Lunes, 24 de julio de 2023 – Año XVII – Edición 4264 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Sedapal cancela convenios con Unops
“por falta de transparencia”
Según el documento oficial de Sedapal, dos infracciones cometidas por el consorcio a cargo de megaobra de agua y saneamiento en Villa María del Triunfo estarían vinculadas a la fatídica muerte de una menor de edad. Además, la empresa china acumula millones de soles en penalidades
El 17 de febrero del año pasado,
Vanessa Mariano y sus tres hijos se encontraban en su humilde vivienda ubicada
en el asentamiento humano Virgen de Lourdes en Villa María del Triunfo cuando
de pronto escucharon sonidos estremecedores que parecían truenos. Una roca
perforó el techo de calamina de la casa e impactó a la hija de Vanessa, lo que
provocó su muerte.
Los sonidos fuertes que
escucharon Vanessa y su familia eran rocas que se desprendían del reservorio
RAP-10, donde dos trabajadores del consorcio chino-peruano San Miguel
realizaban obras fuera del horario de trabajo con materiales explosivos, según
un informe técnico de Sedapal al que Perú21 tuvo acceso.
Casi cuatro meses después del
accidente, el consorcio San Miguel recibió una penalidad de S/233,827 por las
dos infracciones que habrían ocasionado la súbita muerte de la menor de 14
años.
En respuesta a este hecho, el
consorcio señaló a este medio que el Ministerio Público no los halló
responsables del accidente. Sin embargo, la contratista reconoció que le
brindaron a la familia de la menor un “significativo apoyo”. Y, así, el
consorcio resolvió y tapó la tragedia.
Perú21 también se comunicó con
Vanessa Mariano, madre de la menor. No obstante, dijo que no podía brindar
declaraciones y que remitiría nuestras preguntas a sus abogados.
El proyecto Nueva Rinconada— que
promete dar acceso a agua potable y servicios de alcantarillado a más de 300
mil peruanos en el sur de Lima— fue adjudicado durante la gestión de Pedro
Castillo con Geiner Alvarado al mando del Ministerio de Vivienda.
UNOPS Y SEDAPAL SE SEPARAN
La megaobra de Sedapal —adscrito
a Vivienda— fue licitada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (Unops) en el marco de un convenio de cooperación entre ambas
entidades. Mónica Siles, representante de Unops en Perú, y Francisco Dumler,
exdirector de Sedapal, fueron los que suscribieron el acuerdo.
En 2022, Sedapal y Unops
firmaron 32 convenios, en los cuales la entidad estatal le encargaba a la
oficina de las Naciones Unidas seleccionar las ‘mejores empresas’ que
ejecutarían obras que ayudarían a reducir la brecha de acceso a servicios
básicos como el agua. Sin embargo, Unops confirmó a Perú21 que Sedapal canceló
13 de los 32 convenios sin explicación alguna.
“Unops desconoce las razones
internas que motivaron a Sedapal a cancelar los mismos”, indica el documento
enviado a esta redacción.
En una entrevista con este
diario, el gerente de obras y proyectos de Sedapal Julio Ramírez sostuvo que
dejaron sin efecto los convenios por la poca transparencia en los procesos de
licitaciones, así como la elección de compañías cuestionadas y demoras en los
tiempos de selección.
“A pesar de que nosotros
insistíamos que nos alcance información durante el proceso, ellos decían
‘nuestras normas no lo permiten; espera a que termine y ahí te enterarás’. Algo
así. No había transparencia y los resultados no eran lo que esperábamos”,
sostuvo Ramírez (ver entrevista).
Pero esta no es la primera vez
que el gobierno peruano cancela un convenio con Unops.
En setiembre de 2021, Geiner
Alvarado y Mónica Siles, directora de la Unops en Perú, suscribieron un
convenio para llevar a cabo la licitación de un megaproyecto de agua y
saneamiento en la ciudad de Juliaca en Puno. Sin embargo, el acuerdo fue
cancelado a fines de marzo de este año por la actual ministra de Vivienda,
Hania Pérez de Cuéllar, puesto que se hallaron irregularidades en el proceso de
selección.
