HIDROBOLETÍN FENTAP 3580: PERÚ - Congresistas solicitan a la ministra de economía, subvención económica requerida por la Fentap, para afrontar la crisis económica de las empresas de saneamiento y Sedapal

 Jueves, 15 de octubre de 2020 – Año XIV – Edición 3580 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

·        PERÚ - Congresistas solicitan a la ministra de economía, subvención económica requerida por la Fentap, para afrontar la crisis económica de las empresas de saneamiento y Sedapal

·        PERÚ - Moquegua: Pasto Grande evalúa responsabilidad de Obrainsa por retraso en Lomas de Ilo

·        PERÚ - Arequipa: monitorean represas ante cercanía de fenómeno de La Niña

·        PERÚ - La minería ilegal en tiempos de pandemia. A pesar de las restricciones que ha generado el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, en nuestro país algunas actividades han seguido operando. Es el caso de la gran minería formal, pero también otras que están fuera de la ley, como la minería ilegal

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Congresistas solicitan a la ministra de economía, subvención económica requerida por la Fentap, para afrontar la crisis económica de las empresas de saneamiento y Sedapal

Comunicado de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - Fentap   

 

HIDROREGIONES PERÚ

Moquegua: Pasto Grande evalúa responsabilidad de Obrainsa por retraso en Lomas de Ilo

Entrevista. Agapito Mamani, gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, explica estado del proyecto. Durante el 2019, Contraloría alertó irregularidades.

Gobierno Regional de Moquegua licitó el proyecto de irrigación Lomas de Ilo en 2013, cuya obra debía concluir en 300 días. Martín Vizcarra era gobernador regional y la empresa Obrainsa ganó la licitación. Esta compañía a través de ampliaciones, aprobadas por la gestión que sucedió a Vizcarra, concluyó la obra en 826 días, con deficiencias confirmadas por la Contraloría en 2019. La obra lleva tres años sin operación y la Fiscalía investiga un presunto direccionamiento en la licitación. El gerente de Pasto Grande Agapito Mamani, en la siguiente entrevista explica el estado del proyecto.

¿En qué consiste Lomas de Ilo?

Consiste en la instalación de una tubería, de una longitud de 63 kilómetros, para llevar agua a la cabecera de la zona de las lomas. Allí habrá un reservorio de 20 mil metros cúbicos y a partir de ese reservorio una línea irá a través de la cabecera de la zona de irrigación, que son 17 kilómetros. Son alrededor de 80 kilómetros de tuberías. El objetivo es la ampliación de la frontera agrícola, y esa red de tuberías permitirá irrigar 1,750 hectáreas.

¿Por qué la irrigación de Lomas de Ilo no ha funcionado hasta ahora? ¿De quién es responsabilidad?

La obra fue recibida en febrero de 2017 sin embargo no estaba al 100%, faltaba un 3%. Es decir, en la parte final de los 17 km no está concluida. La prueba de funcionamiento no se ha hecho y tampoco la liquidación. Estoy en el cargo un mes y medio, tenemos la asesoría del Ministerio de Agricultura con un especialista, nosotros hemos puesto dos especialistas (...) los tres están haciendo un expediente para iniciar la prueba de funcionamiento en la quincena de noviembre. Podría demandarnos tiempo hasta marzo.

Obrainsa trató de hacer una primera prueba, pero las tuberías colapsaron.

Sí, en junio del 2017 hicieron una prueba en la cual fallaron dos válvulas y 60 metros de tubería. Colapsaron y suspendieron las pruebas. Sabemos que la empresa, que aún está en el plazo de garantía, ha cambiado de tuberías, pero no reiniciaron las pruebas. Luego intervino la Contraloría, la cual ha recomendado que pongamos en funcionamiento la obra, no podemos tener un “elefante blanco”.

Con todos los inconvenientes que ha tenido Lomas de Ilo y lo auditado por la Contraloría ¿No han contemplado en algún momento atribuir responsabilidades a Obrainsa?

Es una posibilidad que no descartamos por eso estamos haciendo una evaluación exhaustiva tanto de la obra en sí, su ejecución, la prueba, como también la parte de la liquidación y como lo dijo el asesor legal, también evaluamos la forma en que se desarrollaron los laudos arbitrales con Obrainsa.

¿Cuántos arbitrajes ha ganado Obrainsa ante Pasto Grande y cuánto perjuicio económico significa eso?

(Consultando al asesor legal de Pasto Grande) Han sido siete arbitrajes que se dado en la gestión anterior, todos por ampliaciones de plazo. Los seis primero significan diez millones de soles y el último, que llegó a instancias judiciales (casación) aún no ha sido estimado, pero se presume podrían ser 8 millones de soles. No hemos pagado los arbitrajes, y no se hará hasta concluir la evaluación del proyecto, y si hay perjuicio económico y la revisión de todos los documentos.

¿Qué dicen los agricultores que ganaron las subastas de las hectáreas en las lomas?

Hace 20 días tuvimos una reunión con los adjudicatarios y nos plantean cuándo vamos a entregarles el agua en Lomas de Ilo. Incluso nos han indicado que nos van iniciar procesos judiciales por daños y perjuicios. Es lógico pensar que los daños no han sido ocasionados solo por Pasto Grande sino también esto deviene de un contrato de obra que genera problemas porque no se hicieron las pruebas y ni liquidación. Tenemos que trasladar eso a la empresa, me parece. Eso lo estamos analizando, evaluando, no digo que lo vamos hacer porque aún está en proceso.

El hallazgo de restos arqueológicos en las lomas también los ha retrasado ¿Eso tiene que ver con Obrainsa?

