HIDROBOLETÍN FENTAP 3544: PERÚ - Cuando los servicios públicos básicos están privatizados. ¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión obligada?

 Miércoles, 20 de enero de 2021 – Año XIV – Edición 3644 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

PERÚ - Cuando los servicios públicos básicos están privatizados. ¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión obligada?

PERÚ - Empresa petrolera se niega a remediar daños causados por derrames de crudo en la Amazonía

PERÚ - Amazonía: solo el 1% de operaciones mineras se formalizó en Madre de Dios

PERÚ – Arequipa. Pobladores del pueblo tradicional de Sachaca marchan para conservar el sistema de servicio de agua potable

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Perú. Cuando los servicios públicos básicos están privatizados

¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión obligada?  

Deseo escribir sobre este tema, poniendo como ejemplo lo que vi en España y otros países de la Unión Europea. También recordando dos recomendaciones que nos dan Edgar Morin y Umberto Eco sobre la importancia de no separarnos de la realidad para ser fieles a la verdad y segundo, estar atentos al desmedido y enfermizo afán de lucro de algunas empresas transnacionales. Decía que en estos países donde pude vivir algunos meses, está prohibido cortar el agua y la energía eléctrica a las familias que no pueden pagar esos servicios porque simplemente no se puede vivir como ser humano sin ellos. Esto es tan claro y se cumple con las familias de gitanos pobres y otros indigentes que no podrían vivir, sobre todo por el clima tan fuerte en ciertos meses del año. Pero no es solo por el clima sino porque hoy se considera un derecho humano básico tener agua, desagüe y servicios de energía eléctrica en las familias y es una obligación de los estados proveer de ellos a todos sus miembros, puedan o no pagarlos a tiempo.

¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión obligada?, simplemente a los dos meses de no pago, les cortan los servicios y nos dejan totalmente desamparados. ¿Qué pasa cuando una familia no tiene luz eléctrica o agua potable? pues tiene que prestarse dinero para pagar la deuda y el costo de reposición. Sabemos que prestarse dinero no es tan rápido y muchas familias no tienen a quien pedirle. Otras recurren a prestamistas usureros que se aprovechan y salen ganando lo que les viene en gana.

Con la pandemia estas empresas, que ya se benefician y lucran con la venta de estos bienes como son el agua y la energía eléctrica, están haciendo cobros que no corresponden a lo que los usuarios tenían en tiempos normales. Hemos tenido protestas que muy rápidamente fueron acalladas por la prensa normalmente vendida a los grandes intereses de las empresas privadas. Las colas para pagar o reclamar se van haciendo normales y al final te dicen “primero pague, después reclame” que es lo mismo y que decirte “muérase y después hablamos”. El ciudadano no tiene defensor frente a estas empresas que han recibido el beneficio de hacer negocio con un servicio que debía ser administrado por empresas nacionales y de interés social. Me pregunto ¿cómo se podrán dar los cuidados sin agua para lavarse ni tener para beberla?

¿Qué pasa cuando una familia no tiene energía eléctrica? no puede usar ningún instrumento que requiera, desde el celular y la computadora, hasta las bombas de agua, el refrigerador, la ducha, casi todos los equipos necesarios en nuestros hogares. La pandemia nos ha recluido en nuestros hogares y en el mejor de los casos hacemos trabajo remoto y nuestros hijos tuvieron que hacer sus clases con los equipos que tenemos. Si no tienes energía eléctrica no puedes trabajar, estudiar y comunicarte, es decir simplemente entras en un camino de muerte real como persona, como ser humano. Yo puedo ser testigo de esto y vi como una familia entró en pánico ante una agresión de este tamaño. No puedo imaginar lo que pasará en casas donde hay enfermos que dependen de una máquina para hemodiálisis u otros equipos médicos que dependen de este tipo de energía. Es muy grande la angustia de los padres que se ven amenazados porque no pueden trabajar, los niños y jóvenes universitarios que ahora tienen que hacerlo todo usando las TICs.

