Viernes, 21 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4077 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
“La lucha de clases no es una frase,
es una realidad”
Se inaugura el Congreso Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP (Fotos)
“La crisis mundial económica, financiera, sanitaria,
alimentaria, energética, agudizada por la guerra entre Ucrania Rusia Otan,
impacta en Latinoamérica con consecuencias de mayor inflación, hambre,
desempleo, crisis alimentaria e incremento de los combustibles, según informe
de CEPAL, esta situación agrava la post pandemia donde Latinoamérica fue el
territorio más castigado del mundo y seguirá en aumento por varios años según
los expertos, todos los países de la región adoptan medidas de emergencia
nacional y cambios para afrontar el alto impacto en la pobreza, extrema
pobreza, enfermedad y muerte, es necesario la unidad de los países para
afrontar juntos la prolongada crisis que vivimos, así como afrontamos juntos la
política armamentista, guerrista que quieren imponer desde USA”.
“Esta situación demuestra que el neoliberalismo es incapaz
de autorregularse y al contrario generar una gran reacción de hambruna y que ya
se manifiesta en Latinoamérica, la FENTAP
ha demostrado que por principio estamos en contra de la guerra, porque quienes
van a pelear no son los hijos de los ricos, sino de los obreros”
Así inició su discurso nuestro secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y
Alcantarillado del Perú - FENTAP, Lic. Luis Isarra Delgado al
inaugurar anoche, nuestro XVII Congreso Nacional Ordinario Lima 2022.
Durante su alocución el dirigente de la FENTAP, también hizo un breve resumen de la
situación de los sectores agua y saneamiento en el Perú y los malos manejos que
se han hecho en torno a las licitaciones y presupuestos para ejecución de obras,
durante los últimos años. Resaltó además situaciones graves como el cambio
climático y la crisis política nacional que se va acentuando.
Por su parte Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional
de Servicios Púbicos - ISP Mundial, ofreció un discurso, donde resaltó que
cada día es más agresivo, el poder de las instituciones financieras, el sistema
capitalista neoliberal, donde pocos ricos han ganado fortunas, riquezas,
increíbles, impensables, millones de trabajadores han empeorado su condición, la
pobreza ha aumentado, la discriminación ha aumentado, creemos que la penetración
de los poderes financieros y corporaciones multinacionales e impactan en las
decisiones de los gobiernos nacionales, así como en las instituciones
nacionales. Enfatizó que se sigue en la lucha contra la ola de privatización de
servicios públicos y bienes comunes.
57 delegaciones del interior del Perú se reúnen en Lima, en este cónclave, junto a delegaciones internacionales de renombre mundial, el cual continuará hasta el sábado 22 de octubre 2022.
HIDROREGIONES PERÚ
La Libertad: Congreso analiza agua del río Moche
La comisión del Congreso que investiga los efectos de la contaminación
minera en el país llegó a la provincia de Otuzco para examinar la calidad del
agua del río Moche, que se encuentra afectado por la presencia de relaveras en
la parte alta de la cuenca.
De acuerdo con el presidente del grupo parlamentario, Manuel
García, la muestra que se tomó arrojó un pH de 6,7. “Esto quiere decir que hay
un grado de contaminación”, indicó el congresista por Piura.
Actividades
La Comisión multipartidaria Investigadora de la Atención de
los Niños y las Familias Afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y
demás materiales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y el Perú
estuvo el lunes y martes en la sierra de la región.
En el primer día de trabajo, el equipo técnico de la citada
comisión llegó hasta las zonas más afectadas de Otuzco por la contaminación
para hacer un diagnóstico de la problemática y entrevistarse con dirigentes
comunales.
El martes, el mismo equipo técnico y el congresista Manuel
García visitaron el centro poblado de Samne, ubicado en el distrito de Otuzco,
donde tomaron muestras del agua del río Moche.
“Luego de esta visita citaremos a los probables
responsables para que den su versión en una sesión reservada. Posteriormente
elevaremos un informe al Pleno y una vez aprobado, el caso pasa al Ministerio
Público para que haga su función”, precisó.
Aunque los presuntos responsables todavía no han sido
identificados, García Correa afirmó que no solo se trataría de mineros
ilegales, sino también de formales “que no cumplen con la normatividad vigente”
para cuidar el medio ambiente.
Para determinar los metales pesados que contiene el agua
del río, la comisión parlamentaria pedirá apoyo a las autoridades liberteñas
para que la muestra pueda ser llevada a un laboratorio.
El biólogo Carlos Bocanegra explicó que el pH “es el grado
de acidez de un agua”.
