17/7/19

HIDROBOLETÍN FENTAP 3267: PERÚ - Trabajadores se movilizan contra privatización de las empresas de agua del Perú. Exigen al gobierno peruano derogatoria del Decreto Legislativo 1280, presentarán demanda de inconstitucionalidad


Miércoles, 17 de julio  de 2019 – Año XIV – Edición 3267 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ - Trabajadores se movilizan contra privatización de las empresas de agua del Perú. Exigen al gobierno peruano derogatoria del Decreto Legislativo 1280, presentarán demanda de inconstitucionalidad
·        PERÚ – Piura. En diciembre habrá otro corte de agua para ejecutar trabajos definitivos en el canal
·        PERÚ - Los conflictos, ayer y ahora. Hace un par de meses estábamos inmersos en el conflicto Las Bambas y ahora ya estamos entrando a un nuevo capítulo: el conflicto en torno al proyecto Tía María, que ya tuvo dos estallidos sociales previos, el año 2011 y el 2014.
·        ARGENTINA - Daños ambientales en 8 zonas de Buenos Aires por la minería ilegal
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Trabajadores se movilizan contra privatización de las empresas de agua del Perú
Exigen al gobierno peruano derogatoria del Decreto Legislativo 1280, presentarán demanda de inconstitucionalidad   

El 19 de julio desde las 9:30 a.m., delegaciones de ciudadanos y trabajadores, que han llegado desde diversas regiones del Perú, realizarán una movilización en Lima, partiendo desde el Parque Universitario, hacia la Plaza Bolívar y luego a la sede del Tribunal Constitucional, a fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 1280, porque el gobierno de Martín Vizcarra, pretende privatizar todas las Empresas de Agua del Perú.

Mientras en el mundo hay todo un proceso de remunicipalización de los servicios de agua potable, por el rotundo fracaso de la privatización; en el Perú se insiste en convertir el agua en una mercancía, dándole facilidades y leyes a su medida al capital privado.

Por estos motivos y para evitar el encarecimiento del agua a través de los tarifazos, la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP - realizará esta movilización el viernes 19 de julio en la ciudad de Lima


HIDROREGIONES PERÚ

En diciembre habrá otro corte de agua para ejecutar trabajos definitivos en el canal

Terminaron los trabajos de reparación de un tramo del canal Daniel Escobar, acueducto que proporciona de agua a las plantas de tratamiento de Sullana y Curumuy. No obstante, estos trabajos ejecutados solo son temporales porque no se colocó la losa de concreto, por lo que el Proyecto Chira Piura (Pechp) ha programado para diciembre un nuevo corte de agua.

El gerente del Pechp, Manuel Barreno Rodrigo, informó que los trabajos realizados durante estos diez días consistieron en reforzar el canal con sacos de arena y geomembranas en varios sectores del canal, los cuales suman unos 500 metros lineales.

LOS TRABAJOS

“En diciembre habrá otra intervención porque esta es una medida temporal, hasta que hagamos trabajos definitivos, ahí se van a revestir las losas con concreto (...) vamos a evaluar y ver qué debemos hacer para para no dejar desabastecida a la población”, indicó Barreno Rodrigo.

En otro momento, el funcionario indicó que “para estas situaciones, la EPS Grau debería tener un plan de contingencia, un reservorio que les permita que ante este tipo de situaciones se evite el desabastecimiento de agua”. DIARIO CORREO

En diciembre habrá otro corte de agua para ejecutar trabajos definitivos en el canal

Los conflictos, ayer y ahora

Hace un par de meses estábamos inmersos en el conflicto Las Bambas y ahora ya estamos entrando a un nuevo capítulo: el conflicto en torno al proyecto Tía María, que ya tuvo dos estallidos sociales previos, el año 2011 y el 2014.

Lo cierto es que cada vez que entramos a un contexto en que un conflicto social está por estallar o ya estalló, súbitamente tendemos a perder la memoria y algunos apuestan a que la gente se olvide del pasado reciente y no tan reciente. Los “expertos en conflictos” olvidan, por ejemplo, de lo que hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de enfrentarlos desde un cargo gubernamental o, lo que dijeron, escribieron y analizaron en determinados momentos.

También se alude al recurso de la posverdad, que también les es muy útil para este tipo de situaciones. Algunos hasta se olvidan de para quién trabajan o prestan servicios profesionales y, aparecen en los grandes medios como analistas independientes, mientras en paralelo, sus consultoras, estudios de abogado, instituciones varias, etc., facturan para una empresa minera o un gremio empresarial.

Lo cierto es que a todos nos hace bien recordar y revisar lo que hicimos, dijimos y propusimos. Vamos a mirar algunas cifras y escenarios que ya vivimos.

La evolución de la conflictividad social

Para comenzar el ejercicio, no estaría demás revisar la data de la conflictividad social de los últimos años: en el siguiente gráfico, tomando como referencia la información de la Defensoría del Pueblo, hemos organizado la evolución de la conflictividad social por períodos presidenciales.


