Miércoles, 22 de julio de 2026 – Año XXI – Edición 5009
EPS Grau benefició a único contratista y perdió más de S/ 174 mil durante crisis del agua en Piura
Una auditoría de Contraloría detectó que funcionarios de EPS Grau aprobaron ampliaciones de plazo irregulares en la reparación de tres pozos de agua potable durante la emergencia por déficit hídrico. Las decisiones impidieron aplicar penalidades al contratista Bettla Ingenieros E.I.R.L., ocasionando un perjuicio económico de S/ 174,894.06. El caso ya fue derivado a las procuradurías para evaluar acciones civiles y penales contra los presuntos responsables.
Un nuevo escándalo de presunta corrupción y negligencia administrativa
sacude a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Grau S.A. tras
la publicación del Informe de Auditoría N° 013-2026-2-3470-AC de la Contraloría
General de la República. La auditoría de cumplimiento ha detectado graves
irregularidades en tres contrataciones directas efectuadas para la reparación
de pozos de agua potable en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre,
las cuales han generado un perjuicio económico de S/ 174,894.06 para la
entidad.
El informe detalla que, bajo el amparo de una situación de
emergencia por déficit hídrico declarada a finales de 2024, la entidad contrató
de manera directa al proveedor Bettla Ingenieros E.I.R.L. para intervenir los
pozos Cortijo, La Planicie y Monteverde. Sin embargo, lo que debió ser una
respuesta rápida y eficiente ante la crisis, se convirtió en un proceso plagado
de beneficios indebidos para el contratista, quien incumplió sistemáticamente
los plazos pactados sin recibir las sanciones correspondientes.
Los hallazgos e irregularidades
Uno de los hallazgos más alarmantes es la manipulación de
los Términos de Referencia (TDR) durante la etapa de selección. Según el ente
de control, funcionarios de EPS Grau adecuaron los requisitos técnicos a la
propuesta de Bettla Ingenieros, permitiendo incluso que el proveedor redujera
su plazo ofertado de 125 a solo 60 días para asegurar la contratación directa,
a pesar de que originalmente no cumplía con la inmediatez requerida por la
emergencia.
La Contraloría advirtió que esta celeridad inicial fue solo
una fachada. Una vez firmados los contratos, el proveedor solicitó ampliaciones
de plazo que sumaron 41 días calendario para el pozo Cortijo, 40 días para La
Planicie y 51 días para el pozo Monteverde. Estas demoras afectaron directamente
la atención oportuna de la población que enfrentaba el peligro de
desabastecimiento de agua por el déficit hídrico en la región.
Las justificaciones presentadas por la empresa para estas
prórrogas se basaron en una supuesta «escasez de componentes a nivel mundial».
No obstante, la auditoría determinó que el contratista no presentó
documentación fehaciente que acreditara que estos retrasos fueran ajenos a su
responsabilidad, lo que invalidaba legalmente la concesión de más tiempo.
A pesar de que la Gerencia General de EPS Grau denegó
inicialmente las solicitudes de ampliación por carecer de sustento, otros altos
funcionarios maniobraron para revertir esta decisión. El informe señala
directamente al Gerente de Operaciones y Mantenimiento, así como a responsables
del área legal, por emitir memorandos que recomendaban reconsiderar los plazos,
contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado que no contempla
figuras de «reconsideración» en estos casos.
El impacto financiero de estas decisiones fue devastador.
Al aprobarse ampliaciones de plazo irregulares, la entidad se vio impedida de
aplicar la penalidad máxima por mora al contratista. El perjuicio se desglosa
en S/ 54,383.41 por el pozo Cortijo, S/ 43,861.03 por La Planicie y S/
76,649.62 por Monteverde, sumando el total de S/ 174,894.06 que la EPS Grau
dejó de percibir por la inacción de sus funcionarios.
¿Y los controles internos?
La auditoría también puso al descubierto una preocupante
deficiencia en el control interno de la empresa municipal. Se constató que EPS
Grau no cuenta con lineamientos internos que regulen las responsabilidades de
los funcionarios que participan en la resolución de ampliaciones de plazo, lo
que genera un riesgo permanente de inobservancia de la ley.
