15/3/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3926: PERÚ - Pobladores bloquean carretera para exigir a Epsel culminación de obra. Proyecto de saneamiento valorizado en más de 60 millones de soles para 12 pueblos jóvenes de la zona este de Chiclayo se encuentra suspendido desde agosto de 2021

 Martes, 15 de marzo de 2022 – Año XV – Edición 3926 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

Pobladores bloquean carretera para exigir a Epsel culminación de obra

Proyecto de saneamiento valorizado en más de 60 millones de soles para 12 pueblos jóvenes de la zona este de Chiclayo se encuentra suspendido desde agosto de 2021   

Exigiendo la culminación de una obra de saneamiento valorizada en más de 60 millones de soles, decenas de pobladores de los 12 pueblos jóvenes ubicados en la zona este de Chiclayo, protestaron bloquearon la carretera hacia Pomalca.

Los manifestantes colocaron enormes bloques de concreto en un puente ubicado cerca del pueblo joven Las Vegas, impidiendo el paso de cientos de vehículos que permanecieron varados por más de media hora hasta que se reanudó el tránsito.

Efectivos policiales y algunos transportistas ayudaron a retirar de la carretera los muros de cemento, mientras los pobladores con carteles en mano, exigían la presencia de funcionarios de Epsel para que respondan por la paralización de la obra.

“La obra está paralizada desde el 18 de agosto de 2021 por dos motivos de exclusiva responsabilidad de Epsel: falta de pago al Consorcio Progreso y no haber absuelto las consultas técnicas y características estructurales de la plata de tratamiento de agua potable hechas por la Contraloría”, señalaron.

Los pobladores demandaron una solución inmediata, tras tomar conocimiento que, por iniciativa del Ministerio de Vivienda, Epsel y OTAS han convocado a una conciliación extrajudicial a la empresa constructora, la cual ha sido fijada para este 18 de marzo. https://diariocorreo.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Concesión de gas natural genera nuevo conflicto en Perú

Cinco nuevos conflictos sociales se contabilizaron en febrero en Perú, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

Uno de ellos implica una denuncia de habitantes de las localidades de Chusis y Miramar en la provincia de Sechura, en la norteña Región Piura, contra la distribuidora de gas natural Gases del Norte (Gasnorp).

Los vecinos exigen a la concesionaria que presente un estudio de impacto ambiental semidetallado sobre la instalación de líneas troncales de distribución de alta presión debido al “temor ante la posible afectación a los ecosistemas”.

Se conformó un grupo de trabajo y se han realizado reuniones informativas con vecinos, autoridades y representantes de Gasnorp para resolver el tema.

También suman conflictos Southern Perú Copper y el proyecto hidroenergético Alto Piura (Peihap).

El número de conflictos en febrero se mantuvo en un máximo de 203: 157 estaban activos y 46 latentes. Del total, 132 se relacionan con conflictos socioambientales.

El sector minero, con 86, concentra la mayor parte de los conflictos socioambientales, seguido del área de hidrocarburos con 26.

El informe, disponible aquí, enumera 25 casos o situaciones en “alertas tempranas” y 52 “en observación”. También afirma que hubo 264 acciones colectivas de protesta en febrero. https://www.bnamericas.com/

 


Pescadores de Perú, dañados

Walter de la Cruz bajó por una pendiente gigantesca de arena en medio de la niebla hasta una roca frente al Pacífico de Perú, donde ha pescado por tres décadas. Tiró el anzuelo varias veces sin atrapar ningún pez. En uno de sus intentos, sacó un trozo de plástico manchado de petróleo.

El pescador dijo que el derrame de 11 mil 900 barriles de crudo sobre uno de los mares más biodiversos del mundo y frente a una refinería costera de Repsol convirtió casi en mendigos a más de dos mil 500 pescadores, les despojó de un trabajo intenso entre enero y marzo y elevó la incertidumbre sobre el futuro de la pesca en una preocupación mayor que la del Covid.

"No le pedíamos a nadie. Con el sudor de nuestra frente, sacábamos la riqueza del mar", recordó De la Cruz, de 60 años, junto a su canasta vacía, mientras las olas golpeaban las rocas. "Nos sentimos desesperados" dijo y enumeró con sus dedos las deudas que lo abruman, incluidas un crédito bancario, los recibos de agua, luz, gas, así como una lista de artículos escolares para sus dos nietos.

Perú calificó al suceso -ocurrido el 15 de enero- como su "peor desastre ecológico" y expertos de Naciones Unidas entregaron un reporte al gobierno calculando que el vertimiento "liberó unas dos mil 100 toneladas de crudo, muy por encima de las 700 toneladas consideradas por la International Tanker Owners Pollution Federation Limited como el umbral para ser clasificado como un gran derrame".