“Cuando el agua arroja menos de cinco, es que encuentra
altamente contaminada y los organismos no viven. En este caso, que ha arrojado
6,7, tiene un agrado de acidez, pero no es altamente tóxica”, puntualizó. https://diariocorreo.pe/
Perú: líderes ambientales denuncian abandono e inacción del Estado por los derrames de petróleo
La impotencia se escucha en cada
palabra de Olivia Bisa, lideresa indígena de la nación Chapra. “No tenemos
agua, no tenemos víveres, hasta cuándo vamos a esperar. Somos seres vivos y
necesitamos vivir”, dice con la voz quebrada por la angustia y la indignación
mientras expone ante la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bisa y otros ocho líderes
indígenas viajaron desde sus comunidades en la Amazonía peruana hasta Lima, la
capital de Perú, para reclamar por los derrames de petróleo que ocurren y
afectan en sus territorios. “Van 30 días que ni Petroperú ni el Estado peruano
se han sentado a conversar con nosotros, no sabemos por qué tanta
discriminación. Petroperú y el Ejecutivo tienen que hacerse responsables. Que
Petroperú limpie sus derrames en el territorio”, reclama Biso, presidenta del
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra.
El derrame del que habla Bisa
ocurrió el 10 de setiembre, en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano (ONP),
ducto operado por la empresa estatal Petroperú que transporta el combustible
desde la Amazonía hasta la costa peruana. El vertido del crudo ha impactado en
las comunidades ubicadas en la provincia de Datem del Marañón, en la región
Loreto, cerca de la frontera con Ecuador.
No ha sido el único derrame del
ONP ocurrido en solo un mes. Seis días después, el 16 de setiembre, otra
ruptura en el ducto, esta vez en el kilómetro 42 del ONP a la altura de la
quebrada de Cuninico, en la provincia de Urarinas, en Loreto, ocasionó el
vertido de aproximadamente 2500 barriles de petróleo en las aguas del río
Marañón. El desastre afectó a más de 20 comunidades que hasta ahora esperan
atención ante la falta de agua, alimentos y servicios de salud.
Entre los días 10 y 14 de
octubre, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
visitaron el Perú para monitorear y evaluar la situación de derechos humanos y
los derrames de petróleo en el país.
La Relatora Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), Soledad
García, y el Primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Relator para Perú, Stuardo Ralón, se reunieron con los líderes
indígenas de la Amazonía de las zonas afectadas por el petróleo, así como con
los pescadores de Ancón que resultaron afectados por el último derrame de
petróleo de Repsol ocurrido en el mar del Callao en enero de este año.
Los derrames que se repiten
“Todo era negro, manchas,
planchones de petróleo que bajaban por el río”, cuenta Mariluz Canaquiri,
lideresa Kukama de la comunidad nativa Shapajilla, en el distrito de Parinari,
una de las comunidades afectadas por el derrame que ocurrió el 16 de setiembre
en el kilómetro 42 de Oleoducto Nor peruano, en la quebrada del río Cuninico, y
que ha llegado hasta el río Marañón.
La lideresa Kukama también llegó
hasta Lima para reclamar por el abandono en el que se encuentran tras el
derrame. “Cuando hubo el derrame, nadie nos avisó para sacar agua, porque cuando
nos avisan todo el mundo saca su agua, junta el agua del río antes de que
llegue el petróleo. Somos 29 comunidades en el distrito de Parinari y todas
estamos afectadas”.
Según el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA), la empresa estatal Petroperú había informado
que el derrame afectó cinco hectáreas y que fueron aproximadamente 2500
barriles de hidrocarburos los que se vertieron. OEFA supervisó la zona del
desastre desde el punto preciso donde se inició el derrame, en la quebrada de Cuninico,
y continuó el recorrido de toda la zona afectada hasta el río Marañón por donde
se desplazó el crudo.
Junto con OEFA llegaron la
Autoridad Local del Agua (ALA), el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Defensoría del Pueblo hasta Cuninico, la
comunidad más cercana a la zona del derrame, para evaluar los daños ocasionados
por el petróleo.
No es la primera vez que la
comunidad de Cuninico padece un derrame de esta magnitud. En junio del 2014,
fueron 2358 barriles de petróleo los que se vertieron en el mismo lugar. En esa
ocasión, los efectos del agua y del pescado contaminados causaron daños en la
salud de la población. Cuninico presentó una demanda contra el Estado por los
daños ocasionados y tras varios años de litigio, la comunidad ganó el caso. Sin
embargo, el incumplimiento de la sentencia provocó que sus reclamos llegaron
hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Tribunal
Constitucional en el Perú.
Ahora, el nuevo derrame agrava
la situación de Cuninico y de todas las comunidades que han resultado afectadas
por el desastre. “No contamos con agua, a pesar que el Estado ha declarado
estado de emergencia no está cumpliendo con su responsabilidad. No tenemos
agua, no tenemos alimentación y tampoco atención de salud”, reclama John Lenon
Salinas desde Cuninico.