Asimismo, se detectaron irregularidades en el registro de
las inversiones ante el sistema Invierte.pe. La entidad tipificó estas
reparaciones como inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición
y rehabilitación (IOARR) por emergencia, pero lo hizo inobservando los
criterios técnicos exigidos, lo que afecta la transparencia y eficiencia de la
gestión pública.
En el caso específico del pozo Cortijo, cuya estación de
bombeo tiene 53 años de antigüedad, la emergencia era real, pero la gestión fue
deficiente. La Contraloría resalta que el equipo de bombeo ya había cumplido su
vida útil y presentaba vibraciones peligrosas, lo que exigía una intervención técnica
impecable que no se vio reflejada en la ejecución contractual con Bettla
Ingenieros.
Similar situación se vivió en el pozo La Planicie, donde el
rendimiento de agua se había reducido drásticamente de 45 a 38 litros por
segundo. A pesar de la urgencia de recuperar el caudal para la población de
Veintiséis de Octubre, los funcionarios permitieron que el contratista
extendiera los trabajos más allá de lo legalmente permisible, priorizando el
beneficio del proveedor sobre el servicio público.
En cuanto al pozo Monteverde, la situación operativa era
crítica al punto de que el equipo instalado era prestado por otra inmobiliaria.
El informe subraya que, aunque se aprobó un presupuesto de inversión de S/
895,459.72 para su rehabilitación, la gestión de los plazos fue igualmente
irregular, resultando en la mayor penalidad inaplicada de los tres pozos
analizados.
¿Quiénes son los responsables?
El ente auditor ha identificado responsabilidad en diversos
funcionarios claves de la institución. Entre los señalados se encuentran
Eduardo Vásquez Figueroa, gerente de Operaciones y Mantenimiento; Giovanni
Milla Risco, gerente de Asesoría Jurídica; la abogada Carla Rázuri Santur; y
Judith Oquelis Cabredo, jefa del Departamento de Logística, quienes habrían
actuado al margen de sus deberes funcionales establecidos en el Manual de
Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
La Contraloría ha calificado estas acciones como
transgresiones directas a la Ley de Contrataciones del Estado y sus principios
de eficacia y eficiencia. El informe recalca que las decisiones tomadas por los
funcionarios no buscaron maximizar el valor de los recursos públicos, sino que
facilitaron el incumplimiento contractual del proveedor.
Ante estos hallazgos, el órgano de control ha recomendado
al Titular de EPS Grau S.A. iniciar de inmediato las acciones para el deslinde
de responsabilidades administrativas de los funcionarios comprendidos en los
hechos. La impunidad con la que se manejaron los fondos destinados a mitigar la
crisis hídrica ha puesto en tela de juicio la capacidad de gestión de la actual
administración.
Pero las sanciones no se quedarían solo en el ámbito
administrativo. La Contraloría ha derivado el informe a la Procuraduría Pública
para que se inicien las acciones civiles correspondientes con el fin de
recuperar el dinero perdido. Además, se ha solicitado a la Procuraduría
Especializada en Delitos de Corrupción que evalúe el inicio de acciones penales
contra quienes resulten responsables por estos hechos.
Este informe pone en evidencia una red de decisiones que,
lejos de proteger el acceso al agua de los piuranos, pareció diseñada para
favorecer a un único postor. Bettla Ingenieros E.I.R.L. se adjudicó los tres
contratos a pesar de que inicialmente sus propuestas no se ajustaban a los
tiempos de inmediatez requeridos por la ley de contrataciones para situaciones
de emergencia.
La noticia ha generado indignación en la sociedad civil de
Piura, especialmente en los sectores de Castilla y Veintiséis de Octubre,
quienes durante meses sufrieron restricciones en el servicio mientras los
documentos de ampliación de plazo circulaban irregularmente por las oficinas de
EPS Grau.
