Lunes, 5 de diciembre de 2022 – Año XV – Edición 4106 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
"Nuestro futuro es público:
Declaración de Santiago por los Servicios Públicos"
Santiago de Chile, 2 de diciembre de 2022
Nos encontramos en una coyuntura crítica. En un momento en
que el mundo se enfrenta a una serie de crisis, desde la emergencia
medioambiental hasta el hambre y la explosión de las desigualdades, pasando por
el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo
y la crisis en el costo de vida, se van gestando respuestas colectivas. Un gran
movimiento social está tomando forma, proponiendo soluciones concretas. Cientos
de organizaciones de todos los sectores de la justicia socioeconómica y los
servicios públicos, desde la educación y los servicios sanitarios hasta la
asistencia, la energía, la alimentación, la vivienda, la protección social, el
transporte y el agua, están confluyendo para hacer frente a los efectos nocivos
de la comercialización de los servicios públicos, para reclamar el control
público democrático y para reimaginar una economía que funcione para las
personas y el planeta. Exigimos el acceso universal a los servicios públicos de
calidad como base de una sociedad justa y equitativa.
La comercialización de los servicios públicos y la
mercantilización de toda la vida han desarrollado y afianzado las disparidades
de poder, poniendo las ganancias y la corrupción por encima de los derechos de
las personas y del bienestar ecológico y social. Esta mercantilización de los
servicios públicos afecta negativamente a los trabajadores, a los usuarios y a
las comunidades, y sus efectos negativos recaen de forma desproporcionada en
aquellos que históricamente han soportado la carga más pesada. La devaluación
del estatus social de los trabajadores de los servicios públicos, el
empeoramiento de sus condiciones laborales y los ataques contra sus sindicatos
son algunos de los retrocesos más preocupantes de nuestro tiempo y una amenaza
para nuestros espacios colectivos. Los impactos desiguales de esta devaluación
de lo público están profundamente relacionados con la organización patriarcal
de la sociedad, en la que las mujeres, como trabajadoras, absorben los choques
sociales. Ellas son las primeras en sufrir los recortes del sector público,
perdiendo el acceso a los servicios, las oportunidades de trabajo decente y
enfrentándose a una creciente carga de trabajo de cuidado no remunerado.
El marco político común de la colonialidad nos ayuda a
reconocer las estructuras y mentalidades que históricamente han construido y
siguen impulsando la desigualdad económica, la injusticia y la austeridad, que
han dejado a los servicios públicos crónicamente desfinanciados durante décadas.
La economía neoliberal, magnificada por el actual modelo de hiperglobalización,
se define por perpetuar la extracción, el control, la dependencia, el
patriarcado y la actual división global del trabajo, impactos que afectan
desproporcionadamente al Sur Global.
Los recortes de austeridad en los presupuestos y en el
personal del sector público están impulsados por una mentalidad ideológica
compartida por el Fondo Monetario Internacional y muchos Ministerios de
Finanzas que sirven a los intereses de las corporaciones por encima de los de
las personas. Las injusticias tributarias, a nivel nacional e internacional,
permiten enormes desigualdades en la acumulación y concentración de ingresos,
riqueza y poder entre y al interior de los países. La financiarización de un
creciente número de actividades y del sector público fortalece el poder de
quienes detentan la riqueza y socava la democracia.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil
representantes de XX países, incluidos movimientos de base, organizaciones del
mundo de desarrollo y de los derechos humanos, sindicatos y otras
organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, y de
forma virtual, para debatir el papel crítico de los servicios públicos para
nuestro futuro.
Esta reunión se produce tras años de creciente movilización
en todo el mundo, a nivel de base y en lo nacional, a escala local y
transfronteriza, tanto en zonas rurales como urbanas. Esta ola de movilización
llevó a la organización de una serie de eventos pioneros que reunieron a miles
de personas en línea, y a la adopción en 2021 del Manifiesto Mundial por los
Servicios Públicos.
