Jueves, 19 de octubre de 2023 – Año XVII – Edición 4325 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Las Bambas y los estados de
emergencia casi permanentes
Opinión de José De Echave C.
Ahora que los estados de emergencia tienden a generalizarse
en las zonas urbanas y se ha abierto todo un debate sobre la efectividad de los
mismos, cabe mencionar que hay zonas del país que en los últimos años han
vivido, casi de manera permanente, en estado de emergencia.
Una de esas zonas es la del denominado corredor del sur
andino, que une las provincias de Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas y
Espinar en Cusco y varias provincias de Arequipa, hasta llegar al puerto de
Matarani por donde sale la producción de cobre de esos departamentos. En esta
zona se ubican operaciones mineras como Las Bambas, Constancia, Antapaccay,
entre otras.
La tendencia a imponer estados de emergencia ya ha pasado
en años previos y en lo que va del 2023 ha vuelto a ocurrir: el último estado
de emergencia en esta zona fue declarado el 15 de enero de 2023 y ha sido
prorrogado hasta en siete ocasiones en lo que va del año. La última prórroga ha
sido declarada el pasado 12 de octubre por 60 días.
El propio ministro del Interior, Vicente Romero, hizo el
anuncio de la prórroga y el argumento central es que de esta forma se piensa
controlar posibles estallidos sociales en la zona. Al parecer el gobierno no
tiene otra alternativa que declarar estados de emergencia y todo indica que
ésta es la forma como se piensa manejar los conflictos sociales: “Es la única
manera de dar tranquilidad, sobre todo en el Corredor Minero”, declaró el
ministro Vicente Romero. Mientras tanto los empresarios mineros aplauden.
Los temas de fondo que no se quieren
abordar
La opción de priorizar estados de emergencia plantea por lo
menos dos aspectos que deben ser tomados en cuenta y analizados a fondo. El
primero es la absoluta ineficiencia de este tipo de medidas: así como en las
zonas urbanas se debate sobre la efectividad de los estados de emergencia para
revertir determinas situaciones de tensión o inseguridad ciudadana, en las
zonas de influencia de actividades extractivas ocurre lo mismo. Hasta el
momento el mecanismo no ha dado resultados, entre otras cosas porque se siguen
ignorando las bases objetivas que explican los conflictos vinculados a
actividades como la minería.
Por ejemplo, declarar estados de emergencia en el corredor
del sur andino no ha impedido que ésta sea la zona de mayor conflictividad social
en el país en todos estos años. Una prueba reciente es que, precisamente, al
día siguiente del anuncio del ministro de Interior que se iba a prorrogar por
60 días el estado de emergencia, estalló un nuevo conflicto en el corredor del
sur andino: la comunidad de Huascabamba, que se ubica en el distrito de
Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), inició una huelga
indefinida el pasado 10 de octubre, por los reiterados incumplimientos de la
empresa Las Bambas. En declaraciones al Observatorio de Conflictos Mineros, el
vicepresidente de la comunidad, Policarpio Valdéz, señaló: “hemos esperado
pacíficamente un diálogo entre la comunidad campesina y Las Bambas antes de
acudir a esta medida de fuerza para ser escuchados”.
Sin embargo, se sigue insistiendo en los estados de
emergencia como la medida a priorizar y que es sugerida además por personas
vinculadas al sector minero: Marita Chappuis, ex directora general de Minería
del Ministerio de Energía y Minas, ha propuesto “militarizar las zonas mineras,
sobre todo el corredor minero del sur, que genera más del 60% del cobre que se
produce en el país”.
Esto pone en evidencia el segundo aspecto que debemos tomar
en cuenta: el limitado enfoque que está detrás de este tipo de medida que
interpreta los conflictos sociales básicamente como un tema de seguridad
interna y que tiene que ser resuelto de manera represiva por la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas.
No se entiende que los conflictos son alertas que llegan
desde los territorios y que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre
todo, transformaciones sustantivas. Los conflictos nos están enviando señales
de que algo no está funcionando bien y que debe ser encarado de una manera
integral.
Hasta ahora, desde el Estado peruano se ha montado un
sistema de abordaje de los conflictos sociales que tiene las siguientes
características:
por lo general se reacciona cuando el estallido social ya
se ha producido. Por lo tanto, se carece de una estrategia preventiva.
