Jueves, 7 de mayo de 2026 – Año XXI – Edición 4956
Distrito de la región Huánuco exige agua y saneamiento tras años de olvido del Estado
El distrito de Puños, ubicado en la provincia de Huamalíes,
región Huánuco, atraviesa una grave situación por la falta de agua potable y
saneamiento básico, problemática que afecta tanto a la capital distrital como a
sus centros poblados, pese a su importante actividad agrícola y ganadera.
Desde 2024, el proyecto de agua potable y saneamiento para
las localidades de Santa Rosa y Huamachacra, con Código Único No 2285096,
cuenta con aprobación y registro en el Banco de Inversiones. Sin embargo, la
falta de presupuesto mantiene paralizada su ejecución, pone en riesgo la
inversión ya realizada y agrava las condiciones de salud y calidad de vida de
la población.
Según informó la municipalidad distrital de Puños, durante
el año 2024 se asignó parte del presupuesto y se ejecutaron los trabajos
previstos, a la espera de la transferencia complementaria comprometida para el
2025. No obstante, pese al cumplimiento de los requisitos técnicos y
administrativos, hasta la fecha el Gobierno no realiza la transferencia
correspondiente.
La comuna advirtió que esta situación viene generando
conflictos con la empresa ejecutora y podría ocasionar demandas, paralización
definitiva de obras y un incremento de costos que afectaría directamente a la
población beneficiaria.
La capital distrital también espera desde hace años el
financiamiento del proyecto de agua potable y disposición de excretas, con
Código Único N.º 2289644, registrado desde el 17 de agosto de 2015 en el
Sistema de Inversión Pública.
La población consume agua con altos niveles de turbiedad y
enfrenta deficiencias en la captación, tratamiento y desinfección, situación
que incrementa el riesgo de enfermedades diarreicas, parasitosis e infecciones
gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas
vulnerables.
Asimismo, la municipalidad alertó que la falta de
transferencia presupuestal viene provocando deterioro en las obras ejecutadas y
creciente malestar social en la población, pese a los reiterados reclamos
realizados ante el Ministerio de Economía y otras instancias del Gobierno
Central.
El alcalde distrital, José Caqui Acosta, asegura haber
agotado gestiones ante congresistas, ministros y mesas de trabajo regionales y
nacionales, sin que hasta ahora se concrete el financiamiento de los proyectos;
por ello, la Municipalidad Distrital de Puños demanda al Gobierno Central
priorizar el cierre de brechas en salud, agua y saneamiento, y atender de
manera urgente a una población que lleva años esperando servicios básicos.
Finalmente, la autoridad edil de Puños advirtió que el distrito no puede seguir esperando, pues el acceso al agua potable y al saneamiento básico constituye un derecho fundamental de la población. https://diariouno.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
El Colegio Médico de Piura advierte riesgo de brotes tras colapso de desagües en Paita
El colapso de desagües registrado en la provincia de Paita
ha encendido una alerta sanitaria por el riesgo de brotes de enfermedades en la
población afectada. El decano del Colegio Médico de Piura, Jorge Espinosa
Cuadros, advirtió que la exposición a aguas residuales contaminadas podría
generar infecciones gastrointestinales, afecciones cutáneas y problemas
respiratorios en los próximos días.
Según precisó, el impacto no se limita al contacto directo
con las aguas servidas. La contaminación ambiental derivada, incluyendo olores
y partículas en el aire, puede desencadenar cuadros alérgicos, crisis asmáticas
y enfermedades respiratorias, especialmente en niños y personas vulnerables.
El especialista explicó que las aguas residuales contienen
bacterias, virus y parásitos que pueden ingresar al organismo principalmente
por vía oral, provocando síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. Además,
advirtió que el contacto con estas aguas puede causar infecciones en la piel,
mientras que la presencia de roedores eleva el riesgo de enfermedades como la
leptospirosis.
