Miércoles, 23 de diciembre de 2020 – Año XIV – Edición 3628 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ - Las 10 historias ambientales que marcaron el 2020. Historias
de corrupción de funcionarios que beneficiaban al sector pesquero a costa de la
biodiversidad, así como de quienes son acusados de formar parte de redes de
tráfico de madera en la Amazonía son algunas de las historias más leídas en el
2020
PERÚ - Junín: Director de Agricultura advierte posible huelga si
ministro no recibe a la junta de regantes
PERÚ – Piura. ¿Nuevo conflicto social en el Valle de San Lorenzo:
agro o minería?
PERÚ - Limeña Sedapal invertirá US$4.000mn para 2024
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Perú: las 10 historias ambientales
que marcaron el 2020
Historias
de corrupción de funcionarios que beneficiaban al sector pesquero a costa de la
biodiversidad, así como de quienes son acusados de formar parte de redes de
tráfico de madera en la Amazonía son algunas de las historias más leídas en el
2020.
Mongabay Latam ha preparado una selección de los reportajes que más interesaron a los lectores en este año que termina.
Casos como el de funcionarios, fiscales y policías involucrados en redes criminales de tráfico de madera han sido algunas de las historias ambientales que marcaron el 2020. A esto se suma el «efecto globo» de la Operación Mercurio, que, si bien logró controlar el avance de la minería ilegal en el sector de La Pampa, en Madre De Dios, provocó la aparición de nuevos focos de minería ilegal en otros puntos de la región, como en el caso del río Pariamanu.
Además, con la atención del gobierno puesta en atender la emergencia sanitaria y frente a una crisis política que paralizó al país, comunidades indígenas y defensores ambientales se convirtieron en un blanco fácil y visible de la violencia de grupos criminales. La presencia de mafias organizadas dedicadas al tráfico de tierras y narcotráfico, así como el avance de la deforestación a gran escala causadas por colonias menonitas quedaron plasmadas en una serie de reportajes publicados este año.
Esta es la selección de las historias ambientales más importantes del 2020.
10. Crisis en IMARPE: las posibilidades que se abren tras el mayor escándalo pesquero de los últimos años
Un escándalo de corrupción de funcionarios sacudió al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) este año. Este organismo técnico orientado a la investigación científica de los recursos marinos había informado que la biomasa de anchoveta disponible durante la segunda temporada de pesca del año alcanzaba 8 millones de toneladas, aunque en realidad solo llegaba a 4 millones de toneladas. Una investigación al interior del Ministerio de la Producción contra 15 funcionarios determinó que hubo irregularidades en el cálculo de la biomasa, así como en la autorización de la cuota de pesca en beneficio del sector pesquero.
9. Una red de corrupción de funcionarios: ‘Los hostiles de la Amazonía’
Un megaoperativo ejecutado el 25 de agosto en Madre de Dios permitió capturar a 17 integrantes de una presunta red criminal que involucra a funcionarios del sector forestal, del gobierno regional, de la fiscalía ambiental y policías, quienes estarían comprometidos en una mafia dedicada al tráfico de madera. La investigación de casi dos años estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, la cual permitió develar cómo operaba esta organización criminal.
8. Tráfico de madera no se detiene con la pandemia
Durante la etapa de inmovilización por la pandemia del coronavirus, las actividades madereras se prohibieron. Sin embargo, muchos aserraderos siguieron operando de manera ilegal y a puerta cerrada. El 23 de mayo, un equipo de la Policía siguió a un tráiler que recogió un cargamento de un aserradero en el distrito de Manatay, en Pucallpa, Ucayali. Durante dos días, los efectivos policiales estuvieron detrás de todos los movimientos del camión hasta que lo detuvieron en el kilómetro 24 de la carretera Federico Basadre y descubrieron que la carga contaba con un permiso falso firmado por la autoridad forestal. Este es tan solo uno de los episodios de ilegalidad narrados en este reportaje.
