Lunes, 14 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3905 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Análisis revelan elevadas concentraciones de hidrocarburos
en playas afectadas por el derrame de Repsol. El primer informe del Instituto
del Mar del Perú (Imarpe), en base a muestras tomadas tres días después del
desastre ecológico ocasionado por Repsol, concluye que hubo “altísimas
concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo” y daños no solo en la
“calidad acuática del litoral” sino también en las especies de plantas,
animales y otros organismos que habitan en el mar. A un mes de los hechos,
especialistas entrevistados coinciden en que más allá de una limpieza
superficial del crudo de las playas, tomará años remediar los ecosistemas y
zonas afectadas por el derrame del último 15 de enero
PERÚ - Conflictos sociales: el pasivo que el Estado no logra
remediar. La Defensoría del Pueblo alertó que muchos de estos casos están a la
espera de una solución porque no fueron encargados a una comisión que le haga
seguimiento, no contaban con agenda de reunión o carecían de un plazo de
cumplimiento, lo que los hacía casi inviables. Estas trabas solo agudizan las
protestas –como ocurre actualmente en el corredor minero- y terminan por
socavar la poca confianza que los ciudadanos mantenían en el gobierno
PERÚ - Arequipa: en Majes I gastan 22 millones y agricultores
devuelven un millón. Opositores de Majes II citan a la primera etapa como
ejemplo de agricultura. Gerente de Autodema afirma que si eso fuese así no
habría que asumir gastos operativos
PERÚ - Talara: Fiscalía investiga contaminación del medio ambiente
en Máncora
Análisis revelan elevadas
concentraciones de hidrocarburos en playas afectadas por el derrame de Repsol
El primer informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), en base a muestras tomadas tres días después del desastre ecológico ocasionado por Repsol, concluye que hubo “altísimas concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo” y daños no solo en la “calidad acuática del litoral” sino también en las especies de plantas, animales y otros organismos que habitan en el mar. A un mes de los hechos, especialistas entrevistados coinciden en que más allá de una limpieza superficial del crudo de las playas, tomará años remediar los ecosistemas y zonas afectadas por el derrame del último 15 de enero.
En el muelle de Ancón, a poco más de una hora en auto desde
el centro de la ciudad de Lima, los puestos de pescadores artesanales lucen
vacíos desde hace casi un mes. Los pocos revendedores, instalados de manera
provisional en una esquina del terminal, desconocen cuándo retornarán los
antiguos comerciantes a sus negocios y aseguran haber tenido la suerte de que
el derrame de crudo de Repsol, ocurrido el 15 de enero pasado en el distrito de
Ventanilla —a 10 kilómetros de Ancón—, no se haya expandido hacia el lugar
donde pescan a diario pequeñas embarcaciones.
OjoPúblico accedió al primer reporte del Instituto del Mar
del Perú (Imarpe), organismo especializado en generar conocimiento científico
para el aprovechamiento de los recursos marinos, y conoció que los valores
totales de hidrocarburos (TPH) excedieron hasta en un millón y medio de veces
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). El reporte del Imarpe señala que los
TPH tenían un rango de 789,7 a 15.279,5 miligramos por litro (mg/L), cuando el
ECA máximo para este componente es de apenas 0,01 mg/L. La mayor concentración
de este elemento, según Imarpe, se detectó en el norte de la playa Cavero.
Pese a los altos resultados y el actual trabajo de limpieza
en la zona, todavía es muy prematuro asegurar que en el futuro no habrá
afectaciones en los ecosistemas acuáticos adonde no llegó el crudo del desastre
ambiental. Las autoridades peruanas continúan las indagaciones para determinar
las responsabilidades de la Refinería La Pampilla, empresa de Repsol, que puede
enfrentar una multa de hasta USD 35 millones por el derrame de más de 10.000
barriles de petróleo en la costa peruana.
El último 9 de febrero, la fiscalía ambiental de Lima Norte
no pudo avanzar en las indagaciones debido a que la empresa todavía no ha
retirado una estructura submarina denominada colectores finales de tuberías
(PLEM, por sus siglas en inglés) que, de tener un análisis de muestras en
laboratorio, ayudaría a identificar el origen del derrame. Este sistema permite
conectar el ducto submarino de la refinería con las mangueras del buque.
Además, recepciona y distribuye los hidrocarburos.
Al respecto, el área de prensa del Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) indicó a OjoPúblico que Repsol
tenía pendiente “la recuperación de 2.200 barriles de crudo al interior del
ducto [donde se encuentra el PLEM]”. El último 11 de febrero, el presidente del
consejo directivo de Osinergmin, Jaime Mendoza Gacon, aseguró en su exposición
ante la comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y
ecología del Congreso que el próximo 14 de febrero retirarán el PLEM para el
posterior análisis de muestras en laboratorio.