De este gráfico podemos sacar varias conclusiones. La primera es que entre el 2006 y 2010 -durante el segundo gobierno aprista-, se registró la cifra más alta de conflictividad social en el país. Además del alto número de conflictos, el otro indicador de ese período fue la intensidad de los mismos: fueron los años de los estallidos sociales de Combayo (Cajamarca), Río Blanco (Piura), “el baguazo” (Amazonas), Tía María (Arequipa), “el aymarazo” (Puno), entre varios otros, que paralizaron y polarizaron el país. Todos estos conflictos significaron semanas y hasta meses de mucha tensión social y lamentablemente una larga lista de personas fallecidas, heridas (pobladores y policías) y criminalizadas. Como lo hemos comprobado recientemente, el conmemorar los diez años del baguazo, muchas de estas heridas hasta ahora siguen abiertas.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, precisamente, en este período el país se benefició del denominado súper ciclo de precios de las materias primas, lo que permitió que la recaudación minera aumentase y como consecuencia, las transferencias a las regiones también se incrementaron, vía canon, regalías, etc. Sin embargo, los importantes recursos económicos que llegaron a las regiones, provincias y distritos, no impidieron que los conflictos escalasen en número e intensidad en todo el país. Claro que siempre se puede argumentar que los recursos transferidos no fueron bien utilizados en las regiones.

Es importante mencionar esto último porque en la actualidad se piensa que con propuestas como el canon comunal u otras, los conflictos en las zonas de influencia de la minería van a bajar casi de manera automática. Lo cierto es que la experiencia peruana y la de otros países, muestra que la realidad es bastante más compleja y que los conflictos vinculados a actividades extractivas, son multidimensionales; pueden ser económicos, sociales, culturales y por supuesto, ambientales.

En los siguientes períodos presidenciales, también se vivieron momentos de escaladas y descensos de la conflictividad social. El gobierno de Ollanta Humala también tuvo lo suyo con casos como Conga, Espinar, el segundo capítulo de Tía María, entre otros; nótese en el gráfico que en la segunda mitad del gobierno de Humala, los conflictos sociales volvieron a superar la barrera de los 200 por mes. Finalmente, el gobierno actual también ha pasado por varios episodios complicados en Las Bambas, Loreto, Bambamarca, un paro agrario, etc.  Sin embargo, es notorio que pasada la efervescencia del súper ciclo y la fuerte presión que por entonces hacían las empresas por sacar adelante sus proyectos de inversión, el número de conflictos nunca ha vuelto a alcanzar los niveles del período del segundo gobierno de Alan García.

Lo que no se puede decir es que el menor número de conflictos de algún período se deba al éxito de alguna política o estrategia en particular de parte de los gobiernos de turno. En general, la conflictividad social se ha seguido manejando con las mismas limitaciones desde el Estado y mucha improvisación, al margen de quién nos haya gobernado: una estrategia básicamente reactiva que se implementa cuando el conflicto ya escaló; una marcada debilidad institucional y una incapacidad del Estado peruano para actuar de manera multisectorial, además de una débil presencia en los territorios (baja densidad del Estado).

No estaría demás reconocer que, así como decimos que el Perú es el segundo país productor de cobre en el mundo y uno de los principales países productores de oro, plomo, zinc, plata, etc.; también debemos comenzar a tomar conciencia que nos hemos convertido en uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales asociados a la minería.

Todo indica que el país se preparó para recibir los grandes flujos de inversión en minería, pero que en paralelo no se preparó de la misma manera para enfrentar los conflictos que esas inversiones comenzaron a provocar.  Esta sigue siendo una enorme tarea pendiente. José De Echave C. COOPERACCIÓN

HIDROMUNDO

Daños ambientales en 8 zonas de Buenos Aires por la minería ilegal

Peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social, del Ministerio del Ambiente, junto con personal de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura y de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, realizaron un recorrido por ocho lugares para determinar el daño ambiental generado por las actividades de minería ilegal en el sector La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura.

En la inspección interinstitucional los técnicos identificaron las afectaciones ambientales generadas por estas actividades ilícitas como la pérdida de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posible afectación a los recursos agua y suelo por el manejo antitécnico de combustibles y químicos.

Precisamente, en las plantas de beneficio, se encontraron generadores, campamentos, combustibles, tanques y sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), molinos de bolas, cilindros amalgamadores, tanques de cianuración, entre otros. Además de bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído.

El Ministerio del Ambiente trabaja en la elaboración de un informe técnico que será entregado a la Fiscalía General del Estado para continuar con las acciones correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales del país. EL TELÉGRAFO

Una inspección técnica se realizó por ocho lugares n el sector La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura.

“Defender el Agua es Defender la Vida”
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