Miércoles, 21 de enero de 2026 – Año XX – Edición 4883
FENTAP con el presidente del
directorio y autoridades de SEDAPAL cumplen reunión de trabajo para el
fortalecimiento de una gestión transparente y eficiente
COMUNICADO N° 005-2026/CDN FENTAP
La Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP pone en conocimiento de los trabajadores,
trabajadoras y Guerreros del Agua que el viernes 16 de enero de 2026 se realizó
una importante reunión de trabajo entre el Consejo Directivo Nacional de la FENTAP y el presidente del Directorio de
SEDAPAL, Ing. Hugo Fernando Obando Concha, junto a autoridades de la empresa.
En dicha reunión, la FENTAP
expuso de manera clara, documentada y responsable su posición y aportes
orientados al fortalecimiento de SEDAPAL como empresa pública estratégica,
sustentada en una gestión eficiente, transparente y libre de corrupción.
Durante una exposición aproximada de 60 minutos, se
evidenció el grave déficit económico y financiero que atraviesa SEDAPAL,
situación que sería consecuencia de deficiencias de gestión, falta de
transparencia y presuntos actos de corrupción e irregularidades que se vienen
arrastrando desde el año 2019.
Entre los principales aspectos
señalados, se destacó:
La existencia de más de 40 contratos suscritos a través de
UNOPS, con un costo superior a 15 millones de soles, los cuales en su mayoría
no cumplieron los plazos contractuales establecidos, afectando la eficiencia y
los resultados esperados.
Los presuntos actos de corrupción vinculados al contrato de
la tercera etapa de la PTAR Pachacútec, suscrito con la empresa española
ACCIONA, cuyo costo inicial se incrementó de 250 millones a aproximadamente
1,000 millones de soles, como resultado de arbitrajes, adendas y adicionales,
además del incumplimiento en la ejecución del emisor submarino, existiendo
actualmente un litigio arbitral con SEDAPAL por cerca de 100 millones de soles.
Los posibles direccionamientos en los contratos de
servicios Centro y Sur hacia la empresa ACCIONA, pese a encontrarse suspendida
por el OECE y no cumplir con la experiencia requerida, particularmente en el
caso del servicio Sur.
Las serias dificultades en la implementación del sistema
comercial, el cual debió concluir en agosto de 2024 y que hasta la fecha no se
encuentra operativo, con un costo aproximado de 57 millones de soles, generando
perjuicios a la gestión comercial y a los usuarios.
Las múltiples irregularidades relacionadas con el contrato
de la megaobra La Nueva Rinconada, ejecutada por el consorcio chino San Miguel,
donde diversas empresas subcontratadas por consorcios español y chino habrían
sido estafadas, originando la paralización de obras y servicios, y motivando
acciones judiciales para exigir el pago de lo adeudado.
Asimismo, la FENTAP
informó que viene solicitando al MVCS el pago de aproximadamente 107 millones
de soles que adeuda a SEDAPAL desde hace más de dos años por la distribución de
agua gratuita a sectores de la población que no cuentan con acceso formal al
servicio de agua potable.
En el marco del fortalecimiento institucional de SEDAPAL,
la FENTAP solicitó formalmente la
realización de auditorías integrales en las gerencias y áreas estratégicas de
la empresa, como mecanismo fundamental de control, transparencia y recuperación
de la confianza ciudadana.
Finalmente, como resultado de la reunión, se acordó
establecer reuniones de trabajo mensuales, orientadas al seguimiento de los
temas expuestos y al fortalecimiento de SEDAPAL como empresa pública al servicio
de los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Callao.
¡VIVA LA FENTAP!
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SEDAPAL Y DEL
AGUA!
¡POR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y
TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE LIMA Y CALLAO!
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 20 de enero de 2026
HIDROREGIONES PERÚ
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio económico de S/ 1 137 034 en EMSAPUNO
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un
perjuicio económico de S/ 1 137 034 en la Empresa Municipal de Saneamiento
Básico de Puno S.A. - EMSAPUNO, debido al pago de beneficios y bonificaciones
derivados de convenios colectivos a funcionarios y servidores que ocupaban
cargos de dirección y de confianza, pese a que la normativa vigente excluye y
exceptúa a este personal de dichos beneficios.
Un informe de auditoría, que evaluó el periodo comprendido
entre enero de 2021 y diciembre de 2022, reveló que funcionarios aprobaron y
ejecutaron convenios colectivos cuyos beneficios fueron otorgados de manera
indebida a personal que no correspondía, generando un uso irregular de los
recursos de la empresa. El documento advierte que se incluyó a personal
directivo y de confianza como beneficiarios, pese a las prohibiciones legales,
y que los pagos fueron autorizados sin sustento técnico ni legal suficiente.
Como resultado de estos hechos, la Contraloría General
identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en siete
funcionarios y servidores públicos, por lo que el informe fue comunicado a la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la empresa, a
fin de que se inicien las acciones legales y administrativas correspondientes.