Pese a los reiterados pedidos, el organismo supervisor no
entregó el plan de actividades aprobado a la compañía de hidrocarburos.
Niveles en alerta
La noche del 15 de enero de este año, un representante de
La Pampilla registró el derrame de hidrocarburos como una emergencia en el
sistema del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Tres días
después, el Imarpe —adscrito al Ministerio de Producción—inició un trabajo en
campo para estimar el nivel de afectación del suceso sobre el ecosistema marino,
así como en las actividades de pesca y recreación en las playas Cavero,
Ventanilla y Costa Azul.
Los resultados de esta visita arrojaron niveles de
hidrocarburos totales de petróleo (TPH) muy por encima del establecido en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua, parámetros aprobados por el
Ministerio del Ambiente en 2017.
“Los daños causados por esta masiva presencia de TPH no solo
en la calidad acuática del litoral sino también sobre la biota marina, es
bastante evidente”, concluye el informe de 24 páginas donde también se detallan
los primeros impactos generados por el derrame en los ecosistemas acuáticos de
las zonas analizadas.
Para monitorear avances y comparar los datos con los
primeros hallazgos, el recojo de muestras ha continuado en otras dos
oportunidades, la última el pasado 7 de febrero. Según fuentes al interior de
la institución, el segundo reporte todavía no está cerrado porque faltaba la
revisión de los cinco sectores del Ejecutivo que integran el comité de crisis
para enfrentar el derrame, un grupo creado en enero por la expremier Mirtha
Vásquez. Con la reciente crisis política no se han vuelto a reunir para analizar
este tema pendiente.
Al ser consultado sobre los resultados del documento, el
coordinador del área de investigaciones marino costeras del Imarpe, Piero
Villegas Apaza, dijo que los valores servían de “referencia” para saber si en
el futuro existe una reducción de las cantidades y concentraciones de
hidrocarburos, y también para comparar la información con más datos como
biodiversidad, fauna, entre otros.
El especialista comentó que, con el transcurrir de las
semanas y recojo de nuevas muestras que todavía no son públicas, identificaron
que en la playa Cavero “ha habido una reducción significativa [de los niveles
de hidrocarburos], pero aún está muy por encima de los ECA”.
En un comunicado del último 7 de febrero, Repsol indicó que
se encontraba en la etapa final de limpieza de las playas y quedaba “poco
hidrocarburo por retirar” que estaba “acumulado en algunas zonas rocosas de
difícil acceso”. Pese al optimismo mostrado por la compañía, el proceso de
remediación será más complicado e incierto, de acuerdo al análisis de expertos
consultados por OjoPúblico.
El biólogo marino y director científico de Oceana Perú,
Juan Carlos Riveros, considera que por el momento los niveles detectados
convierten en “insalubres” a las playas afectadas. El especialista también
comenta que el proceso de remediación dependerá de diferentes factores como el
ecosistema o el tipo de corriente que entra al mar que no hacen posible estimar
un período específico.
“No sabemos cuánto petróleo ha quedado en la zona porque no
se distribuye de manera uniforme. Podría mezclarse con la arena que se queda en
el pozo para siempre. La recuperación toma años para que la zona vuelva a ser
normal y es posible que no podamos comer lo que crezca allí al menos en 20 o 30
años”, explica Riveros. Además, sostuvo que se le debería exigir a la empresa
que comparta un “plan público” para conocer los indicadores de la remediación.
Peligro declarado
El terminal 2 de La Pampilla, donde ocurrió el desastre y
continúa el retiro de barriles de crudo, tuvo una mención a considerar en el
plan de contingencia que presentó Repsol y fue aprobado por el Ministerio del
Ambiente en 2015. Entre el centenar de páginas, hay unos puntos que muestran
los peligros que había en esta zona para las actividades de carga y descarga de
crudo.
La propia empresa realizó posibles escenarios de derrames
tomando como base al terminal 2 por sus “características como caudales de
bombeo, volumen de producto, diámetro de la línea, tipo de sustancias, posición
del terminal, el mismo se puede considerar más peligroso”. Es decir, la
compañía tenía conocimiento de que en este lugar existía un mayor riesgo de
ocurrir un evento como al final sucedió el 15 de enero.
