Martes, 10 de febrero de 2026 – Año XX – Edición 4897
Ica. Advierten que proyecto hídrico podría
causar desigualdad en la distribución de agua
En horas de la mañana de ayer, un grupo de pequeños agricultores de las pampas de Villacurí (Ica) y Lanchas en el distrito de Paracas (Pisco), declararon ante la prensa su rechazo ante un proyecto impulsado por la empresa Nova Infra Invest; ello, debido a que dicha iniciativa pretendería imponer el agua bajo condiciones desiguales.
En horas de la mañana de ayer, un grupo de pequeños
agricultores de las pampas de Villacurí (Ica) y Lanchas en el distrito de
Paracas (Pisco), declararon ante la prensa su rechazo ante un proyecto
impulsado por la empresa Nova Infra Invest; ello, debido a que dicha iniciativa
pretendería imponer el agua bajo condiciones desiguales e injustas para la
mayoría de los usuarios del recurso hídrico.
Según señalaron, en el transcurso de los días enviarán una
carta dirigida al ministro de Agricultura, Vladimir Cuno Salcedo, con el fin
que conozca la problemática que podría perjudicar a las decenas de pequeños
agricultores en la región.
Problemática
Luis Quevedo, presidente de la Asociación de Trabajadores
Agricultores “Luis Negreiros Vega”, con inscripción en registros públicos N°
165-010204, señaló que ellos vienen sembrando en estos sectores desde el año
1986, sin preocupaciones, debido a que antes el agua alcanzaba para regar las
parcelas; no obstante, señalaron que muchos de los 121 socios que eran al
inicio terminaron retirándose, dejando una cifra de poco más de 40, ello debido
a la escasez de agua que vienen sufriendo desde el año 2007, cuando se
comenzaron a secar los pozos que empleaban, y que dicha problemática solo ha
ido empeorando con el pasar de los años.
Rolando Prado, presidente del Comité de Gestión para el
Fomento del Agua para Villacurí y Lanchas, señaló que el acuífero de Villacurí
y Lanchas viene siendo sobreexplotado desde hace varios años, principalmente
por grandes empresas agroindustriales que extraen volúmenes de agua por encima
de su capacidad de recarga natural. Esta situación, advierte Prado, se ha
producido sin un control efectivo ni medidas estructurales por parte del Estado,
generando una emergencia hídrica que pone en riesgo la sostenibilidad
productiva, social y ambiental de la región.
Añadiendo a esto, Prado indicó que el proyecto anunciado
por la empresa privada no corrige este problema estructural, sino que lo
profundiza, al concentrar el acceso al agua en pocos usuarios. Precisó,
también, que solo 41 usuarios inscritos concentran 19,489 hectáreas,
equivalentes al 93% del área cultivada, mientras que a los pequeños
agricultores se les exigiría hipotecar sus tierras por 30 años para acceder al
agua canalizada, una condición que no se aplica a las grandes agroexportadoras,
a quienes solo se les solicita una carta de intención.
Asimismo, los pequeños agricultores advierten que el
proyecto no garantiza el abastecimiento de agua durante todo el año, ya que no
contempla la construcción de represas ni obras de almacenamiento, limitándose
únicamente al uso de excedentes en temporada de lluvias. Esta situación,
indican, contraviene lo establecido en la Ley N.º 32434, que obliga al Estado a
promover infraestructura de irrigación y conservación hídrica en beneficio
directo de los agricultores.
Junta de Usuarios
De igual forma, los agricultores aprovecharon el espacio de
la prensa para cuestionar la exclusión institucional que afecta a la mayoría de
pequeños productores, quienes cuentan con licencias temporales y no pueden
participar en la Junta de Usuarios, pese a representar cerca del 80% de los
agricultores. A ello, señalan, se les suma la paralización de los procesos de
formalización de tierras, lo que les impide acceder a financiamiento y
desarrollo productivo, pese a que la ley reconoce a la agricultura familiar
como prioritaria.
Finalmente, los agricultores advirtieron que la crisis hídrica no solo impacta al sector agrario, sino también a la población, el turismo, la industria y la economía regional en su conjunto. En ese contexto, exigieron la declaratoria inmediata de emergencia hídrica en Villacurí y Lanchas, la suspensión del proyecto hasta garantizar condiciones justas, la priorización de infraestructura hídrica estatal y el pronunciamiento del Ministerio de Agricultura, que es el ente técnico que puede ver mejores opciones en beneficio tanto para los pequeños agricultores como para las grandes empresas. https://diariolaopinion.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Petróleo en la Amazonía: ¿Interés nacional o retroceso ambiental?
