Lunes, 31 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4083 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Organizaciones de sociedad civil,
sindicatos y otras organizaciones que hacen
seguimiento a los temas ambientales y
laborales expresan preocupaciones en
torno al Acuerdo Comercial con Unión
Europea e instan al Gobierno peruano a
promover un espacio de diálogo real
Comunicado SC TLCUE Perú 2022
Según lo establecido en el art. 280 del Acuerdo Comercial
con la Unión Europea (AC) sobre Mecanismo institucional y de monitoreo, del 24
al 28 de octubre se realizará la reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo
Sostenible y que en mandato de su art. 282, se ha convocado a una sesión
pública con organizaciones de la sociedad civil y el público en general a fin
de llevar a cabo un diálogo sobre asuntos relacionados con el Título IX sobre
Comercio y Desarrollo Sostenible a realizarse el 28 de octubre del presente
año.
En ese marco desde las organizaciones de sociedad civil,
sindicatos y otras organizaciones que hacen seguimiento a los temas laborales y
ambientales expresar lo siguiente:
1. El Acuerdo Comercial con la Unión
Europea refuerza la condición de Perú como país primario exportador y además
fortalece un comercio asimétrico y no promueve la transferencia de tecnología.
Las políticas públicas y normativas impulsadas por los sucesivos gobiernos no
han promovido que las exportaciones peruanas tengan un mayor valor agregado o
un mayor nivel tecnológico tan necesario para nuestro país.
2. Acuerdo Comercial con la Unión Europea
no ha contribuido a una mejora sustantiva en estándares de derechos humanos, ni
al fortalecimiento de los acuerdos de la Agenda 2030. Los gobiernos que se han sucedido
desde la entrada en vigencia del AC en 2013, han seguido aprobando reformas
normativas o de políticas públicas, que reducen estándares de protección de
derechos, yendo así en contra el art. 277 del AC que establece que ninguna
Parte dejará de aplicar, ni dejará sin efecto de algún modo su legislación
ambiental y laboral de forma tal que reduzca la protección otorgada en dichas
leyes, para incentivar el comercio o la inversión.
En determinados casos, las medidas adoptadas por nuestros
gobiernos para reducir estándares de derechos fueron detenidas por las
movilizaciones y protestas, que incluso produjeron víctimas mortales.
3. En el ámbito laboral, la suscripción
del Acuerdo Comercial con la Unión Europea no ha contribuido a garantizar que
la promoción del comercio internacional vaya acompañada del aseguramiento de
trabajo decente para todos y todas, ni el cumplimiento y aplicación efectiva de
las normas fundamentales del trabajo reconocidas en los diferentes convenios de
la OIT. La situación del sector agroexportador, que es el principal beneficiado
con el AC, representa una clara muestra de que el crecimiento de esta actividad
económica no ha ido de la mano con un mejoramiento de estándares laborales.
Se ha insistido con regímenes que precarizan las
condiciones laborales de las y los trabajadores, además se encuentran severas
limitaciones a los derechos de sindicalización debido a la permanencia de los
contratos temporales y la tercerización. Además de ello, se han producido
retrocesos en el sistema de inspección laboral, mediante reformas normativas
que reducen sus capacidades y benefician directamente a las empresas.
Además, cabe mencionar que las centrales sindicales vienen
pidiendo la ratificación de los convenios 155, 161 y 187 de la OIT.
4. En el ámbito ambiental, el AC con la
Unión Europea no ha garantizado el cumplimiento de la normativa nacional, muy
por el contrario en el periodo de su aplicación se ha permitido la
flexibilización de la normativa ambiental respecto a estándares de calidad
ambiental y procesos de certificación, evaluación y fiscalización ambiental en
industrias extractivas; debilitamiento de la institucionalidad y el
ordenamiento ambiental y limitado el ejercicio del derecho de participación
ciudadana en materia ambiental. Ello también ha generado un incremento de la
conflictividad social.
Por otro lado, no se ha sido crítico con respecto a cómo el
acuerdo contribuye a la reducción de emisiones y transición energética del
país, en el marco de un comercio que contribuye al desarrollo sostenible.