En el plan de contingencia también se indica como
eventuales “sucesos iniciadores” de un posible derrame a fallas en la manguera
de carga o tuberías; sobrecarga o falla de buque tanque, rotura o daños de la
tubería, fuga y falla del equipamiento como el sistema de bombeo o válvula de
escape.
Repsol consideró como peor escenario de descarga a un
evento de caída de 15.000 metros cúbicos de petróleo, una cifra que equivale a
más de 94.000 barriles de crudo. En el desastre de enero, la empresa calculó
más de 10.000 barriles vertidos en el mar.
El 11 de febrero, en su presentación ante la comisión de
pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología del Congreso, el
presidente del directorio de La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena,
señaló que el “plan de contingencia funcionó perfectamente” al referirse a las
barreras de contención de crudo que se desplegaron una hora después de que
identificaran el suceso del 15 de enero.
El directivo español también dijo que el plan se encontraba
aprobado por “todas las autoridades [peruanas]” y que no hubieran podido operar
“si no hubieran estado todos los protocolos aprobados y en regla”. Sin embargo,
en su intervención nunca recordó que este documento no registraba ninguna
actualización desde 2015, ni que la propia empresa identificó al terminal 2
como una zona de riesgo.
Deterioro ambiental
Además de los altos niveles de crudo en el mar
identificados por Imarpe, el documento también indica que los valores son
dañinos para el ecosistema marino por el hecho de poder “causar intoxicación y
muerte en los organismos que se desarrollan en esta zona” y también representan
un “riesgo altamente significativo” para la “biota marina”, es decir, las
especies de plantas, animales y otras que habitan en el mar.
El coordinador del Laboratorio de Biología Marina de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Yuri Hooker Mantilla, indicó que al
analizar el impacto del derrame no se debe perder de vista a los organismos
invertebrados que también se encuentran en el mar debido a que se pueden
identificar las toxinas en sus cuerpos para un posterior monitoreo en la reducción
de los niveles de hidrocarburos.
“Si en la selva o mar toman muestras del fondo va a tener
toxinas de hidrocarburos. El hecho de que no se vea sucio no implica que el mar
esté limpio porque los contaminantes se unen debajo del agua y se acumulan en
organismos que mantienen estas toxinas vigentes”, señaló y agregó que la
remediación dentro del mar puede tardar años y que en casos de derrames menores
las huellas de petróleo desaparecen en al menos una década.
Una de las especies más afectadas han sido las aves que
sobrevolaban y se alimentaban de peces que cazaban en las peñas de las playas
Cavero y otras de Ancón. “El contacto directo del ave con el petróleo durante
sus actividades compromete la calidad de la permeabilidad de las plumas, lo
cual les restringe permanecer en este medio (...) lo que también inhibe su
capacidad de vuelo. Además, a largo plazo la ingestión e inhalación de este
hidrocarburo traerá la muerte por envenenamiento”, explica Imarpe en los puntos
de su informe vinculados a la afectación de la fauna.
Hasta el 7 de febrero el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) identificó a más de 950 aves
cubiertas de petróleo en áreas naturales protegidas. Entre las especies se
encuentran el cormorán, guanay, pelícanos, gaviota peruana y pingüino de
Humboldt. El Sernanp también reportó más de 190 aves muertas como consecuencia
del derrame. Los cálculos oficiales estiman que hay 180.000 aves expuestas a la
contaminación, solo en las islas e islotes.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)
reportó al 9 de febrero el rescate de 233 aves que fueron trasladadas para su
recuperación al zoológico Parque de las Leyendas, sin embargo, como
consecuencia de los niveles de crudo en su organismo, se reportó en los últimos
días que, por lo menos, han fallecido la mitad de las aves tratadas en este
centro.
Desde que inició el derrame, han sido afectadas 21 playas y
dos áreas naturales protegidas: la zona reservada de Ancón y la Reserva
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (Rnsiipg).
El biólogo y representante regional del Sustainable Ocean
Alliance (SOA), Daniel Cáceres Bartra, aseguró que entre las consecuencias
generales del desastre se tendrá un bajo poblamiento de peces, que tendrán irritación
en sus escamas por los componentes tóxicos del petróleo y en los próximos años
podrán ser más pequeños.
Cáceres Bartra plantea que se consideren “análisis
bioquímicos en conchas y caracoles”, así como la medición del impacto no solo
ambiental, sino también en los servicios que brinda el mar a la población como
ser un espacio de esparcimiento y recreación que al estar con crudo se verán
afectados.
Monitoreo futuro
La limpieza del petróleo en la superficie marina y las
supervisiones que se encuentran realizando diferentes instituciones del Estado
representan los primeros pasos para la remediación de los ecosistemas
afectados. De acuerdo a los especialistas entrevistados, la evaluación
constante y la coordinación interdisciplinaria permitirán monitorear el trabajo
que realiza en campo la empresa.
