participantes firmaron el Acta de la Sostenibilidad,
comprometiéndose a proteger la biodiversidad y los ecosistemas de Pachiza, un
distrito cacaotero de gran importancia para la región. Este acuerdo plantea
trabajar en los ejes cultural, ambiental, social y económico para combatir la
deforestación, la crisis hídrica, los incendios forestales, y la ocupación de
tierras por la migración.
Entre los compromisos asumidos, se acordó realizar una
reunión técnica el 16 de octubre con la fiscalía ambiental de la región, así
como un encuentro el 18 de octubre con el Comando de Operaciones de Emergencia
Regional (COER-SM) para definir medidas concretas que permitan atender a las
familias afectadas por los incendios.
En el marco de la reunión, la Autoridad Regional Ambiental,
(ARA) propuso asistir en la inmatriculación e implementación de un sistema de
retribución de servicios ecosistémicos en áreas afectadas, como la quebrada de
Shitariyacu, donde más de 60 hectáreas de bosque han sido destruidas. Este
sistema permitiría que las comunidades locales reciban incentivos por cuidar y
restaurar los ecosistemas degradados, una medida que podría marcar la
diferencia en la lucha contra la deforestación.
Además, se anunció la puesta en marcha de un proyecto
de inversión para implementar un sistema de gestión ambiental en Pachiza. Este
proyecto tiene como objetivo no sólo promover la conservación de áreas
estratégicas, sino también restaurar los ecosistemas dañados y fomentar la
participación activa de las comunidades campesinas en la protección de la
biodiversidad. En este sentido, se planea trabajar en iniciativas de
transformación productiva que impulsen negocios verdes, creando una sinergia
entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, junto
con la Municipalidad Distrital de Pachiza, coordinarán la implementación de un
plan de trabajo para reforestar las 240 hectáreas afectadas por los incendios
recientes. El Comando de Operaciones de Emergencia Regional (COER-SM) ampliará
su cobertura para registrar a las familias afectadas y garantizar una respuesta
más eficiente ante la crisis.
Uno de los puntos más destacados de la reunión fue el
compromiso asumido por las rondas campesinas y las comunidades de Pachiza y el
valle del Alto Huayabamba. Los líderes comunales anunciaron que trabajarán de
manera coordinada para vigilar y proteger el territorio frente a amenazas como
la deforestación, la ocupación ilegal de tierras y la destrucción de franjas
marginales. Este esfuerzo colectivo busca fortalecer el rol de las comunidades
en la gestión sostenible de los recursos naturales, reconociendo que, sin su
participación activa, cualquier iniciativa ambiental estaría incompleta.
El caso de Pachiza pone de relieve las carencias
estructurales del sistema de respuesta ante desastres en el Perú. “Al igual que
ocurrió con la pandemia, esta crisis demuestra que no estamos preparados para
enfrentar riesgos climáticos de esta magnitud”, afirmó Velásquez. A su juicio,
más allá de los recursos financieros, lo que se necesita es una verdadera
unidad y articulación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad
civil. Sólo de esta manera, dijo, se podrá hacer frente a los desafíos
ambientales que amenazan con empeorar si no se toman medidas urgentes.
Refleja una problemática profunda y multidimensional
que afecta no sólo a esta región, sino a muchas otras áreas del Perú que
enfrentan desafíos similares. La deforestación, los incendios forestales, la
crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad son problemas interconectados que
evidencian la falta de preparación y acción del Estado para enfrentar
emergencias ambientales de gran magnitud.
En este contexto, es alarmante que, pese a la
declaración de emergencia, las soluciones y los recursos no lleguen con la
rapidez y efectividad que se requiere. La crítica del alcalde William Velásquez
sobre la falta de fondos adicionales para atender la crisis es válida, y refleja
un problema estructural que va más allá de Pachiza: el abandono de las zonas
rurales y la desconexión entre los niveles de gobierno.
