Viernes, 1 de abril de 2022 – Año XV – Edición 3939 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Lambayeque: Piden a Ministerio de
Vivienda que intervenga en obra paralizada
Proyecto de agua y saneamiento para 12 pueblos jóvenes de Pomalca entrará en proceso de arbitraje
Por tercera vez, pobladores de
los 12 pueblos jóvenes ubicados al margen de la carretera Pomalca-Chiclayo
protestaron para exigir que se retome la ejecución de la millonaria obra de
agua potable.
En esta oportunidad, solicitaron
que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento intervenga para
lograr que concluya la ejecución; pero Epsel descartó esta posibilidad debido a
que la obra será sometida a un proceso de conciliación.
Trabas
La paralización de esta obra,
valorizada en casi 56 millones de soles, está afectando al menos 10 mil
pobladores de los pueblos jóvenes Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas,
Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro
Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.
Algunos de ellos marcharon ayer
por la carretera Pomalca-Chiclayo para exigir que se reinicien los trabajos.
Además, cuestionaron el papel que tuvo Epsel durante la ejecución de este
proyecto.
Como se sabe, la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque suscribió el contrato con
el Consorcio Progreso en noviembre del 2018.
Casi tres años después, la
Contraloría detectó que el Consorcio y la empresa supervisora (Consorcio
Supervisor Asís) habían alertado riesgos a Epsel que no fueron incluidos en el
estudio técnico y que generarían fisuras y agrietamiento en una planta de
tratamiento.
Las demoras para absolver las
consultas del contratista generaron que la obra quedara paralizada, según el
órgano de control. “A la empresa supervisora le estarían debiendo más de S/300
mil y a la empresa contratista, cerca de S/4 millones, contó Elmer Pasapera,
representante de los 12 pueblos jóvenes.
El dirigente también sostuvo que
la población que debía beneficiarse con la obra se ha incrementado -desde que
se formuló el expediente- y al menos 30 mil pobladores no contarán con el
servicio de agua potable y alcantarillado.
Para las familias afectadas,
Epsel ya no debería estar a cargo del proyecto sino el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, la entidad prestadora rechazó esta opción.
A través de su Oficina de Imagen
Institucional, Epsel explicó que al estar bajo el régimen de OTASS (Organismo
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento), sí pertenecen a
dicho ministerio.
Asimismo, indicó que la obra
quedó con un avance físico superior al 60%, y para que concluya, se necesita
resolver los aspectos que exige el contratista.
El Consorcio Progreso solicitó
la ampliación del plazo de ejecución por 12 meses y el pago de mayores gastos
generales como resultado de estos trabajos.
Sin embargo, Epsel considera que
estas demandas no se justifican. Además, la entidad plantea que se elabore un
expediente de saldo de obra para culminar la ejecución y que las discrepancias
con el contratista se resuelvan mediante un arbitraje.
El próximo 7 de abril se realizará la primera conciliación entre Epsel y el Consorcio para definir estos aspectos. https://diariocorreo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Defensoría presentó documento para impulsar protección de defensores indígenas y ambientales
Como
parte de los esfuerzos por poner en la agenda pública nacional la necesidad de
adoptar medidas de protección más eficientes a favor de las personas defensoras
del medio ambiente, la Defensoría del Pueblo presentó la cartilla Mecanismos de
Protección para Personas Defensoras Indígenas y Ambientales de la Amazonía que
contiene la normatividad vigente, las funciones de cada entidad involucrada en
la protección de las personas defensoras de derechos humanos, los
procedimientos para el otorgamiento de garantías personales en casos de
amenazas, así como recomendaciones a los poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales.
La
Defensoría informó que la presentación, desarrollada de manera virtual, reunió
a representantes de las organizaciones indígenas, de los ministerios de
Justicia y Derechos Humanos y del Ambiente, así como de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Perú. Además,
estuvieron presentes representantes de la Unión Europea en el Perú y de Oxfam
en Perú, quienes apoyaron en la elaboración de la cartilla.