Mientras la entidad prestadora de servicios intenta justificar su accionar, los números son claros: más de 174 mil soles en penalidades perdidas y tres pozos cuya reparación se extendió mucho más allá de lo prometido en plena crisis. La población ahora exige una reestructuración profunda de las áreas de logística y operaciones para evitar que el agua de Piura siga siendo objeto de manejos cuestionables. https://nortesostenible.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Dirigentes de Juliaca convocan a reunión de emergencia por posible riesgo financiero en la cuarta etapa del Proyecto Integral de Agua y Desagüe
Los dirigentes de agua y desagüe de Juliaca convocaron a
una reunión de emergencia para este miércoles a las 5:00 de la tarde, con el
objetivo de evaluar los avances y la situación financiera del Proyecto Integral
de Agua y Desagüe, Drenaje y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de
Barrios, manifestó su preocupación por la continuidad de la cuarta etapa del
proyecto, debido a que, según indicó, no estaría garantizada la contrapartida
del Estado peruano de 150 millones de dólares, correspondiente al
financiamiento complementario del préstamo de 350 millones de dólares otorgado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo, señaló que circulan versiones extraoficiales
sobre la posible salida de dos empresas que participan en el proceso de
licitación, situación que, de confirmarse, podría afectar la continuidad del
proyecto. En ese sentido, exigió al Ministerio de Vivienda y al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano brindar información oficial y transparente sobre
el estado de la convocatoria.
La reunión se desarrollará en el local de la Casa del
Periodista o, de ser necesario, en un lugar alterno que será comunicado
oportunamente. Han sido convocados los presidentes de urbanizaciones, los
comités de agua y desagüe de Juliaca y San Miguel, así como los integrantes de
los comités de monitoreo de proyectos especiales.
Por su parte, Matías Tacusi Herrera, presidente del comité de agua y desagüe del sector de la salida a Puno, denunció que, pese a haber presentado un memorial y una solicitud de acceso a la información pública, hasta el momento no han recibido una respuesta oficial, a pesar de que el plazo legal para su atención ya habría vencido. https://radioondaazul.com/
Piura: Vecinos de la urbanización Bello Horizonte reclaman por agua
Un grupo de vecinos de la
urbanización Bello Horizonte, 21 de agosto, Bancarios y otros sectores
reclamaron por la deficiencia en el abastecimiento de agua potable para los
cientos de familias.
Culparon a la Empresa Prestadora
de Servicios (EPS Grau) de este problema que lleva años en esta situación y
desde hace unos días empeoró ya que no les llega el recurso hídrico.
Los manifestantes informaron que
pese a que la empresa conoce que no cuentan con el recurso hídrico y el
problema es a diario, los recibos llegan puntuales por lo que se ven obligados
a cancelar.
Cabe indicar que
estas familias dependen del abastecimiento por cisternas, lo cual no es
suficientes y tienen que comprar el líquido elemento generando un gasto
adicional al recibo.
Las madres de
familia señalaron que a diario pueden comprar hasta 15 soles de agua, lo cual
calificaron de injusto. Anunciaron medidas más radicales si no se repone el
servicio.
Vecinos del barrio Pampilla exigen mayor presión del servicio de agua potable
Los vecinos del barrio Pampilla
de la ciudad de Puno, advirtieron que el servicio de agua potable que brinda la
empresa Emsa Puno, no estaría llegando con la presión suficiente, lo que
dificulta el abastecimiento en varios sectores.
Uno de los ciudadanos, Rómulo
Mamani Parillo, indicó que este problema se arrastra desde el último sábado, lo
que ha perjudicado a los jirones Vilavila, Ferrocarril, Nueva Florida,
Progreso, incluso parte de la avenida Costanera en la parte baja.
“Tenemos agua, pero solo llena
la primera planta, los que tienen dos pisos ya no tienen acceso por la presión
y tienen que estar jalando en baldes, lo que perjudica a varios vecinos”,
explicó.
Precisó que este
problema se presentó el último sábado y pese a los llamados hechos, no han
obtenido respuesta, incluso en algunos sectores el servicio de agua potable ya
no llega.
“Sospechamos que
los encargados quizá no están cumpliendo efectivamente su labor”, agregó, al
tiempo de demandar la urgente intervención de los representantes de Emsa Puno
para atender este problema.
A ello se suma
otro problema referido al recojo de residuos sólidos, falta de seguridad y
demás, por lo que los vecinos también pidieron la intervención de las
autoridades locales. https://pachamamaradio.org/
“Defender el Agua es Defender la Vida”