Además de los aspectos técnicos que pueda tener una
supervisión continúa, Diego Saavedra, especialista del programa de gobernanza y
gestión ambiental de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera
prioritario que se difunda de forma pública las medidas que está realizando el
Estado frente al desastre.
“Es necesario que la población y afectados conozcan, por
ejemplo, cuáles van a ser los plazos [aprobados a Repsol para la remediación]
porque seguro tomará años una acción correctiva. Hoy, más allá de las notas de
prensa, no se sabe cuáles son las acciones específicas de remediación. No se
tiene un avance gradual”, comentó.
En los próximos meses, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) tendrá la responsabilidad de seguir el
cumplimiento de los compromisos de Repsol respecto a la remediación del
derrame. De acuerdo al avance y evaluación de este proceso, según le informó a
OjoPúblico, el OEFA podrá realizar visitas inopinadas y priorizará el trabajo
en campo sin importar que La Pampilla no figure entre las empresas incluidas en
el Plan Anual de Fiscalización Ambiental (Planefa), un instrumento que le
permite a este organismo supervisor planificar sus actividades.
El biólogo marino Daniel Cáceres Bartra recordó que el
derrame ha generado efectos indirectos como el impacto de vehículos motorizados
y camiones sobre la arena y por ello sería necesario evaluar el cierre temporal
de las playas afectadas al público, al menos por la temporada de verano. “[En
la etapa de limpieza] se han atropellado cangrejos, varios peces han muerto y
las aves marinas se han retirado. Después de la limpieza debería haber un
tiempo más para que vuelvan las especies afectadas”, dijo.
En medio del trabajo pendiente, principalmente en los mares
de Ventanilla y Ancón, la crisis política se agudizó en los últimos días y
desde que inició el derrame han juramentado tres ministros del Ambiente. El
último ha sido Modesto Montoya, físico nuclear y exasesor presidencial en temas
científicos, quien, en su primera intervención en el Consejo de Ministros del
último 9 de febrero, no brindó una medida concreta sobre lo que su sector
realizará en los próximos días para la atención del derrame que ha ocasionado
el mayor desastre ecológico de la costa peruana. https://ojo-publico.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Conflictos sociales: el pasivo que el Estado no logra remediar
En la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, la esperanza
se convirtió en indignación. Y así lo dejan ver con claridad los habitantes del
distrito de Ccapacmarca, que hace más de dos semanas mantienen bloqueado el
denominado Corredor Minero del Sur como medida de protesta contra un gobierno
que sienten que no los escucha.
"Hemos solicitado su presencia [al presidente Pedro
Castillo] con sus ministros, pero nunca ha venido acá a querer dar solución.
Por lo tanto, nosotros seguimos en pie de lucha. También estamos en espera del
nuevo gabinete. Tenemos conocimiento. Por ende, vamos a esperar en pie de
lucha", afirmó en una radio local César Pastor, presidente del Comité de
Lucha de las Comunidades Campesinas de Ccapacmarca.
Protestan contra la recategorización de su principal vía
comunal en una nacional -por parte del Ministerio de Transportes- y exigen ser
declarados como zona de influencia directa de la empresa minera MMG Las Bambas.
Esta controversia eso solo uno de los cientos de conflictos
sociales que persisten en el país y que no alcanzan una solución efectiva y permanente,
tal como lo reporta la Defensoría del Pueblo en su informe N.º 187-2021 “Conflictos
sociales y cumplimiento de acuerdos”, recientemente aprobado el último 10 de
enero.
En el estudio, la entidad defensorial señala con claridad
que el continuidad y vigencia de cada proceso de diálogo sigue siendo
imprevisible. Su producto principal, los acuerdos, despiertan preocupación por
la forma cómo se construyen y, especialmente, por la falta de seguridad
respecto de su cumplimiento.
“La Defensoría del Pueblo sostiene que el incumplimiento de
acuerdos debilita los espacios de diálogo, afecta la legitimidad de las
entidades estatales, deteriora las relaciones de confianza entre Estado y
ciudadanos o profundiza la desconfianza, y abre las puertas al reinicio de acciones
colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración
experimentada”, se concluye la entidad estatal.
Panorama
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos
Sociales de la Defensoría del Pueblo, precisó a Convoca.pe que durante el 2021
se registraron 55 nuevos casos de conflictos sociales y solo 13 fueron
resueltos. Asimismo, en el 2020, se dio cuenta de 34 de estos eventos, de los
cuales 8 llegaron a buen puerto.