“Los efectos pueden aparecer de forma inmediata, pero
también días después del evento, incluso entre tres y siete días”, señaló. En
ese sentido, no descartó un incremento de casos asociados a estas enfermedades
en la provincia.
La situación se agrava por la limitada disponibilidad de
agua potable en la zona, lo que dificulta la aplicación de medidas básicas de
prevención como el lavado de manos. En Piura, solo una minoría de la población
cuenta con servicio continuo, lo que reduce la capacidad de respuesta sanitaria
frente a este tipo de emergencias.
Frente a este escenario, el Colegio Médico instó a las
autoridades a asumir responsabilidades en la supervisión de obras de
infraestructura y a garantizar intervenciones efectivas para contener la
emergencia. Asimismo, exhortó a la población a evitar el contacto con aguas contaminadas
y reforzar prácticas de higiene dentro de sus posibilidades.
El caso ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad
sanitaria en ciudades con sistemas de saneamiento deficientes, donde eventos
como este no solo generan pérdidas materiales, sino que pueden escalar
rápidamente a crisis de salud pública. https://andina.pe/
Arequipa: Sedapar no entregó agua gratuita y devolvió S/6 millones al Ministerio de Vivienda
La Contraloría informó que la
empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar S.A.) no
ejecutó la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna
dirigida a población vulnerable, lo que ocasionó la devolución de más de S/6
millones al Estado.
Según el Informe de Acción de
Oficio Posterior n.º 013-2026-2-0263-AOP, la empresa incumplió compromisos
asumidos en un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el cual tenía como objetivo financiar el abastecimiento de agua
potable en zonas urbanas vulnerables de Arequipa.
No obstante, la Contraloría
detectó que la gerencia de Operaciones de Sedapar no realizó acciones clave
para ejecutar el convenio, como el seguimiento del proyecto, la presentación
del plan de trabajo y la información técnica-financiera requerida, pese a
reiterados requerimientos del PNSU.
Debido a esta acción, el 18 de
diciembre de 2025 la empresa comunicó la decisión de devolver los recursos.
Posteriormente, el 23 de enero de 2026, se confirmó la restitución total de S/
6 147 211, sin que se haya ejecutado ninguna de las actividades previstas
durante el año fiscal 2025.
El informe también advierte que
funcionarios de la Gerencia de Operaciones, jefatura del Departamento de
Logística, así como el auxiliar de servicios y el especialista de
contrataciones y compras de Sedapar tenían conocimiento de los recursos
transferidos; sin embargo, no adoptaron medidas para cumplir el objetivo del
convenio.
Asimismo, el documento fue remitido al directorio de Sedapar para que adopte acciones correctivas y determine las responsabilidades correspondientes. https://diariocorreo.pe/
Perú: 161 defensores ambientales vivieron situaciones de peligro en 2025 mientras protegían sus territorios de actividades ilegales
En el Perú, defender un bosque,
denunciar la contaminación, acompañar a víctimas o exigir justicia sigue siendo
una actividad de alto riesgo. El informe El estado de los derechos humanos en
Perú y el mundo 2025/2026, de Amnistía Internacional, advierte que la defensa
del territorio, la tierra y el ambiente se mantuvo como una labor peligrosa e
incluso letal durante el último año.
Los asesinatos de los defensores
ambientales Hipólito Quispe Huamán Conde e Isai Shuk Shawit, ocurridos en julio
y noviembre de 2025, evidencian la gravedad del contexto que enfrentan quienes
protegen sus territorios. Ambos casos reflejan un escenario marcado por la
presión de actividades ilegales como la minería y la tala, así como por la
presencia del narcotráfico y conflictos locales que incrementan los riesgos.
Sus muertes son parte de un
patrón de violencia que se repite en distintas regiones del país. Las amenazas,
la falta de medidas de protección efectivas y la limitada presencia del Estado
dejan a las comunidades y líderes en situación de vulnerabilidad. En este
contexto, defender el ambiente implica, en muchos casos, poner en riesgo la
propia vida.