No tiene nada que ver Obrainsa. Ellos tienen que responder por la tubería. Sobre el tema arqueológicos, se supo que había restos inicialmente, pero se había estimado que estaban a 15 centímetros de profundidad ahora se sabe que están a 3 o 4 metros. Ahora resulta que hay toda una población (restos) en las lomas vendidas. https://larepublica.pe/

Arequipa: monitorean represas ante cercanía de fenómeno de La Niña

Los volúmenes de agua almacenados en las represas del Sistema Chili, hasta el 12 de octubre, llegan a un volumen útil de 258.420 hectómetros cúbicos (hm3). Esta cantidad de almacenaje asegura el abastecimiento del recurso hídrico para los siguientes meses, según la Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca – Chili, de Arequipa.

Pese a ello, el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca – Chili, Isaác Martínez, dijo que se mantienen alertas en cuanto a algún cambio producido por el fenómeno de La Niña. Así, se viene monitoreando el volumen en las represas, para prever descargas, y evitar un futuro reboso de los diques.

Trabajo conjunto con Senamhi Arequipa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) envía constantemente los reportes sobre eventualidades meteorológicas al consejo de recursos hídricos. Mediante estos monitoreos, Martínez explica que proyectan planes de contingencia.

Por el momento, la represa de Aguada Blanca es la que más vigilancia tiene, debido a la cantidad de sedimentación que se conserva en su base. Ante esta situación, el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de esta cuenca ha solicitado un estudio de batimetría. Es decir, un estudio de las profundidades marinas, de la tercera dimensión de los fondos lacustres o marinos. https://elbuho.pe/

La minería ilegal en tiempos de pandemia

A pesar de las restricciones que ha generado el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, en nuestro país algunas actividades han seguido operando. Es el caso de la gran minería formal, pero también otras que están fuera de la ley, como la minería ilegal.

José Ventura define la minería ilegal –para diferenciarla de la minería artesanal e informal–, como aquella que, no se caracteriza solamente por el volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus actividades afectando los derechos de otros y en zonas abiertamente prohibidas.

Por ejemplo, en reservas naturales o áreas protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando efectos sociales terribles, como explotación sexual infantil, trata de personas, condiciones laborales de extrema explotación, trabajo infantil, etc. (1)

Hace unos años se estimó que la minería ilegal en el Perú mueve más de 2,900 millones de dólares al año, convirtiéndose en una actividad criminal que puede generar mayores ganancias que el propio narcotráfico.

Es por eso que el gobierno peruano ha continuado realizando operativos para combatir esta actividad en pleno estado de emergencia por la pandemia. El pasado jueves 10 de setiembre en el marco del operativo Mercurio, la Fiscalía con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo helitransportado en la Reserva Comunal Amarakaeri, que abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

Igualmente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios realizó un operativo en diversos sectores afectados por la minería ilegal que contaminaban el río Pariamanu y que había puesto en riesgo la salud de la población indígena amahuaca de la comunidad nativa Boca Pariamanu. Los patrullajes que realizan los indígenas a lo largo del río han visibilizado el tema, pero los ha expuesto a las amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales.

Esta violencia ha coincidido con el incremento de la actividad minera. El último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló que el aumento de la deforestación en la zona del Pariamanu, en el 2019, como consecuencia de la minería ilegal, fue del 70 %. La tasa de hectáreas depredadas por mes pasó de 2.5, entre el 2017 y 2018, a 4.2 durante el 2019. (2)

De igual manera en setiembre las autoridades realizaron un operativo inopinado contra la minería ilegal en la Comunidad de Pucaurco, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto. Asimismo, el Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, en las operaciones especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2020.

La minería ilegal está estrechamente vinculada a la violencia en las zonas donde opera, en especial la dirigida a los defensores ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, cinco defensores ambientales fueron asesinados durante el 2020. Tras el asesinato a balazos del defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido a comienzo de setiembre en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo ha solicitad una serie de medidas urgentes al Estado para proteger la vida de estas personas que reciben amenazas por sujetos inescrupulosos que coexisten en el ilícito mundo de la tala ilegal, la minería informal y el tráfico de tierras. En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales.

Por otro parte, entre marzo y junio, Suiza, país que refina alrededor de 60% de la oferta mundial de oro, envió volúmenes históricos a Estados Unidos ante la demanda de los inversores. Sin embargo, pese a que las autoridades de muchos países productores de oro han adoptado medidas restrictivas por la pandemia, la extracción ilegal de oro ha crecido. Asimismo, como varias minas formales no están operando, la minería ilegal estaría compensando el déficit de oro. (3)

Perú es el séptimo productor de oro a nivel mundial y 20% de su oferta provendría de la minería ilegal. Durante los últimos 30 años, alrededor de 960 km2 de selva tropical han desaparecido porque poblaciones de las zonas más pobres del país se han mudado a lugares donde hay reservas de oro para dedicarse a la extracción de este mineral en busca del sueño de hacerse ricos. Pero ya sabemos que esta actividad va a acompañada de mucha violencia, trata de personas, prostitución, así como de los terribles daños al medio ambiente.

Lo expuesto nos muestra que la minería ilegal sigue siendo una actividad ilegal muy lucrativa y que debe ser combatida por sus nocivos impactos sociales y ambientales, tarea que debe cumplir con firmeza el Estado y sus fuerzas de seguridad. Pero el aumento de la demanda de minerales como el oro en el mercado internacional, nos muestra que la estrategia contra esta actividad no puede ser solo represiva; se debe trabajar de la mano con las comunidades afectadas, protegiendo sus derechos e integridad, así como también investigando y actuando contra las cadenas de compras y blanqueo de esta actividad en los mercados internacionales. https://www.servindi.org/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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