“Es una situación realmente preocupante y que nos lleva a
revisar los procedimientos, mecanismos, forma en que está organizado el Estado
para enfrentar a la conflictividad social”, comentó a este portal.
Pero el tema va más allá. Tras analizar 4,258 acuerdos que
constan en 774 actas, correspondientes a 29 procesos de diálogo desarrollados
entre el 2012 y 2019, la Defensoría del Pueblo destacó ciertos hallazgos. Por
ejemplo, que el 72.5% de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo fue
asumido por el Estado, en tanto que un 19% por las empresas. El 14.4% restante,
por la sociedad.
Y a partir de este punto las cifras toman un matiz
preocupante. La entidad defensorial detectó que el 76.5% de acuerdos asumidos
por el Estado es responsabilidad del gobierno nacional. Sin embargo, en el 87%
de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer
seguimiento.
Además, en la muestra trabajada, se comprobó que el 55% de
las actas de acuerdos no evidenció contar con agenda de reunión y que en el 87%
de los acuerdos analizados no se encargó a una entidad o comisión la
responsabilidad de hacer seguimiento.
Lo que es peor, el 55% de las actas no contaba con agenda
de reunión, en tanto que en el 57.7% de los acuerdos alcanzados en las mesas de
diálogo no se precisó un plazo de cumplimiento.
“Este es un error frecuente e insalvable, que deja abierto
el acuerdo a la disponibilidad o decisión del actor llamado a cumplir. Si nos
ponemos un poco suspicaces, no sería extraño que de una manera deliberada se
omita poner plazos, justamente, para tener un margen de acción mayor de parte
del Estado o de la empresa, o simplemente para que el acuerdo con esta
imperfección quede mal formulado. Es decir, cuando no hay un plazo, es muy
difícil exigir el cumplimiento y el acuerdo se debilita”, explicó el experto en
conflictos sociales de la Defensoría.
De otro lado, el informe defensorial Nº 187-2021 señala
además que los costos -institucionales, económicos, personales- originados en
el incumplimiento de los acuerdos son altos y, por ello, el Estado debe tener
reglas claras para su participación en los procesos de diálogo, especialmente
al momento de adquirir compromisos. Además, debe contar con una estrategia de
cumplimiento incorporada a la gestión pública y con procedimientos de
seguimiento interno, ágiles y transparentes, y en contacto frecuente con los
actores participantes en los espacios de diálogo.
“El nivel de cumplimiento de acuerdos revela que el Estado
no ha sido lo suficientemente prolijo y precavido a la hora de adquirir
compromisos. Siempre que una entidad pública se comprometa a algo debe
verificar si cuenta con recursos, si los acuerdos están dentro de la ley, si se
enmarca en las políticas públicas previamente definidas, y si los plazos de
cumplimiento son razonables. Hoy existe un considerable número de acuerdos
pendientes de cumplir, muchos de ellos heredados de gobiernos anteriores”,
detalla el documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.
En este punto, Rolando Luque precisó a este medio que los
incumplimientos son muy variados y dependen mucho del tipo de conflicto. “En el
[plano] socioambiental hay acuerdos relacionados con compensaciones económicas,
modificación a estudios de impacto ambiental, desarrollo de políticas de
responsabilidad social en la zona. En otros casos, relacionados con las obligaciones
del Estado, es frecuente encontrar acuerdos sobre temas de agua y saneamiento,
salud, educación, infraestructura. Igualmente, en derechos laborales”, explicó.
Trasfondo
El panorama mostrado por la Defensoría del Pueblo cobra
mayor sentido si se tiene en cuenta que, este viernes, los moradores de
Coporaque, en Chumbivilcas, también bloquearon vía nacional, impidiendo el paso
de vehículos de transporte de material que se dirigían o salían de la mina Las
Bambas.
“Estamos con los representantes de las 27 comunidades
originarias de Coporaque porque hoy día, 11 de febrero, el Estado se
comprometió a estar presente y solucionar los problemas junto con [MMG] Las
Bambas, que es irresponsable y no quiere cumplir su compromiso social y
ambiental. Por eso desde hoy no hay paso”, advirtió en los medios de
comunicación un dirigente comunal.
Casi en paralelo, los trabajadores de la minera Austria
Duvaz, ubicada en Morococha, en Junín –que acatan una huelga desde hace más de
una semana- denunciaron que sufrieron la represión de la Policía Nacional del
Perú (PNP). Estos ciudadanos denunciaron que muchos de ellos fueron despedidos
en un cese colectivo a inicios de año, por lo que exigen su reposición laboral.