El monitoreo de los conflictos desde el Estado no implica
una presencia constante en los territorios de parte de los organismos
encargados [1].
El Estado opera bajo una lógica de compartimientos
estancos, sin capacidad de una coordinación efectiva, por ejemplo, entre la
Presidencia del Consejo de Ministros y su Viceministerio de Gobernanza
Territorial, los ministerios involucrados y menos aún las instancias
subnacionales del propio Estado.
Además, como se ha visto, se tiene como una de las
principales herramientas de intervención tanto los estados de emergencia como
las mesas de diálogo. A estas alturas, las mesas han perdido credibilidad: retrospectivamente,
se puede afirmar que las mesas de diálogo han servido, en el mejor de los
casos, para desbloquear los levantamientos, paros y otro tipo de
manifestaciones de protesta e instalar negociaciones que, por lo general,
cuando llegan a acuerdos, son incumplidos. Esto es lo que viene ocurriendo en
la zona de influencia de Las Bambas, donde gran parte de los conflictos se
terminan reactivando, precisamente, por el incumplimiento de acuerdos.
Consideramos que la manera cómo opera el Estado peruano frente
a los conflictos debe ser modificada sustantivamente y se debería apostar por
la construcción de un sistema de gobernanza en los territorios que debería
funcionar con algunas características básicas: (i) implementar la presencia
efectiva del Estado en los territorios como garante de derechos, pues es el
actor clave en un proceso de facilitación y transición; (ii) apostar por un
sistema de gobernanza territorial que implica construir institucionalidad
democrática con presencia efectiva en las zonas de influencia de las
actividades extractivas; es decir, una institucionalidad mejor distribuida y al
mismo tiempo más representativa, con un claro componente de legitimidad,
incorporando mecanismos de participación ciudadana que sean oportunos e
informados. (iii) El objetivo debería ser potenciar la gobernanza territorial y
así contrapesar el enorme poder que ejercen en la actualidad, por ejemplo, las
empresas mineras.
El denominado corredor del sur andino debería ser una de
las zonas priorizadas para una intervención alternativa que, en lugar de
suspender derechos y exponer a su población a situaciones de violencia y
represión, parta del reconocimiento y la legitimidad de las demandas. Esta
sigue siendo una de las grandes tareas pendientes en el país. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Minam publicó la “Guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales”
En su último informe de julio, la Defensoría del Pueblo
informó que, de 225 conflictos sociales registrados en dicho mes, 142 eran de
carácter socioambiental. Y de estos, la mayoría estaba asociada a actividades
como la minería o la extracción de hidrocarburos.
La Defensoría también resaltó que, desde 2007, los
conflictos socioambientales siempre han sido los más numerosos hasta la
actualidad. Algunos de los principales conflictos en ese lapso son el
denominado “Baguazo”, así como los ocurridos en Cajamarca y Arequipa, por los
proyectos Conga y Tía María, respectivamente. En todos estos casos se registró
la pérdida de vidas humanas.
En este contexto, el Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó
la “Guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales”, un documento
que establece pautas a todo este sector, incluido sus entes adscritos, para
tratar de manera oportuna este tipo de situaciones.
Las principales líneas de acción de esta guía, aprobada por
Resolución Ministerial 265-2023-MINAM, son la prevención, que permite
intervenir ante manifestaciones previas al surgimiento a fin de evitar el
surgimiento o escalamiento del conflicto; el tratamiento, para gestionar
adecuadamente los factores que dieron origen a la situación social crítica y
fortalecer las alternativas de solución a través de diversos mecanismos
(instalación espacios de diálogo o grupos de trabajo) buscando el acuerdo entre
las partes; y el seguimiento y monitoreo, con el fin de que se cumplan los
acuerdos y se evite el resurgimiento de la conflictividad.
El Minam también informó que, como parte de los
procedimientos establecidos en esta norma, se implementarán instrumentos
preventivos como el reporte de alerta temprana y la conformación de redes
institucionales para esta tarea, así como lineamientos para la instalación,
implementación y cierre de espacios de diálogo.
Formatos de trabajo
Por otro lado, se ha incluido modelos de formatos para el
seguimiento de casos y del cumplimiento de acuerdos; de plan de trabajo para la
prevención y el tratamiento.