Es realmente un crimen, un atentado contra la vida que estas empresas actúen de esta manera y que nuestro estado en todas sus instancias lo permita. Recuerdo una vez estando en una ciudad del norte vi como unas familias, ante el corte inmisericorde del servicio de agua por varios días, salieron con sus picos y palanas escarbaron en la calle hasta hallar la cañería que llevaba el agua a una fábrica de gaseosas y cerveza y la perforaron hasta que brotara agua para todas las familias angustiadas por la falta de la misma. Esto que es un hecho delictivo y condenable me parece que se justifica. Ante un derecho violado como es el derecho al agua, hay derecho a tomarla por la fuerza como un derecho a la defensa. Esto pasó en Sullana donde las empresas de cerveza y gaseosas tienen derecho a tomar toda el agua que necesitan mientras las familias y las urbanizaciones pobres no tienen derecho a ella. Lo triste y grave es que esto lo hacen con la complicidad de las autoridades municipales y regionales. Es una muestra más de la corrupción en la que vivimos sin capacidad de reclamo y denuncia.

Historias parecidas podríamos contar sobre cómo se “roba” electricidad porque ella simplemente no llega a donde debe llegar y si llega es muy cara. En este sentido podría decirse de otros servicios como el gas, el transporte público, las tierras y bosques del Perú entero y los recursos mineros que están concesionados o mejor dicho entregados a las grandes empresas internacionales o nacionales con capitales privados. El estado y todo su aparato burocrático se beneficia vía impuestos, y no los ciudadanos, como se debía esperar, en naciones donde todos somos ciudadanos con los mismos derechos.

En este sentido pienso que los campesinos pobres, los sin tierras o con pañuelos de ella, tienen derecho a tomar las tierras que el estado ha ido mejorando con canales de agua o represas, y que normalmente las vende a las grandes empresas agroindustriales nacionales y transnacionales. El año 2014 el congreso peruano aprobó una ley (30355) de mucha importancia para la economía de la mayoría de nuestras familias que es la que promueve la actividad económica de las familias campesinas. La prensa interesada e indolente tampoco difundió su contenido como la importancia de esta ley que ya tiene todo para ser cumplida. Hoy por hoy con un Congreso tan jaloneado por intereses particulares e incapaces, tiene el peligro de ser derogada o modificada. Además de esta ley existe la propuesta de crear un viceministerio de la economía familiar campesina, que debe velar por su cumplimiento como por el cuidado de ella ya que en las manos de las comunidades andinas y amazónicas están los recursos naturales más importantes del país, como son el agua, la variedad de especies vegetales y animales domesticados, y en sus subsuelos los mismos recursos mineros. No solo estamos hablando de bienes tangibles sino también están los bienes culturales relacionados a su producción, conservación, transformación y consumo ancestrales de mucho valor.

Esta manera de entender y promover la economía va directamente para favorecer la producción nacional pensada para nuestras familias en términos de seguridad alimentaria y soberanía nacional. Esto se tiene que pensar igualmente para la pesca artesanal marina, la acuicultura y otros nuevos emprendimientos que van surgiendo entre las familias y comunidades campesinas, como los invernaderos, riego por aspersión, zanjas de infiltración, crianza de cuyes mejorada, turismo comunitario, etc. No es oposición a la exportación de fruta y alimentos por parte de las empresas agroindustriales sino hacer lo primero y que es mejor para todos. El interés privado piensa primero en la ganancia y no en el bienestar de las personas y las familias, es decir en el bien común. El estado y la sociedad civil deben pensar y actuar para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias, mirar cómo desarrollar las capacidades de las personas y en el empleo de la mano de obra de tanta juventud como tenemos, etc.

Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales y se barajan muchas posibilidades de quien debe y con qué equipo debe gobernar nuestro país. Un criterio racional y de justicia para nosotros como electores tiene que ser este, ver que propuestas concretas tienen los candidatos para revertir esta irracionalidad institucionalizada. Las empresas privadas que den servicios públicos tienen que ser dirigidas por personas y equipos capaces, eficientes y que estén al servicio del bien común y de todos los ciudadanos de este país. Los recursos como el agua, la salud, la educación y todas las formas de energía que utilizamos tienen que estar llevadas por peruanos, con mentalidad de servicio y no de lucro. El agua y la energía eléctrica y muchos otros bienes deben considerarse como derechos humanos y por lo tanto no pueden ser negados a ningún ciudadano del Perú y el mundo. Los llamados derechos humanos de cuarta generación (Internet, identidad étnica, satisfacción, paz, biotecnología y otros) están entrando dentro de estos bienes a los que todo ser humano debe alcanzar y gozar. Este es el tipo de nacionalismo que podemos aceptar y no demagogia barata y miope, patriotera y sin calidad que va circulando entre algunos candidatos. Carlos Flores Lizana https://kaosenlared.net/

HIDROREGIONES PERÚ

Perú: empresa petrolera se niega a remediar daños causados por derrames de crudo en la Amazonía

El futuro de más de 1500 sitios impactados por derrames de petróleo en la Amazonía peruana es incierto. Una preocupación que surgió luego de que la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte S.A. confirmara la liquidación de sus operaciones en los lotes petroleros 192 y 8, ubicados en la región Loreto.

La compañía hizo el anuncio a inicios de diciembre de 2020 cuando, a través de un comunicado, manifestó que no está obligada a remediar los pasivos ambientales dejados por empresas que antes operaron en las zonas de los lotes mencionados.

El Lote 192 (antes 1AB) empezó sus operaciones en 1971 a cargo de Occidental Petroleum Corporation of Perú (OXY), y a partir del año 2000 y hasta el 2015, estuvo bajo el manejo de Pluspetrol Norte. Aunque actualmente este lote no está a cargo de Pluspetrol Norte, la remediación de los daños ambientales causados hasta el 2015 deben ser asumidos por esta compañía, indica el gobierno peruano. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa Frontera Energy.

En el caso del Lote 8, las operaciones también se iniciaron en 1971 y estuvo en manos de PetroPerú hasta 1996, año en que pasa a manos de Pluspetrol Norte. Esta concesión está vigente hasta 2024.

«La empresa ya inició el proceso de liquidación», dice el líder indígena Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), quien comentó a Mongabay Latam que representantes de Pluspetrol Norte se están reuniendo con cada una de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Lote 8, que aún está a cargo de esta empresa.

López cuenta que Pluspetrol Norte está convocando a estas reuniones para llegar a acuerdos sobre compromisos pendientes. «También nos ha informado que existe un fideicomiso, pero no indica cuál es el monto del mismo», comentó el líder indígena a Mongabay Latam.

¿Qué pasará con los lotes de petróleo de Pluspetrol?

La disputa entre el Estado peruano y la empresa lleva varios años, pero es la primera vez que Pluspetrol anuncia que ejecutará la liquidación de la compañía que opera en la Amazonía norte de Perú.}

Según evaluaciones del gobierno peruano, a Pluspetrol Norte le corresponde la remediación de por lo menos 1500 sitios impactados por derrames de petróleo en la Amazonía.

«En caso de que Pluspetrol se niegue a adoptar acciones para remediar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos en dichos lotes, corresponderá ejecutar las garantías establecidas, imponer las multas que correspondan y requerir al operador que cumpla con la reparación económica que corresponda», señaló el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Mongabay Latam tras ser consultado por el camino que adoptará el Estado peruano ante la negativa de la empresa de ejecutar la remediación del daño ambiental.

Miguel Lévano, especialista en Industrias Extractivas en Oxfam y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica que el gobierno peruano ha rechazado los planes de abandono del Lote 192 —plan de cierre para regresar el territorio a su estado original— presentados por la empresa hasta en tres oportunidades, porque en ninguno asume la reparación de todos los sitios impactados.

«Su argumento [de Pluspetrol] es que ellos han operado solo 15 años y los 30 años anteriores de operaciones en este lote corresponde a OXY. Sin embargo, la transferencia se hizo mediante un acuerdo privado entre ambas empresas, incluso con fondos para hacer las remediaciones. Por tanto, no puede negarse a realizar las reparaciones y el Estado peruano no debe permitir su liquidación», asegura Lévano.

