Miércoles, 23 de abril de 2025 – Año XIX – Edición 4698
Escándalo en La Libertad: acusan a director de Sedalib de falsificar documento para acceder al cargo
Una nueva denuncia sale a la luz. El abogado Percy Rosario
Martell, director titular del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La
Libertad (Sedalib S.A), fue denunciado por el presunto delito contra la fe
pública en su figura de falsedad ideológica.
De acuerdo con la denuncia a la que accedió Noticias
Trujillo, Percy Rosario habría presentado información presuntamente falsa con
respecto a su experiencia profesional en la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, en la región Piura, para acceder al directorio de Sedalib.
«El documento fue presentado y tuvo efectos jurídicos
concretos: la designación del denunciado como representante de la Municipalidad
Provincial de Trujillo ante el Directorio de SEDALIB S.A., induciendo a error a
la administración pública y al propio ente societario», se lee en la denuncia.
La constancia presentada
De acuerdo con la denuncia formulada ante la Fiscalía, «el
abogado Percy Rosario presentó como parte de sus requisitos de postulación una
constancia de trabajo presuntamente emitida por la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, con fecha del 31 de diciembre de 2022, en la que se señala que el
mismo había laborado en dicha entidad como Asesor Legal Externo bajo el régimen
de locación de servicios durante el periodo comprendido entre el 01 de julio
hasta el 31 de diciembre de 2022.
Noticias Trujillo accedió en exclusiva a la constancia
presentada por el abogado Percy Rosario con respecto a su trabajo en la
Municipalidad Distrital de Tambogrande.
La Municipalidad Responde
Sobre la validación de dicha constancia de trabajo de
Rosario Martell emitida el 31 de diciembre de 2022, la Municipalidad de
Tambogrande respondió a través un informe el 9 de abril de este año que
concluye lo siguiente:
«Con base en lo expuesto esta Gerencia Municipal
accedió a realizar la búsqueda en el acervo documentario correspondiente al año
2022, no encontrando constancia alguna respecto a los servicios realizados por
el abogado en mención. Dando por agotada la búsqueda».
La Municipalidad de Tambogrande también realizó la
búsqueda meses atrás en la Oficina de Logística y Patrimonio para confirmar si
se emitió una constancia de trabajo a favor de Percy Rosario Martel durante el
2022. Sin embargo, el informe señala lo siguiente:
“En ese sentido se realizó la revisión de la base de
datos EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 de la oficina de logística y patrimonio, en
el archivo de CONSTANCIAS NO SE ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO, por lo que ESTA
OFICINA NO EMITIÓ DICHA CONSTANCIA DE TRABAJO”.
Lo que sí encontró la Municipalidad de Tambogrande
fueron órdenes de servicio. La primera por la contratación de servicios de
terceros temporales de asesor legal externo para la alta dirección de la MDT en
los meses de julio, agosto y setiembre de 2022. A su vez, otra orden de
servicio por el mismo concepto, pero en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2022.
El denunciante reafirma que las órdenes de servicio
confirmarían que el abogado Percy Rosario inició sus labores el 25 de julio de
2022 y no el 01 de julio de 2022, como lo habría acreditado para acceder al
cargo de director de Sedalib.
Noticias Trujillo se contactó con el abogado Percy Rosario, pero el director titular de Sedalib dijo que desconoce de la denuncia, pues esta es reciente y que en los próximos días brindaría una respuesta. https://inforegion.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Contaminación del agua en Puno revela metales pesados y patógenos según DIGESA
Un informe presentado por el semanario Hildebrandt en sus
Trece revela que el agua potable en Puno contiene altos niveles de metales
pesados. Según el estudio de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
de octubre de 2022, no se descarta la presencia de heces fecales y otros
patógenos, lo que agrava la salud pública en la región. Este informe, que
permaneció oculto, no se encuentra disponible en el portal de Digesa, donde
solo se observan reportes hasta 2015.
La grave denuncia pone en el ojo del huracán a las empresas
prestadoras de servicios de agua potable, tanto a nivel nacional como en Puno.
Se cuestiona la adecuada desinfección con cloro, lo que no garantiza la calidad
del agua. El gerente de Emsa Puno ya había alertado sobre la presencia de metales
pesados en el agua potabilizada, una advertencia que no fue tomada en serio en
su momento.