Salinas cuenta que, al igual que
en el 2016, la población está sintiendo los efectos de la presencia del crudo
en el río y el suelo. “Están con alergia, náuseas, dolor de cabeza, como viene
ocurriendo desde el 2014. Todas las comunidades, desde el distrito de Urarinas
hasta el distrito de Parinari, están afectadas”.
El 25 de setiembre, el
Ministerio del Ambiente decretó el estado de emergencia ambiental en el
territorio de las comunidades nativas de Urarinas y Cuninico, ubicadas en el
distrito de Urarinas, en Loreto, por un plazo de 90 días para atender la
emergencia ambiental en el área comprendida desde la quebrada Cuninico hasta el
río Marañón.
“Necesitamos agua, víveres y
medicamentos, atención médica de inmediato, eso es lo que estamos pidiendo.
Pero también queremos que se declare de emergencia el río Marañón y que se
cumpla con instalar agua potable. No es la primera vez que ocurre esto, no sé
cuántas veces ya he visto derrames desde cuando era pequeña”, dice Canaquiri,
la lideresa de la comunidad nativa Shapajilla, ubicada en la cuenca del
Marañón.
Las afirmaciones de la empresa
estatal de petróleo y del Premier han indignado a la población, pues no es la
primera vez que se les acusa de ocasionar deliberadamente la fuga del crudo.
Sin embargo, un informe elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, con base en la información oficial de la OEFA determinó que “las
cifras reales demuestran que 65.4 % de los derrames ocurridos en los lotes
petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano son producto de la corrosión
de los ductos y de fallas operativas, mientras que los derrames causados por
terceros representan un 28.8 %”.
Demoras e incumplimiento de
compromisos
“Venimos siguiendo con mucha
atención y mucha preocupación derrame tras derrame desde que la Relatoría se
crea hace cinco años”, dijo la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales, Soledad García, durante su intervención en la reunión
con los líderes indígenas y los representantes de los pescadores.
García también indicó que la
CIDH ha manifestado al gobierno peruano la necesidad de “avanzar en la
ratificación del Acuerdo de Escazú”. Además, García mencionó que tanto el
Estado peruano como las empresas involucradas en estos hechos deben cumplir sus
obligaciones y, “en el caso del Oleoducto Norperuano, que es una empresa
estatal, estamos hablando de obligaciones reforzadas”.
En ese sentido, la Relatora
Especial se refirió al informe temático Empresas y Derechos Humanos: Estándares
Interamericanos, publicado por la CIDH en el 2021, en donde se señala que “los
Estados deben asegurar que las actividades empresariales no se lleven a cabo a
expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupo de
personas, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, comunidades campesinas
y poblaciones afrodescendientes como colectivos cohesionados”.
Durante su visita a Perú, los
comisionados se reunieron también con los pescadores de Ancón, afectados por el
derrame ocurrido en el litoral peruano en enero de este año.
“Hemos visto situaciones
complicadas con derrames que tienen que ver con el pasado, sobre todo del
Oleoducto Norperuano, administrado por la empresa estatal Petroperú, que debe
tener una capacidad de respuesta que hasta el momento no ha tenido para atender
los pasivos ambientales”, señaló el Primer vicepresidente de la CIDH y Relator
para Perú, Stuardo Ralón, al concluir su visita en Perú.
Ralón indicó que la CIDH
determinó que existe una “falla estructural en los derrames”, que es cuando se
judicializa el caso para saber quién fue el culpable. “En tanto se demora la
investigación o deducción de la responsabilidad pareciera que nadie se hace
cargo de los daños y de la inminente reparación. Y la población queda en
abandono a su suerte”.
El Relator para Perú adelantó
que entre las recomendaciones que la CIDH alcanzará al Perú para los casos de
derrames de petróleo se debe considerar “una especie de fondo de emergencia de
garantía”, para que no demore en llegar la atención a las poblaciones mientras
se investigue las responsabilidades.
Emergencia que requiere atención
Un compromiso manifestado por el
Relator Ralón durante la reunión con los líderes indígenas y representantes de
los pescadores ha sido visibilizar la difícil situación que enfrentan las
poblaciones afectadas por los derrames de petróleo. “Estamos ante un desafío,
una crisis, una emergencia muy grave, que sentimos no se ha visibilizado del
todo en Perú y el compromiso con esta visita es poner el tema en la prioridad y
en la dimensión que el caso amerita”.
La falta de atención oportuna
ante los derrames de petróleo ha ocasionado una serie de protestas en la
Amazonía peruana. Tras el derrame de Cuninico, la población de las comunidades
ubicadas a lo largo del río Marañón decidieron paralizar el transporte fluvial.