En un comunicado conjunto emitido el 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) explicaron que le corresponde a Pluspetrol Norte S.A. asumir las obligaciones de OXY, compañía que le cedió los lotes petroleros mencionados.

«Como consecuencia de dicha cesión de posición contractual, Pluspetrol Norte S.A. asume los derechos y obligaciones del cedente [OXY]; y, por tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de dichos contratos y no desde el año 2000», explica el comunicado.

En el informe La sombra del Petróleo elaborado por CNDH y Oxfam, sobre los derrames petroleros ocurridos en la Amazonía peruana entre 2000 y 2019 se indica que Pluspetrol es responsable de la remediación de por lo menos 2000 sitios contaminados por la actividad petrolera, ubicados en los lotes 8 y 192.

Hasta ahora, el Estado había priorizado la reparación de 32 sitios en el Lote 192 por un costo de 656 millones de soles (188 millones de dólares), según cálculos del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam). En el Lote 8 se han priorizado 11 lugares afectados por los derrames de petróleo.

Para atender estos daños ambientales, el Estado peruano creó un Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, que tiene por objetivo financiar lugares impactados por actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente.

Según el Minem, a través de este fondo, el Estado peruano transfirió 301 millones de soles (83 millones de dólares) a Profonanpe para el desarrollo de acciones de remediación ambiental en la zona. «Se vienen elaborando los estudios técnicos que aseguren una adecuada intervención para las afectaciones ambientales existentes», indicó el Minem en documento enviado a Mongabay Latam.

«Hasta ahora no se comienza la reparación de los 32 sitios en el Lote 192 y tampoco se ha concretado la licitación para los lugares priorizados en el Lote 8. No hay estudios ni consulta previa», reclama el líder indígena Alfonso López.

El abogado Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), señala que la legislación peruana permite que cualquier empresa decida, en junta de socios, liquidar la compañía.

Carhuatocto explica que en los casos en que una empresa decide su liquidación, los acreedores pueden iniciar un procedimiento administrativo a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que la compañía asuma sus compromisos pendientes.

«OEFA, que ha multado a Pluspetrol en varias oportunidades por muchos millones de soles, puede llevar a la empresa ante Indecopi», explica Carhuatocto. «Se puede solicitar la liquidación del costo del plan de abandono que no han cumplido y de los pasivos que puedan existir. Es posible decirle a Pluspetrol: ‘esto es lo que debes'», comenta Carhuatocto con relación a las opciones que tendría el Estado peruano ante Indecopi.

El presidente de IDLADS menciona que otra alternativa sería recurrir a la empresa matriz de Pluspetrol Norte, como se hizo en el caso de Choropampa, en Cajamarca, cuando el Estado peruano acudió a la sede principal en Estados Unidos.

Carhuatocto menciona que las normas jurídicas de Perú no especifican qué se puede hacer en estos casos. «Es un vacío del que se aprovechan las transnacionales, pues estas empresas tienen las mismas reglas de juego que cualquier otra compañía local. Es uno de los grandes pendientes del Perú y, al parecer, no hay voluntad política de regular a estos grupos económicos», explica.

«Es un jalón de orejas al Legislativo y al Ejecutivo puesto que debería haber una norma específica para el caso de las deudas ambientales», dice el abogado Carhuatocto, quien considera que Perú debe celebrar convenios con aquellos países donde están las matrices de las empresas extractivas. «Es una oportunidad para darnos cuenta que el sistema no funciona y preguntarnos qué podemos hacer».

Mongabay Latam solicitó a Pluspetrol Norte su versión sobre la controversia que mantiene con el Estado peruano y su decisión de liquidar la empresa, sin embargo, la compañía indicó que no se pronunciará sobre el tema.

Un enfrentamiento de larga data

La controversia entre el Estado peruano y Pluspetrol no es reciente. La disputa sobre la remediación de los lugares impactados lleva por lo menos ocho años de procesos legales.

