HIDROBOLETÍN
FENTAP
Miércoles, 06 de julio de 2016 – Año XI – Edición 2514 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
·
Perú - Presidentes de las Juntas de Usuarios se rebelan ante orden
de la ANA.
·
Perú - Comunidad de Camilaca protesta contra minera Río Tinto.
·
Bolivia – Chile. Parlamentarios bolivianos reafirman en Silala que
son manantiales y no un río.
·
Uruguay - Reforma constitucional y ambiente. En los últimos días se
conoció la intención de promover una reforma constitucional para atender una
decena de asuntos, y entre ellos el ambiente. Como Uruguay tiene uno de los
marcos constitucionales más atrasados de la región en esas cuestiones, la
intención puede ser buena. Pero, paradojalmente, los problemas ambientales más
urgentes del país se deben, en primer lugar, a incumplimientos de leyes que ya
existen.
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Presidentes de las Juntas de Usuarios
se rebelan ante orden de la ANA
larepublica.pe – 06/07/16.- La Autoridad Nacional del
Agua (ANA) dispuso que se conforme el comité
electoral que lleve adelante el proceso
de elección de los Consejos Directivos de las organizaciones de Usuarios
de Agua para el periodo 2017 - 2020.
Los miembros del comité
serán elegidos mediante sorteo
público entre los usuarios de agua. El acto que se realizará el 22 de
julio será dirigido por la Administración Local de Agua (ALA) con presencia de un notario público.
Ayer se reunieron los presidentes de las Juntas de
Usuarios de la región y acordaron rebelarse a la disposición de ANA. El
presidente de la Junta de
Usuarios de la Zona Regulada del Chili, Juan Álvarez, se
mostró en contra de la disposición e indicó que no acatarán la orden porque lo
que busca el Estado es desaparecer las
juntas y entregar el sistema de riego a empresas que quieren privatizar el
agua.
Para el presidente de la Junta de Usuarios de Camaná,
Marcelo Valdivia, ANA no respeta su propia Ley, porque según la norma un comité
electoral se elige en una asamblea con el 35 % de asistencia, pero ANA quiere
imponer el comité por un sorteo.
En tanto, el presidente de la Junta de Usuarios del valle
de Majes, Luis Zúñiga, dijo que no aceptan la Ley "Zamudio" porque los desorganiza como junta de
usuarios. "La única organización que tenemos los agricultores en todo el
Perú son las juntas y las comisiones de
usuarios y el Estado busca deshacer la organización agraria. Tiene que
derogarse la ley".
Pese a la negatividad de los presidentes, ANA
dispuso que el plazo para presentar las
listas de candidatos es el 15 de setiembre. Se publicará la lista de los
inscritos el 30 del mismo mes y las elecciones serán el 30 de noviembre.
HIDROREGIONES
Comunidad de Camilaca protesta contra
minera Río Tinto
larepublica.pe – 05/07/2016.- La
comunidad campesina de Camilaca, ubicada en el distrito del mismo nombre,
realizó ayer una marcha de protesta contra la minera Río Tinto, que busca
realizar un proyecto de exploración en su territorio.
Los pobladores, que pertenecen
a la provincia de Candarave, llegaron a la ciudad de Tacna para hacer un
plantón en el Gobierno Regional. Reclamaron no tener el apoyo de las
autoridades locales para la protección del agua. Exigieron priorizar el recurso
para el consumo humano y agro.
HIDROMUNDO
Bolivia
- Chile
Parlamentarios bolivianos reafirman
en Silala que son manantiales y no un río
http://eldia.es/
- 05/07/2016.- Legisladores bolivianos, autoridades regionales, municipales e
indígenas del suroeste de Bolivia se reunieron hoy en la remota zona del Silala
para reafirmar que se trata de manantiales y no un río internacional como
sostiene Chile.
El diputado David Ramos, del
gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), declaró desde el Silala a la
radio Erbol que el encuentro fue para "demostrar al mundo" que esos
recursos hídricos pertenecen a manantiales, producto de aguas fósiles
subterráneas.
La sesión legislativa
celebrada en el Silala, en la región andina de Potosí, fue inaugurada con ritos
indígenas dedicados a la Pachamama (Madre Tierra), según Ramos.
Leer
texto completo aquí http://bit.ly/29lJWrk
Reforma constitucional y ambiente
En
los últimos días se conoció la intención de promover una reforma constitucional
para atender una decena de asuntos, y entre ellos el ambiente. Como Uruguay
tiene uno de los marcos constitucionales más atrasados de la región en esas
cuestiones, la intención puede ser buena. Pero, paradojalmente, los problemas
ambientales más urgentes del país se deben, en primer lugar, a incumplimientos
de leyes que ya existen.
http://columnistas.montevideo.com.uy/
- 04/07/2016.- En la Constitución actualmente vigente "la protección del
medio ambiente es de interés general" según establece el artículo 47.