“De manera pacífica indicamos a las lanchas que se desplazan entre Yurimaguas e
Iquitos que se detengan y se queden en el puerto”, señala Salinas, de Cuninico,
sobre las protestas que han realizado para reclamar ante el gobierno por la
falta de atención de sus necesidades básicas.
Otro paro que lleva más tiempo
ocurre en el Datem del Marañón. “Ha pasado un año desde se realizó la consulta
previa en el Lote 192 que está en los ríos Pataza, Corrientes y Tigre y hasta
ahora no se ha abordado ningún tema, ningún compromiso, ningún acuerdo del
acta”, señala Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), quien también llegó a Lima
para la reunión con la CIDH.
Esta asociación es una de las
cinco federaciones que forman el colectivo denominado Cuatro Cuencas que reúne
a 90 comunidades indígenas de la región Loreto, ubicadas dentro del ámbito de
influencia directa e indirecta de los lotes 192 y 8, así como del Oleoducto
Norperuano y sus ramales.
En el Lote 192 se han ubicado
más de 2 000 sitios impactados y contaminados por la actividad petrolera, según
el informe La Sombra del Petróleo elaborado por la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos.
El especial Manchados por el
Petróleo, publicado por Mongabay Latam, da cuenta de las denuncias y sanciones
impuestas a Pluspetrol Norte SAC, empresa que operó este lote entre los años
2000 y 2015. De acuerdo con la investigación periodística, Pluspetrol Norte SAC
es la empresa que más multas ha acumulado por sus operaciones en los Lotes 192
y 8 en los que estuvo operando. Entre el 2012 y el 2015, sus últimos tres años de
operaciones, se registraron un total de nueve sanciones de parte del OEFA y, en
general, la empresa tiene más de 3 millones de dólares en multas acumuladas
hasta 2015.
Tras la salida de Plupetrol
Norte, el Lote 192 fue adjudicado a la empresa Frontera Energy que culminó sus
operaciones en el año 2020. Actualmente, este lote está en manos de Perupetro,
empresa estatal encargada de su adjudicación.
“La prevención es urgente y
necesaria para poder evitar los derrames, pero además en términos de
información, hay muy poca. Si en el caso de Repsol con toda la visibilidad que
tuvo hemos tenido problemas de información, imagina los casos en estas zonas
alejadas de la Amazonía”, dice Miguel Lévano, coordinador del Subgrupo sobre
Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Lévano también señala que ante
los derrames de petróleo se deben tomar medidas de «emergencia humanitaria para
la población, para atender a los afectados, para abastecer de alimentos y agua
y evitar otros efectos producto del derrame». https://es.mongabay.com/
Tumbes: Entra a licitación último paquete de proyectos
En la recta final de su gestión
el burgomaestre provincial de Tumbes, Jimy Silva Mena, manifestó que se pondrá
a licitación un último paquete de obras y elaboración de expedientes técnicos.
“Los proyectos previstos
beneficiarán distintos sectores de nuestra jurisdicción”, refirió la autoridad
edil, quien agregó que en los casos de los expedientes técnicos corresponderá
al electo alcalde Hildebrando Antón gestionar el presupuesto necesario ante el
Ejecutivo para hacer las obras realidad.
Asimismo, mencionó que quedarán
algunas obras de saneamiento en marcha que deberá concluir, tal es el caso de
la intervención que se realiza en la quebrada Pedregal.
“Estimo que al terminar la
gestión Pedregal llegue a un 75 u 80% de avance físico”, dijo Silva Mena.
Proyectos
Sobre el paquete de obras y
expedientes técnicos refirió que están orientados al mejoramiento del
saneamiento básico, así como pistas y veredas en su gran mayoría.
“En el sector Diamantes hay un
proyecto de S/ 2.8 millones, el cual consiste en la renovación de redes de
agua, pistas y veredas. Del mismo modo, en Ladrillera vamos a invertir más de
S/ 1 millón en agua y alcantarillado”, comentó.
El alcalde destacó que también
se mejorará el saneamiento básico de Ciudad Satélite, en el distrito de La
Cruz, con una inversión de S/ 2.7 millones. También se lanzará a concurso
público la ejecución del colegio Mafalda Lama por S/ 5 millones, en su primera
etapa.
Respecto a la elaboración de expedientes técnicos indicó que, para el distrito de San Juan de la Virgen, en el sector Tacural, se realizará un estudio para evitar el colapso de los desagües, por cerca de S/ 200 mil. En El Pacífico también se realizarán estudios de pistas y veredas; en tanto, para Puerto Pizarro hay dos expedientes más. https://diariocorreo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”