¿Por qué los conflictos parecen
agravarse en vez de resolverse?
José de Echave, economista y exviceministro de Gestión
Ambiental, explicó a Concova.pe que, en algún momento, las mesas de diálogo y
las actas y compromisos que se firman tienen como objetivo principal desactivar
el conflicto, la movilización el bloqueo de carreteras, entre otros.
“Y eso lleva muchas veces a que muchas de las actas lleven
compromisos que no son muy realistas, quizá obras que no se van a poder
ejecutar, [porque] detrás no hay presupuesto suficiente y el responsable de
algún sector que representa al gobierno debe hacer después gestiones para que
libere recursos que de repente no están, que no forman parte del presupuesto de
la Nación. Y eso hace que los compromisos no se cumplan o el avance sea muy
lento”, señaló el experto en materia ambiental.
El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, había
señalado que la solución al conflicto del Corredor Minero es implementar la
denominada Zona de Atención Especial (ZAE), que incluye a comunidades de la
provincia de Chumbivilcas.
“Hemos pedido a los dirigentes de Ccapacmarca que suspendan
su medida hasta el 17 o 20 de febrero porque aún el nuevo gabinete no ha
recibido el voto de confianza, pero no lo aceptan e insisten con bloquear la
vía”, señaló la autoridad regional en RPP. Sin embargo, la solución real y
permanente para estos temas no es tan sencilla como parece.
Por su parte, Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo,
resaltó que la resolución de los conflictos se dificulta por el inadecuado o
nulo rastreo de los casos. “Hacer seguimiento significa saber dónde está el
acuerdo, quién lo tiene, qué están haciendo con él. ¿Existe o no una matriz que
me permite saber el grado de avances en cumplimiento, quién es responsable,
cuándo será el cumplimiento del 100%?", señaló a este portal.
No obstante, recalcó que las actas de negociación son
básicamente documentos políticos y no son exigibles en términos administrativos
o judiciales. “Es un documento cuya ejecución va a depender siempre de que esa
voluntad política, de cumplir compromisos, se mantenga. Y en el Perú hay gran
movilidad -en los últimos cinco años- de funcionarios públicos. (…) Si bien las
actas comprometen al Estado y deben ser respetadas, hay una tendencia a
desconocer al acta cuando hay un cambio de ministros, viceministros”, explicó
Rolando Luque.
Los habitantes de las comunidades de Chumbivilcas, que
bloquearon el Corredor Minero, intentaron negociar una salida al conflicto con
el exjefe de gabinete, Guido Bellido, y más recientemente con la expremier
Mirtha Vásquez. Sin embargo, ahora deben esperar que las aguas políticas se
calmen para saber si podrán conversar con Aníbal Torres o su sucesor.
“En cada reunión, las poblaciones ven otros rostros. Sería
entendible que estuviéramos hablando de gobiernos diferentes. Pero para poner
un ejemplo, en estos seis meses, las poblaciones han visto funcionarios
desfilar por mesas de dialogo e incluso en un solo ámbito, en una zona como
Chumbivilcas, han visto desfilar a varios funcionarios, tanto, jefes de la PCM,
del ministerio de Energía y Minas y otras entidades”, señaló José de
Echave.
Echave, también responsable de programa de Incidencia e
Investigación de CooperAcción, recalcó que los conflictos que vemos actualmente
son de larga data y que en todas ellas hubo mesas de trabajo, espacios de
intercambio y actas con muchos compromisos firmados.
“Hay un enorme porcentaje de acuerdos incumplidos y esa es
la base de los futuros estallidos. Es un primer elemento que debemos
preocuparnos. Tenemos actores -y el Estado es uno de ellos- que no están en
actitud de cumplir los acuerdos y eso es por falta de claridad, falta de
voluntad política”, apuntó.
El exviceministro también profundizó en el hecho de que la
postergación de soluciones para un conflicto social afecta también la
credibilidad de la población hacia el gobierno.
“El Estado finalmente debería ser un garante de los
derechos de todos los peruanos, pero en este caso es visto como un actor
externo, poco confiable, con poca legitimidad, que no genera confianza en las
poblaciones. Es visto como un aliado de las empresas. El no cumplir afecta y
agudiza esa situación de credibilidad”, comentó.
Recomendaciones
Analizado el escenario, la Defensoría del Pueblo emitió una
serie de recomendaciones para que, en el futuro, los conflictos sociales puedan
ser resueltos con eficacia. En concreto, la entidad defensorial recomienda a la
Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de un decreto supremo sobre
cumplimiento de acuerdos, que formalice el curso del acta de compromiso dentro
de los procesos de gestión pública, que deberá ser refrendado por los
ministerios.