La Oficina General de Asuntos Socio Ambientales (Ogasa) del
Minam, será la encargada de difundir la citada guía al interior del sector
Ambiente para fortalecer el trabajo coordinado y la actuación efectiva en
beneficio de la población peruana. https://www.actualidadambiental.pe/
HIDROMUNDO
Surge preocupación entre agricultores de Rosario ante proyecto pendiente en la presa Santa María
La culminación de la presa Santa
María en Rosario en diciembre próximo significa un sueño realizado, pero
comienza a surgir otra preocupación, de acuerdo a versiones que al entregarse,
no estaría del todo al servicio para los productores de la zona, ya que la CFE
iniciará el proyecto de la hidroeléctrica y esto generará un dolor de cabeza,
apuntó Gonzalo Vizcarra Belderrain.
El presidente de la Asociación
de Agricultores del Rio Baluarte en Rosario indicó que están conscientes de
proyecto importante para la región, y que el 31 de diciembre el mismo
presidente de la República estaría entregando la obra hidráulica, pero eso no
garantiza del todo que los productores tengan forma de aprovecharla, por eso,
han solicitado una explicación clara.
“La presa puede concluir el 31
de diciembre, pero los trabajos de CFE, creo que en esas fechas van a arrancar,
lo que ocasionaría eso es el cierre de cortinas, para que ellos pudieran
trabajar, por lo que se pronóstica un año complicado, porque la presa no nos va
a poder suministrar agua, tendríamos una presa, una obra entregada, pero sin
agua”.
El dirigente agrícola en el sur
de Sinaloa indicó que se confirmarse que los trabajos de la hidroeléctrica se
estarían haciendo a partir del próximo año, para ellos representará un serio
problema, ya que se cree que los limitarían con el agua, y lo más grave es que
como no llovió en esta temporada, se recrudecerá el problema para ellos.
“El año más difícil de todos los
tiempos, yo veo así por los comentarios la postura de Conagua, pues bueno es el
último año hay que aguantar poquito, ellos están trabajando a marchas forzadas,
pero ese tema técnicamente no sabemos que se pudiera hacer, nos dicen que el
hecho el problema más fuerte es que no llovió para poder tener o que la presa
no almacenó agua”.
El presidente de la Asociación
de Agricultores del Río Baluarte ha solicitado una información a fin de acabar
con las dudas, pero ninguna autoridad les ha aclarado realmente cómo es que se
hará la hidroeléctrica, y el grado de afectación que tendrían en un momento
dado.
Indicó que, si bien ya tener esta obra concluida es un sueño cristalizado, faltarán nuevos retos como el módulo de riego, y lo que implicaría esperar que concluyan la hidroeléctrica. https://losnoticieristas.com/
América Latina: cuidar el agua y medioambiente es una actividad mortal
A la par del periodismo,
defender el agua y el medio ambiente es una actividad altamente peligrosa en
América Latina, debido principalmente a su codiciado ecosistema amazónico. La
extracción de oro, petróleo, madera, agricultura, turismo y venta de animales
son las principales actividades de personas inescrupulosas, con vínculos con
organizaciones internacionales que violan la ley, penetran las altas esferas de
gobierno y no tienen reparo en asesinar, contaminar y degradar el agua de ríos,
lagos y tierras boscosas.
Laura Furones, asesora principal
de Global Witnerss ―en entrevista exclusiva a iAgua― señala que la región
americana acaparó el 88% de los asesinatos en el mundo, el año pasado. “En los
últimos 9 años la Amazonia se ha convertido en el lugar más peligroso para los
defensores ambientales: 296 personas asesinadas. La mayoría de casos que
documentamos se dieron en América Latina: 22 Colombia, seguidos de Brasil y
México”.
¿Quiénes son los responsables de
la muerte de estos defensores del planeta? “Nosotros ponemos la responsabilidad
sobre todo en los hombros de dos actores: por un lado, son los gobiernos, los
directos responsables del bienestar de los ciudadanos y de su integridad
física, así como de la prevención; y, por otro, muchas empresas, que tienen la
obligación de cooperar donde realizan sus actividades extractivas:
agronegocios, minería, tala, actividades forestales; y pueden hacerlo, pero sin
violar los derechos humanos”.