5. El Estado peruano ha fallado en
implementar un órgano consultivo que permita atender y constituirse en un
espacio de discusión respecto a las legítimas preocupaciones de diversos
sectores de sociedad civil sobre aspectos relacionados con el Acuerdo Comercial
con la Unión Europea. Recordemos que en 2018 dada la dispersión de los
mecanismos de participación existentes, luego de la reunión de Quito se
determinó que serían dos los espacios para el diálogo, la Comisión Nacional de
Cambio Climático (CNCC) para lo ambiental, que, si bien se reúne una vez al
año, el gobierno ha señalado que hay temas que no pueden discutirse ahí dado que
no son parte de su mandato. Y el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) que hasta
el momento no se ha reunido para dialogar en torno a el AC.
Cabe mencionar que los integrantes de la CNCC han indicado
en la última reunión del 13 de octubre que este no es el espacio ad hoc para
este diálogo, sino que debe ser uno en el que diversos actores que ven los
distintos temas puedan dialogar sobre todos los temas que implica lo ambiental
donde por supuesto también se incluya lo climático.
6. Las reclamaciones sobre el
incumplimiento del Título IX del AC con la Unión Europea realizadas por organizaciones
de sociedad civil afectadas, no han tenido efectos en modificar las conductas
en ninguno de los países que las presentaron. Los mecanismos de seguimiento y
monitoreo del cumplimiento de las cláusulas del AC, específicamente del Título
IX, se han mostrado ineficaces para garantizar que los estados no promuevan y
aprueben normativas que reduzcan los estándares internacionales de derechos humanos,
además de mantener condiciones vulneratorias de derechos en diferentes
actividades económicas. Estas falencias del AC brindan un amplio margen para
que gobiernos y legisladores apliquen políticas que contradicen o disminuyen
los estándares contenidos en el Titulo IX.
En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes
demandamos:
1. A la Unión Europea impulsar
modificaciones al AC, particularmente al Título IX, con la finalidad de
establecer directivas vinculantes que permitan garantizar el cumplimiento de
los estándares y parámetros internacionales en de derechos ambientales y
laborales a los cuales se han comprometido los Estados con la
firma de este acuerdo comercial.
2. A nuestro Gobierno, realizar un
diagnóstico integral que le permita evaluar los impactos del AC con la UE (y en
general los impactos de la política de apertura comercial) con el fin de
identificar cuál es la magnitud del impacto para elaborar políticas públicas y
normativas a favor de las personas.
3. A nuestro Gobierno, que apoye la
iniciativa de establecer un órgano consultivo interno de carácter participativo,
que permita hacer un adecuado seguimiento al cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado peruano en el marco del AC y no insistir en los
mecanismos de participación existentes. El órgano consultivo debe tener como
finalidad exclusiva atender las preocupaciones o intereses de la sociedad civil
en torno al AC y no se deben utilizar otros foros o espacios de diálogo
previamente constituidos y con otros fines (como la CNTPE o la CNCC). La
creación de este órgano consultivo implica incorporar al GCI Perú y estar
abierta a la incorporación de cualquier otra organización de sociedad civil con
legítimo interés en el seguimiento del cumplimiento del AC, como por ejemplo
las organizaciones de pueblos indígenas.
4. A nuestro Gobierno, reevaluar las
políticas de liberalización comercial seguidas hasta el momento, que conllevan
la firma sistemática de numerosos acuerdos de libre comercio sin una evaluación
previa rigurosa y diligente con un enfoque de derechos humanos. Esta evaluación
debe permitir identificar todos los impactos que pueden generar los acuerdos de
libre comercio en la reducción de estándares laborales, ambientales o sociales,
o respecto al aumento de las brechas existentes entre aquellos (una minoría)
que se ha podido beneficiar con estos acuerdos de libre comercio, frente a la
gran mayoría de la población que todavía se encuentra marginada de los procesos
de apertura comercial seguidos por el Estado peruano.
Lima, 28 de octubre de 2022
Firmantes
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP)
Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú
(FNTTP)
Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la Sunafil
(SUIT Sunafil)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo
Sostenible (IDLADS)
Perú Equidad
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos
Humanos
HIDROREGIONES PERÚ
Consejeros solicitan investigar 9 obras que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa
El Consejo Regional de Arequipa (CRA) solicitó la
conformación de una subcomisión de Fiscalización del Congreso de la República
para investigar 9 obras ejecutadas por el Gobierno regional en diferentes
gestiones, con presuntas irregularidades.
Las obras que se revisarán datan desde 2003 como la represa
de San José de Uzuña, donde la gestión de Daniel Vera Ballón gastó 20 millones
171 mil soles, pero los terrenos en los cerros llamados Yanaorco y Paltaorco,
en el distrito de Polobaya, no estaban saneados.