Agrega que las "personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente". A esa
redacción, la reforma de 2004 le sumó una larga sección sobre el agua,
reconociendo que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye derechos.
Esa formulación, entender la
defensa ambiental como un asunto de "interés general", responde a
posturas muy anticuadas, propias de la década de 1960. No sólo eso, sino que
nuestro país es el único en haber quedado estancado en ese remoto pasado de las
políticas ambientales.
Eso nos ubicaría en uno de los
últimos puestos de un ranking sobre la calidad de los mandatos ambientales en
las constituciones del continente. Naciones como Argentina, Brasil, Colombia o
Chile estarían en la mitad de la tabla, un poco por encima de ellos Bolivia, y
el primer lugar lo tendría Ecuador.
Esto se debe a que la mayor
parte de los países han incluido los temas ambientales entre los llamados
derechos de tercera generación. Se los formula como el derecho a un ambiente
sano o a una adecuada calidad ambiental. Veamos algunos ejemplos entre los
vecinos.
En la Constitución de Colombia
de 1991, se lee que "todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano", donde el Estado tiene el "deber" de
"proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación" para esos
objetivos (artículo 79). En Chile ese componente aparece en un artículo clave
donde se enumeran los derechos de las personas. Allí se incluye el
"derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de
la naturaleza (artículo 19: 8).
Otros países además amplían
los derechos ambientales a los compromisos con las generaciones futuras. En
Argentina, su Constitución indica que "todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo" (art. 41). La Constitución brasileña establece que
"todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien
de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose
al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para
las generaciones presentes y futuras" (art. 225).
En varios de esos países se
está discutiendo que ese tipo de formulaciones ya son insuficientes, ya que
sólo se protegería aquellos componentes que son de interés o valor para los
humanos. Por lo tanto se deberían reconocer valores propios en la Naturaleza
que sean independientes de las apreciaciones o utilidades para las personas.
Esto, traducido a su explicación práctica, significa que se debe proteger un
bosque de espinillos, coronillas y guayabos, no sólo por su valor económico o
paisajístico, sino como un patrimonio natural donde esas y otras especies
tienen derecho a seguir sus procesos de vida.
Por ejemplo, en la actual
discusión chilena para reformar su constitución, hay abogados y
constitucionalistas que entienden el actual reconocimiento de los derechos de
las personas a un ambiente sano está atado a las valoraciones y utilidades
humanas, y reclaman agregar otros derechos enfocados en la propia Naturaleza.
En Argentina, en el año 2015, desde la izquierda independiente se presentó un
proyecto de ley para reconocer los derechos de la Naturaleza. La iniciativa fue
promovida por los senadores Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y
Rubén Giustiniani (Frente Progresista), y está actualmente a estudio de las
comisiones parlamentarias.
Esos pasos ya se han dado en
Ecuador, donde la nueva Constitución aprobada bajo el gobierno de Rafael Correa
en 2008, reconoce los derechos de la Naturaleza. Allí se indica que la
"naturaleza o Pacha Mama" es donde se reproduce y realiza la vida, y
que por ello "tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos" (art. 71). La Constitución ecuatoriana es la más
avanzada en temas ambientales del mundo.
Es importante advertir que
esta novedad no invalida los derechos de las personas a un ambiente sano, sino
que los dos sistemas discurren en paralelo, y uno se complementa con el otro.
Tampoco significa que los ecosistemas pasen a ser intocables, sino que impone
la responsabilidad de aprovechar los recursos naturales sin destruir a la
Naturaleza ni extinguir las especies que la habitan.
Bajo esta situación, buscar
una reforma ecológica de nuestra Constitución podría sacarnos del atraso que
nos deja allí abajo en el ranking ecológico. Pero ese anuncio en lugar de
despertar adhesión desde el ambientalismo, sólo cosechó todavía más
preocupación.
Para llevar adelante una
reforma ambiental constitucional con un sentido ecológico se necesita tanto
antecedentes como sensibilidad ambiental. Esos son elementos esenciales que no
se divisan por ahora en la mayoría parlamentaria. Desde ella no se han
presentado iniciativas legislativas significativas en cuestiones ecológicas y,
por el contrario, han apoyado pedidos del Poder Ejecutivo que en sus resultados
concretos debilitan la gestión ambiental. Entre esas últimas decisiones de la
mayoría parlamentaria se encuentra el recorte de la evaluación de impacto
ambiental estratégica, flexibilizar la exigencia de un informe ambiental anual,
y aumentar la dispersión institucional creando una nueva secretaría
presidencial en temas ambientales.
En el Palacio Legislativo no
se discute un proyecto de ley para reconocer los derechos de la Naturaleza como
sucede en Argentina.
Leer
texto completo aquí http://bit.ly/29nV9n9
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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