A fines de 2022, salió a la luz
un audio que involucraba a miembros de la red criminal liderada por Pedro
Castillo: Salatiel Marrufo y el empresario Zamir Villaverde. La conversación
reveló que Villaverde estaba organizando una reunión en el Ministerio de
Vivienda entre la presidenta de Unops, Mónica Siles, y Marrufo y el exministro
Geiner Alvarado.
“Triangulamos todo con la tía y
contigo, lógicamente. Necesitamos operar”, se escucha decir a Marrufo en un
audio vergonzoso.
“Su esposo es quien está
metido”, responde Villaverde. “Le mandas una carta a la Unops que queremos tal;
es más, no solo para hacer esta, sino para hacer varias (obras)”.
En un pronunciamiento oficial
enviado a este diario, Unops señaló que desconoce el “estado actual” del
proyecto de Juliaca.
El oficial de Alianzas de Unops
para la región Andina, Fredy Salazar, indicó a Perú21 que la ministra de
Vivienda Pérez de Cuéllar expresó su preocupación al director regional de
Unops, Fabrizio Feliciani, sobre la participación de empresas chinas en el
sector de construcción en Perú.
¿Acaso Unops no debería
responder en el Ministerio Público por estos cuestionamientos?
CARTA LIBRE
A la fecha, el consorcio San
Miguel —contratista chino-peruano
encargado del proyecto Nueva Rinconada de Sedapal—acumula S/116’913,544 en penalidades, según información
brindada por funcionarios de Sedapal a este diario. Esta cifra representa el
10% del monto total del contrato, equivalente al porcentaje máximo permitido
por la Ley de Contrataciones del Estado. La normativa establece que la entidad
estatal podría dejar sin efecto el contrato.
Por otro lado, si las
infracciones superan el 10%, Sedapal ya no puede cobrar ningún otro
incumplimiento más por parte del consorcio, sostuvo la jefa de obras, Paula
Olarte. Es decir, la compañía tiene carta libre para ejecutar la obra sin la
posibilidad de que Sedapal pueda cobrar otra penalidad.
El funcionario de Sedapal, Julio
Ramírez, señaló que, si bien se puede disolver el contrato, no están en la
obligación de hacerlo “porque hay que hacer un análisis costo-beneficio”. Por
su parte, el especialista de proyectos Ronald Rodríguez recalcó que, si el
consorcio “se mantiene en su posición de que está ejecutando (la obra) de
manera adelantada y se va a llegar a los plazos, la entidad puede seguir
ejecutando”.
Si bien la obra se encuentra
adelantada, los antecedentes del consorcio San Miguel son cuestionables. Un
informe de este diario reveló que China Machinery Engineering Corporation
(CMEC) —integrante del consorcio— es investigada en Andorra por pagos ilícitos
por más de US$66’000,000 realizados a funcionarios para la adjudicación de
obras en Venezuela.
Perú21 también informó sobre el
incumplimiento en la entrega de 20 kilómetros de tuberías, así como el
incumplimiento de normativas medioambientales, y el uso de materiales no
autorizados como los explosivos vinculados al deceso de la hija de Vanessa
Mariano. El consorcio respondió a esto con una carta notarial en la que
aseguraban que el incumplimiento de los 20 kilómetros no generará un retraso en
la obra.
Según una fuente de este diario,
el consorcio también incumple con el pago a sus proveedores. San Miguel tiene
una deuda de más de S/230,000 con una empresa nacional que le suministra
materiales para el proyecto Nueva Rinconada. La fuente indica que mantenía
comunicación con la contratista a través del correo institucional del consorcio
San Isaías, conformado también por la empresa china que integra el consorcio
San Miguel.
La especialista en gestión
pública Karla Gaviño señaló que, al no haber ningún tipo de consecuencia
respecto a futuras infracciones, la relación contractual con la
contratista—para “que adecúe su conducta en lo que está establecido en los
contratos y las normas”— se pone en riesgo.