Nuestro futuro es público
Nos comprometemos a seguir construyendo un movimiento por
un futuro público. Uno en el que nuestros derechos fundamentales se garanticen
no en función de nuestra capacidad de pago, o del nivel de ganancias que un
sistema genera, sino de si nos permite a todos la expansión de nuestro
bienestar en sociedades en paz: nuestro buen vivir. Un futuro público es aquel
en el que ni las mujeres, ni los pueblos indígenas, ni las personas con
discapacidad, ni la clase trabajadora, ni los antiguos países colonizados
soportan una carga injusta y desigual en nuestras sociedades.
Es fundamental saber a quién pertenecen nuestros recursos y
nuestros servicios. Un futuro público significa garantizar que todo lo esencial
para una vida digna esté fuera del control privado, y bajo formas
descolonizadas de control colectivo, transparente y democrático. En algunos
contextos, esto significa intervenciones locales, regionales o nacionales
decisivas por parte del Estado. En otros contextos, esto significa fortalecer
las organizaciones populares, incluidos los sindicatos, y ampliar los espacios
de autogobierno, los bienes comunes y el control colectivo y comunitario de los
recursos. Asociaciones público-públicas o público-comunitarias caben en este
escenario, pero no asociaciones público-privadas que sólo sirven para extraer
recursos de lo público para intereses privados.
Un futuro que es público también significa crear las
condiciones para permitir sistemas de producción alternativos, incluyendo la
priorización de la agroecología como un componente esencial de la soberanía
alimentaria. Para ello necesitamos recuperar el control de los procesos de toma
de decisiones y de las instituciones frente a las actuales formas de captura
corporativa para poder decidir para qué, para quién y cómo proporcionamos,
gestionamos y poseemos colectivamente los recursos y los servicios públicos.
El futuro público no será posible sin emprender una audaz
acción colectiva a nivel doméstico en favor de reformas fiscales y económicas
ambiciosas, progresistas y transformadoras de la desigualdad de género que
permitan ampliar considerablemente la financiación de servicios públicos
universales. Estas reformas deben complementarse con cambios importantes en la
arquitectura de las finanzas públicas internacionales, así como en la
gobernanza fiscal, de la deuda y del comercio, aprovechando las oportunidades
que abre la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo y el impulso
generado con éxito por los países africanos y otros países del Sur Global hacia
una Convención Fiscal de la ONU. La democratización de la gobernanza económica
hacia procesos verdaderamente multilaterales es fundamental para contrarrestar
el poder de las organizaciones neoliberales dominantes y reorientar las
instituciones financieras nacionales e internacionales hacia la justicia
socioeconómica, la sostenibilidad ecológica, los derechos humanos y los
servicios públicos.
Un Futuro Público reconoce la necesidad urgente de la
solidaridad internacional y de soluciones sistémicas globales, ajustadas a las
necesidades de cada contexto. Reclamar un futuro público es un elemento
esencial de una transición justa y equitativa, que sitúe a los usuarios y
trabajadores de los servicios públicos en el centro, y que nos permita
reconstruir un pacto social sostenible para el siglo XXI.
Pasaremos a la acción
Colaboraremos entre sectores, regiones y movimientos para
formular estrategias comunes y nuevas alianzas y articular una convergencia
interseccional hacia propuestas conjuntas para una transición feminista y justa
frente a la crisis climática, que transforme los sistemas, valorando los
derechos humanos y la sostenibilidad ecológica por encima del crecimiento del
PIB.
Trabajando en solidaridad con los grupos de base de todo el
mundo, incluidos los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con
discapacidad, nos comprometemos a:
-Trabajar de forma transversal y solidaria entre sectores,
construyendo nuestro análisis colectivo y apoyando el trabajo y las demandas de
los demás.
-Convocarnos mutuamente a reuniones sectoriales y a
desarrollar programas y reivindicaciones colectivas.
-Mantener canales de información e intercambio entre
nuestras organizaciones, redes y sectores, y continuar fortaleciendo nuestros
sectores como pilares fundamentales de un movimiento más amplio.
-Organizar un proceso de autorreflexión y transformación
organizativa e interseccional.
