Miércoles, 7 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3758 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ – Informe. Familias de 48 peruanos muertos en conflictos
mineros desde 2004 aún no encuentran justicia
PERÚ – Amazonas. La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Amazonas - Emusap, invertirá S/. 13.6 millones para
fortalecer servicio de agua potable y saneamiento en Chachapoyas
PERÚ - Piura: mejorarán fiscalización de agua en minería artesanal
y pequeña minería tras adquisición de equipo
PERÚ - Piura: alcalde de Las Lomas exige expediente de agua y
alcantarillado
________________________________________________________________
Familias de 48 peruanos muertos en
conflictos mineros desde 2004 aún no encuentran justicia
Los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García registraron el mayor número de personas muertas en conflictos socioambientales o laborales que involucran a empresas de la gran y mediana minería en el Perú, según la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Familiares de fallecidos en los conflictos señalaron que el Ministerio Público archivó investigaciones sin individualizar a los responsables de los asesinatos, como ocurrió en la región Cajamarca, con el proyecto minero Conga, donde han pasado nueve años sin que se haya hecho justicia por la muerte de una persona.
El 3 de julio de 2012 fue un día fatídico para la familia García Tabaco, de Celendín, en la región Cajamarca. Las fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú y del Ejército Peruano llegaron para contener las protestas contra el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, y realizaron una enorme acción ofensiva para dispersar a los miles de manifestantes que se encontraban en la plaza principal participando en las marchas en el día 34 de un paro indefinido.
La represión de las fuerzas del orden no solo incluyó el uso de bombas lacrimógenas sino también armas de largo alcance, que fueron utilizadas contra los manifestantes. Uno de los abatidos por los tiros fue el comunero Paulino García Rojas, de 48 años, quien falleció por el impacto de las balas lanzadas por las fuerzas de seguridad, según la Fiscalía. Su muerte sumió en el dolor a su viuda Adelaida Tabaco y sus dos hijos, quienes nueve años después no consiguen paz ni justicia.
Así como Adelaida decenas de familias en el Perú aún no conocen quiénes son los responsables del asesinato de sus parientes, que perdieron en las manifestaciones contra millonarios proyectos de la gran minería por la afectación al ambiente, al agua o a las actividades económicas de las zonas aledañas a las concesiones mineras.
Al revisar información de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Convoca.pe encontró que, entre el 2004 y el 2019, un total de 48 peruanos murieron como consecuencia de los conflictos sociales, vinculados a temas ambientales y laborales, relacionados con la inversión de grandes y medianas empresas mineras.
Los datos evaluados por el equipo periodístico también revelan que, en los últimos 16 años, de los 48 fallecidos, 45 fueron civiles y tres, efectivos policiales. Además, respecto a las causas de las protestas, se encontró que 41 personas murieron en conflictos relacionados con temas socioambientales, mientras que siete trabajadores mineros fallecieron mientras realizaban huelgas que buscaban reivindicar sus derechos laborales.
El uso de armas de fuego para la represión de las manifestaciones es la principal causa de muertes en los conflictos sociales. Del total de fallecidos, 40 perdieron la vida por causa de las balas, a lo que se suman dos muertes por un perdigón y una bomba lacrimógena en la cabeza.
Los conflictos sociales relacionados con protestas socioambientales vinculados a proyectos mineros de la compañía Buenaventura han generado el deceso de siete manifestantes. Solo en 2012, durante las protestas contra el proyecto Conga, en Cajamarca, cinco ciudadanos perdieron la vida en protestas contra el proyecto aurífero de la minera Yanacocha, donde Buenaventura tiene más del 43% de las acciones.
El conflicto fue registrado por la Defensoría del Pueblo en abril de 2010, cuando las autoridades, la sociedad civil y comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandaron al gobierno del entonces presidente Alan García que se declare inviable el proyecto minero Conga, por la presunta afectación a cuatro lagunas consideradas como cabecera de cinco cuencas hidrográficas.
La viabilidad de ese proyecto fue un tema principal durante la campaña electoral presidencial del 2011, en la que el candidato nacionalista Ollanta Humala se impuso a la candidata Keiko Fujimori con la promesa de "Agua sí, mina no". Sin embargo, meses después de juramentar en el cargo, en noviembre de 2011, dijo que su posición era a favor de "el agua y el oro".