El reciente Decreto Supremo N.° 024-2025-EM, que declara de
necesidad pública e interés nacional la reactivación de seis lotes petroleros
en Loreto (8, 39, 67, 64, 95 y 192), fue el eje del debate en una nueva edición
de La Hora Verde. La norma, publicada en diciembre pasado, busca impulsar la
exploración y explotación de hidrocarburos en una región marcada por más de cinco
décadas de actividad petrolera, pasivos ambientales no remediados y conflictos
socioambientales persistentes con pueblos indígenas amazónicos.
Para analizar las implicancias de esta medida, el
programa contó con la participación de Frederica Barclay, de Perú Equidad;
Wrays Pérez, líder del pueblo wampís; y Mauricio Pinzás, geógrafo de
CooperAcción. Desde distintas miradas, los invitados coincidieron en cuestionar
que el Estado priorice la reactivación petrolera sin resolver antes la profunda
deuda ambiental y social acumulada en la Amazonía norte.
Frederica Barclay sostuvo que lo que debería
declararse de necesidad pública no es la explotación petrolera, sino la
remediación ambiental. Señaló que el Estado mantiene una deuda histórica en
lotes como el 8 y el 192 (ex 1AB), donde los procesos de limpieza avanzan
lentamente y sin financiamiento suficiente. Indicó además que los costos reales
de remediar la contaminación superarían los ingresos potenciales por regalías,
lo que vuelve “absurdo” insistir en la idea de que el petróleo puede ser la
solución económica para Loreto. Barclay también alertó sobre la precariedad de
las empresas que han asumido contratos en estos lotes y sobre la falta de
mejoras en los estándares ambientales y en la fiscalización estatal.
Por su parte, Wrays Pérez advirtió que la reactivación
de lotes petroleros contradice los compromisos internacionales del Perú frente
al cambio climático y la transición energética. Desde su experiencia como líder
wampís, recordó derrames como los de Cuninico y Mayuriaga, donde las supuestas
remediaciones se limitaron a “tapar el petróleo con tierra”, sin una limpieza
real. En el caso del Lote 64, explicó que el transporte del crudo en barcazas
por los ríos representa un riesgo grave de derrames que afectaría directamente
a los pueblos wampís, achuar y chapra, que dependen del agua de los ríos para
beber, alimentarse y sobrevivir. Pérez remarcó que, sin una remediación integral
y sin el consentimiento de los pueblos indígenas, cualquier intento de
reactivar la actividad petrolera profundiza la vulneración de derechos.
Mauricio Pinzás contextualizó el debate señalando que
la actividad petrolera en Loreto arrastra más de 50 años de impactos
acumulados, desde épocas en que se vertían aguas de producción directamente en
ríos y quebradas. Recordó que existen estudios técnicos independientes
impulsados por Naciones Unidas para los lotes 8 y 192, cuyos lineamientos no
han sido implementados por el Estado. Pinzás subrayó que la infraestructura
clave, como el Oleoducto Norperuano, se encuentra seriamente deteriorada por
falta de mantenimiento integral, lo que convierte a la actividad en una
operación de alto riesgo. A ello se suma —dijo— el hecho de que muchos lotes
fueron establecidos sin consulta a los pueblos indígenas, sembrando
conflictividad desde su origen.
En el tramo final del programa, los invitados
coincidieron en que este debate cobra especial relevancia en un contexto preelectoral.
Barclay alertó sobre los intentos de debilitar el sistema de evaluación
ambiental y el rol del SENACE, lo que pondría en riesgo la calidad de los
estudios de impacto ambiental. Pérez enfatizó la necesidad de avanzar hacia el
derecho al consentimiento, más allá de la consulta previa, y de reconocer
plenamente a los pueblos indígenas en los censos y en las decisiones del
Estado. Pinzás, finalmente, planteó que el país debería discutir seriamente qué
modelo de desarrollo quiere para la Amazonía, apostando por una economía del
bosque en pie, energías renovables y alternativas que valoren la enorme riqueza
ecológica y cultural de Loreto, en lugar de insistir en un modelo petrolero que
ha dejado más deudas que beneficios. https://cooperaccion.org.pe/
SEDA Ayacucho advierte que colapso del alcantarillado se agrava por mal uso de desagües en temporada de lluvias
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ayacucho registra un incremento de colapsos durante la actual temporada de lluvias, una situación que se ve agravada por el uso inadecuado de los desagües domiciliarios y comerciales. Así lo informó SEDA Ayacucho, al alertar sobre la creciente presión que soportan las redes de saneamiento en distintos sectores de la ciudad.
Especialistas de la empresa
prestadora del servicio señalaron que las precipitaciones intensas elevan
considerablemente el caudal que circula por las tuberías, especialmente en
zonas bajas, donde la pendiente natural de las calles favorece la acumulación
de aguas residuales. A este escenario se suma la conexión indebida del agua de
lluvia al sistema de desagüe, una práctica que sobrecarga infraestructuras
diseñadas únicamente para evacuar aguas servidas.