-Explorar cómo establecer un espacio virtual colectivo en
el sitio Nuestro Futuro es Público para compartir experiencias y tácticas
políticas entre comunidades y países.
-Seguir articulando demandas robustas a los responsables
políticos en relación con los servicios públicos, las políticas y las
inversiones, que puedan tomar forma en compromisos de política, concretos.
-Comprometerse con las autoridades locales y nacionales e
internacionales alineadas con la construcción de modelos alternativos de
gobernanza.
-Consultar sobre la forma, el alcance y el enfoque que
podría adoptar una Comisión Independiente de Servicios Públicos y trabajar
juntos para construirla.
-Organizar convocatorias periódicas para reforzar los
grupos y movimientos que participan en Nuestro Futuro es Público y estudiar la
posibilidad de celebrar otra conferencia mundial en los próximos tres años.
La Conferencia Nuestro Futuro es Público, congregó a
más de 400 líderes sociales, sindicales y miembros de la sociedad civil que participaron
en paneles, talleres y sesiones abiertas que trataron, entre otros, temas como
Justicia Fiscal, Climática y de Género. Iniciativa Global fue parte del comité
organizador en alianza con la Internacional de Servicios Públicos y otras
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un mundo más justo.
En este cónclave participó el Lic. Luis Isarra Delgado,
secretario general de la Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: vecinos de 2 asentamientos humanos protestan por falta de agua
Los vecinos de los asentamientos humanos San Pedro y Víctor
Raúl (Piura) quemaron llantas en el frontis del pozo de agua de San Pedro en
protesta por la falta del líquido elemento desde hace más de una semana, lo
cual perjudica su salud, especialmente de niños y ancianos.
Ellos solicitan que la Entidad Prestadora de Servicios EPS
Grau solucione este problema, el cual —señalaron— se originó cuando los tubos
del pozo de agua fueron extraídos como parte de un proceso de mantenimiento.
Indicaron que, posteriormente, ningún trabajador llegó al lugar para terminar
los trabajos, lo que conllevó a que el material quede abandonado en la vía
pública.
“Necesitamos agua, estamos en la quinta ola de la pandemia
por COVID-19 y seguimos sin agua. No es posible que ningún trabajador se
acerque a la zona para verificar la situación en la que se encuentra el pozo de
agua, que ha perjudicado a los asentamientos humanos”, señaló una moradora de
San Pedro.
Asimismo, manifestaron que, durante estos días, la empresa
a través de una cisterna abasteció del líquido elemento a las familias, aunque
las condiciones no habrían sido las adecuadas, por lo que constituyó un riesgo
para la salud de la población.
Al respecto, la EPS Grau, a través de un comunicado informó
la paralización del pozo San Pedro; ello debido a fallas registradas en el
motor de dicha infraestructura sanitaria, por lo cual ya se están coordinando
los trabajos de mantenimiento respectivos para que pueda reanudar operaciones a
la brevedad.
Los representantes de la empresa indicaron que, como parte
de estas acciones, se realizará el desmontaje de los equipos de la mencionada
fuente de agua, para determinar con exactitud la causa y magnitud del problema,
y proceder luego con los trabajos de reparación que correspondan. https://larepublica.pe/
Gestión ambiental en humedales costeros de Pisco
La provincia de Pisco posee un
complejo sistema de humedales costeros, que incluyen lagunas costeras,
albuferas, oasis, salinas y gramadales, que se localizan tanto adyacentes al
litoral, como en las márgenes derecha e izquierda del río Pisco. Este sistema
brinda importantes servicios ecosistémicos que incluyen proteger las costas
contra tsunamis, servir de barrera natural ante precipitaciones intensas y ante
la erosión, almacenar agua, y constituir importantes sumideros de carbono,
además de brindar espacios para el ecoturismo y la educación en ecología, entre
muchos otros.