En el comunicado de hace un mes, Pluspetrol Norte aseguró que el fallo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) —entidad a la que recurrió la empresa en 2015 por la disputa sobre la remediación— le ha dado la razón y, por tanto, la empresa no tiene porqué asumir los pasivos.

«La ley peruana establece claramente el principio ‘el contaminador es el pagador'», señala para reforzar el argumento de que la solución de los daños ambientales ocasionados antes del año 2000 corresponde a la empresa OXY. Asimismo, cuestiona a OEFA por exigir que cumpla con la remediación de los lugares afectados por la actividad petrolera.

Por su parte, el Estado peruano ha respondido que el laudo arbitral en realidad indica que la empresa tiene la «obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes».

«Aunque la empresa tiene derecho de liquidar, el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. De no cumplirlos se puede iniciar un nuevo proceso judicial o ser elevado a otro arbitraje internacional que llevaría años», comenta Lévano.

El representante de la CNDH señala que la salida de la empresa tampoco puede sustentarse en una falta de capacidad económica para el cumplimiento de sus compromisos, puesto que se trata de una compañía que ha tenido la «mayor producción petrolera en Perú mientras estuvo a cargo del Lote 192».

En cuanto al Lote 8, la licitación aún está vigente, por tanto, su retiro significaría terminar su contrato antes de tiempo.

Lévano también recuerda que el problema entre el Estado peruano y Pluspetrol Norte tiene un componente de salud ambiental. «Estamos hablando de la Amazonía y se tiene que ser exigente en su protección. Igual es algo que se tiene que remediar, si no lo asume Pluspetrol Norte, lo tendrá que asumir el Estado», enfatiza.

Por su parte, el líder indígena Robles Pisco, jefe de la comunidad nativa La Petrolera, ubicada muy cerca del Lote 8, se refiere también al daño que han causado los derrames de petróleo en la salud de las personas que viven en las comunidades nativas.

«Los niños están contaminados desde que nacen. Existen muchos daños en la salud de las comunidades impactadas. Se ha demostrado que las personas que viven en las zonas afectadas por los derrames de petróleo tienen metales pesados en su organismo», señala Pisco.

En el año 2017 un estudio realizado por el Ministerio de Salud a personas que viven en los distritos aledaños al Lote 192 determinó que por lo menos la mitad de los evaluados presentaba en su organismo niveles de metales como plomo, arsénico, mercurio y cadmio por encima de lo permitido.

«Han pasado más de 50 años desde que se iniciaron las actividades petroleras en la Amazonía peruana y las empresas no están cumpliendo compromisos ambientales», lamenta Lévano. https://es.mongabay.com/

Amazonía: solo el 1% de operaciones mineras se formalizó en Madre de Dios

En Madre de Dios, la formalización de la minería artesanal es más una utopía que realidad. El boom de la extracción del oro originó un crecimiento desordenado de las operaciones mineras en esta región y la falta de control abrió paso a la ilegalidad. El incremento en el precio del oro llevó a miles de personas a invadir lugares protegidos y zonas prohibidas para realizar esta actividad, por ejemplo, ríos, cabeceras de cuencas y áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional de Tambopata y su zona de amortiguamiento.

El 2012 comienza el proceso de formalización más reciente para la minería informal con las publicaciones de los decretos 1100, 1101, 1102, 1103 y 1105. Los primeros referidos a la lucha contra la minería ilegal; y el último que establece el procedimiento para la formalización y crea el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Ese año, además, los mineros ilegales de Madre de Dios iniciaron también las protestas contra ese paquete de normas. 

Cuatro años después, en diciembre de 2016, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante el Decreto Legislativo 1293, declaró de interés nacional la formalización de la pequeña minería y minería artesanal y creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este padrón tiene como objetivo identificar a las personas que practican estas actividades y formalizar sus labores.

EN 2012 COMIENZA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MÁS RECIENTE PARA LA MINERÍA INFORMAL".