En tanto, a los gobiernos regionales, la Defensoría propone
la aprobación de ordenanzas que le asignen a las gerencias generales regionales
-o la denominación que adopten- la función de coordinar y dirigir el
cumplimiento de acuerdos derivados de actas para resolver conflictos sociales.
También sugiere que se asigne expresamente a las oficinas
de gestión de conflictos (o las que hagan sus veces) funciones de seguimiento
de acuerdos, en aquellos sectores que aún no hayan incluido esta función en sus
respectivos reglamentos de organización y funciones.
Finalmente, el informe recomienda al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) que asigne a la Defensoría del Pueblo “los recursos
presupuestarios suficientes y específicos que permitan la implementación de la
Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos en la Adjuntía para la Prevención
de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad”.
“Los conflictos formalmente tienen una fecha de término
cuando se suscribe el acta final. Luego del proceso de diálogo, las partes
firman un acta final y se entiende que el conflicto ha terminado. Pero, como
dije, si los acuerdos no se cumplen, el conflicto va a volver”, lamentó Rolando
Luque, el encargado de la prevención de los estallidos sociales en la
Defensoría del Pueblo. https://convoca.pe/
Arequipa: en Majes I gastan 22 millones y agricultores devuelven un millón
La oposición a Majes II -para el
gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo- tiene un trasfondo. Dice que el
rechazo no necesariamente lo moviliza lo que se repite en auditorios o medios
de comunicación: que la Adenda 13 es corrupción o que el modelo agroexportador
solo beneficiará a unas cuantas empresas.
Hay agroexportadores y
acopiadores, interesados en bajarle la llanta por la mano de obra. Algo similar
ocurrió en Tía María. En el valle de Tambo, el cuestionamiento ambiental al
proyecto minero no era lo único. También se instaló el temor de los
agricultores por la escasez y encarecimiento del jornal. La mina iba a acaparar
a los trabajadores.
Arroyo identifica a los
acopiadores de Majes I en la oposición. Son intermediarios que compran la
producción en chacra y que necesitan mano de obra barata para las cosechas. Con
agroexportadoras en Majes II que ofrecerán sueldos formales tendrán que
competir y eso no les conviene. “Son intereses mezquinos, piensan en ellos, no
en Arequipa”, afirma Arroyo.
Ese interés ha sintonizado con
la posición de los consejeros regionales Elmer Pinto, Edy Medina y un grupo de
profesionales reacios a la reactivación del proyecto con la firma de la Adenda
13. Este procedimiento está entrampado en el Consejo Regional. Han pasado casi
40 días y Pinto no presenta el dictamen para discutirlo en el pleno.
Repiten en foros varias
mentiras, según el gerente de Autodema. Por ejemplo, el encarecimiento del
precio del agua en El Pedregal. Que el minifundio es rentable.
Daño al ambiente
En una extensa conversación con
La República, Arroyo aceptó que la irrigación Majes I fracasó. Es agricultura
de subsistencia que causó un enorme daño al medio ambiente, afirma.
El riego por inundación provocó
la formación de 2 represas en el subsuelo, “en 30 o 40 años habrá afloramientos
en toda la pampa. Como el agua no les cuesta nada, la derrochan”, dice.
Decir que Majes I es rentable no
es preciso, reitera Arroyo contradiciendo la visión del consejero Pinto. “Si
fuese así no subsidiaríamos la tarifa de agua para el mantenimiento de la
infraestructura mayor de Majes I. Como gobierno regional, gastamos en operar 22
millones de soles, dinero de todos los peruanos. La junta usuarios, apenas nos
devuelve un millón de soles. Si fuesen tarifas realistas la represa de
Condoroma, los túneles y canales estarían en óptimas condiciones”, revela.
El funcionario precisa que la
oportunidad de poner a punto la infraestructura de riego es con la reactivación
de Majes II. Ambas irrigaciones utilizarán el mismo sistema de conducción. “Si
no sale Majes II ya no será prioridad arreglar esa infraestructura. Los
agricultores de Majes deben ser los más interesados en que salga Majes II. Sino
sale a nadie le va interesar reparar eso”, dice.
Las tierras
¿Majes es una oportunidad de
desarrollo? Arroyo piensa que sí. Hay una gran demanda por tierras para la
agroexportación, afirma. Perú lidera la producción mundial de arándanos y
paltas. El ciruelo también es otra oportunidad. En Chavimochic, el valor de una
hectárea sobrepasa los 20.000 dólares por qué en Majes no podría venderse a
10.000 hectáreas.