Los expertos también indican que no existe experiencia mundial previa de "derrame de esta envergadura" en el mar con las características de un crudo extraído de Buzios, el mayor campo petrolífero del globo en aguas profundas y el más productivo de Brasil.

De la Cruz comprendió desde los primeros días que la marea de contaminación extendida por mar y tierra en más de 106 kilómetros cuadrados había frenado por primera vez una actividad realizada por siglos en la costa del Pacífico Sur. https://www.elsiglodedurango.com.mx/

 


HIDROLABORAL

Mujeres en contextos mineros asumen triple carga laboral

Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, se realizó el conversatorio “Mujeres y minería” para analizar los impactos específicos que tienen las actividades extractivas para las mujeres. En el evento, además, se presentaron los hallazgos de la investigación periodística “Las Bambas: hablan las mujeres”, realizada por el portal La Factoría.

La aparición de una gran inversión minera en un territorio produce impactos sobre las mujeres que muchas veces no se hacen visibles para la sociedad, el Estado, las empresas y la opinión pública, detalló Julia Cuadros, ex directora e investigadora de CooperAcción. “Se establece una triple carga de trabajo para las mujeres”, explicó Cuadros, pues “la mujer se hace cargo de las actividades domésticas, pero también de las actividades económico productivas como alimentar a los animales, cuidar la chacra, cargar la lana, hacer los quesos, en el cotidiano”, esto debido a que el ingreso de la minería hace que muchos varones salgan del hogar a buscar trabajo en la empresa extractiva o en las actividades conexas.

La tercera carga tiene que ver con la participación social y política, que para las mujeres implica un sacrificio adicional, señaló Cuadros. Por su parte, la periodista Leah Sacín, autora de la investigación “Las Bambas: hablan las mujeres”, detalló que es más difícil para ellas, en el marco de una estructura social muy machista, asumir al mismo tiempo la carga de las labores de cuidado y además hacerse un espacio adicional para capacitarse y participar como dirigentas sociales. Más aún, esto puede tener costos para ellas en el ámbito íntimo: “hay cuestionamientos de los hijos, de los esposos, en una estructura muy machista donde el rol tradicional de la mujer no es el de representación”, explicó Sacín.

Al respecto coincidió Heydi Araujo, coordinadora de gestión social del OEFA, quien señaló que existe una participación muy limitada de las mujeres: “tenemos cifras que no superan el 20% de presencia de las mujeres en los espacios de diálogo [en el marco de los conflictos sociales] por parte del sector público y las empresas, y en el caso de la sociedad civil es mucho menor, 11 o 12%”. Araujo señaló que la participación de las mujeres en estos espacios es muy importante para introducir puntos de agenda a los que los varones no prestan suficiente atención: “no se evidencia en los procesos de desarrollo las problemáticas de las mujeres, su relación con la tierra que es diferente a la del varón, o los problemas familiares”.

El evento también contó con la participación de Lizbeth Abarca, profesora y dirigenta social de Cotabambas, quien relató las dificultades que tienen las mujeres para abrirse espacios para la participación política. “He sido discriminada como mujer, mal mirada por la sociedad. Ha sido mi delito que una mujer cumpla el rol de dirigente, solamente para defender el medio ambiente y hacer respetar los compromisos con la empresa minera”, contó Abarca.

Leah Sacín recordó que existe una mínima presencia de las mujeres en los espacios de poder político, no solo a nivel nacional sino también en los territorios locales: “en representación política hemos retrocedido, no hay ni una mujer gobernadora regional y solo 2% en las municipalidades”. Al respecto, Julia Cuadros añadió que la ausencia de una política pública que garantice la participación paritaria hace aún más difícil para las mujeres abrirse un espacio político propio. “Aun cuando postulan, es muy difícil que las mujeres sean elegidas, no las ponen primeras en las listas y no hay paridad”, señaló.

Lizbeth Abarca también dio su testimonio como víctima de la política de criminalización de la protesta que hace que muchos líderes y lideresas sociales sean denunciados por participar en las organizaciones sociales durante los conflictos con las empresas extractivas. “Yo he sido acusada y perseguida por la justicia. Por haber participado en un justo derecho de reclamar, he sido denunciada. Para ir a las audiencias judiciales en Challhuahuacho he tenido que sacar de mi bolsillo, dejando de comer, o pedir permiso en mi trabajo en la escuela”, relató Lizbeth Abarca.

El evento ha sido posible gracias al trabajo conjunto de La Factoría, CooperAcción y Diakonía, con el apoyo de la Unión Europea. La investigación periodística será publicada en tres entregas a partir del día de hoy, 8 de marzo, y estará disponible en https://lafactoria.pe/ https://cooperaccion.org.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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