Los humedales costeros de Pisco
presentan una serie de problemas vinculados, principalmente, al desarrollo
urbano acelerado y el crecimiento de la agroindustria y sus impactos en la
valorización del suelo que promueve la destrucción y/o relleno de humedales,
situación que se ve agravada por factores como el cambio climático. La gestión
de estos ecosistemas frágiles requiere entender a los humedales como piezas
dentro de un sistema mayor, donde es clave estudiar los procesos e
interacciones entre sistemas humanos y naturales en diferentes escalas
espaciales y temporales, que incluya tanto información sobre el territorio, los
factores bióticos y abióticos que componen el ecosistema, los sistemas de
gobernanza –formales e informales– existentes, así como los diversos usuarios
de los servicios ecosistémicos. Todos estos aspectos forman parte del enfoque
de sistemas socio ecológicos (SSE), que permiten una mirada integral a la
compleja problemática de Pisco.
Para completar la falta de
información sobre el territorio, instituciones de investigación como el
Instituto Geofísico del Perú (IGP) vienen haciendo uso de metodologías no
convencionales, que permiten complementar y afinar los resultados obtenidos por
métodos tradicionales que a menudo incluyen extensos trabajos de campo. Estas
metodologías incluyen el levantamiento de información topográfica mediante
fotogrametría aérea con drones; el uso de imágenes satelitales para analizar la
evolución de la vegetación; el desarrollo de análisis
geológicos-geomorfológicos con el apoyo de sondajes eléctricos verticales
(SEVs) para obtener la profundidad y el grado de saturación de los horizontes
del subsuelo, etc.
Desde el punto de vista de
dimensión humana, un desafío permanente es el desarrollo de una gobernanza
participativa que incluye trabajar en el fortalecimiento de las instituciones
vinculadas al ecosistema, pero también considerar los diferentes intereses
particulares y grupales de los diferentes usuarios de los servicios
ecosistémicos que brindan los humedales. Esto significa buscar una gestión
articulada que identifique las prioridades ambientales y sociales, así como el
rol y responsabilidad del Estado para proteger a los ecosistemas y que
inevitablemente cruza su interacción con el ciudadano. https://www.inforegion.pe/
LIMA PERÚ
Sunass autorizará servicios de saneamiento en pequeñas ciudades de forma excepcional
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) promueve que el procedimiento de autorización
excepcional para brindar servicios de saneamiento sea solicitado por las
municipalidades en las pequeñas ciudades, únicamente, en el marco de la política
de integración.
Es así como, a través del
proyecto normativo difundido mediante la RCD 112-2022-SUNASS-CD, se establecen
disposiciones adicionales a las contenidas en la RCD 037-2019-SUNASS-CD, que
buscan que las solicitudes para la aplicación de la autorización excepcional,
presentadas por las municipalidades de pequeñas ciudades, se encuentren en el
marco de un proceso de integración planificado, para evitar solicitudes que no
se ajusten al marco normativo.
Las solicitudes de autorización
excepcional serán evaluadas por la Sunass, previa verificación de que el
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass),
haya elaborado el informe de integración donde se especifique la planificación
de la integración de la pequeña ciudad al ámbito de la empresa prestadora.
En ese sentido, la autorización
excepcional podría emitirse, solamente, a aquellas municipalidades que tengan
una justificación para excluirse temporalmente de la planificación aprobada por
el Otass, para que luego de finalizado el plazo máximo de 3 años de duración de
la excepcionalidad, se integren conforme dicha planificación.
Cabe precisar que la Ley Marco
1280 establece como uno de los objetivos de la política pública del sector
saneamiento, el alcanzar la integración de los prestadores de servicios de
saneamiento.
Dicha política se enfoca en el
logro de la eficiencia empresarial mediante el aprovechamiento de las economías
de escala, la sostenibilidad de inversiones y el ordenamiento de la prestación
de servicios de saneamiento.
El proceso de integración es
liderado por el Otass y consiste en un proceso progresivo de unificación de
prestadores a nivel provincial, interprovincial, regional y macro regional.
Los aportes y sugerencias al
proyecto normativo pueden ser enviados por los interesados hasta el 12 de
diciembre de 2022 https://andina.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”