-Hay especialistas que sostienen
que además de la adenda 13 se viene una actualización de costos y el proyecto
encarecerá a 800 millones dólares.
Recién nos hemos puesto de
acuerdo en la inversión de los 104 millones. No creo que haya otra
actualización. Son especulaciones.
También se pone en duda la
capacidad constructora de Cobra.
Según el contrato el socio que
acredita experiencia es Cobra y no se podía retirar. En cambio, COSAPI podía
retirarse y lo hizo.
Usted cree que se va aprobar la
Adenda 13
Conversamos con la mayoría de
consejeros y ellos están de acuerdo. Solo dos se oponen y más responden a
intereses personales (...) Si el proyecto se cae demorará 5 o 8 años en
replantearse.
Las críticas a la concesionaria
La concesionaria envió dos
cartas para hacer caducar el contrato de Majes. Los españoles plantearon trato
directo, intentar arreglar la controversia vía la conciliación, antes de
ingresar al arbitraje. Sin embargo, para el GRA todavía no se entró a esa
etapa, la mayoría de las cuatro razones para hacer caducar el contrato fueron absueltas:
la compra de terrenos para obras, la elaboración del instrumento ambiental de
Condoroma para reparar el aliviadero de la represa. Según Arroyo, no le
competía a la gestión regional hacer este este estudio, pero las gestiones
anteriores lo aceptaron. La posición debió ser, que ese era tarea de
concesionario, no del GRA. Desde la perspectiva de Arroyo, la concesionaria se
apresura. (vea nota completa en larepublica.pe/regionsur/)
Arguye como caducidad, la falta
de Garantías Soberanas, aval financiero que debe otorgar el Estado para que
ellos puedan recuperar su inversión (RPI), sin embargo, ese requisito se exige
cuando entregue las obras. En el contrato no está fijado cuando se debe cumplir
con esa obligación. Majes es una APP, Cobra recupera su inversión con las
tarifas de agua, 30 millones de dólares al año, de tal forma que si no se llega
a ese monto se echa mano de la garantía.
Arroyo dice que no están
obligados a firmar la adenda 13, sin embargo, advierte que si ello no se
produce el concesionario se retirará de la operación. No hay forma que vuelva a
aceptar el diseño original de canales abiertos. “¿Han esperado casi cuatro
años, han hecho gestiones juntos con el GRA para la adenda 13 y después les
dices que no? Por eso ya presentaron su carta de caducidad. https://larepublica.pe/
Talara: Fiscalía investiga contaminación del medio ambiente en Máncora
La contaminación ambiental con
aguas servidas es un antiguo conflicto que por años ha mantenido en alerta a
los pobladores de la provincia de Talara. Esta investigación es la resultante
de las constantes denuncias hechas por los vecinos de los diferentes distritos
de esta provincia por el vertimiento de aguas residuales.
Por afloramiento de aguas de desagües
en la zona urbana de este distrito turístico, la Fiscalía de Medio Ambiente con
sede en la ciudad de Sullana, ha aperturado investigación por presunta
responsabilidad de la Empresa Prestadora de Servicios – EPS Grau.
La investigación, dirigida por
el fiscal Néstor Sosa Carillo y contenida en la Carpeta Fiscal N° 25-2022,
señala que las aguas residuales han generado un problema de trasmisión de
enfermedades infecciosas y respiratorias. Por ello, se consideró instaurar una
investigación preliminar contra Empresa de Servicios de Saneamiento EPS Grau.
Para constatar la denuncia de
los pobladores, los representantes del Ministerio Público se apersonaron hasta
la poza de aguas residuales, que invadió las calles Girasoles, Cocales,
Arequipa y Villasol, donde habían generado vectores como mosquitos, sapos,
roedores, entre otros.
Los vecinos de este sector, como
la ciudadana Paula Caruso, manifiestan que todo empezó a mediados de diciembre
de 2021, cuando la bomba, que se encargaba de extraer las aguas residuales en
la zona, se malogró. Muchos vecinos empezaron a ver sus desagües colapsados.
Fue así que se generó una poza de desechos en medio de la zona urbana de
Máncora.
Sin embargo, asevera que, tras
más de un mes de reclamos, el 21 de enero de 2022 la empresa prestadora del
servicio de agua limpió el área y se comprometió a reparar la bomba; sin
embargo, indica que el problema no ha sido resuelto y temen por sus condiciones
de salubridad. https://www.elregionalpiura.com.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”