7. Perú: asesinan de dos balazos a defensor ambiental en Madre de Dios
El defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado el 10 de setiembre cerca de su concesión en Madre de Dios. Ambos habían sido víctimas de amenazas por parte de invasores de tierras y mineros ilegales; además habían presentado ocho denuncias contra invasores y taladores ilegales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. La muerte de Pacheco fue el quinto crimen de un defensor ambiental ocurrido en Perú este año.
6. El avance violento de la palma sobre una comunidad indígena
Desde que en el año 2012 la empresa de palma aceitera Plantaciones Pucallpa S.A.C. —hoy Ocho Sur P S.A.C.— se instaló a menos de cinco kilómetros de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, en Ucayalli, la incursión de traficantes de tierras ha ido en aumento, relatan los líderes shipibos. La última incursión ilegal fue el 17 de agosto, ese día los comuneros de Santa Clara encontraron a un grupo de personas talando árboles dentro de su territorio. La comunidad indígena lleva años enfrentándose a los traficantes de tierras y a los intereses de esta palmicultora investigada por deforestación.
5. Indígenas cacataibo viven acorralados por invasores de tierras y narcotraficantes
La plataforma Global Forest Watch reportó este año más de 2000 alertas de deforestación en la comunidad nativa Santa Martha, ubicada en Codo del Pozuzo, Puerto Inca, región Huánuco. Una zona de la Amazonía peruana donde los cultivos ilegales de coca, la presencia de narcopistas y la violencia criminal han cobrado la vida de un líder indígena este año y mantiene bajo amenaza a muchos otros. La Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) estima que unas 200 hectáreas han sido deforestadas en Santa Martha, pero los comuneros calculan que han perdido por lo menos 600 hectáreas por el avance del narcotráfico.
4. Millonarios descuentos: el salvavidas para las pesqueras sancionadas en Perú
El Perú es una potencia pesquera en Latinoamérica y el principal productor de harina de pescado. Cada año las capturas de anchoveta alcanzan entre los 2 y 5 millones de toneladas que se convierten en harina para alimentar a animales de crianza. Esta industria le genera al país por lo menos 2 mil millones de dólares anualmente. Sin embargo, para que la especie permanezca abundante en el mar, sus especímenes juveniles deben ser protegidos, y una de las formas de hacerlo es limitar la captura de estos. Pero el problema es que esta norma no siempre se cumple. Mongabay Latam revisó 339 expedientes abiertos en los últimos cinco años por el Ministerio de la Producción (Produce) y encontró que una sola empresa capturó 22 686 toneladas de juveniles, cuando por norma no tendría que haber pescado más de 10 347 toneladas.
3. Mineros ilegales ecuatorianos en Cordillera del Cóndor: la frontera aún es vulnerable
Las incursiones de los mineros ilegales en la Cordillera del Cóndor disminuyeron desde el 15 de octubre del 2019, cuando efectivos de la Policía y del Ejército ingresaron al sector del Tambo, en El Cenepa, en la línea de frontera entre Perú y Ecuador. Durante ese operativo se sellaron socavones y trazaron zanjas sobre la vía por donde los ilegales sacaban el material en camiones hacia la localidad ecuatoriana La Herradura. Pero meses después esos socavones fueron reabiertos, lo que puso en evidencia cómo los mineros ilegales han recurrido a nuevas modalidades para ingresar a territorio peruano y operar en un área que debió ser parte de un parque nacional.
2. Madre de Dios: nuevo foco de minería ilegal amenaza a indígenas del Pariamanu
Boca Pariamanu es una de las 37 comunidades nativas de Madre de Dios, la región amazónica del Perú más devastada por la minería ilegal. Unas 25 familias viven en ese territorio de 4500 hectáreas y se dedican a la agricultura de autoconsumo y la recolección de castañas. La comunidad de Boca Pariamanu está situada, además, en una zona íntegramente castañera que ha empezado a ser ocupada por mineros ilegales que operan en el río Pariamanu. Las aguas del Pariamanu están contaminadas por el mercurio proveniente de la minería, situación que ha obligado a los comuneros a restringir sus actividades de pesca y a convertirse en víctimas de hostigamientos y amenazas de muerte por parte de mineros ilegales.
