Lunes, 6 de julio de 2026 – Año XXI – Edición 4997
MVCS lanza proyecto de lineamiento
para fusión de empresas públicas de agua y saneamiento
Propuesta busca establecer criterios técnicos y operativos para los procesos de integración entre EPS. .
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) dispuso la publicación del proyecto de resolución ministerial que
aprueba los “Lineamientos para la Fusión entre Empresas Prestadoras de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas (EPS)”, con el fin de recibir
aportes y opiniones de la ciudadanía antes de su aprobación definitiva.
La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial
N.° 249-2026-VIVIENDA, señala que la propuesta, elaborada por el Organismo
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), desarrolla
las disposiciones técnicas y operativas que orientarán la implementación de los
procesos de fusión entre empresas prestadoras públicas de estos servicios.
De acuerdo con la normativa vigente, la integración de
empresas prestadoras mediante fusión constituye una de las modalidades
previstas para alcanzar una mayor eficiencia empresarial en la prestación de
los servicios de agua potable y saneamiento, pudiendo realizarse a nivel
provincial, interprovincial, departamental o macrorregional.
El proyecto de resolución ministerial y el texto de los
lineamientos serán publicados en la sede digital del MVCS, donde permanecerán
en consulta pública por un plazo de 15 días calendario, contados desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, para recibir
comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía.
La recepción, sistematización y evaluación de las observaciones estará a cargo de la Dirección de Saneamiento del ministerio. Los interesados podrán remitir sus aportes mediante el correo institucional habilitado para la consulta o a través de la Mesa de Partes, tanto presencial como virtual, del sector Vivienda. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
EMAPA San Martín apelará multa de SUNAFIL y sostiene que existe imposibilidad jurídica para cumplir orden
El gerente general de EMAPA San Martín, César Espinoza
Tapia, anunció que la empresa apelará la multa superior a S/ 300 mil impuesta
por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, al considerar que
existe una “imposibilidad jurídica” para cumplir con la incorporación de
trabajadores ordenada por la autoridad laboral.
Espinoza afirmó que en la empresa no se han producido
despidos arbitrarios y explicó que los casos observados por SUNAFIL
corresponden a personas contratadas mediante órdenes de servicio para realizar
labores específicas.
El funcionario sostuvo que, al tratarse de una empresa estatal, el ingreso de personal solo puede realizarse mediante concurso público o por mandato del Poder Judicial con sentencia firme. Por ese motivo, señaló que el área legal de EMAPA ya presentó los recursos de apelación para dejar sin efecto la sanción. https://viatelevision.pe/
Piden defensa conjunta de Yanapuquio tras postura de gobernadora de Moquegua
Las declaraciones de la
gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, respecto a que la represa de
Yanapuquio no iría, continúan generando cuestionamientos.
El exgerente regional de
Agricultura, Ing. José Ignacio Paredes Sánchez, expresó su preocupación por esa
posición y sostuvo que una decisión de ese tipo no puede desconocer las
necesidades hídricas de la provincia de Islay.
El exregidor provincial de
Islay, indicó, además, que son más de 12 mil hectáreas agrícolas las que
esperan una solución desde hace varias décadas. “Cómo una autoridad de gobierno
regional (…) puede manifestar que no va la represa de Yanapuquio, cuando aquí
hay una población que está esperando esto durante más de 40 años”, cuestionó.
CANTIDAD Y CALIDAD
Paredes señaló que el problema
en el Valle de Tambo no solo está relacionado con la cantidad del recurso, sino
también con su calidad. Advirtió que la falta de una alternativa definitiva
afecta tanto al consumo humano como a la actividad agrícola, generando incluso
tensiones entre vecinos, agricultores y familias.
PROBLEMAS LIMÍTROFES
La exautoridad también vinculó
este tema con el reciente conflicto entre Tacna y Moquegua, donde comunidades
tacneñas habrían cerrado el canal que conduce agua para uso poblacional de Ilo.
