Lunes, 16 de setiembre de 2019 –
Año XIV – Edición 3306 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
AMÉRICA
LATINA - Riqueza minera y conflicto social. La represión de la protesta de las
comunidades locales ante proyectos mineros está alcanzando niveles
preocupantes. Aquí una radiografía a la conflictividad minera en la región
·
VENEZUELA
- ¿Amazonas venezolano sufre 4 veces más incendios que Brasil por Km2?
·
ESPAÑA
- La ONU visita Sevilla para conocer el modelo de agua público andaluz
·
URUGUAY
- Asegura Uruguay cobertura de saneamiento en hogares
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América Latina: riqueza minera y
conflicto social
La
represión de la protesta de las comunidades locales ante proyectos mineros está
alcanzando niveles preocupantes. Aquí una radiografía a la conflictividad
minera en la región.
http://www.tendencias21.net – 24/10/17.- Con su
abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la
inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL,
Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México
el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro
y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.
Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las
exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera,
casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la
zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.
"La falta de apoyo de las comunidades locales a los
proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que
enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla, coordinador
general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y
desarrollo sostenible de Misereor, "la actividad minera tiene un alto
impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos
las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge
ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.
El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde
expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas.
No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes.
Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los
derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.
Defensores y representantes de las comunidades sufren las
consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro,
condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.
Bomba de tiempo
Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona
agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado
desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han
muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. "En
Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es
muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.
Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica
ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto
Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus
características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con
sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza
de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.
Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas
al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y
suelo, y destrucción de zonas protegidas. "Las comunidades se quedan sin
agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al
territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.
Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de
subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades
sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de
contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.
La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras
que genera la minería es otra causa de rechazo. "Los desechos generan cada
vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil,
no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido
en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.
Friess observa además que "la mayoría las
comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos
beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción
tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.
Una lucha desigual
"En América
Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con
posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades
se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que
pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la
que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.
La experta explica que "junto con problemas por el
acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en
todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que
someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su
región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice
Friess.
A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros
en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor
cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en
Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios
de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los
mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.
Capitales extranjeros y doble estándar
A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal
Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas
privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal
inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de
capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.
"Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los
derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que
producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos
ambientales y sociales”, dice Padilla.
Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a
la minera Blackfire en México, "quien pidió protección en la embajada
canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de
ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”,
relata Padilla.
Según el experto, "lo que una empresa minera
extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es
muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección
ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.
El coordinador de OCMAL apunta también a la
responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que
favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en
la sociedad y el ambiente.
HIDROMUNDO
¿Amazonas venezolano sufre 4 veces
más incendios que Brasil por Km2?
El director de Torino Capital,
el economista venezolano Francisco Rodríguez, quien acompañó la candidatura
presidencial del exgobernador de Lara, Henri Falcón en los comicios del 20 de
mayo de 2018, aseguró en una publicación de su perfil de Twitter del 23 de
agosto que el Amazonas venezolano sufría cuatro veces el número de incendios de
Brasil por kilómetro cuadrado a causa de la minería ilegal.
La Unidad de Verificación de
Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo hizo una revisión de esta aseveración
encontrando que era exagerada.
Incendios en Venezuela
Entre enero y agosto de 2019,
el número de alertas de incendios acumuladas en los estados Delta Amacuro,
Bolívar y Amazonas, fue de 4.414, de acuerdo a datos proporcionados por el
Global Forest Watch (GFW), usando el sensor Modis. Así es reflejado en la nota
“¿Qué pasa con el fuego en la Amazonía venezolana?” de la ONG Wataniba,
publicada el 29 de agosto en referencia a las alertas por los incendios en
Brasil.
Wataniba, donde la bióloga
Tina Oliveira es coordinadora del Observatorio Socioambiental, es una de las
socias locales -junto a Provita– de la Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la cual ha publicado mapas sobre los
incendios forestales, así como especiales como Amazonía en la encrucijada,
sobre la presencia de minería ilegal y el aumento de la deforestación, en los
países de la región Amazónica, la cual trasciende lo que tradicionalmente se
conoce como cuenca del río Amazonas.
