Viernes, 12 de setiembre de 2025 – Año XX – Edición 4795
Juliaca sin agua: 100 mil usuarios
afectados por mala gestión
La Sunass investiga irregularidades en la administración de EPS SedaJuliaca mientras dirigentes exigen la destitución del gerente por deficiencias y tarifas elevadas
Más de 100 mil usuarios de Juliaca se quedaron sin agua por
tres días debido a la mala gestión del gerente general de EPS SedaJuliaca,
Freddy Carita Faijo, quien mantiene su cargo pese a múltiples fallas en el
servicio.
El presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Raúl Canaza
Paxi, responsabilizó al alcalde de San Román de proteger al funcionario tras el
colapso de infraestructura y el incremento injustificado de tarifas.
La Sunass investiga irregularidades en la administración de
Carita Faijo mientras la Cisterna 1100 colapsó y el reservorio de agua potable
del Proyecto de Medidas de Rápido Impacto II presenta serios problemas.
Canaza Paxi señaló que el alcalde, como presidente de la
Junta de Accionistas, tiene poder para remover al gerente, pero no actúa pese a
las solicitudes presentadas desde julio pasado.
La población exige la destitución del funcionario tras años
de mal servicio y cobros excesivos sin suministro adecuado, lo que generó
protestas en diferentes sectores de la ciudad.
El dirigente advirtió que hay zonas sin agua, pero con
cobros regulares, mientras el documento para destituir al gerente se entregará
al directorio en la próxima reunión del jueves.
La crisis expone fallas históricas en la gestión del agua tras un informe de la Defensoría del Pueblo de 2023 que alertaba sobre problemas sin recibir atención adecuada. https://pachamamaradio.org/
HIDROREGIONES PERÚ
OCDE reconoce la responsabilidad de Pluspetrol en los daños ambientales en el norte de Perú
“Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios
contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua,
dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana,
una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa
petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda
para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa
argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de
Perú,) entre 2000 y 2015.
Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y
Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados
Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo
con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas
del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames
de petróleo.
“La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas
con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua
y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena,
entrevistado por RFI durante su estancia en Europa.
“Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio
total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”,
afirma Aurelio Chino Dahua.
A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas
de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la
Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar
por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de
Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido
siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un
documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza
a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal
favorable para las transnacionales.
“Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de
empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague
indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua.
Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo
de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se
le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.
Las organizaciones indígenas por su parte exigen la
realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación
de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo
de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo
petrolero está paralizado. https://www.rfi.fr/
Cerro Colorado: Vecinos de la Urbanización Micaela Bastidas sin agua desde hace tres días
Vecinos de la urbanización
Micaela Bastidas en Cerro Colorado, reclaman al Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) por falta del recurso hídrico desde hace
tres días y se encuentran desesperados. Además, indicaron que otros sectores
del distrito también estarían siendo afectados.
“Tres días sin agua potable,
estamos comprando agua embotellada, ya no sabemos que hacer, estamos yendo a los
parques a buscar agua”, señaló una pobladora.
Según relataron, se programó un
corte del servicio por motivos de limpieza y desinfección de los reservorios
principales; sin embargo, no se cumplió con la reposición en la fecha indicada
y lo poca cantidad que pudieron reservar, se les está agotando.
Denuncian no ser atendidos por
la entidad pese a reiteradas llamadas para exigir solución. Asimismo, señalaron
que se les redujo la presión del fluido en sus domicilios, problema que
persiste desde hace un año.
“No nos contestan, nos han
cortado línea, no quieren atendernos (…) Además nos redujeron la presión de
agua, ya no sube (al segundo piso de nuestras casas), apenas llega al primero.
Hemos realizado nuestras quejas, pero hasta ahora no hemos recibido solución”,
manifestaron. https://radioyaravi.org.pe/
Los ríos y lagos que antes se defendieron con marchas hoy son contaminados por mineros ilegales
Durante años, comunidades
enteras salieron a las calles para proteger sus fuentes de agua, las mismas que
hoy están bajo la amenaza de la minería ilegal, que avanza con la complicidad
de autoridades y el silencio del Estado.
En distintos territorios del
país donde se alzaron voces en defensa del agua, por ser esencial para la vida
y actividades económicas como la agricultura, hoy la minería ilegal avanza sin
control amenazando ríos, lagos y ecosistemas enteros.
En localidades como Tambogrande,
región Piura, o Cajamarca y Celendín, región Cajamarca, donde años atrás las
poblaciones se levantaron a favor de las lagunas, los ríos y los manantiales,
ahora empieza a imponerse la minería que, bajo la denominación de “en proceso de
formalización”, opera al margen de las leyes.
Esas operaciones mineras
contaminan las fuentes de agua destinadas al consumo humano y la ganadería, y
degradan los suelos agrícolas. “Hoy, las mismas fuentes de agua que se
defendieron a capa y espada están contaminadas”, señala José de Romaña,
director en IPCH.
El avance de esta actividad no
se explica únicamente por su carácter ilegal. También responde a la falta de
liderazgo de las autoridades nacionales para enfrentar la ilegalidad, y a que
las instituciones estatales han sido incapaces de implementar políticas que
frenen la expansión de la minería ilegal y garanticen alternativas de
desarrollo para las comunidades.
El vacío de autoridad ha dejado
el campo libre a las economías ilegales que, poco a poco, se están convirtiendo
en grupos con poder económico e influencia política en varias regiones.
No solo eso. La minería ilegal
no prospera únicamente por la ausencia del Estado, sino también gracias a la
complicidad de autoridades locales y actores políticos que facilitan su
expansión, permitiendo sus operaciones. Basta ver al gobierno de Dina Boluarte
y al Congreso, que legislan a favor de las organizaciones criminales y la
ilegalidad. Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % de peruanos
consideró que los congresistas respaldan a esta actividad ilícita porque
reciben financiamiento o buscan capital electoral.
Así, lo que debería combatirse
desde la institucionalidad se termina legitimando desde el poder político. El
resultado es la destrucción progresiva de la Amazonía, la contaminación de
fuentes de agua, el despojo de terrenos comunales y la pérdida de oportunidades
y recursos económicos que nunca llegan al Estado porque no pagan impuestos. https://sinrodeoscajamarca.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