Consideró que el hecho debe
llamar a la reflexión, al señalar que una medida de ese tipo representa un
riesgo para los habitantes del puerto. “Con el agua no se puede jugar, porque
se estaría jugando con la salud de las personas”, manifestó.
Para Paredes, lo ocurrido expone
una contradicción: mientras Moquegua reclama por el corte hacia Ilo, desde
Islay se percibe que esa región mantiene una postura contraria a una obra que
podría beneficiar al Valle de Tambo.
¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES?
Asimismo, cuestionó la falta de un pronunciamiento firme de las autoridades de Islay frente a lo dicho sobre Yanapuquio. “¿Dónde están las autoridades de la provincia de Islay?”, se preguntó, al considerar que el tema exige una posición conjunta. https://prensaregional.pe/
Comunidades afectadas por derrame de petróleo en el río Amazonas exigen una respuesta efectiva del Estado y medidas urgentes para atender la emergencia
Tras el bloqueo del río Amazonas
anunciado por las comunidades afectadas, se desarrolló una reunión de diálogo
entre representantes de 22 comunidades, autoridades de diversas entidades del
Estado y la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo, como
parte del seguimiento a la atención de la emergencia ambiental ocasionada por
el derrame de petróleo ocurrido el pasado 10 de abril.
Como se recuerda, el derrame se
produjo tras el encallamiento y la colisión de un convoy fluvial que
transportaba hidrocarburos desde el Lote 95, lo que ocasionó el vertimiento de
aproximadamente 285 barriles de petróleo en el río Amazonas, afectando el tramo
comprendido entre la comunidad nativa de Capironal y la quebrada Yanashi.
Durante la reunión,
representantes de las comunidades, encabezados por la comunidad de Yanashi,
expresaron su preocupación por la demora en la atención de la emergencia y
exigieron la adopción de medidas concretas y oportunas para remediar los daños
ocasionados, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por las
entidades competentes y la empresa responsable.
Ante la falta de una atención
integral y de resultados concretos, las comunidades informaron el inicio de una
medida de fuerza consistente en el bloqueo del río Amazonas, con el propósito
de exigir el cumplimiento de las acciones de remediación ambiental y de
reparación de los daños generados por el derrame.
En este espacio, la Defensoría
del Pueblo informó sobre el avance de la investigación defensorial relacionada
con la autorización de zarpe otorgada a una embarcación de bandera brasileña
involucrada en el incidente. De acuerdo con la supervisión realizada, dicha
embarcación no contaba con el registro habilitante para el transporte de hidrocarburos
y posteriormente abandonó el territorio nacional.
Asimismo, se informó que la
autorización fue emitida por la Autoridad Portuaria Nacional en atención a una
solicitud formulada por la Capitanía de Puerto de Iquitos, situación que viene
siendo evaluada por la Defensoría del Pueblo para determinar las
responsabilidades que correspondan, en el marco de sus competencias de
supervisión de la actuación de la administración pública.
En la reunión participaron
representantes de la Prefectura Regional de Loreto, el Ministerio Público, el
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional
de Loreto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la
Policía Nacional del Perú.
La Defensoría del Pueblo exhortó
a las entidades competentes a garantizar de manera inmediata el
aprovisionamiento de agua potable para el consumo de las comunidades afectadas,
debido a que el derrame de petróleo comprometió diversas fuentes de agua y afectó
su seguridad alimentaria. Asimismo, demandó la adopción de medidas urgentes e
integrales para proteger la salud y los derechos de la población mientras se
ejecutan las acciones de remediación ambiental.
Finalmente, la Oficina
Defensorial de Loreto reafirmó su compromiso de continuar supervisando el
cumplimiento de las obligaciones de las entidades competentes frente a esta
emergencia ambiental, así como el desarrollo de la investigación defensorial
sobre la autorización de zarpe de la embarcación involucrada. Asimismo, exhortó
a las autoridades a brindar una respuesta articulada, oportuna y efectiva a las
demandas de las comunidades, privilegiando el diálogo como mecanismo para
alcanzar soluciones que garanticen la protección de los derechos de la población
y del ambiente. https://www.defensoria.gob.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”