Pero subraya que se puede “hacer una diferenciación entre los gobiernos del norte global y el sur global. La gran mayoría de los ataques que documentamos, más del 99%, prácticamente todos se dan en el sur global. Se dan en gobiernos con políticas que no van para nada a favor de proteger derechos de personas defensoras. Los guardianes de los bosques y el agua de Brasil, Perú y Venezuela son agentes importantes para la adaptación a los efectos del cambio climático, defienden su hogar y el planeta y poseen una elevada conciencia de derechos comunitarios, especialmente donde la presencia del Estado es débil”, sostiene Furones.
Pero hay fallas notorias y
sensibles en el plano internacional. El famoso Acuerdo de París no es respetado
por los grandes países contaminantes; los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) no podrán ser alcanzados al 2030 por efecto del Covid – 19; la
declaración de Glasgow no detiene la deforestación; y, el Acuerdo de Iguazú,
que protege y promueve los derechos de los ambientalistas, firmado por 24
países de América Latina y el Caribe, es aún débil. Perú, lamentablemente, no
lo ha ratificado por parte del Congreso de la República. Estamos viendo y
viviendo que todos los problemas ambientales más bien se agravan, y el cambio
climático está a su favor.
Furones reconoce y critica:
“Estamos intentando aplicar soluciones lentas a muy largo plazo como si no
hubiera prisa, no estamos siendo lo suficientemente ambiciosos. Creo que
todavía no hay ese despertar de los grandes negociadores que van a la
Conferencia de las Partes (COP) y a todos esos lugares y reuniones mundiales.
Se abordan estos temas, pero se sigue hablando de esto como si hubiera tiempo
para actuar de alguna manera. No lo hay. Este problema, dentro de 100 años, va
a ser demasiado tarde para solucionarlo”.
El Acuerdo de Escazú es
importante para América Latina
El panorama es oscuro, incierto
y peligroso para los guardianes de las fuentes naturales de agua, bosques y
ecosistemas. Desde la creación del Acuerdo de París en el 2015, según informa
Global Witness, hay un balance de 1390 ambientalistas asesinados en el planeta,
88 en América Latina, la tercera parte de muertos son indígenas. La asesora de
campañas de G.W. opina: “no podemos seguir curando un cáncer con una aspirina.
Tenemos que realmente llevar esto al nivel de la solución. Este problema no pasa
por poner parches, se trata de abordarlo de manera directa”.
“El acuerdo de Escazú es un
ejemplo claro para prevenir y detener estas acciones contra los guardianes de
los bosques y el agua. Es el primer acuerdo a nivel regional de América Latina,
en el mundo, que es legalmente vinculante. Esto es muy importante porque todos
los sistemas de sanciones se vuelven mucho más robustos de esta manera. Pienso
que puede ser un acuerdo con el que América Latina salga reforzada como una
región que lidera el tema de la crisis climática, así como de los derechos
humanos. No hay ninguna otra región en el mundo que tenga un equivalente a
Escazú, es para sacar pecho y mostrar al mundo este liderazgo a la hora de
absolver la crisis más grande que enfrentamos”, resalta.
Actualmente, la vida de los
defensores ambientalistas es un infierno: asesinatos, violencia, instigación,
amedrentamiento, hostigamiento, intimidación no solo para hombres y mujeres
líderes y dirigentes, sino también para sus seguidores y sus familias. Hay
desplazamientos de comunidades nativas por este motivo y por la destrucción de
su hábitat. ¿No tienen derechos humanos estos grupos sociales? No se habla
sobre esta clara exclusión social.
Furones, contesta: “Pienso que
las personas que están haciendo trabajo de defensa en América Latina merecen
nuestra enorme admiración, respeto y solidaridad. Es una labor complicada,
arriesgada, peligrosa y el mensaje para ellos es que nosotros estamos haciendo
todo el trabajo para solidarizar y apoyar las causas y hacer todo lo posible
para que estos ataques dejen de suceder”. Un importante trabajo y esfuerzo de
Global Witness que merece ser conocido y difundido por su incondicional apoyo a
los hermanos indígenas de esta parte del planeta que desde sus ancestros han amado
la naturaleza, incluso ofrendando su vida y la de sus familias. https://www.iagua.es/
“Defender el Agua es Defender la Vida”