Vale agregar que el cónclave, convocado por el alcalde
William Velásquez Carranza, reunió a líderes comunales, rondas campesinas,
representantes de organizaciones ambientales, y equipos técnicos del Gobierno
regional. La Autoridad Regional Ambiental (ARA), la Dirección Regional de
Agricultura, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, entre otras entidades, participaron en
la discusión para definir estrategias frente a la crisis climática, la escasez
hídrica y la deforestación. https://diariovoces.com.pe/
HIDROMUNDO
Argentina. La fiebre del litio deja pueblos sedientos
El sol y el polvo azotan este
paisaje de rocas y suelos agrietados. A más de 12 000 pies sobre el nivel del
mar (3700 msnm) en los Andes, los arbustos y animales sedientos se amontonan en
la margen de lo que una vez fue un río caudaloso y por el que ahora apenas pasa
un hilito de agua.
La gente del lugar lleva años
viendo cómo los ríos, pozos y vegas se han ido secando. Mientras tanto, unas
surreales piletas de agua turquesa salpican el paisaje como un espejismo.
Hace más de una década,
comunidades originarias de la región de la Puna (el altiplano más alto después
del Tíbet) aceptaron que dos empresas mineras de litio, Minera Exar y Sales de
Jujuy, operaran en el departamento de Susques. Esperaban que las minas trajeran
empleos y desarrollo, junto a la cuidadosa gestión ambiental que se les
prometió. Algunas personas locales trabajan para las minas, pero la demanda por
baterías de litio las ha dejado sin agua suficiente para vivir cómodamente, o
tan siquiera para mantener su ganado y cultivos. Si bien el litio ayuda a
energizar los autos eléctricos, computadoras y otra tecnología de alto nivel,
pone en peligro la supervivencia básica en uno de los puntos más áridos de
Argentina.
La desesperación ha llevado a
algunas personas a beber el agua del Río Pastos Chicos, que contiene arsénico
proveniente de la actividad volcánica. Los niveles de arsénico en el río
alcanzan las 1 400 partes por millón y exceden considerablemente el umbral que,
según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cáncer.
Global Press Journal intentó
comunicarse con Minera Exar y Sales de Jujuy a través de correos electrónicos,
solicitudes en redes sociales, cartas físicas y más de 20 llamadas telefónicas,
pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Jujuy
niega que las operaciones mineras sequen las reservas de agua.
“Es totalmente falso decir que
la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible
para las comunidades, ya que el agua para consumo [local] proviene de otras fuentes,
las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica un reporte de agosto
de 2023 del gobierno de Jujuy. Sin embargo, estudios independientes muestran
que, en efecto, las minas son las culpables del agotamiento del agua en el
área.
Walter Díaz Paz, ingeniero
ambiental de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina, quien ha escrito numerosos informes sobre la minería de
litio en la Puna, dice que las compañías mineras oscurecen los hechos.
La extracción de agua por parte
de las compañías mineras está “completamente vinculada” al hecho de que se
hayan secado los pozos de agua de varias personas, dice Díaz Paz.
Se proyecta que la minería de
litio tenga un crecimiento exponencial en Argentina. El país cuenta con la
tercera mayor reserva de litio del mundo y es el cuarto productor global,
aunque el presidente Javier Milei considera que la minería está “notablemente
subdesarrollada.” En abril hizo que la importación de equipos y materiales para
la minería resultara más barata y rápida para las empresas.
En junio, el presidente Milei
aseguró la aprobación del Congreso para otra ley que otorga a las compañías
mineras beneficios significativos como reducciones impositivas y aranceles del
0% en las importaciones durante 30 años, entre otros incentivos. Se ha reunido
dos veces con Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, gigante en baterías y
autos eléctricos, que además es uno de los mayores consumidores de litio en el
mundo.
Este plan económico preocupa a
la gente del departamento de Susques. Las minas dan empleo a aproximadamente
30% de los trabajadores del departamento, pero esto es de poca importancia si
el agua está desapareciendo.
Hace tres años, Reinaldo Luzco,
de 75 años, sacaba agua de un pozo natural cercano a su casa para su familia y
sus cabras. Hoy ese pozo está seco. Ahora él depende de que otros le traigan
agua del pueblo y cuando esta no alcanza, bebe agua del río que contiene
arsénico de manera natural.
“¿Qué vamos a hacer? Sin
reservas [de agua] nos vamos a morir”, dice Luzco.
El ‘oro blanco
del siglo XXI’
Durante miles de
años, el agua de lluvia ha bajado de estos picos en los Andes, erosionando
lentamente las sales y el litio de las rocas para formar una salmuera que
penetra los lagos, salares y acuíferos de la Puna.