Sobre las dos últimas
penalidades que suman S/116’212,062, el consorcio señala que han “procedido a
impugnarlas”, ya que las consideran “arbitrarias”, “Por tanto, mientras dicho trámite
se encuentre pendiente de resolución, no pueden considerarse penalidades
consentidas”, anota la contratista. https://peru21.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: discrepancia por el ingreso de Otass en administración de la EPS Grau
El alcalde de Piura, Gabriel
Madrid y los dirigentes discreparon sobre los beneficios que traerá el ingreso
del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
(Otass) en la administración de EPS Grau.
Según la autoridad municipal, el
organismo del Ministerio de Vivienda tiene malos antecedentes de su paso por la
administración de la empresa de agua en la ciudad de Tumbes.
“La EPS de Tumbes fue
intervenida por Otass y no hubo buenos resultados [...] y terminó empeorando el
servicio. Si se corrige lo malo que se hizo en Tumbes, a buena hora, pero lo
correcto es que la EPS debe volver a los municipios. Es la posición que tenemos
desde el inicio de nuestra gestión”, aseveró el alcalde Madrid.
A su criterio, se puede
implementar el modelo del SATP y de Caja Piura, con un directorio
independiente, para el manejo de la empresa de saneamiento.
Madrid agregó que, durante el
tiempo de intervención, Otass podría mejorar el manejo administrativo.
“El servicio mismo no lo va a
poder mejorar rápidamente porque hay una serie de problemas. Esperamos que por
lo menos destrabe lo administrativo”, dijo.
Dirigentes
Otro fue el punto de vista de
los dirigentes vecinales
“Es una intervención acertada
[...] Van a llegar funcionarios de Vivienda que harán un diagnóstico total de
la EPS Grau para el cambio de gerencia y funcionarios, agregar oficinas
técnicas de soluciones rápidas. También debe ver la forma de cómo subsanar esta
deuda concursal, por la cual todos los recursos se queden en Piura”, declaró el
dirigente Willian Ancajima Purizaca.
Por su parte, el dirigente Dewar
Gómez calificó de oportuno el ingreso de Otass como una medida paliativa.
“Queremos conocer su plan de
trabajo, sobre todo respecto a mitigación frente a El Niño y cuánto dinero van
a invertir”, manifestó el líder vecinal. https://eltiempo.pe/
Tacna: abandono del Estado obligaría a comuneros a vender bofedales a empresa minera
Los
pobladores y comuneros del área de Huaytire y sus bofedales están considerando
vender sus terrenos a la empresa minera Southern Peru. Exitosa conversó con
Serapio Ramos Nina, exconsejero regional de Tacna, quien explicó los motivos
del problema actual y cómo este afectará a futuro a la región Candarave si no
se toman acciones pronto.
Ramos
Nina mencionó que los bofedales son una zona de recarga de agua natural,
aprovechada por los pobladores de Huaytire y zonas aledañas para realizar
actividades agrícolas, y en menor manera, de ganadería.
"Es
una zona de recarga de agua de lluvia. Aquí se encuentra la cuenca Locumba. Los
bofedales permitían criar animales, una subsistencia económica para las
personas del sector, pero a medida que se fue instalando depósitos de agua
artificiales para la construcción de la mina Toquepala y Cuajone, afectó a
estos bofedales". explicó el exconsejero regional.
Consecuencias
en la población
Serapio
explica que no solo la comunidad de Huaytire se ve afectada, sino que la Cuenca
Lucumba en general se puede ver ante una gran problemática: la ausencia de
agua.
"Esto
afectó considerablemente la economía de muchas familias que no podían realizar
sus actividades agrícolas con normalidad. El Estado nos tiene olvidados. Hay
17300 áreas afectadas, a consecuencia del descenso del nivel de agua en la
Laguna Suche. Esta conectaba a la región de Candarave y Rijota, ambas al borde
del colapso" mencionó Ramos.
El
exconsejero de Tacna agregó que los pobladores han terminado cediendo ante la
propuesta de la minera Southern Peru, que les ofreció criaderos de truchas en
las lagunas artificiales que construyeron, para que puedan mitigar su economía.
Sin embargo, esto facilita el trabajo de la empresa, que desde que inició
acciones ya redujo en más de 10 mil metros cúbicos el volumen de agua de los
bofedales.