EXITOSA PUNO
Escándalo en SEDA Juliaca: S/ 416 mil desaparecidos y ni un solo responsable tras un año del “robo sistemático”
A pocos meses de culminar la
actual gestión municipal, el robo sistemático de S/ 416,959.80 de las cuentas
de la EPS SEDA Juliaca S.A. continúa sumido en la impunidad y la falta de
resultados concretos. El hecho, que consistió en retiros no autorizados de la
cuenta corriente de la empresa en el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif),
ocurrió los días 18 y 19 de diciembre de 2024. Pese a la gravedad del monto sustraído,
los informes técnicos y legales remitidos a la Municipalidad Provincial de San
Román en julio de 2025 revelan un panorama de estancamiento judicial.
El proceso penal por el presunto
delito de fraude informático agravado se encuentra actualmente en la etapa de
investigación preliminar en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Román,
a cargo del fiscal Basilio Auma Pari. Debido a la naturaleza del crimen, el
caso fue derivado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología
(DIVIAT) en la ciudad de Lima.
Sin embargo, diligencias
críticas para el esclarecimiento de los hechos parecen haber quedado en el
olvido: aunque se solicitó el lacrado de equipos de cómputo y teléfonos
celulares el 13 de marzo de 2025, hasta la fecha no existe confirmación de que
dicha acción se haya ejecutado ni se conocen resultados de peritajes
informáticos.
El expresidente de la Central de
Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, denunció públicamente la inacción
de las autoridades locales, señalando que no se evidencia una voluntad real por
recuperar el dinero o identificar a los responsables.
Fernández criticó duramente la
«pasividad» del alcalde Óscar Cáceres, quien, en su condición de presidente de
la Junta General de Accionistas de la EPS, no estaría exigiendo celeridad,
transparencia ni una rendición de cuentas efectiva sobre el estado de la investigación.
Mientras los funcionarios de
SEDA Juliaca se limitan a responder que «las investigaciones están en curso»,
la ciudadanía observa con preocupación cómo se acerca el cierre de la gestión
sin que se haya logrado recuperar el patrimonio afectado.
Los informes internos de la propia empresa, como el Informe N.° 011-2025-SEDAJULIACA, confirman que, transcurrido más de medio año desde la denuncia formal ante la fiscalía, el caso sigue sin arrojar nombres de implicados, dejando el millonario desfalco en un limbo legal que afecta directamente a la sostenibilidad de los servicios de saneamiento de la ciudad. https://ladecana.pe/
LIMA PERÚ
Sunass niega error en cálculo de tarifas de agua y rechaza pedido de indemnización de Sedapal
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) aseguró que no ha recibido ninguna
comunicación oficial sobre la demanda de indemnización que Sedapal habría
presentado por casi S/1.500 millones, a raíz de un supuesto error que le
impidió incrementar más sus tarifas.
De acuerdo con la Sunass,
tomaron conocimiento del caso luego de que la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) y un medio especializado difundiera información respecto a la
demanda presentada.
“La Sunass no ha recibido
ninguna comunicación oficial sobre la demanda de indemnización presentada por
Sedapal por un supuesto error que, según la empresa, le impidió incrementar más
las tarifas. El conocimiento del caso ha sido únicamente por publicaciones en
redes sociales de la SMV y por la posterior difusión periodística”, indicaron
en un comunicado.
La superintendencia recordó que
la propia SMV indicó que el recurso presentado por Sedapal se encuentra aún en
etapa de calificación ante el Poder Judicial, instancia que evaluará si
corresponde admitirlo o no.
Anteriormente, indicaron, en
octubre de 2025, la Sunass fue notificada con una solicitud de conciliación por
parte de Sedapal.
“En ese momento el regulador no
tenía conocimiento que la indemnización había sido formalmente judicializada un
mes antes. El argumento de la empresa es un supuesto error en el cálculo
tarifario del quinquenio regulatorio 2022–2027”, indicaron.
En ese entonces, la empresa
solicitó S/1 200 millones. Ahora, el monto reclamado asciende a S/1,495,12
millones, incremento que, según Sunass, no tiene justificación técnica ni
legal.
El regulador recuerda que
rechazó esa pretensión desde el inicio, al considerar que no contaba con
sustento normativo, técnico ni económico.
Además, sostiene que las
resoluciones tarifarias cuestionadas fueron emitidas en diciembre de 2021,
respetando estrictamente el marco legal vigente y siguiendo todo el
procedimiento regulatorio establecido.
La Sunass resaltó que el cálculo
de tarifas para cualquier empresa prestadora de servicios de saneamiento se
realiza mediante un proceso técnico, riguroso y participativo, que incluye
audiencias públicas, publicación de informes de sustento y revisión de
comentarios de la empresa, de los usuarios y de terceros interesados.
“En el caso de Sedapal, el
análisis tarifario que hoy cuestiona se basó en información entregada por la
propia empresa a través de su Plan Maestro Optimizado (PMO), donde detalló su
situación económica, financiera, cartera de inversiones y obligaciones”,
precisó.
Por estas razones, el regulador
rechaza las pretensiones de la empresa, al considerar que desconocen el proceso
legal vigente.
Además, advierte que, en un
escenario en el que la demanda prospere, las implicancias legales y
presupuestales recaerían finalmente en el Estado y en todos los contribuyentes,
que tendrían que asumir una eventual compensación millonaria. DIARIO GESTIÓN
“Defender el Agua es Defender la Vida”
