18/3/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3929: PERÚ - Trabajadores del sector saneamiento en Perú ya tienen su día. Como un acto de justicia, cada 22 de marzo, en nuestro país se reconocerá el trabajo de hombres y mujeres que laboran en el sector

 Viernes, 18 de marzo de 2022 – Año XV – Edición 3929 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

Trabajadores del sector saneamiento en Perú ya tienen su día

Como un acto de justicia, cada 22 de marzo, en nuestro país se reconocerá el trabajo de hombres y mujeres que laboran en el sector

La noche del miércoles 16 de marzo 2022, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría - 80 votos a favor, ninguno en contra y 27 abstenciones (bancada fujimorista) - la propuesta de ley que declara el 22 de marzo como el Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Sector Agua Potable y Saneamiento.

Un Proyecto de Ley elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP y presentado por nuestra compañera, la congresista Isabel Cortez Aguirre de la bancada Juntos por el Perú, en reconocimiento al esfuerzo que realizan los trabajadores de este sector. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia han fallecido más de 150 trabajadores que estuvieron laborando a fin de garantizar agua para todos los peruanos.

Agradecemos a nuestra compañera Isabel Cortez, a su equipo de trabajo, la Comisión de Trabajo, a todos los congresistas que votaron a favor y a todos los que contribuyeron para hacer realidad la aprobación del PL. Ahora esperamos que sea remitida al presidente de la república para la autógrafa y promulgación.

 


HIDROREGIONES PERÚ

Fallo del Tribunal Constitucional contra comunidades aymaras afecta consulta previa

En una sentencia del 20 de enero último, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada, con tres votos a favor y dos en contra, una demanda de amparo presentada por representantes de las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucará, en Puno.

Los representantes de este pueblo indígena solicitaban la nulidad de dos concesiones mineras transferidas en 2016 a la minera Cemento Sur S. A., empresa del Grupo Gloria que produce y comercializa cal y cemento.

De acuerdo a la demanda, las concesiones Chilachambilla I y Chilachambilla II —otorgadas en 2005 a favor de Rolando Francisco Málaga Luna, apoderado en Cemento Sur S. A., minera Yura S. A. y otras compañías del Grupo Gloria— se superponen al territorio de la comunidad Chilla Chambilla y fueron aprobadas por el Instituto Minero Metalúrgico (Ingemmet) sin respetar el derecho a la consulta previa y la propiedad comunal.

Los magistrados Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón De Taboada y Ernesto Blume Fortini votaron en contra del pedido de las comunidades argumentando que la consulta previa no era un “derecho fundamental” y que no se encontraba “reconocido por la Constitución en forma expresa o tácita”.

En su sustento, los tres abogados señalaron que el Convenio 169 carecía de un “rango constitucional” y tampoco otorgaba “el carácter de derecho fundamental”. Este convenio internacional reconoce la consulta a favor de los pueblos indígenas y en el pasado, el propio Tribunal ha señalado que “los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional”.

La magistrada Marianella Ledesma Narváez, por su parte, declaró fundada la demanda porque para ella era “inconstitucional” que se espere a las etapas de exploración y explotación para realizar la consulta previa. En su voto en minoría también solicitó que se declaren nulas las concesiones que hoy maneja la minera Cemento Sur SA.

“El otorgamiento de una concesión es también una medida administrativa que impacta en los derechos e intereses de la comunidad. Dilatar la oportunidad de la consulta a las siguientes fases es, en la práctica, debilitar el contenido de este derecho”, señaló Ledesma Narváez en la sustentación de su voto individual.

Al igual que Ledesma Narváez, el magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera declaró fundada la demanda de las comunidades al considerar que la concesión de la minera incidía “directamente en los derechos colectivos de las comunidades demandantes”. El magistrado también señaló que la medida vulneró el derecho a la consulta previa y que en una eventual nueva entrega de estas concesiones se debía desarrollar este proceso participativo.

Luego de que se conociera esta sentencia, la Defensoría del Pueblo difundió un comunicado para rechazar la decisión de los magistrados por desconocer a la consulta previa como un derecho fundamental. La institución agregó que informará del tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y evaluará otras "acciones adicionales".

Norma debilitada

En la sentencia también se recuerda que el reglamento de la actual Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, aprobado en 2012, solo ha considerado este proceso de participación ciudadana previo a la exploración o explotación, según el Convenio 169, pero no en la concesión.

OjoPúblico consultó a diferentes especialistas sobre este último punto para entender el precedente que marca la resolución del Tribunal Constitucional y los vacíos que todavía presenta la norma a diez años de su promulgación.

El exdirector general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Gustavo Zambrano Chávez, señaló a OjoPúblico que el TC no se había pronunciado sobre el tema de fondo que era analizar si las concesiones mineras debían ser o no consultadas. “Eso es lo central, más allá de si estamos de acuerdo o no. Esta sentencia tendría que haber ayudado a zanjar el tema. Sin embargo, no se pronuncia sobre este punto”, dijo.