Dicha norma también señalaba que el proceso integral de formalización minera a nivel nacional tenía un plazo de 36 meses y culminaría en diciembre del año pasado. Sin embargo, el 17 de octubre de 2019 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 31007, aprobada por el Congreso, mediante la cual se amplió el plazo de formalización de los mineros informales hasta el 31 de diciembre de 2021.

Desde febrero de 2017, cuando se habilitó la web de Reinfo, el registro recibió un total de 90.385 inscripciones de operaciones mineras, que provenían de las 25 regiones, en busca de la formalización. Sin embargo, según información brindada por el Minem a este medio, hasta la primera semana de enero de 2021, solo se ha logrado formalizar 1.574 inscripciones, que equivalen al 1,74% del total nacional. 

Otras 88.810 operaciones mineras están pendientes de ser formalizadas. La mayoría de ellas se localizan en los distritos de Mariano Nicolás, en Arequipa; Ananea, en Puno; Inambari, Huepetuhe y Madre de Dios, en la región del mismo nombre. 

Según el Minem, una de las principales trabas en el proceso de formalización en Madre de Dios es que las personas inscritas en el Reinfo desarrollan sus actividades en derechos mineros de terceras personas. Es decir, no cuentan con la titularidad de la concesión, lo que les impide tener un contrato de explotación. Dicha situación origina que en una operación minera pueda haber hasta 30 personas trabajando simultáneamente. Pero ninguno de ellos tiene la titularidad de la concesión.

Otro problema adicional es la superposición de concesiones mineras con concesiones agrícolas o forestales. A eso, el experto en materia ambiental, César Ipenza, agrega que la formalización no se concreta aún porque el Estado extiende la informalidad con la ampliación de plazos.

Una zona biodiversa atacada por la minería ilegal

En la región de Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú, la riqueza natural y cultural conviven con la minería informal e ilegal desde hace décadas. La diferencia entre ambas actividades radica en el lugar donde se desarrollan y en los instrumentos que utilizan. La minería informal es aquella que se realiza en lugares permitidos, pero no cuenta con las autorizaciones correspondientes; mientras que la minería ilegal -que no se puede formalizar- es aquella que se ejecuta en áreas prohibidas, por ejemplo, orillas de los ríos, zonas protegidas, comunidades indígenas o reservas naturales y utiliza instrumentos no permitidos, como dragas.

Desde 2017 hasta la fecha, en Madre de Dios se recibieron 9.739 inscripciones en el Reinfo, para formalizar operaciones mineras en los distritos de Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto, Tambopata, Manu y Las Piedras. Sin embargo, hasta inicios de este año, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) a cargo del gobierno regional, solo logró formalizar 117 inscripciones; que incluyen a 249 personas jurídicas y naturales, según datos del Minem. Es decir, solo el 1,2% del total de operaciones están autorizadas para operar tras casi nueve años de iniciado el proceso.

El ingeniero Yakir Rosas Manya, director de la DREM, señaló a OjoPúblico que el proceso integral de formalización no alcanzará más de 800 operaciones, porque existen problemas de petitorios mineros extintos, es decir concesiones mineras que fueron entregadas años atrás y, por falta de pagos o sanciones, los concesionarios perdieron el derecho de explotación; y actualmente no pueden ser entregadas a un nuevo concesionario.

LA SUPERPOSICIÓN DE CONCESIONES MINERAS, FORESTALES Y AGRÍCOLAS ES UN OBSTÁCULO EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN".

El Minem suspendió desde el 2010 los petitorios mineros en la región de Madre de Dios, pues la actividad se desarrollaba de manera agresiva contra el medio ambiente, utilizando retroexcavadoras, volquetes y cargadores frontales, que no estaban permitidos en la minería a pequeña escala, ya que ocasionaban daños ambientales como deforestación, contaminación del suelo y ríos con mercurio.

Otro problema latente que impide la formalización en Madre de Dios es la superposición de concesiones mineras con concesiones forestales o agrícolas. ‘‘Eso no nos permite avanzar ni tener más operaciones mineras formalizadas. Nos gustaría hablar de más de 1.000 unidades formalizadas, que sería una cantidad importante para el departamento, dada la cifra de operaciones que están en el Reinfo, pero el tema de superposición y las áreas extintas nos limita’’, dijo Rosas Manya.