El problema no se limita a la provincia de Puno, sino que
abarca las 13 provincias y 110 distritos de la región. La situación es similar
en otras regiones del país, donde el agua ‘potable’ también contiene coliformes
fecales y metales pesados. Un análisis de Digesa reveló que, en 27 distritos de
Lima y 23 regiones, el agua presentaba bacterias coliformes fecales, poco cloro
y metales pesados.
El estudio, realizado entre 2021 y 2022, recogió muestras
de más de 17 mil centros poblados y 5 mil establecimientos de salud. Pedro
Cornetero García, coordinador del área de vigilancia del agua para consumo
humano de Digesa, destacó que este es el primer informe de tal magnitud. En
Lima, 16 distritos presentaron agua con insuficiente cloro, mientras que en
Lurín y Pachacamac se hallaron bacterias coliformes fecales y altos niveles de
sodio.
Esther Lezcano, bióloga investigadora, explicó que el agua
con coliformes fecales y huevos de helmintos indica patógenos que ocasionan
enfermedades intestinales, especialmente peligrosas para niños, ancianos y
personas inmunodeficientes. En regiones como Cusco, Loreto, Cajamarca y
Ayacucho, se detectaron huevos de helmintos, sugiriendo contaminación fecal
prolongada.
En Apurímac, Huancavelica, Puno, Moquegua, Madre de Dios y
Tacna, se encontró contaminación por metales pesados como arsénico, mercurio,
aluminio, níquel y plomo. El arsénico es considerado cancerígeno por la OMS.
Lezcano aseveró que hervir el agua solo elimina organismos vivos, pero no
metales pesados ni sustancias químicas, lo que puede causar problemas de salud
a largo plazo.
El semanario también reportó que, en regiones de la selva
como Ucayali, Loreto y San Martín, se detectaron niveles de cloro por debajo de
lo permitido y contaminantes biológicos y químicos. En San Martín había larvas
y helmintos, mientras que en Loreto se halló aluminio. Maynor López,
especialista en producción de agua de alta pureza, mencionó que el problema
comienza en la fuente de extracción del agua, continúa en las plantas de
potabilización y se agrava con tuberías antiguas.
López señaló que no ha habido cambios sustanciales en los últimos años que mejoren la situación desde el estudio de Digesa. Además, criticó que el reglamento que marca los parámetros de sustancias permitidas en el agua potable es muy permisivo. La contaminación del agua en Puno y otras regiones sigue siendo un problema crítico que requiere atención inmediata para garantizar la salud pública. https://pachamamaradio.org/
Se comprueba la inocencia de los 11 defensores de Cotabambas tras 10 años de lucha
En un fallo sin precedentes e histórico, la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia
que condenaba a 11 defensores de derechos humanos y líderes comunales de la
provincia de Cotabambas y Grau, en Apurímac: Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo
Abarca Quispe, Ronal Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Ccosnilla Gallegos,
Jacinto Lima Lucas, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca Mamani, Walter
Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar
Escudero quienes habían sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de
prisión, así como al pago de una reparación civil descomunal Estado y a la
empresa minera MMG Las Bambas S.A.C.
El proceso judicial, que se prolongó por casi una década,
tenía como base la participación de los acusados en las protestas sociales
pacíficas del año 2015, en rechazo al megaproyecto minero Las Bambas. En ese contexto,
los comuneros denunciaron la falta de consulta previa, libre e informada, así
como los graves impactos sociales, ambientales y territoriales del proyecto,
entre ellos la potencial contaminación del aire, el ruido excesivo y las
alteraciones de la vida cotidiana de las comunidades a lo largo del corredor
minero, producto de la inconsulta e ilegal modificatoria del Estudio de Impacto
Ambiental.
Durante el juicio de primera instancia, los defensores
fueron condenados no solo a penas privativas de libertad, sino también al pago
de una reparación civil de 50 mil soles al Estado y 88,600 dólares a favor de
la empresa minera. En el proceso de apelación, la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior exigió incrementar a s/200 mil la reparación en favor
del Estado peruano. Sin embargo, en la
lectura de sentencia de apelación, los magistrados de la Corte Superior de
Justicia de Apurímac encontraron inconsistencias en la acusación de autoría
mediata (citada pero no desarrollada en la sentencia), inexistencia de pruebas
de responsabilidad penal y falta de fundamento al establecerse el pago de la
responsabilidad civil, lo que generó la revocación del fallo condenatorio y se
los absolvió de toda responsabilidad civil y penal.
