Jueves, 3 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3898 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Empresas prestadoras deben asegurar reparto de agua ante
interrupciones del servicio. En cantidad necesaria
PERÚ - Piura: 12 sectores sin agua
potable desde hace más de un mes. Denunciarán
penalmente a la EPS Grau por atentar con la salud pública de más de 10 mil
pobladores de Piura
PERÚ – Puno. La Municipalidad Provincial de Puno, Electro y Emsa
Puno, junto a algunos establecimientos de Salud son las entidades más quejadas
en el año 2021
PERÚ – Arequipa. Majes II, el infortunio y el harakiri arequipeño. “Majes
II era una oportunidad. Se escapan 240.000 empleos y de convertir a Arequipa en
líder agroexportador”. Opinión de Juan Carlos Soto
Empresas prestadoras deben asegurar
reparto de agua ante interrupciones del servicio
En cantidad necesaria
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) modificó el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de
Saneamiento, con el objetivo de optimizar los criterios para definir el volumen
de agua potable que se debe entregar de forma mínima a los usuarios, cuando la
empresa prestadora realice cortes programados o imprevistos.
También debe mejorar el abastecimiento y comunicación ante
las interrupciones, a fin de garantizar que los usuarios no se vean afectados.
El referido reglamento establecía que, cuando el servicio
es interrumpido por más de 18 horas, o más de 6 horas, para el caso de
establecimientos de salud, cuarteles generales de bomberos y cárceles, la
empresa prestadora debe abastecer a todos los afectados a través de camiones
cisterna u otra modalidad que garantice la calidad de agua potable entregada.
Sin embargo, no precisaba una cantidad mínima de agua a entregar en forma
diaria.
La actual modificatoria establece que, además de garantizar
el abastecimiento y calidad de agua potable suministrada, la empresa prestadora
debe asegurar la entrega de una cantidad adecuada, es decir un volumen mínimo
diario por cada unidad de uso afectada.
Este volumen mínimo ha sido establecido considerando la
capacidad de recolección y traslado de agua por parte del usuario y la cantidad
mínima para cubrir las necesidades básicas de hidratación, alimentación e
higiene, según lo recomendado por la Organización Mundial de Salud.
Asimismo, la modificatoria establece que cuando la empresa
prestadora emplee puntos provisionales de abastecimiento fijos, estos deben
atender una distancia no mayor a los 300 metros, con el fin de evitar traslados
largos de los usuarios, evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento
social debido a la covid-19.
Igualmente, deberá considerar un número máximo de unidades
de uso para abastecer por cada uno de los puntos y contar con accesorios tipo
manifold o similar para la entrega del agua potable a más de un usuario de
forma simultánea.
Comunicación
También, el citado reglamento señala que las empresas
prestadoras están obligadas a informar o comunicar oportunamente, tanto a los
usuarios como a la Sunass, sobre la interrupciones imprevistas o programadas,
los motivos y hora de inicio del corte, así como la fecha y el inicio del
restablecimiento del servicio.
Por su parte, la modificatoria incorpora otros aspectos que
las empresas prestadoras deben comunicar, como los medios de abastecimiento de
agua potable a utilizarse, el horario de atención de cada medio de abastecimiento,
la fecha y hora prevista de reapertura del sistema de agua potable, las
ubicaciones de los lugares en donde se va a realizar la distribución de agua
potable y las rutas de distribución de agua potable, en caso se utilicen
camiones cisterna.
Las disposiciones establecidas en la modificatoria son
obligatorias para todas las empresas prestadoras a partir del día siguiente de
publicada la correspondiente resolución de modificación. Sin embargo, las
empresas que tengan menos de 100,000 conexiones de agua potable tendrán un
plazo máximo de seis meses para implementar las disposiciones referidas al
volumen mínimo de abastecimiento, el número de puntos provisionales de
abastecimiento fijos y el número de camiones cisterna. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: 12 sectores sin agua potable desde hace más de un mes
Más de 10 mil pobladores de 12 sectores de Piura no cuentan
con el servicio de agua potable debido al colapso del Pozo Bancarios, el cual
está ubicado en la urbanización Bello Horizonte. Los afectados solo reciben el
líquido elemento por cisternas, las cuales no llegan a todos los sectores
afectados. El pozo de agua dejó de funcionar desde el mes de diciembre del año
pasado y hasta el momento la EPS Grau no soluciona el problema.
Ante esta situación, nuevamente un grupo de pobladores de
la urbanización Bello Horizonte (donde hay 3 mil afectados), realizó una
protesta al exterior del pozo.
“Hemos llevado nuestro malestar a la EPS Grau con tres
manifestaciones y ellos asumieron su compromiso firmando un documento, pero a
pesar de ello el problema continúa. Supuestamente el 26 de enero se reponía el
servicio, pero ayer (lunes) lo repusieron, realizaron pruebas y fue un
desastre, lo puso peor, empezó a salir agua más turbia, de color anaranjado (…)
Su compromiso firmado al parecer solo quedó en papel para salir del paso porque
seguimos igual”, manifestaron los indignados vecinos.
El dirigente de la Juveco de Bello Horizonte, Martín
Lescano, informó que nuevamente sostuvieron una reunión con los directivos de
la EPS Grau, quienes se han comprometido a realizar otras pruebas para
disminuir el nivel de salinidad del agua.
