12/8/19

HIDROBOLETÍN FENTAP 3283: PERÚ – Piura. Defensoría del Pueblo investiga consumo de agua con altos índices de salinidad. En sectores que son abastecidos por el pozo de Sagrado Corazón, la situación es crítica porque no cuentan con servicio de agua y en otros, el recurso llega a nivel de terreno


Lunes, 12 de agosto  de 2019 – Año XIV – Edición 3283 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ – Piura. Defensoría del Pueblo investiga consumo de agua con altos índices de salinidad. En sectores que son abastecidos por el pozo de Sagrado Corazón, la situación es crítica porque no cuentan con servicio de agua y en otros, el recurso llega a nivel de terreno
·        PERÚ - Trujillo figura como la ciudad con mayor riesgo de quedarse sin agua
·        PERÚ – Piura. Según Colegio de Ingenieros del Perú - CIP de Sullana hay deficiencias en proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR
·        EL SALVADOR - La guerra del agua: cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido
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Defensoría del Pueblo investiga consumo de agua con altos índices de salinidad
En sectores que son abastecidos por el pozo de Sagrado Corazón, la situación es crítica porque no cuentan con servicio de agua y en otros, el recurso llega a nivel de terreno.   

https://larepublica.pe – Ante la presunta vulneración del derecho a recibir agua potable de calidad de parte de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Piura intervino de oficio para indagar este caso, que afecta a diversos sectores de los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre.

La medida fue adoptada debido a que el recurso hídrico que distribuye la EPS Grau a la población de asentamientos humanos presentaría elevados índices de salinidad que puede afectar la salud de las personas.

En una reunión con el gerente general de la EPS Grau, Roberto Sandoval, el jefe de la Oficina de la Defensoría, César Orrego Azula, le recordó la obligación de su entidad de ejercer el control permanente de la calidad de los servicios que brinda.

Orrego dio a conocer que, en sectores como Los Médanos, Ciudad del Niño y otros, los cuales son abastecidos por el pozo de Sagrado Corazón, la situación es crítica porque no cuenta con el servicio de agua y en otros llega el recurso a nivel de terreno.

Inclusive dijo que la población se ve obligada a hacer huecos para abastecerse de agua. “Si bien la EPS Grau ha tomado medidas como abastecer con cisternas, esto no ha sido acogido por los usuarios, quienes prefieren almacenar el agua”, sentenció.

El jefe de la Oficina Defensorial indicó que la EPS Grau ha anunciado que los sectores abastecidos por el pozo Sagrado Corazón verán en octubre mejoras en la calidad del agua.

Defensoría. Verifica entrega de agua en buena calidad.

HIDROREGIONES PERÚ

Trujillo figura como la ciudad con mayor riesgo de quedarse sin agua

Dentro de dos décadas, unos 33 países llegarán al “día cero” tras agotar toda el agua que les queda disponible, revela el estudio de la organización Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). El Perú se ubica en el puesto 66 en la lista de 164 países dentro del mapa de “estrés hídrico”, siendo las zonas costeras las más afectadas, incluido la ciudad de Trujillo.

El reportaje publicado en el New York Times advierte que la situación del territorio peruano es alarmante porque presenta una calificación dentro del rango que corresponde a un estrés hídrico alto, lo que significa que demanda de agua sobre lo estimado en la zona. Esto generaría un deterioro de recurso potable en cantidad y calidad.

La organización precisa que las causas que generan un estrés hídrico alto son muchos entre los que se encuentran: la sobreexplotación del agua disponible, aumento de temperatura, largos periodos de sequías, e ineficiencias políticas sobre el uso del agua.

La infografía del NYT consigna las zonas costeras de las regiones La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna como las más afectadas y se acercan al “día cero”, estimado para el 2040, cuando el recurso vital se agota.

Qatar lidera la lista, India ocupa el puesto 13, México se posiciona en el 24 y Estados Unidos se ubica cómodamente en el lugar 71 en la lista. LA INDUSTRIA


Según CIP de Sullana hay deficiencias en proyecto de PTAR

Representantes del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) filial Sullana manifestaron que los estudios realizados al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se desnaturalizaron.

Rafael Lama More, presidente del CIP Sullana, afirmó que la propuesta de Nippon Koei consideraba la planta de tratamiento en el sector La Capilla y que la línea de impulsión bordee el río Chira y por gravedad; sin embargo, ahora se pretende licitar un proyecto en la que las aguas servidas llegarán a tres cámaras de bombeo, y cruzarán la ciudad en nueve kilómetros aproximadamente, lo que generará graves problemas sociales.

“Picar nueve kilómetros en calles principales de la ciudad será un grave problema. Nosotros recomendamos lo de la Nippon Koei y cuando dicen que no se puede, no se puede pues. Si se coloca un muro de contención en el borde del río costaría menos, nos ahorraríamos 30 mil soles y es factible”, señaló.

Lama More aseguró además que se le ha estado mintiendo a la población al asegurar que con la PTAR se solucionaría el colapso de los desagües que a diario se presentan en la ciudad. Indicó que lo que se lograría es que ya no se tendrá más contaminación del río Chira, ya que las aguas de los desagües ya no caerán directamente al río.

Aclaró que solo serán cambiados 11 colectores principales de 28 que señalaba el estudio, pero además indicó que son más de 100 los que tenemos en la ciudad. “Este proyecto no terminará con el colapso de los desagües, pues no se cambiarán todos los colectores, sino 11. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha lanzado otro proyecto como es el ‘Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado para las ciudades de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo’, cuyo expediente técnico está a cargo de la empresa española ProyFe”, remarcó.

El representante del Colegio de Ingenieros sostuvo que no están en contra del proyecto y aseveró que han presentado las deficiencias encontradas y las recomendaciones al Ministerio de Vivienda y a la municipalidad de Sullana para que se subsanen antes de licitar el proyecto de saneamiento. LA REPÚBLICA

Pronunciamiento. Rafael Lama More del CIP Sullana dijo que con PTAR no se acabaría colapso de los desagües en la ciudad.

HIDROMUNDO

La guerra del agua: cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas. (…)

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua».

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo».

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado. (…) LA REPÚBLICA URUGUAY


“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

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