Ante esta nueva postura del gobierno, los habitantes de Cajamarca, Celendín y Bambamarca convocaron a un nuevo paro indefinido, que provocó que, el 4 de julio de 2012, Ollanta Humala declare el Estado de Emergencia en esas tres provincias. Un día antes, el 3 de julio, la intervención de las fuerzas policiales y militares provocó la muerte de cinco manifestantes.
Faustino Silva (35), Paulino García Rojas (48), José Sánchez Huamán (29) y el adolescente César Medina Aguilar (15) murieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, según la Fiscalía, en la intervención policial en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) también perdió la vida en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, en otro enfrentamiento contra las fuerzas del orden, pues le impactó una bala en el pecho.
Esas cuatro muertes quedaron en la impunidad pues las autoridades de la Fiscalía archivaron la investigación. Tras dos años de investigaciones y aduciendo falta de pruebas, en enero de 2014, el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, declaró improcedente el pedido para formalizar la denuncia y decidió no seguir con la investigación preparatoria sobre la muerte de los cinco manifestantes.
Pese a que el fiscal Pinillos reconoció que existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso, en su resolución indicó que no pudo realizar las diligencias para conseguir pruebas que le permitan identificar a los efectivos policiales y militares que les dispararon, porque la ciudad de Chiclayo está a 187 kilómetros de Celendín, por carretera.
Investigación a 180 kilómetros de distancia
¿Por qué la investigación de estos asesinatos fue trasladada a un fiscal que no conoce la zona del conflicto? Para la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, esto sería parte de un esquema que buscó que los familiares tuvieran dificultades para seguir las investigaciones, ya que hay ocho horas de distancia entre Celendín y Chiclayo.
Pérez indica que el argumento del Ministerio Público para trasladar el caso a un fiscal de Chiclayo fue que, en Cajamarca, no había las garantías para realizar la investigación, pero no consideraron que las familias de las víctimas eran de condiciones económicas precarias como para movilizarse a otras jurisdicciones.
Además, Pérez advirtió que el fiscal Pinillos cerró el caso enfocándose sólo en la búsqueda de los efectivos policiales y militares como autores directos de los disparos, pero no en los mandos de la Policía y del Ejército, tal como ocurre ahora en la investigación de los casos de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados por disparos de perdigones de plomo durante las protestas de noviembre de 2020, en Lima.
“Era obvio que no podría identificar a los autores materiales porque escondieron sus identidades o no las portaban”, dice la abogada, quien agrega que durante las investigaciones de los asesinatos del caso Conga, el Ejército aseguró que no tenía la lista de los efectivos que participaron en la represión de las protestas de julio de 2014.
Los familiares de las víctimas del conflicto de Conga han acudido a buscar justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a los familiares de las víctimas, pide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el cierre de las investigaciones y ordene una nueva investigación fiscal con garantías, que haya un pedido de perdón público del Estado a las familias de las víctimas y al pueblo de Celendín, así como un compromiso de las autoridades para que estos hechos de represión no se repitan.
Leer informe completo aquí:
EMPRESAS DE AGUA
Emusap invertirá s/13.6 millones para fortalecer servicio de agua potable y saneamiento en Chachapoyas
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó, en audiencia pública virtual, el proyecto para fortalecer los servicios de saneamiento que ofrece la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas (Emusap), que establecería las metas de gestión, fórmula y estructura tarifarias para el quinquenio regulatorio 2021-2026.
El proyecto, que se expuso a autoridades locales y provinciales, representantes de juntas vecinales y sociedad civil y población en general; busca mejorar, en los próximos 5 años, la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como garantizar su continuidad y sostenibilidad, sobre todo en un contexto de pandemia, en beneficio de una población de más de 29 mil usuarios de la ciudad de Chachapoyas, atendidos por la EPS.
PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones del proyecto de mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado cuenta con un presupuesto de S/13.6 millones.
De ese total, S/10.2 serán destinados a inversiones en mejoras del servicio, según el siguiente detalle:
– S/4.1 millones para la ejecución de proyectos de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado.
– S/901 mil para asegurar un pago justo a través de la renovación de medidores.
– S/850 mil para mejorar la captación de agua en la línea de conducción Tilacancha.
– S/751 mil para el cuidado y conservación de las fuentes de agua.
– S/348 mil para la construcción del laboratorio de control de calidad de agua potable.
– S/3.2 millones para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y otras inversiones.