“Hoy no cumple su función para abastecer de agua a los
distritos colindantes por falta de saneamiento y lo administra la comunidad,
pero tampoco se hace el mantenimiento”, dijo, el presidente del CRA, José Luis
Hancco.
Entre las otras obras que se piden fiscalizar están la
Autopista Arequipa-La Joya con inversión de 82 millones de soles en la gestión
de Juan Manuel Guillén, por su incremento considerable en 250%.
De las gestiones de Yamila Osorio y Elmer Cáceres Llica
piden investigar la construcción de los hospitales de Chala por 47.6 millones
de soles, Camaná por 81.7 millones, Cotahuasi por 46.9 millones, el hospital
Maritza Campos con 160 millones de inversión. Esta última obra debió terminar
en 2021. En la lista también está Majes Siguas II, su ejecución desde el 2010
hasta la adenda 13, donde el incremento del presupuesto pasó de 550 a 655
millones de dólares.
El asfaltado de la carretera
Vizcachani-Callalli-Sibayo-Caylloma también se investigará, porque la empresa
china recibió 18 millones de soles de adelanto, pero solo ejecutó el 4% y
abandonó la obra sin pagar a las empresas que subcontrató.
El documento fue presentado al congresista Jaime Quito
durante la VIII reunión entre los parlamentarios. https://diariocorreo.pe/
Juliaca: dirigentes le dan ultimátum al MVCS por proyecto integral de agua
Los dirigentes de Juliaca y San
Miguel, en una reunión, decidieron darle un ultimátum al Ministerio de Vivienda
y Construcción y Saneamiento (MVCS), para que explique la situación del
proyecto integral de agua y desagüe para estos dos distritos de la provincia de
San Román.
Este megaproyecto, que tiene un
presupuesto de más de mil 400 millones de soles, se paralizó luego de la
difusión de un audio en un medio televisivo de Lima, en la que se advierte
presunta “repartija” de coima.
La licitación del proyecto
desarrolla la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) tras un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
El ganador de la buena ya debió conocerse, pero debido a la difusión del
reportaje, se paralizó.
Matías Tacusi, uno de los
dirigentes, recordó que junto a las autoridades de la comuna enviaron un
documento al Ministerio de Vivienda, pidiendo que el 2 de noviembre explique de
forma presencial sobre este tema, sin embargo, desde el Ejecutivo sugirieron
que la audiencia será el 7 de noviembre en la ciudad de Juliaca.
“Esperamos que se continúe este
proyecto, es un anhelo de muchos años, que el ministro nos aclare cuál es la
situación actual. Según el cronograma ya debió conocerse al ganador de la buena
pro”, expresó. https://diariocorreo.pe/
HIDROMUNDO
La contaminación del aire en América Latina: cómo están Uruguay y Montevideo respecto a sus pares
Según el informe World Air
Quality Report 2021, publicado en marzo de este año por la empresa suiza de tecnología
de calidad del aire IQAir, Perú y Chile se encuentran entre los países con el
mayor nivel de contaminación del aire del mundo. Estos dos países sudamericanos
ocupan los puestos 26 y 40 del ranking global, respectivamente.
La concentración de partículas
ligeras, uno de los indicadores más usados para medir la polución del aire,
alcanza un promedio de 29,6 microgramos por metro cúbico (μg/m3) en Perú y 21,7
en Chile. En tanto, Uruguay aparece (quinto) con 14,2 μg/m3 por debajo de
Guatemala (19,5) y México (19,3) pero levemente por encima de Colombia (14,1).
Uruguay aparece con un nivel
amarillo (entre 10,1 y 15 μg/m3) y ocupa la posición 71 a nivel global. En
tanto, con nivel verde de la región solamente están Argentina (8,2 15 μg/m3) y Ecuador
(8,4 15 μg/m3).
A su vez, teniendo en cuenta las ciudades incluidas en este estudio, ocho de los diez municipios con el aire más contaminado de Sudamérica están localizados en Chile. Sin embargo, al considerar únicamente las capitales de la región, Lima (Perú), supera a Santiago de Chile, al concentrar 31,5 microgramos de partículas ligeras por metro cúbico de aire. El tercer puesto es para la Ciudad de México, seguida de la Ciudad de Guatemala. Montevideo aparece en el quinto lugar con 14,2 microgramos de partículas ligeras por metro cúbico de aire. https://www.elobservador.com.uy/
“Defender el Agua es Defender la Vida”