Según datos de la DREM, actualmente hay 1.300 concesiones extintas, ubicadas en el corredor minero de Madre de Dios, que no tienen titular. Allí laboran hasta 30 personas por concesión. Sin embargo, no se pueden formalizar porque el Minem canceló la entrega de nuevas áreas desde 2010.

En 2019, luego del inicio del operativo Mercurio, destinado a erradicar la minería ilegal en la zona de La Pampa, ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, los mineros ilegales expulsados de esa zona llegaron a los distritos del corredor minero en busca de un lugar dónde seguir extrayendo oro.

El dirigente Adrían Vilca Callata, presidente de la Federación Departamental de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), explicó que han expuesto este problema al Minen en anteriores ocasiones, pero no han obtenido respuesta hasta la fecha.  ‘‘Por años hemos reclamado al Estado que las concesiones extintas se otorguen como petitorios mineros. Lamentablemente tenemos un gran porcentaje de concesiones extintas que albergan a muchos mineros ilegales y esto genera desorden. Si no están solucionados estos problemas no se va a lograr la formalización’’, explicó Vilca Callata, quien a su vez es titular de una empresa que busca formalizar dos operaciones mineras en el distrito de Inambari.

Extensión de la informalidad

El pasado 29 de diciembre, a través de un decreto supremo, el Minem amplió una vez más los plazos para la formalización minera. En esta oportunidad, se prolongó la fecha de entrega del Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafon), un documento que cuenta con dos partes: Correctivo, que especifica cómo se va a remediar el daño ambiental ocasionado por la actividad minera; y el Preventivo, que detalla cómo van a prevenir los impactos en el medio ambiente una vez formalizadas sus actividades.

Ambos documentos debían presentarse hasta finales del año pasado. Pero, debido a la nueva ampliación, se podrán entregar hasta el 30 de abril en caso del Correctivo, y hasta el 31 de julio para el Preventivo.  Sin embargo, las operaciones mineras que se desarrollen en algunas áreas de amortiguamiento, no obstante, deberán presentar ambos documentos antes del 30 de abril, señala  la norma.

Para el abogado César Ipenza, la ampliación de plazos por parte del Minem extiende la informalidad. ‘‘Lo que está haciendo el Ejecutivo es mantener la situación [informalidad] eternamente. El proceso de formalización viene desde el año 2012, no es que [los mineros] no hayan tenido oportunidad, ni plazos’’, señaló.

EL ABOGADO CÉSAR IPENZA DIJO QUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN EXTENDERÁ LA INFORMALIDAD".

El ingeniero Yakir Rosas, responsable de la DREM de Madre de Dios, sostuvo además que esta nueva ampliación no soluciona el problema de fondo de la formalización, pues no contempla una solución para las concesiones extintas o la superposición de concesiones. ‘‘La ampliación de plazos (para el proceso formalización) siempre se ha realizado a solicitud de las bases mineras a nivel nacional, hubo una presión de su parte”, aseguró

Semanas antes de la publicación de la norma del Minem, la bancada de Fuerza Popular ya había presentado un proyecto de ley ante el Congreso que contemplaba una ampliación de los plazos en la entrega de documentos hasta abril y julio de 2021. Aunque la iniciativa no prosperó, puso en alerta al Ministerio del Ambiente.

En aquella oportunidad el ministro de la cartera, Gabriel Quijandría, se manifestó en contra de este proyecto y aseguró que ‘‘no hay justificación para ampliar el plazo de formalización de la minería’’. Sin embargo, luego de publicado el decreto supremo del Minem, el Ministerio del Ambiente no se volvió a pronunciar sobre el tema. Este medio preguntó al Minam respecto a esta ampliación de plazos, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este artículo.