La
Defensoría del Pueblo pone al servicio de la ciudadanía en general, y de manera
particular para las personas defensoras indígenas, esta cartilla gráfica y
amigable que contiene los procedimientos a seguir en casos de amenazas contra
la vida e integridad de los/as líderes/as de las comunidades y de los
defensores ambientales. Así lo resaltó la primera adjunta, Eliana Revollar,
quien recordó que el Estado se encuentra en la obligación de reforzar sus
estrategias de intervención ante la inseguridad y los riesgos que padecen las
personas defensoras indígenas y ambientales. Tras ello, Percy Castillo, adjunto
para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, explicó la intervención
defensorial en esta materia y remarcó la necesidad de acelerar las
investigaciones y establecer sanciones ejemplares en los crímenes ocurridos en
los últimos dos años.
Esta
postura fue respaldada por las y los representantes de Oxfam en Perú, de la
Unión Europea y de Naciones Unidas, quienes expresaron su preocupación por las
últimas muertes ocurridas en Madre de Dios y Huánuco vinculadas a la presencia
de actividades ilícitas en territorios indígenas. Además, se contó con las
intervenciones de líderes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades
Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y de la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), quienes demandaron acciones
más eficientes ante las graves amenazas que vienen recibiendo al denunciar el
avance de la minería ilegal, implementación de dragas y el narcotráfico en los
bosques amazónicos.
Por su
parte, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo,
Nelly Aedo, luego de explicar el contenido de la cartilla informativa, se
refirió a las principales recomendaciones como contar con un instrumento legal
que vincule al Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría
General de la República, gobiernos regionales y locales y a las organizaciones
indígenas y sociedad civil para la promoción y protección de las personas
defensoras; la necesidad de culminar el proceso de titulación y
georreferenciación de las comunidades campesinas y nativas; así como el combate
a los problemas estructurales y delitos de crimen organizado que afectan a las
comunidades indígenas y que ponen en grave riesgo su vida e integridad.
La
clausura del evento estuvo a cargo de la adjunta de Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, quien reafirmó la necesidad de
combatir eficientemente la minería y tala ilegal, así como el tráfico ilícito
de drogas que afectan a las comunidades indígenas y ponen en grave riesgo la
vida e integridad de las personas defensoras. Además, sostuvo que resulta
prioritario que el Estado peruano ratifique el Acuerdo de Escazú, que permitirá
contar con mayores herramientas de protección de las personas defensoras
indígenas y ambientales. Así también, reafirmó el compromiso de la institución
de continuar trabajando en la defensa de derechos de esta población afectada,
informó la Defensoría. https://www.inforegion.pe/
Puede
acceder a la cartilla haga clic en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Cartilla-Defensores.pdf
Tacna: advierten riesgos de abastecimiento en represa Cularjahuira de Candarave
La Contraloría General detectó
riesgos en el abastecimiento de agua de la presa Cularjahuira, debido a que a
la fecha no se ejecuta la construcción del nuevo canal Tacalaya 1, que es
afluente de agua para la presa. Según la entidad, este proyecto permitirá
ampliar la frontera agrícola de 350 a 780 hectáreas, en el distrito Camilaca,
de la provincia Candarave (Tacna).
De acuerdo al informe del órgano
de control, en noviembre del 2018 la Municipalidad Distrital de Camilaca decidió
retirar del contrato la ejecución del entubado del nuevo canal Tacalaya 1,
valorizado en S/ 2 080 589, pero dicho cambio se aprobó pese a que el canal se
encontraba parcialmente ejecutado, y sin contar con la opinión del proyectista
ni sustento técnico.
Con la finalidad de subsanar
esta situación se elaboró un adicional de obra considerando la construcción de
un canal abierto, sin embargo, a la fecha, la entidad no convoca su ejecución.
En el lugar permanece la
infraestructura antigua del canal Tacalaya 1, la cual no garantiza que se
cumpla la dotación mínima de 210 litros por segundo de agua para la presa
Cularjahuira, estimada en el proyecto, y que complementa al canal Tacalaya 2,
que conduce 400 litros por segundo de agua.