“Se han comprometido a realizar unas mezclas para que el
agua sea apta para consumo humano, pero al parecer no se llegaría a eso, el
agua sale recontra salada, como agua de mar”, explicó Lescano.
El dirigente añadió que también se acordó realizar estudios
para la perforación de otro pozo, el cual tardaría más de 8 meses.
“Nos indican que harán sondeos en la zona, luego el expediente para posteriormente perforar un nuevo pozo que durará 8 meses como mínimo, mientras se busca el financiamiento respectivo. Solo esperamos un milagro para tener agua dulce”, indicó Lescano. https://diariocorreo.pe/
La Municipalidad Provincial de Puno, Electro y Emsa Puno, junto a algunos establecimientos de Salud son las entidades más quejadas en el año 2021
Según el último reporte de la
Oficina Defensorial de Puno, en el año 2021 recibieron un total de 763 quejas
contra entidades y empresas comerciales; de los cuales, el mayor número de
quejas (55) fueron interpuestas contra la Municipalidad Provincial de Puno,
principalmente por el incumplimiento de plazos a nivel de trámites,
procedimientos, atención inoportuna, deficiencia en la fiscalización al
comercio, entre otros.
Otra de las entidades mayor
quejadas (51) es la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica
Electro Puno, principalmente referidas a la mala calidad del servicio,
deficiente atención al usuario y los permanentes cortes intempestivos. Según el
informe, otras de las entidades más quejadas es la Red de Salud Puno, por la
falta de la disponibilidad de personal, falta de presupuesto, insumos
medicamentos y otros.
La empresa prestadora del
servicio de agua potable EMSA-Puno, no es la excepción, en el año 2021 se
registraron una buena cantidad de quejas, principalmente por la interrupción
del servicio de agua. El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón es otra de las
entidades más quejadas, por la demora en la atención a los usuarios,
restricción a los servicios de salud, pésima atención, entre otros.
El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, dijo también que en el año 2021 se realizaron 383 supervisiones a distintas entidades del Estado, en diferentes temas; de la misma forma, se ha impulsado el desarrollo de 72 acciones de promoción de derechos. https://radioondaazul.com/
Majes II, el infortunio y el harakiri arequipeño
Hace tres años, el Gobierno
Regional de Arequipa (GRA) articuló su oposición al proyecto minero Tía María.
El grito de trinchera era “agro sí, mina no”. Hoy esta misma institución está a
punto de hacer naufragar uno de los proyectos agrícolas más grandes del país:
la segunda etapa de Majes. Indecisión y negligencia son las causas. El GRA es
titular del proyecto, en 2010 lo concesionó a Angostura-Siguas (Cobra) para
concretizarlo. La fórmula es una asociación público-privada donde el Estado
recupera la inversión vendiendo las tierras y el privado administrará el agua
por 16 años. Era la única manera de hacer viable la iniciativa que consiste en
poner en producción 38.500 hectáreas y generar energía eléctrica.
Majes II estuvo marcado por el
infortunio desde el comienzo. A la firma del contrato estallaron reclamos de
Cusco. El pleito interregional demoró cinco años en resolverse. El Tribunal
Constitucional (TC) determinó que la irrigación arequipeña era viable, pero no
podía represar todo el caudal de agua del río Apurímac. Se cerraba ese frente,
pero se abría otro.
El turno era de la concesionaria
que argumentaba déficit hídrico por el fallo del TC y alegó otras
circunstancias, dos de ellas, según Contraloría, sin justificación. Así surge
la Adenda 13, no canales abiertos sino tubería y riego presurizado. El riego
moderno demanda US$ 104 millones más que correrán por cuenta del privado y
luego se recupera de la venta de tierras. No hay plata del Estado comprometida.
Desde 2017, el GRA firmó varias actas de entendimiento con el concesionario
para añadir la adenda y garantías soberanas. Ministerio de Economía,
Proinversión y Congreso dieron visto bueno a excepción de la Contraloría que
plantea cuatro recomendaciones, pero no prohíbe la adenda. El último filtro era
el Consejo Regional. Cuando parecía que venía el destrabe del proyecto, cayó Elmer
Cáceres y sus consejeros por corrupción.
Los consejeros en funciones se
han tomado en broma Majes II. No han debatido el asunto hasta hoy, el día de la
convocatoria no había dictamen ni quorum. ¿Cómo se entiende que un gobierno
regional formula la adenda, se la aprueban y luego la sabotea en una de sus
instancias?
Hoy predomina un debate absurdo.
Hay un gurú de líderes populistas que, con fake news y posverdad, despliega una
intensa campaña para hundir el proyecto. Que las tierras no sirven y serán para
los chilenos, que la agroexportación traerá a Arequipa delincuencia y
extorsión, que se impondrán tarifas de agua abusivas, etc. La concesionaria
inició la resolución del contrato y una pretensión inicial de US$ 220 millones
por daños. La concesionaria eléctrica también por otros 289 millones y el GRA
no reacciona.
Majes II era una oportunidad. Se escapan 240.000 empleos y de convertir a Arequipa en líder agroexportador. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”