Durante los días de lluvia, SEDA
Ayacucho registra en promedio alrededor de 20 atoros diarios, cifra que puede
incrementarse cuando las precipitaciones son más intensas o prolongadas. La
presión generada por el exceso de agua provoca, en algunos casos, el
levantamiento de tapas de buzones y aniegos en la vía pública, con afectación
directa a viviendas y comercios cercanos.
Las labores de mantenimiento permiten
identificar una gran cantidad de residuos sólidos dentro del alcantarillado.
Bolsas plásticas, restos de alimentos, materiales de construcción, utensilios,
calzado y desechos orgánicos son retirados con frecuencia de las tuberías,
evidenciando un uso incorrecto del sistema. Esta situación se presenta tanto en
domicilios como en mercados, restaurantes, pollerías, camales y granjas, donde
también se detecta el vertido de grasas, aceites, vísceras y otros residuos.
De acuerdo con los
especialistas, estos desechos reducen progresivamente la capacidad de
conducción de las tuberías. En el caso de las grasas y aceites, su acumulación
se adhiere a las paredes internas de las redes colectoras, disminuyendo el
diámetro útil y favoreciendo la aparición de atoros recurrentes en determinadas
zonas.
El crecimiento urbano y
poblacional también influye en la problemática. La expansión de la ciudad hacia
áreas periurbanas y el aumento de habitantes en viviendas que ahora albergan a
más familias incrementan la demanda sobre una infraestructura que fue diseñada
hace varias décadas y que, en muchos tramos, se acerca al final de su vida
útil.
Cuando se produce un colapso, el
impacto alcanza en promedio a entre 10 y 20 usuarios por evento, aunque en
sectores bajos la afectación puede ser mayor. En viviendas con sótanos, por
ejemplo, se han reportado retornos de aguas residuales, lo que obliga a
realizar labores de bombeo, limpieza, desinfección y, en algunos casos, la
eliminación de material contaminado.
SEDA Ayacucho indicó que la
renovación integral de las redes de alcantarillado requiere inversiones de gran
envergadura y financiamiento estatal, ya que los recursos propios del servicio
se destinan principalmente a la operación, mantenimiento y ejecución de obras
puntuales.
En este contexto, la entidad
reiteró que el alcantarillado no es un sistema para la disposición de residuos
sólidos ni de aguas pluviales, sino una infraestructura sanitaria cuyo correcto
funcionamiento depende tanto de la capacidad instalada como del uso responsable
por parte de la población. https://jornada.com.pe/
Obra de agua y alcantarillado en la avenida Grau se retrasa y ahora culminaría en mayo
La obra de mejoramiento de las
redes de agua potable y alcantarillado que se ejecuta en la avenida Grau no
concluirá en febrero, como estaba previsto inicialmente, y ahora tiene como
nueva fecha de término el mes de mayo. El retraso estaría vinculado a problemas
de coordinación con los trabajos paralelos de pistas y veredas que se
desarrollan en la misma vía.
De acuerdo con información
oficial recogida por Diario Correo, el Gobierno Regional formalizó una segunda
ampliación de plazo. Esta vez, estableció que la renovación de las redes de
saneamiento finalizaría el 26 de mayo del presente año. Dicha modificación
implica una demora acumulada de aproximadamente 100 días respecto al cronograma
original. La ejecución del proyecto está a cargo de la empresa Minconser S.A.C.
Dependencia de trabajos previos
generó paralización
El proyecto de saneamiento, cuya
inversión supera los 12.6 millones de soles, dependía directamente de
actividades que debía realizar otro contratista. En específico, la colocación
de las nuevas redes requería la demolición previa de la carpeta asfáltica y del
pavimento rígido existente en la avenida Grau.
Sin embargo,
estas labores correspondían al proyecto de movilidad urbana que ejecuta la
empresa Dieguito S.A.C., situación que generó la paralización del frente de
saneamiento ante la falta de avances en dichas tareas preliminares.
Obra vial
también enfrenta cuestionamientos
Mientras el
proyecto de agua y alcantarillado permanecía detenido, la obra denominada
“Mejoramiento del servicio de movilidad urbana”, valorizada en más de 41.5
millones de soles, también viene siendo observada por diversos cuestionamientos
relacionados con su ejecución.
Este escenario
evidencia la falta de articulación entre ambos proyectos. Ello, ha derivado en
retrasos significativos y afectaciones al tránsito y a los vecinos de una de
las principales arterias viales de la ciudad de Piura. https://walac.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”