En este sentido, la comisión de
control advirtió que recibir la obra sin contar con el sistema hidráulico
completo afectaría los objetivos del proyecto, que son garantizar el agua
necesaria para obtener rendimientos óptimos en los cultivos, potenciar a la
capacidad agrícola de la zona y desarrollar la economía de los productores de
la zona. https://larepublica.pe/
HIDROLABORAL
Conflictos laborales: durante el 2021 hubo 38 huelgas en el sector privado en el Perú
Según
información de la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), publicada recientemente en el documento “Huelgas en el Perú
2021”, a cargo de esta entidad, el año pasado se registraron 38 huelgas a nivel
nacional en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo sujetas al
régimen del sector privado. Estas huelgas alcanzaron a un total de 209,142
trabajadores.
Si se
compara la cifra con la de años anteriores, ha habido un incremento con
respecto al 2020 (23 huelgas con 127,868 trabajadores), pero un descenso frente
al comportamiento en tiempos prepandemia. En 2019, hubo 67 huelgas, que
comprendieron a 110,154 trabajadores. Sin embargo, es de notarse que, con menos
huelgas en 2021, fueron más los trabajadores que acataron esta medida de fuerza,
es decir, correspondieron a organizaciones más numerosas.
Los
sectores económicos que más huelgas registraron fueron el de la explotación de
minas y canteras (15) e industrias manufactureras (9). Asimismo, el mayor
número de huelgas se dio en Lima Metropolitana (18), Junín (5) y Lima Región
(3).
“La
huelga es el derecho que ejercen los trabajadores afiliados a una organización
sindical y se materializará a través de la suspensión de labores y el abandono
del centro de trabajo. Comprender su naturaleza, por qué motivos se dan, cuánto
duran, su impacto y la calificación de la autoridad de trabajo, es de mucha
utilidad para las relaciones colectivas de trabajo (sindicatos y empleadores),
la elaboración de las estrategias de negociación colectiva o su actualización,
la prevención o gestión de los conflictos laborales y la preservación del buen
clima laboral”, explica Carlos Cadillo, socio
de Miranda & Amado en el área
laboral, para mirar con atención la data de “Huelgas en el Perú 2021”.
MOTIVOS
Así, debe
señalarse que los motivos de las huelgas en 2021 fueron los siguientes: 25
(66%) estuvieron vinculados con la solución de pliegos de reclamos en el marco
de la negociación colectiva; 11 (29%) por el incumplimiento de las normas
legales o convencionales; y 2 (5%) por amenaza de despido u otros motivos.
Tomando en cuenta la cantidad de trabajadores comprendidos según la causa de la
huelga, este orden cambia: 94% estuvo comprendido en las huelgas por el
incumplimiento de las normas, el 4% por la negociación colectiva y el 2% por
amenaza de despido u otros motivos.
“La causa
de la huelga por incumplimiento de las normas acogió diversos reclamos, tales
como la alimentación de baja calidad, el cese de actos de hostilidad, el pago
de remuneraciones, bonos, reintegros o beneficios sociales, las horas extras,
el tratamiento de agua potable, el nombramiento del personal, la movilidad,
entre otros. Por eso, resulta importante tener en cuenta que la huelga es un
escenario posible en las negociaciones colectivas; pero, sin perder de vista
las auditorías de verificación del cumplimiento laboral, la gestión de las
contingencias y la adopción de las medidas correctivas que sean aplicables,
pues eventualmente podrían gatillar reclamos e incluso huelgas”, destaca Carlos
Cadillo.
En cuanto
al alcance temporal de las huelgas registradas en 2021, 26 (68%) fueron por
tiempo indefinido y 12 (32%) por un tiempo determinado. Además, se precisa que
hubo 6 huelgas que duraron 1 día; 10, 2 días; 4, 3 días; y, 3, de 4 a 7 días.
Además, 5 huelgas se extendieron de 8 a 15 días, 3 de 16 a 21 días, 4 de 22 a
35 días, y 3 que fueron de 36 a más días.
Finalmente,
las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo calificaron a 16
(42%) de estas huelgas como procedentes y a 22 (58%) como
improcedentes-ilegales.
“Defender el Agua es Defender la Vida”