El proyecto minero Las Bambas, considerado como una de las
mayores explotaciones de cobre en el Perú y la más grande de una empresa china
en América Latina, ha sido señalado recurrentemente por organizaciones
nacionales e internacionales por su impacto negativo en el respeto de los derechos
humanos. Con un flujo diario de aproximadamente 370 camiones de alto tonelaje
recorriendo más de 450 kilómetros hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. La
operación afecta directamente a 169 centros poblados ubicados en el corredor
minero del sur entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH),Front Line Defenders y CEJIL, han participado como observadores del proceso
de apelación de sentencia, mientras que muchas otras han saludado esta decisión
judicial como un acto de justicia para los defensores criminalizados y como un
precedente importante en contra de la condenable tendencia de judicializar la
protesta social en el país. La absolución de los defensores reafirma la
legitimidad de las demandas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas,
así como abre el camino para exigir legalmente el respeto de los derechos
colectivos fundamentales frente intereses económicos de pequeños grupos
empresariales en el sector extractivo.
Tras conocerse la sentencia absolutoria a favor de los
acusados, en el proceso judicial que generó gran atención mediática, pública y
social, el equipo de defensa expresó su satisfacción por el resultado y
agradeció el respaldo recibido. David Velazco, abogado de FEDEPAZ que ejerció
la defensa de los defensores de Cotabambas, manifestó que «esta sentencia crea
un importantísimo precedente, en el sentido de que no se puede atribuir una
acusación sin precisar qué conducta penal asumieron los acusados y no se puede
avanzar a un juicio sin que existan siquiera pruebas referenciales de la
responsabilidad penal, menos si se trata de un proceso contra quienes ejercen
su derecho a la protesta social pacífica».
La resolución judicial no solo confirma la inocencia de los
procesados, sino que también representa un mensaje clave sobre la necesidad de
contar con procesos judiciales imparciales, rigurosos y basados en pruebas
sólidas. https://cooperaccion.org.pe/
LIMA PERÚ
Proveedores denuncian millonaria deuda de consorcio San Miguel por obra de agua en Lima Sur
Un grupo de proveedores y
pequeños empresarios mantiene una protesta ininterrumpida frente al almacén
central del Consorcio San Miguel, en el distrito de Villa El Salvador. Los
manifestantes exigen el pago de una deuda que, según afirman, arrastran desde
hace más de dos años por su participación en una obra de agua y desagüe
financiada por el Estado.
Algunos de los denunciantes
incluso se encadenaron a maquinaria pesada como medida de presión. “Son 24
meses sin pago, tenemos deudas con bancos, proveedores, hemos perdido
departamentos, y nadie da la cara”, señaló uno de los voceros.
La obra —que fue presentada como
una de las más importantes del Gobierno de Dina Boluarte y que debía beneficiar
a varios distritos del sur de Lima— está actualmente paralizada. Según los
trabajadores, el motivo es el cierre del almacén del consorcio, ejecutado por
ellos mismos como medida de protesta.
Los empresarios aseguran que 29
empresas se han unido a la demanda, pero que la deuda total afectaría a más de
100 proveedores. Estiman que el monto total supera los 20 o 30 millones de
soles.
“Trabajamos sin contrato”
Los denunciantes explicaron que
prestaron servicios de movimiento de tierra, alquiler de maquinaria y
suministro de agregados sin contratos formales, por presión del consorcio. “Nos
dijeron que, si pedíamos papeles, buscarían a otro proveedor”, afirmaron.
A pesar de haber cursado cartas
al Ministerio de Vivienda, a Sedapal e incluso a la Embajada de China (por la
participación de empresas chinas en el consorcio), no han recibido respuestas
formales ni soluciones concretas. Tampoco se ha hecho presente ningún
representante de la empresa 2H, que forma parte del consorcio.
Según indicaron, han iniciado
acciones legales por la vía civil y penal, pero denuncian que estas no han
surtido efecto. “No tienen nada a su nombre, ¿qué les vamos a embargar? Así
operan estas empresas”, dijo uno de los proveedores afectados.
Mientras tanto, la protesta continúa en los exteriores del almacén. “De acá no nos van a sacar sin una respuesta. Nos han arrastrado, nos han mandado a la policía. ¿Qué más tiene que pasar?”, concluyeron.
Hasta el momento, ni el
Consorcio San Miguel, ni el Ministerio de Vivienda, ni Sedapal han emitido un
pronunciamiento oficial. https://panamericana.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”