Considerando que el estado
Amazonas venezolano mide 177.617 km2, Bolívar 240.528 km2 y Delta Amacuro
40.200 km2, entonces tenemos un total de 458.345 kilómetros cuadrados.
Lo que daría un promedio de un
alerta de fuego forestal por cada 103,8 kilómetros cuadrados, al dividir el
área por el número de alertas.
Amazonía venezolana
La nota de Wataniba detalla
además que el estado Amazonas acumula históricamente el 18% de las alertas de
incendio aunque ocupa el 39% del territorio considerado. Así que la exageración
de Rodríguez podría ser aún mayor.
Hay varias definiciones de la
Amazonía. En una de ellas, la hidrológica, sólo un área de 53.280 km2 del sur
del estado Amazonas en Venezuela pertenece a la cuenca amazónica. El resto del
sur de Venezuela estaría en la Orinoquía, correspondiente al río Orinoco.
Sin embargo, otras consideraciones
biogeográficas y administrativas, considera a los estados del sur de Venezuela
como parte de la PanAmazonía, un esfuerzo regional para consensuar esfuerzos a
favor de la sostenibilidad, la protección de ecosistemas y el bienestar y los
derechos de los indígenas.
En otra nota Wataniba detalla
las amenazas sobre la Amazonía venezolana, en este caso coincidiendo con la
denuncia de Rodríguez, al destacar el aumento de la deforestación por la
minería legal e ilegal. EFECTO COCUYO
El cinismo de este personaje no tiene límites. El Amazonas venezolano sufre 4 veces el número de incendios de Brasil por kilómetro cuadrado. La causa es la depredación por la minería ilegal controlada por mafias militares. En eso consiste el socialismo salvaje de @NicolasMaduro. https://t.co/BR46gpoMiR— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) August 23, 2019
La ONU visita Sevilla para conocer el
modelo de agua público andaluz
El motivo central de la visita
del Relator es la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que establece como derecho humano al agua un abastecimiento mínimo
diario entre 80 a 100 litros diarios por persona para cubrir sus necesidades
básicas. En ese precepto se han basado varias operadores públicos andaluces que
ya están aplicando el principio del mínimo vital (SMV) en Andalucía, de manera
que la jornada y los encuentros del Relator en Sevilla van encaminados a
conocer estas experiencias de éxito en la aplicación práctica de la citada
resolución en Andalucía.
Entre los socios andaluces de
la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS), la ciudad de
Córdoba fue la primera capital de provincia en establecer el mínimo vital. El
consejo de administración de la Empresa Municipal de Agua de Córdoba (Emacsa)
aprobó en 2015 el acceso al mínimo vital en el suministro de agua potable, para
personas en riesgo de exclusión social. Desde entonces más de 3.500 personas
que se han beneficiado desde 2017 del acceso universal al agua potable. En lo
que llevamos de 2019 más de 400 familias se han beneficiado de esta medida.
Emasesa, la Empresa
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, es la
primera empresa de agua de Andalucía y una de las mayores a nivel nacional. La
empresa sevillana de agua tiene a disposición de la ciudadanía una serie de
medidas sociales que garantizan que no se produzca ningún corte de agua por
motivos económicos, especialmente a aquellas personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Estas acciones se
realizan en coordinación con los Servicios Sociales municipales de cada
ayuntamiento para ofrecer medidas personalizadas y adaptadas a cada situación.
EL CORREO WEB
Asegura Uruguay cobertura de saneamiento en hogares
El presidente de Obras Sanitarias del
Estado (OSE) de Uruguay, Milton Machado, aseguró hoy que el 95 por ciento de
los hogares del país cuentan con saneamiento.
Un 60 por ciento de esos núcleos lo
disponen mediante alcantarillado público, puntualizó el funcionario, a lo que
sumó el saneamiento estanco llamados pozos negros, que consideró también
higiénicamente válidos.
En diálogo con la Secretaría de
Comunicación, recordó que el Gobierno se comprometió a cumplir los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con proyección al 2030.
A OSE le compete el objetivo número 6,
que refiere el derecho de todos los ciudadanos de acceder al agua y al
saneamiento. PRENSA LATINA
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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