En tanto, S/3.4 millones serán para optimizar las operaciones de la empresa, es decir, para la actualización dinámica del catastro técnico y catastro comercial, mantenimiento preventivo de equipos operacionales, entre otras inversiones.
Entre los principales beneficios de la actualización tarifaria está la ampliación de la cobertura de agua y alcantarillado. Además, la población tendrá más horas de agua potable en sus hogares, sobre todo en las zonas altas y periféricas de Chachapoyas.
De igual forma, se mejorará la calidad del agua tratada, con la construcción de un laboratorio de control de calidad de la planta de tratamiento de agua potable, y se disminuirán los cortes del servicio, gracias a la renovación de las líneas de impulsión. De otro lado, se renovarán los medidores para garantizar un pago justo por el servicio.
ACTUALIZACIÓN TARIFARIA
El proyecto de estructura tarifaria busca no afectar la economía de las familias de menores recursos económicos. Para esto, se implementa el subsidio cruzado focalizado que es un mecanismo que beneficia a los usuarios pobres y en extrema pobreza de la categoría doméstica y permite que paguen una tarifa menor a la del costo real del servicio.
La determinación de este tipo de usuarios se establece a través de los planos estratificados del INEI y, complementariamente con la clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
En este sentido, la mayoría de las familias pobres (80 %) de Chachapoyas, que consumen hasta 20 m3 al mes, no tendrán ninguna variación en sus recibos mensuales; y las familias no pobres, que tengan un consumo responsable, pagarán máximo un sol adicional en sus recibos mensuales. https://xatel.tv/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: mejorarán fiscalización de agua en minería artesanal y pequeña minería tras adquisición de equipo
Con el objetivo de mejorar el control de análisis de agua en la minería artesanal y pequeña minería en la región, el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas adquirió el equipo Trace 20 metalyzer field Pro HM3000, el cual fue transferido a la institución regional tras convenio con el proyecto Megan.
La entrega del equipo de monitoreo se oficializó tras la conferencia de prensa brindada por ambas instituciones, donde informaron que especialistas de Megan instruirán y capacitarán en el manejo y manipulación del Metalyzer a los responsables de la Drem Piura, a fin de analizar la contaminación de los ríos, con presencia de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio.
“Como Dirección Regional de Energía y Minas, venimos realizando el monitoreo, sin embargo, con este equipo podremos identificar y mejorar el plan de fiscalización”, señaló Duberli López Orozco, titular de la Drem.
Por su parte, los especialistas del proyecto Megan, mencionaron que el equipo será de gran beneficio para la región de Piura, por la misma experiencia en otros países de África así como China.
Dato
Cabe indicar que el equipo Trace 20 metalyzer field Pro HM3000, es de fabricación inglesa y tiene un costo de alrededor de los 25 mil dólares y las regiones en beneficiarse con este convenio son Puno, Arequipa, La Libertad, Apurímac y Piura, respectivamente. https://www.elregionalpiura.com.pe/
Piura: alcalde de Las Lomas exige expediente de agua y alcantarillado
Tras una reunión con autoridades del Gobierno Regional de Piura, el alcalde de la Municipalidad de Las Lomas, Manuel García Villegas, demandó que se acelere el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico del proyecto de agua y alcantarillado, el mismo que beneficiará a más de 12.000 habitantes de este distrito.
El burgomaestre se reunió con el gerente regional de Infraestructura, Wilmer Vise Ruiz, a quien le expresó su preocupación por la lentitud en el proceso que determinará al supervisor de la consultoría del expediente técnico, no obstante, indicó que se mantendrá vigilante para que el proceso se desarrolle en los plazos acordados con el gobernador regional Servando García.
“Traigo el sentir de la población de Las Lomas que espera con justicia y derecho se solucione el problema de agua y desagüe, que anhelan de hace años, con un expediente bien hecho que asegure la calidad de una buena obra”, dijo.
La autoridad edil resaltó que estará al tanto para que el expediente no solo contemple el saldo de la obra, sino que se corrijan las deficiencias de lo poco que se avanzó y se hizo mal. “Estaremos atentos para que se nos entregue una obra actualizada porque han pasado muchos años de paralización y hoy la realidad es otra”, anotó.
Es importante anotar que, en marzo de este año, la población de Las Lomas paralizó el distrito y bloqueó las principales vías en protesta por la demora en la ejecución de la obra de agua y alcantarillado. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”