HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 27 de abril de 2018 – Año XII – Edición 2962 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
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AMÉRICA
LATINA - Las Américas: Activistas en Perú y Paraguay criminalizados por
defender el medio ambiente. “Quienes alzan su voz con valentía para defender
sus tierras y el medio ambiente son atacados a menudo por su labor. Estos
ataques tienen un impacto devastador en su bienestar físico, mental y
emocional, así como en el de sus familias y comunidades”, Erika Guevara Rosas,
Directora para las Américas de Amnistía Internacional
·
PERÚ
– Trujillo. Pobladores en marcha exigen a alcalde culminar obra de agua y
desagüe
·
PERÚ
– En Sihuas reclaman a minera que cumpla con el apoyo social que les prometió
·
PERÚ
– Marisa Glave reporta contaminación de ríos con pasivos ambientales en
Cajamarca
· CHILE y Pueblos Indígenas marchan en defensa del Agua y contra el
extractivismo en los territorios
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Las Américas: Activistas en Perú y
Paraguay criminalizados por defender el medio ambiente
“Quienes
alzan su voz con valentía para defender sus tierras y el medio ambiente son
atacados a menudo por su labor. Estos ataques tienen un impacto devastador en
su bienestar físico, mental y emocional, así como en el de sus familias y
comunidades”, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía
Internacional
https://www.amnesty.org
– Las autoridades de Perú y Paraguay
están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos
penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los
derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar
cuestiones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo
informe publicado hoy.
“Quienes alzan su voz con valentía para defender sus
tierras y el medio ambiente son atacados a menudo por su labor. Estos ataques
tienen un impacto devastador en su bienestar físico, mental y emocional, así
como en el de sus familias y comunidades”, dice Erika Guevara Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de Perú y Paraguay deben dejar
inmediatamente de usar indebidamente sus sistemas de justicia penal para
perseguir a personas defensoras de los derechos humanos, obstruir su labor y
asustarlas para que guarden silencio. En lugar de criminalizar a personas por
defender sus tierras y recursos naturales, ambos Estados deben tomar medidas
oportunas y eficaces para protegerlas”.
Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del
Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay documenta cómo las
autoridades utilizan el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación
para menoscabar y obstruir los esfuerzos comunitarios dirigidos a proteger sus
derechos a la tierra o sus recursos hídricos.
La mayoría de las amenazas y ataques que ha documentado
Amnistía Internacional en los últimos años contra las personas que defienden
los derechos humanos en las Américas se dirigieron contra comunidades u
organizaciones dedicadas a defender los derechos relacionados a la tierra,
territorio y el medioambiente.
El informe revela que las autoridades de Paraguay someten
a líderes de las comunidades a campañas difamatorias, desalojos forzosos y
procesos judiciales infundados para impedir que lleven a cabo pacíficamente su
trabajo por los derechos humanos y disuadir a otras personas de denunciar
injusticias. También documenta cómo las autoridades peruanas estigmatizan a las
personas defensoras de los derechos humanos, recurriendo incluso al uso de
fuerza excesiva e innecesaria en contra de quienes se manifiestan contra
proyectos de minería.
El informe destaca casos emblemáticos como el de Raúl
Marín, abogado de derechos humanos paraguayo que sufre a menudo acoso y
estigmatización debido a su trabajo. El 13 de enero de 2016, la policía lo
detuvo mientras prestaba asistencia letrada a personas desalojadas forzosamente
de la comunidad urbana de San Lorenzo. Tras permanecer detenido arbitrariamente
un mes, estuvo más de dos años bajo arresto domiciliario por presunta
“obstrucción a la justicia”.
Raúl, que también está acusado desde 2015 de dos delitos
de “invasión de inmueble ajeno”, ha denunciado varias trabas a su derecho a la
defensa adecuada, entre ellas la denegación de acceso a su expediente durante
meses. Tras examinar el caso que se sigue contra Raúl, Amnistía Internacional
no encontró ninguna prueba que respaldara los cargos contra él. A la
organización le preocupa que las autoridades paraguayas estén haciendo un uso
indebido de la ley para obstaculizar el trabajo de Raúl en favor de familias y
comunidades cuyos derechos humanos se están violando.
El informe documenta otro caso emblemático en Perú, donde
la policía detuvo el 26 de abril de 2013 a 16 dirigentes comunitarios que hacían
campaña para proteger sus tierras y recursos hídricos frente al proyecto minero
de Conga, en la región septentrional de Cajamarca. La fiscalía los acusó de
secuestro y coacción, y solicitó penas de más de 30 años de prisión.