Se calcula que
Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en esta salmuera; es decir,
10% de las reservas mundiales conocidas de litio. Extraerlo exige perforar los
salares (las superficies blancas y agrietadas de lo que antes fueron lagos y
que ahora se han evaporado completamente), y bombear la salmuera subterránea
hasta las piletas de evaporación cercanas. Una vez que llega a estos estanques
artificiales, la salmuera se deja evaporar hasta por dos años. Luego se procesa
y se obtiene carbonato de litio, una sal blanca que una vez refinada se usa en
la producción de baterías.
Durante 2023,
Minera Exar y Sales de Jujuy extrajeron unos 12 200 millones de litros de
salmuera, según los niveles de producción declarados en sus informes de impacto
ambiental, y el consumo de salmuera por tonelada que han calculado los expertos
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Durante el mismo
período, ambas empresas extrajeron más de 3 700 millones de litros de “agua
industrial” — técnicamente, agua dulce — para producir lo que se conoce
ampliamente como el “oro blanco del siglo XXI”. Esta cantidad equivale a más de
31 veces el consumo anual de agua de los habitantes del departamento de
Susques. Tan solo dos años antes, las minas de litio habían usado cinco veces
el consumo de agua dulce de los habitantes del departamento. En 2023, después
de que Sales de Jujuy expandiera sus operaciones y Minera Exar comenzara a
producir, la extracción de agua dulce se disparó 535%. Y las empresas tienen
planes de expandirse aún más.
Ahora, cuatro
minas producen litio en Argentina: las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar,
que se encuentran en la provincia de Jujuy, la mina Fénix que está en la
provincia de Catamarca y la mina Centenario Ratones, en la provincia de Salta.
Se espera que otras dos minas inicien operaciones este año; otras más les
seguirán. Según un informe de noviembre 2023 de la Secretaría de Minería de
Argentina, están en desarrollo otros 40 proyectos de minería de litio.
Lo crucial para
la gente que vive en la Puna es que esta extracción masiva de agua debajo de
los salares afecta la distribución de los reservorios de agua subterránea en la
región, los cuales se clasifican como de agua dulce, salobre, salada o
salmuera. Todos ellos se conectan a través de zonas de mezcla.
Lo anterior no
sorprende. Un estudio realizado en 2018 por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) de Argentina modeló los impactos pronosticados de la minería
de litio en la cuenca hidrológica Olaroz-Caucharí en la Puna. Según la
investigación, el bombeo masivo de salmuera en el departamento de Susques — que
comenzó en 2015 — probablemente atraiga el agua dulce cercana hacia los
salares, donde se volverá irreversiblemente salada. El estudio también encontró
que es casi seguro que los niveles de la cuenca Olaroz-Caucharí disminuyan,
haciendo que se sequen manantiales, lagos, lagunas y pozos.
Y eso es
exactamente lo que la gente del lugar está comprobando.
Menos agua
disponible
El patio de
María Norma Vasquez aloja un ejército de baldes, bidones y palanganas. Se trata
de su última defensa contra las frecuentes interrupciones en el servicio de
agua de su pueblo, una red de mangueras que toman agua de un manantial cercano.
El agua potable se surte de un tanque en la plaza principal del pueblo,
alimentado por un manantial de bajo caudal en las inmediaciones.
“A veces no
tenemos ni para limpiar, ni para lavar nuestra ropa, hacer higiene, ni nada”,
dice.
Las vegas de
donde bebían los animales están secas, dice Eva, quien pidió que no se
mencionara su apellido por temor a represalias.
“Siento que
chupan todas las venas de todos los cerros”, dice Eva.
Las compañías
mineras han hecho cierto esfuerzo por aliviar la competencia por el agua. En
2022, Minera Exar gastó cerca de 87 millones de pesos argentinos (unos 500 000
dólares en aquel momento) para llevar agua embotellada a sus empleados a fin de
evitar el consumo del agua potable local. Ese mismo año, la compañía también
gastó 640 000 pesos (unos 3 400 dólares en aquel momento) para abastecer de
agua a 104 casas en la región rural de Salar de Olaroz, según el informe de
sostenibilidad para 2022 de la empresa.