1. Menonitas en Perú: fiscalías de Loreto y Ucayali investigan deforestación de 2500 hectáreas en la Amazonía
La deforestación a gran escala se ha presentado nuevamente
en la Amazonía peruana. Esta vez, se trata de colonias menonitas que se han
instalado en tres localidades en las regiones de Loreto y Ucayali, y han
deforestado, hasta el momento, más de 2500 hectáreas de bosque. Imágenes
satelitales muestran cómo está avanzando la deforestación en los lugares en los
que se han establecido estas colonias: Masisea, en Ucayali, y Tierra Blanca y
Padre Márquez en Loreto. Lo más grave: este desbosque se ha realizado sin
contar con autorización de las autoridades forestales. https://es.mongabay.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Junín: Director de Agricultura advierte posible huelga si ministro no recibe a la junta de regantes
Luego que la Junta de Usuarios de Agua del Perú confirmara un paro nacional agrario preventivo para el próximo 29 de diciembre, el director de Agricultura de la región Junín, Ulises Panéz Beraún, pidió al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, que reciba a los dirigentes y así evitar que la medida se vuelva indefinida.
La autoridad señaló que los agricultores y regantes llevan varios días esperando un diálogo con el ministro. Ellos buscan una solución al problema del abastecimiento del agua para los cultivos, pues las pérdidas y afectación son millonarias.
Según los regantes de la región Junín, en caso no se atienda el pliego de sus reclamos, entre ellos: la atención a la agricultura familiar, radicalizaran sus protestas.
Panéz Beraún pidió que el titular de Desarrollo Agrario y Riego reconsidere la declaratoria de emergencia del agro, como prioridad, pues la cobertura del seguro agrario (salida que fue anunciada por el ministro para mitigar la afectación de las familias del campo) no cubre la afectación que tienen los agricultores de esta región.
Registro de pérdidas
El director de Agricultura señaló que la preocupación es que las cifras de pérdidas en la producción ya superaron las 7 300 hectáreas; además de 9 300 afectadas por la ausencia de lluvias, intensos granizos y heladas.
Al momento se contabilizan más de 5 millones de soles en pérdidas de la producción, el problema se agudiza en la selva central pues se reportaron afectación en las plantaciones de cítricos que tardan más de 3 años en dar frutos. https://rpp.pe/
¿Nuevo conflicto social en el Valle de San Lorenzo: agro o minería?
Hace unos días, CooperAcción informó sobre los recientes decretos supremos que declaran de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras para autorizar a la empresa peruana Nuevo Arcoiris S.A.C, que tiene como casi único inversionista a un titular canadiense (en un 99.9996% del total de acciones) para adquirir y poseer derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país (región Piura). Específicamente autorizan la adquisición de doce derechos mineros con una extensión total de 16,300 hectáreas ubicadas en los distritos contiguos de Tambogrande y Las Lomas. En términos concretos, esos derechos mineros territoriales se superponen en la zona central del Valle de San Lorenzo.