Amnistía Internacional concluyó que los fiscales basaban
sus argumentos en testimonios contradictorios e indirectos, y que no
presentaron ninguna prueba de los presuntos delitos durante las vistas públicas
a las que asistió la organización. El 28 de marzo de 2017, un tribunal sobreseyó
la causa por falta de pruebas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Perú y
Paraguay que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de las personas
defensoras de los derechos humanos en temas relacionados al territorio, el
medio ambiente y el acceso a la tierra; que dejen de usar indebidamente el
sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos; que identifiquen y
sobresean todas las actuaciones penales infundadas contra ellos; y que
investiguen y pongan a disposición judicial a todos los responsables por
amenazarles y atacarles.
Además, ambos Estados deben incorporar consideraciones de
género y etnicidad en las políticas públicas para proteger a quienes defienden
los derechos humanos, y tomar medidas para combatir las causas estructurales de
la violencia contra estas personas, incluidas la impunidad, la estigmatización
y la discriminación.
HIDROREGIONES PERÚ
Pobladores en marcha exigen a alcalde culminar obra de
agua y desagüe
Una marcha en contra del
alcalde distrital de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, realizaron
pobladores del sector Víctor Raúl y otros sectores exigiendo la culminación del
proyecto de agua y alcantarillado.
El dirigente vecinal
Heraclio Marcelo encabezó a los vecinos hasta la Plaza de Armas de Trujillo, a
donde llegaron con una gran pancarta alusiva a sus reclamos.
“Este proyecto se viene
postergando desde el año 2008 y nos vemos afectados más de 40 mil personas de
los sectores Víctor Raúl, Villa Judicial, Villa Progreso, Nueva Esperanza, El
Huerto, Virgen del Socorro y Zona Cien. Los trabajos se han paralizado debido a
las observaciones legales que tiene, como por ejemplo, no contar con el
certificado de Estudio de Impacto Ambiental”, lamentó Marcelo.
Los vecinos culpan de
esta situación al alcalde Marcelo Jacinto y a sus funcionarios. La obra está
valorizada en 67 millones de soles. LA REPÚBLICA
En Sihuas reclaman a minera que
cumpla con el apoyo social que les prometió
Pobladores
de la comunidad ancashina Juan Velasco de Pasacancha señalan que en el año 2010
la compañía Minera Peñoles de Perú, promotora del proyecto Racaycocha, les
prometió construir una carretera, un centro educativo y, además, un hospital;
pero hasta la fecha no ha honrado su compromiso.
Asimismo,
sostienen que esta empresa mexicana viene desarrollando sus operaciones en
tierras comunales, para lo cual suscribieron un acuerdo y un contrato que fue
respaldado por el ex gobernador de Ancash, César Álvarez, hoy en prisión. Fue
así que Peñoles les ofreció construir la carretera Pasacancha-Sihuas, un
instituto educativo industrial, y brindar apoyo económico para edificar un
hospital que ya contaba con expediente técnico aprobado. LA REPÚBLICA
Marisa Glave reporta contaminación de
ríos con pasivos ambientales en Cajamarca
La
congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, realizó visitas de fiscalización a la
zona de la ex unidad Minera de Cleopatra y Tres Mosqueteros, ubicados en
Cajamarca, donde corroboró que la microcuenca Sinchao se encuentra altamente
contaminada y sin tratamiento.
Según
manifestó la parlamentaria a través de un video en Facebook, este hecho es
altamente preocupante porque la microcuenca Sinchoa alimenta al río Tingo, el
cual desemboca en el río Hualgayoc; y cuya agua -sin ningún tipo de
tratamiento- es utilizada para el consumo humano, ganadero y agrícola en la
zona.
La
visita se realizó junto con funcionarios del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), con quienes se corroboró que, en el caso de
"Cleopatra" existen 21 pasivos mineros sin tratamiento a pesar de contar
con el plan de cierre y presupuesto, ante lo cual la entidad ha emitido medidas
preventivas exigiendo su cumplimiento.
HIDROMUNDO
Chile y Pueblos Indígenas marchan en
defensa del Agua y contra el extractivismo en los territorios
“Agua
para los pueblos y no más territorios en sacrificio” son las consignas de la VI
Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios que se realizará el sábado
28 de abril simultáneamente en Calama, Vicuña, Santiago, Concepción, Los
Ángeles, Valdivia, Osorno, Castro – Chiloé. Mientras que en Antofagasta la
convocatoria es para el jueves 26 de abril.
En
tanto, el pasado 20, 21 y 22 del presente mes la movilización se llevó a cabo
en Panguipulli, Temuco y San Javier, respectivamente.
Francisca
Fernández, vocera de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) zona
centro, advierte que la escasez hídrica en Chile está absolutamente vinculada
con la privatización y el acaparamiento de los derechos de agua.
La
vocera del MAT denuncia que existe una afectación en relación al acceso al
agua, pero además por la contaminación vinculada a actividades extractivistas
como la gran minería. Ambas situaciones están ligadas a la idea de usurpación y
a la lógica de mercado. KAOS EN LA RED
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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