Defender el ambiente en medio de
amenazas
Según el informe, el Ministerio
de Justicia registró que al menos 161 defensores del medio ambiente y personas
indígenas vivieron situaciones de peligro durante 2025. Detrás de cada caso hay
comunidades, liderazgos locales y personas que asumen la defensa de sus
territorios en condiciones de vulnerabilidad, muchas veces sin una respuesta
rápida ni preventiva de las autoridades.
Amnistía Internacional señala
que la persistencia de estas amenazas expone las deficiencias en la
implementación de los mecanismos de protección y en la adopción de medidas
preventivas eficaces por parte del Estado. En términos simples, no basta con
tener reglas, el problema es que no se actúa a tiempo. Falta prevenir,
responder rápido y evitar que las amenazas escalen hasta agresiones,
desplazamientos o incluso asesinatos.
El informe también advierte un
retroceso institucional. El Congreso eliminó la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología de la estructura
organizativa de la Cámara de Diputados y el Senado. Para Amnistía
Internacional, esta decisión suprimió un espacio técnico e intercultural clave
para abordar los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y
buscar medidas frente a esta violencia.
Acoso digital
A este escenario
se suma el acoso digital. El documento recoge el caso de la defensora Jennie
Dador Tozzini, quien fue víctima de una imagen manipulada con inteligencia
artificial en la que se alteró su retrato para mostrar su rostro cubierto de
sangre. La publicación también incluía mensajes contra las ONG, acusándolas de
irregularidades financieras y de fomentar protestas violentas.
Frente a este
caso, el Consejo de Supervisión de Meta reconoció por primera vez en la región
la importancia de considerar el contexto en el que ocurren los ataques
digitales, especialmente cuando pueden derivar en violencia física o incitación
a la violencia. También ordenó retirar la imagen manipulada. Para Amnistía
Internacional, el caso deja tres lecciones: el contexto importa, la inacción no
es neutral y la supervisión independiente, respaldada por la sociedad civil,
puede impulsar cambios.
Un espacio
cívico cada vez más restringido
El informe ubica
estos riesgos dentro de un contexto más amplio de debilitamiento del espacio
cívico. Amnistía Internacional advierte que en 2025 se aprobaron reformas que
incrementan el control sobre organizaciones de la sociedad civil, como la
modificación del marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional. Esta norma amplía las facultades de supervisión estatal sobre
organizaciones, en especial aquellas dedicadas a la defensa de derechos
humanos.
El impacto
también alcanza a las víctimas que buscan justicia. La enmienda a la
legislación de la APCI tipifica como infracción grave el uso de fondos
internacionales para asesorar, asistir o financiar acciones administrativas,
judiciales o de otro tipo contra el Estado, tanto en instancias nacionales como
internacionales. Según el informe, esta disposición pone en riesgo el acceso a
la justicia de víctimas del uso excesivo de la fuerza durante las protestas de
diciembre de 2022 a marzo de 2023.
Amnistía
Internacional recuerda que esos procesos fueron impulsados principalmente por
organizaciones de la sociedad civil, que podrían enfrentar multas de más de 700
000 dólares si continúan con esas acciones. En paralelo, el documento advierte
que, a más de tres años de las protestas, las víctimas siguen sin acceso
efectivo a justicia y reparación: 50 personas murieron, entre ellas ocho
menores de edad, y al menos 1400 resultaron heridas producto de la represión
estatal.
El informe
también muestra otros frentes de preocupación. En 2025, cuatro periodistas
fueron asesinados en Perú y la Asociación Nacional de Periodistas registró 458
ataques a la prensa. Además, el Ministerio de la Mujer reportó 135
feminicidios, 30 029 casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y 12 044
mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.
Todos estos
datos forman parte de un mismo escenario de deterioro de derechos, donde la
violencia, la impunidad y el debilitamiento institucional afectan con mayor
fuerza a quienes denuncian, defienden y exigen protección. https://inforegion.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”