Gestión
injusta con la comunidad
El
entrevistado mencionó que los daños ambientales causados por la minera
ascienden hasta los 30 mil millones de dólares, y que al momento no se les ha
sancionado de ninguna manera, y la empresa se encuentra buscando maneras de
evadir las multas por impacto al ecosistema.
"A
la empresa minera claramente le conviene comprar las tierras a los comuneros,
como ya hicieron en Viscachas y Huaquiri. Ahora pretenden comprar muchas más
áreas, y los comuneros claramente aceptan porque se sienten olvidados por el
gobierno, que no cuidó estos terrenos y se está perdiendo todo el
ecosistema" agregó Serapio.
Ramos
Nina indicó que, si bien cambiar todo el sistema de leyes hídricas es
complicado, se pueden efectuar sanciones a la minera o irle retirando licencias
de trabajo, lo que evitará tratos abusivos sobre la población y el medio
ambiente.
"Las
mesas de conversación entre las mineras y el gobierno son conversaciones en el
aire, ya que no se asientan en medidas correctivas. Debería hacerse una
evaluación de la cantidad de agua disponible e ir reduciendo las licencias de
la minera de forma progresiva" concluyó el exconsejero.
La actualidad
de los comuneros de Huaytire y la permanencia de sus bofedales aún es incierta,
pero se espera que el Estado establezca una mesa de diálogo con la minera
Southern Peru, para que el ecosistema no se vea afectado. https://www.exitosanoticias.pe/
HIDROMUNDO
Estiman en 467 kilómetros extensión del derrame de petróleo en Golfo de México
Dos fugas
registradas en los campos de petróleo de Ek Balam, en el Golfo de México,
provocaron un derrame que alcanzaba una extensión de 467 kilómetros cuadrados
el 12 de julio, estimaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en un comunicado publicado este sábado.
La mancha
probablemente se dirigirá hacia el este-noreste y eventualmente llegará a las
costas de los estados de Veracruz, Tamaulipas e incluso hasta los Estados
Unidos, agregaron.
El
incidente fue reportado el 6 de julio ante la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA), y la Secretaría de Marina (Semar).
La UNAM
informó hoy de que académicos del Instituto de Geografía (IGg) y del
Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (Lanot) analizaron el suceso
con ayuda de imágenes de radar para rastrear la extensión afectada.
Este tipo
de imágenes detectan, en esencia, la textura de los objetos y es posible
discriminar en la superficie marina, por la diferencia de densidades y el
patrón de oleaje, la mancha de hidrocarburos del resto del océano”, explicó
Gabriela Gómez Rodríguez, académica del IGg.
La UNAM
recordó que los campos Ek Balam forman parte del Complejo Cantarell, de la
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado a 80 kilómetros al noroeste de
Ciudad del Carmen, estado de Campeche, sureste de México.
La
experta precisó que existen diversos modelos de corrientes marinas con los
cuales se puede estimar hacia dónde se desplazará la mancha.
El pasado
lunes, un grupo de organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace,
alertaron sobre un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México en la misma
zona en la que el pasado 7 de julio se registró el incendio de la plataforma de
Pemex Nohoch-A, en la Sonda de Campeche.
Mediante
imágenes satelitales registraron un derrame de crudo de las plataformas de la zona,
“y permiten suponer que el derrame inició alrededor del pasado 4 julio”.
Estimaron que la extensión, al día 12 de julio, era de aproximadamente de 400
kilómetros cuadrados, aunque las autoridades no han informado sobre las causas
y consecuencias del mismo.
El
martes, Pemex admitió que su red de conductos de los campos Ek Balam sufrió dos
fugas “mínimas”, pero rechazó que fuese un derrame de 400 kilómetros cuadrados,
como denunciaron Greenpeace y otras asociaciones.
En un
comunicado, precisó Pemex, la fuga fue realmente de 58 metros cúbicos, el
equivalente a 365 barriles de petróleo, y afectó a un área estimada de 0,06
kilómetros cuadrados, donde el espesor de la película de aceite se estimó de
menos de un milímetro. https://entrelineas.com.mx/
“Defender el Agua es Defender la Vida”