Estos esfuerzos
no han aplacado las inquietudes. Muchas personas ya no quieren que las mineras
estén allí. Están uniéndose a las voces que comenzaron a escucharse en 2012 en
la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, vecina de la cuenca del Salar de
Olaroz. Allí, 33 comunidades originarias crearon en 2015 un documento llamado
el Kachi Yupi, que exige que las empresas que quieran instalarse en la zona
sigan un protocolo de consulta que respete la cultura de los grupos indígenas.
Pero ese
protocolo quedó finalmente en la nada luego de que el gobierno provincial de
Jujuy no lo refrendara.
El año pasado,
las comunidades originarias recibieron otro duro golpe.
En junio de
2023, el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional exprés. El proceso
se realizó en poco más de 30 días sin hacer una consulta pública. La reforma
establece que los terrenos fiscales, como los que habitan estas comunidades,
podrán expropiarse y emplearse para desarrollos productivos como la minería de
litio. Asimismo, prohíbe las protestas y manifestaciones que involucren cortes
de rutas, uno de los pocos métodos que tenían los manifestantes para hacerse
escuchar.
Hay algunas
pequeñas señales de cambio. En marzo, en la provincia de Catamarca, luego de
que la gente reportara los efectos negativos de la minería de litio en el Río
Los Patos, un tribunal prohibió todos los permisos de minería nuevos en el área
y ordenó al gobierno provincial realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.
Aun así, la voluntad de algunas comunidades se resquebraja. Este año, Lipán, una de las 33 comunidades que firmó el Kachi Yupi, se separó de las demás y permitió que comenzara la exploración para la extracción de litio en sus tierras. https://laverdadjuarez.com/
Brasil. Río Amazonas sufre las consecuencias del cambio climático
La falta de lluvias y el
incremento de temperaturas afectan la navegación y el trasiego de pasajeros y
cargas, y encarecen los alimentos y la electricidad.
El Gobierno de Brasil anunció
que planea dragar varios tramos del río Amazonas debido a que el nivel del agua
se está reduciendo a pozas superficiales de tan solo unos metros de
profundidad.
De acuerdo con la iniciativa, se
recogerían sedimentos en cuatro tramos estratégicos de su cauce y se
depositarían en zonas donde el agua es más profunda. El Gobierno defendió la
decisión explicando que permitirá la circulación de personas y mercancías,
incluso en tiempos de sequía.
Sin embargo, algunos científicos
afirman que esa práctica podría dejar huellas duraderas en los sistemas
acuáticos, perjudicando las plantas y los animales.
De acuerdo con el Servicio
Geológico de Brasil, el pasado mes de septiembre el río descendió a su nivel
más bajo jamás registrado, unos 7.6 metros por debajo de la media para esta
época del año.
El director del
Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte, Fabricio de Oliveira
Galvão, expresó: “En algunos lugares, prácticamente podemos ver la vegetación
en la superficie del río, el agua está tan baja que las plantas del lecho
quedan expuestas”.
El río Amazonas
es una importante vía de comunicación. El descenso de las aguas ha impactado de
manera negativa el trasiego de personas y cargas vitales a través de
embarcaciones, así como el acceso de buques de carga al centro internacional de
producción de Manaos.
Pero no son las
únicas actividades afectadas. De acuerdo con el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE), la sequía generó un incremento en septiembre de
0,44 por ciento en los precios (mayor variación del mes desde 2021) y un 0,50
por ciento en precios de los alimentos.
Debido al aporte
de la generación hidroeléctrica a la matriz energética nacional, la falta de
precipitaciones también encareció la electricidad, causando un aumento de casi
0.90 reales cada 100 kWh.
El investigador
de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, Bernardo Flores,
resaltó que en algunas regiones de la Amazonía la temperatura media ha
aumentado un 2 por ciento desde la década de 1980 y, según los pronósticos,
continuará subiendo.
Flores expresó: “Toda la Amazonia se está calentando mucho más … y esto tiene una influencia enorme. La sequía actual está asociada a estas temperaturas mucho más altas”.
El cambio
climático, la deforestación y los constantes incendios son la razón principal
de la sequía en la región y, por consiguiente, del descenso de las aguas del
río Amazonas. https://www.telesurtv.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”