Si Godofredo García Baca viviera, líder regional y defensor de la Asociación de Colonos del Valle de San Lorenzo asesinado en marzo 2001, habría levantado el libro de la Constitución Política del Perú para sustentar que hay un conflicto de derecho constitucional, como lo hizo en el conflicto social con el proyecto minero a tajo abierto de Manhattan. Como bien decía, no hay un solo artículo constitucional que sustente la preferencia por la inversión minera; pero, si existe para el agro: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa” (Artículo 88). A lo que agregamos, que el artículo 71 de la misma Constitución establece que por excepción los extranjeros podrán tener propiedad dentro de los cincuenta km de la frontera, fundada en la declaración de necesidad pública mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Pero se trata de colocar en el artículo simplemente la frase declarativa de necesidad pública? Los derechos mineros y conexos autorizados constituyen la puerta de entrada para las actividades posteriores de exploración y de explotación, tal como está establecido en los decretos: “La autoridad minera otorga las autorizaciones para las actividades mineras en los derechos mineros a que se refiere el artículo precedente a favor de NUEVO ARCOIRIS S.A.C., previo cumplimiento de las disposiciones y requisitos legales aplicables”
El considerando de los decretos que pretende sustentar dicha necesidad pública afirma: “Que, la solicitud formulada por NUEVO ARCOIRIS S.A.C., se encuentra incluida dentro del supuesto de necesidad pública establecido en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, dado que el interés en establecer la titularidad de los derechos mineros solicitados trasciende al interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad, toda vez que mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona de incidencia de las actividades mineras”. Otro argumento declarativo genérico que cubre toda inversión minera extranjera en zona de frontera. Aquí no vamos a caer en la falacia de que la inversión minera cuando es legal-formal es pertinente y relevante para el desarrollo por ese sólo hecho jurídico, tampoco vamos a respaldar ninguna minería ilegal, porque todos nos debemos al estado de Derecho.
¿Esta inversión es de necesidad e interés público porque incidirá en el bienestar de la comunidad de familias asentadas y productoras del Valle de San Lorenzo? No hay ningún considerando que nos remita al Informe Técnico que sustente esa afirmación. Es necesaria la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad nacional; pero, no para concluir que es de interés público social. El hecho inobjetable es que las zonas con estos derechos mineros otorgados se superponen a los derechos constitucionales de propiedad/posesión de la tierra y de desarrollo agrario preferente como puede apreciarse en el Mapa anterior adjunto.
Se trata de zonas superpuestas a sub-sectores de riego que producen productos frescos alimentarios, productos de bandera en la gastronomía, tanto para mercado interno (limón) como para exportación (mango). Zonas donde las actividades de extracción superficial y profunda tendrán impactos en campos con cultivos permanentes (inversión a largo plazo) y en tramos de la red de quebradas afluentes del río Piura y canales que atraviesan los campos de cultivo, así como en caseríos y poblados como Cruceta (centro del Valle). Esto podría parecer alarmista, pero si a este panorama le agregamos la ocurrencia del extremadamente pluvioso Fenómeno del Niño/Niño Costero, la contaminación del Valle zona sur y de la cuenca aguas abajo sería incontrolable. Un análisis de los riesgos implicados de minería (formal e ilegal) en el Valle San Lorenzo fue abordado en la publicación “Tambogrande: ¿Despensa o minería?, el derecho a decidir su modelo de desarrollo” (Grupo de Trabajo Piura Vida Agro – Godofredo García Baca+; junio 2001).
Nos preguntamos si el presidente Francisco Sagasti y la Premier, al firmar esos decretos, conocen las implicancias socio-ambientales de esas autorizaciones. En todo caso podríamos estar ante la generación de un conflicto social por la misma razón sustantiva que fue inviable el proyecto de Manhattan: no contar con la licencia social. Situación peligrosa en contexto de inestabilidad política gubernamental y desborde social con pandemia. http://cooperaccion.org.pe/
LIMA PERÚ
Limeña Sedapal invertirá US$4.000mn para 2024
La empresa hídrica Sedapal invertirá 15.000 millones de soles (US$4.100mn) para 2024 para aumentar la cobertura de servicios de agua en la ciudad en Lima y el distrito del Callao y apoyar la recuperación pospandémica.
Con la inversión, Sedapal pretende mejorar la capacidad de almacenamiento y beneficiarse de la temporada de lluvias para asegurar el suministro de agua de Lima durante la temporada seca, cuando la demanda duplica la capacidad del río Rímac, dijo en un comunicado el gerente general de la compañía, Ramón Huapaya.
Sedapal, junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), subasta actualmente un proyecto de 1.000mn de soles para ampliar el sistema de agua potable de la ciudad. La semana pasada, el presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumler, dijo a la agencia estatal de noticias Andina que se espera que la subasta finalice en las próximas semanas. https://www.bnamericas.com
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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