Zambrano Chávez también comentó que la sentencia del TC marca un “retroceso” no solo en el tema de consulta previa sino también de derechos humanos y le sorprendió que los magistrados no hayan considerado como un derecho fundamental a este proceso de participación ciudadana. “Me da la impresión de que [el Tribunal Constitucional] tiene miedo de que los pueblos indígenas tengan derechos”, expresó.

Por su parte, la directora de la ONG Cooperacción, Ana Leyva Valera, sostuvo que mientras ha estado vigente la ley de consulta previa no ha cambiado la percepción de las personas respecto a la vulneración a sus derechos y se tiene la idea de que es una "formalidad" pero todavía no ha asegurado el respeto a los derechos colectivos de las comunidades.

Asimismo, Leyva Valera planteó que el proceso de consulta también debería considerarse en la etapa de ordenamiento territorial porque aquí se decide el uso que se le dará a la tierra.  "La concesión es otorgamiento de un derecho no decisión del uso. El uso se hace a través de la planificación", agregó.

En ese mismo sentido, Tania Ramírez Farías, coautora de un libro sobre los avances y retos de la consulta previa en el Perú, considera que este proceso —en el caso de industrias extractivas— debería realizarse previo a los estudios de impacto ambiental y que en todos los ministerios se debe reforzar y dar estabilidad a los equipos vinculados a "temas de interculturalidad" así como mejoras en los procesos de diálogo con mejores intérpretes y presupuesto.

En los últimos meses, OjoPúblico también ha advertido sobre las debilidades en la ley de consulta previa en actividades que mantiene a comunidades enfrentadas con empresas de industrias extractivas, como ocurre con el pueblo shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya en Ucayali.   

En un reciente pronunciamiento, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) solicitó que el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad se “pronuncien y reviertan este tipo de acciones”. Para evitar la vulneración de sus derechos, también exigieron que el proceso de consulta previa se implemente para el otorgamiento de concesiones de industrias extractivas. https://ojo-publico.com/

 


Arequipa: pobladores de Caylloma reanudan protestas para exigir tierras en Majes II

El paro en Caylloma por el proyecto Majes Siguas II se reanudó. Integrantes de las juntas de usuarios de esa provincia llegaron hasta las instalaciones de la bocatoma de Tuti que dota de agua al distrito de Majes. Advirtieron que impedirán el suministro si sus pedidos no son atendidos. “La solución la tiene la gobernadora (Kimmerlee Gutiérrez) y los consejeros. ¡Que vengan!”, exigió el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Caylloma, Juan Galdos.

Aseveró que otro grupo por la mañana impidió el ingreso al distrito capital de Caylloma, Chivay. Las protestas se retomaron tras la infructuosa reunión para instalar una mesa de diálogo entre las juntas y el Gobierno Regional de Arequipa. Los integrantes quieren dialogar con la gobernadora, quien no acudió a la cita. Sus pedidos son 30% de tierras del proyecto Majes II, canon hídrico y reparación de la bocatoma de Tuti.

“Se tiene que discutir”, respondió Arturo Arroyo, gerente de la Autodema, ante la viabilidad de los pedidos. Señaló que en estos días se fijará fecha de una próxima reunión con presencia de Gutiérrez.

Sobre la adenda 13, Arroyo anunció que este 17 de marzo se fijará fecha para la firma tras una reunión entre el GRA y Cobra. Adelantó que será una ceremonia abierta. https://larepublica.pe/

 


Moradores de Morales exigen restablecimiento del servicio de agua potable

“Antes nos íbamos al río Cumbaza a bañarnos y a lavar ropa, pero ahora el agua está turbia y no podemos utilizarla. En mi caso pago 20 soles ida y vuelta por una carrera en mototaxi para ir a un pozo de agua del sector Cancún”, indican los afectados.

Totalmente desesperados se encuentran los vecinos del distrito de Morales que desde el día viernes 11 de marzo están desabastecidos de agua potable, debido a turbidez de los ríos que suministran a EMAPA. La empresa prestadora de servicio envía camiones cisternas, pero no logran apoyar a todos.

Los vecinos de calles paralelas al jirón Los Andes reclaman, porque tienen que caminar con sus embaces de agua para llegar hasta los camiones cisternas, es por ello que piden que se restablezca el servicio de agua potable lo más pronto posible, porque gasta 20 soles diarios en ir hasta un pozo para abastecerse.

“Antes nos íbamos al río Cumbaza a bañarnos y a lavar ropa, pero ahora el agua está turbia y no podemos utilizarla. En mi caso pago 20 soles ida y vuelta por una carrera en mototaxi para ir a un pozo de agua del sector Cancún. El dinero ya no nos alcanza y esperamos una pronta solución a este problema de desabastecimiento” indicó una vecina de nombre Roberta Amasifuen Dávila.

Hasta el momento se desconoce cuándo se estaría restableciendo el servicio de agua potable en Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, en donde algunos casos llegan sin presión y por solo unos minutos. https://www.diariovoces.com.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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