Asimismo, OjoPúblico consultó el motivo de la ampliación de plazos al Minem, cuyos representantes aseguraron que los mineros no pudieron avanzar con estos documentos a causa de la pandemia. ‘‘Las regiones con mayor presencia de minería en proceso de formalización recién pudieron reiniciar actividades con normalidad a partir del último trimestre del año pasado, complicando así la realización de diligencias de campo o la contratación de servicios ambientales necesarios para elaborar el instrumento ambiental’’, explicó el Minem.

La impunidad persiste en Madre de Dios

La inscripción en el Reinfo es también un amparo legal para las personas que realizan labores de pequeña minería y minería artesanal, pues al encontrarse en camino a la formalización, los operadores de justicia no pueden someterlos a un proceso durante el ejercicio de su actividad.

“Si un minero está inscrito en el Reinfo, el fiscal no lo puede intervenir. Es una ventana legal de camino a la formalización que se ha convertido en un mecanismo para que todo el mundo haga lo que quiera, y no tenga ninguna sanción’’, explicó César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental.

El abogado añadió que la ampliación de plazos no solo retrasa el proceso de formalización, sino que prolonga la afectación al medio ambiente. ‘‘Es preocupante que todo el tiempo se siga ampliando el proceso [de formalización] porque en la práctica se sigue generando daño al ambiente y se sigue destruyendo el patrimonio de todos nosotros y no hay ninguna sanción ni un incentivo para que la gente se formalice’’, precisó.

Por su parte, Karina Garay Tapia, exfiscal especializada en materia ambiental de Madre de Dios, dijo que la ampliación de plazos genera impunidad. “Como exfiscal, voy a realizar una intervención. Pero, si estás en el Reinfo, te exime de una responsabilidad penal y aquí no pasó nada: ya cometiste el delito, ya ocasionaste el daño ambiental, y no vas a remediar ese daño’’, señaló.

Aunque el Minem tiene solo hasta el 31 de diciembre de este año para terminar el proceso de formalización minera integral, en el Congreso aún está pendiente la discusión en el pleno del proyecto de Ley N° 5706, que surgió el pasado 6 de julio en la bancada de Unión Por el Perú, integrada por el único congresista de la región de Madre de Dios, Alex Lozano. Dicha iniciativa legislativa busca ampliar por 60 días más la inscripción en el Reinfo, pese a que este estuvo abierto hasta setiembre de 2020. De aprobarse este proyecto de ley, más mineros tendrán la posibilidad de iniciar un proceso de formalización que parece nunca acabar. https://ojo-publico.com/

Pobladores del pueblo tradicional de Sachaca marchan para conservar el sistema de servicio de agua potable

Desde hace más de 60 años el reservorio R23 suministra agua potable de filtraciones a más de mil conexiones de las viviendas del pueblo tradicional y las urbanizaciones El Palacio, Marcarani y Campo Verde. Ahora, serán anexados al sistema de la planta La Tomilla.

“De manera unilateral Sedapar con apoyo del alcalde de Sachaca quieren cambiarnos el sistema de agua potable. Nosotros tenemos nuestra agua hace más de 60 años y eso el pueblo no lo va permitir. Con el sistema de La Tomilla nosotros también vamos a sufrir de cortes y baja presión de agua”, se quejó el vecino Michael Avendaño.

La población del distrito afirma que Sedapar tiene el argumento el agua del subsuelo que consumen tiene arsénico, pero afirman que tal afirmación quedó nula cuando analizaron el agua en un laboratorio.

“Los resultados salieron favorables y nuestra agua está apta para el consumo humano. El argumento queda nulo e inválido. Hay intereses de por medio, sospecho que el agua del subsuelo va tener que seguir discurriendo y a ¿dónde va ir? y ¿quién la va tomar?, ¿será que Cerro Verde tiene interés en nuestra agua? No hay argumento alguno para que Sedapar nos quite esta agua que tenemos de antaño”, afirmó Avendaño.

No obstante, el alcalde del distrito de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, señaló que el proyecto nace en el 2012 cuando los pueblos jóvenes tenían el servicio dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, pero no se opone a que el pueblo tradicional conserve el sistema del subsuelo. https://diariocorreo.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe