Martes, 8 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3901 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - CCL: “Agua no facturada en
Sedapal alcanza el 28,9% y en EPS de otros tamaños supera el 40%”. La Cámara de
Comercio de Lima precisó que el MVCS encamina 18 proyectos, con un portafolio ascendente a S/ 8.193 millones para cerrar la
brecha de infraestructura en el sector
PERÚ – Huancayo. Por acondicionar su
desagüe pluvial a la calle sancionan a 110 usuarios en Chilca. Municipalidad de
Chilca les impone papeletas y multas por el valor del 50% de una UIT
PERÚ – Puno. Advierten que población de
Coata volvió a consumir agua contaminada tras desborde de ríos que contaminaron
pozos
CHILE - La crisis hídrica en Chile
espera su solución en la nueva Constitución
CCL: “Agua no facturada en Sedapal
alcanza el 28,9% y en EPS de otros tamaños supera el 40%”
La Cámara de Comercio de Lima precisó que el MVCS encamina 18 proyectos APP del sector agua y saneamiento, con un portafolio ascendente a S/ 8.193 millones para cerrar la brecha de infraestructura en el sector
El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 (PNS) elaborado
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) estima que la
brecha de infraestructura, entendida como inversión requerida para lograr el
acceso universal a los servicios de saneamiento, alcanza un valor de casi S/
100.000 millones hacia el año 2030. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo un
balance al respecto.
De acuerdo a información recogida por el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, en el ámbito urbano, con
poblaciones desde más de 15.001 habitantes, el servicio lo brindan 50 empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), que suman 3,7 millones de
conexiones y que en términos de población significan alrededor de 20,4 millones
de personas.
Estas empresas se clasifican en 15 pequeñas (hasta 15.000
conexiones), 16 medianas (desde 15.001 hasta 40.000 conexiones), 18 grandes
(desde 40.001 hasta un millón de conexiones) y Sedapal (más de un millón de
conexiones).
Cabe precisar que, según cifras de INEI, en el área urbana
el 87% de la población accede a red pública de alcantarillado mientras que en
el área rural la tasa es de 22%. Sin embargo, estos promedios descienden hasta
el 82,3% y el 21,3% cuando se consulta si la instalación se ubica dentro de la
vivienda.
CCL: 28,9% del agua de Sedapal no se
factura
En el ámbito urbano, con población entre 2.000 y 1.500
habitantes (e inclusive en centros poblados con más de 15.000 habitantes, pero
que están al margen de las EPS) el servicio lo brindan 403 prestadores de los
cuales el 67,5% son municipios, el 26% son organizaciones comunales, el 2,5%
operadores especializados y el 4% otros. En ese sentido, se propone continuar
con la integración de estos prestadores al ámbito de las EPS.
“La gestión de las EPS aún tiene mucho espacio de mejora.
Con cifras de la Sunass, al tercer trimestre de 2021 se verifica que el agua no
facturada (proporción del volumen de agua potable producida que no es
facturada) en Sedapal alcanza el 28,9% y en las EPS de otros tamaños supera el
40%”, señala el IEDEP.
Asimismo, la micromedición (proporción de conexiones de
agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído) en Sedapal
alcanza el 88%, mientras que en las EPS grandes y medianas promedian el 65% y
en las EPS pequeñas apenas bordean el 40%.
En el ámbito rural, con población comprendida hasta los
2.000 habitantes, la prestación del servicio es provista por 27.000 entidades
encargadas de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de
agua y disposición sanitaria de excretas de los cuales el 92,4% son
organizaciones comunales.
CCL: solo 77,5% de aguas urbanas se
tratan
En ese sentido, el PNS propone inversiones que suman los S/
70.000 millones hacia el año 2030 de las cuales alrededor de S/ 45.000 millones
corresponden a ampliación de cobertura, mientras que S/ 25.000 millones irían
al mejoramiento, rehabilitación y reposición. De esa manera, la brecha de
infraestructura se reduciría hasta los S/ 30.000 millones hacia el año 2030.
Parte importante de la brecha radica en la necesidad de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), considerando que en el
ámbito urbano solo el 77,5% de aguas residuales recolectadas reciben un
tratamiento previo a ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego.
“Por ello, en los últimos años se ha promovido la
participación del sector privado en proyectos de Asociación Público Privada
(APP) como las PTAR Taboada, La Chira y Provisur, que están en operación; y la
PTAR Titicaca, que está en construcción”, refiere la CCL.
CCL: cofinanciados y autofinanciados
El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Público Privadas 2020-2022 del MVCS prioriza 18 proyectos valorizados en S/
8.193 millones (incluido IGV).
Estos proyectos se encuentran distribuidos en 12 regiones
del país, se espera terminen de ser construidos entre 2023-2025 y cuyos plazos
de concesión varían entre los 10 y 30 años. Estas obras permitirán beneficiar a
más de 10 millones de habitantes.
El bloque de proyectos cofinanciados lo conforman 13 obras
valorizadas en S/ 3.512 millones donde figuran las PTAR Puerto Maldonado,
Huancayo, Trujillo-Chepén, Cusco, Cajamarca, Chincha,
Chiclayo-Lambayeque-Ferreñafe, Huaraz, Tarapoto-San José de Sisa, Cañete.
Asimismo, figuran la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Cajamarca, Desaladora
Ilo, Saneamiento Rural Comunidades de Loreto.
El bloque de proyectos autofinanciados lo conforman cinco
obras, bajo el ámbito de Sedapal, valorizadas en S/ 4.682 millones. Estos son
Lima obras de cabecera (incluida en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad), Proyecto planta desaladora Lima Norte, Proyecto desaladora
Lima Sur, Saneamiento para Lima Norte y Saneamiento para Lima Sur.
CCL: ¿Y cómo va Proinversión?
Respecto al avance de los proyectos, Proinversión informa
en su Portafolio de Proyectos de noviembre 2021 que las obras con hitos de
adjudicación son la PTAR Puerto Maldonado y Lima obras de cabecera para el
primer y tercer trimestre de 2022, respectivamente.
En tanto, las obras con declaratoria de interés son las
PTAR Huancayo y Chincha para el tercer y cuarto trimestre de 2022,
respectivamente. Por su parte, se consideran proyectos en maduración las PTAR
Trujillo, Cajamarca, Cañete, Cusco, Tarapoto, Saneamiento Rural Loreto,
Desaladoras Ilo y Lambayeque.
El dato
La Encuesta Nacional de Programas presupuestales de INEI
revela que, para el año móvil octubre 2020-setiembre 2021, en el área urbana el
92,9% de la población que consume agua proviene de red pública mientras que en
el área rural la tasa es de 76,6%. Sin embargo, estas cifras descienden hasta
el 87,2% y 68,4% cuando se consulta si el acceso es todos los días de la
semana.
En el año 2015 la comunidad internacional incorporó como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030 el “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Por acondicionar su desagüe pluvial a la calle sancionan a 110 usuarios en Chilca
Por acondicionar el desagüe pluvial de sus viviendas a la vía
pública y provocar daño al pavimento, 110 vecinos del distrito sureño de
Chilca, fueron sancionados y multados por la Gerencia de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Distrital de Chilca.
Según explicó, Lucero Yaranga Alfaro, fiscalizadora de
Desarrollo Urbano, solo durante el último mes de diciembre se impusieron cerca
de 80 papeletas a lo largo de las avenidas: Jacinto Ibarra, Leoncio Prado, y
unas 40 en el sector de Auquimarca y Av. 9 de diciembre, siendo la sanción el
pago del 50% de una UIT.
“Están prohibidas las conexiones aéreas porque perjudican
el concreto de las calles y de las viviendas aledañas, las caídas de agua
pluvial deben ser entubadas hasta el ras del suelo donde ya pueden discurrir al
alcantarillado”, manifestó la funcionaria.
También mencionó, que la sanción está contemplada en la
Ordenanza Municipal 199-2015 MDCH-CM y en el Reglamento Nacional de Edificación
Cap. III, norma 6.40; no obstante, se les da un plazo de cinco días a los
infractores para quitar las tuberías de desagüe pluvial aéreas y hacer su
descargo respectivo; en caso de incumplir se hace efectiva la multa
correspondiente.
Para evitar este tipo de conexiones es necesario las
licencias de construcción que son permisos que acredita que se ha cumplido con
los procesos, normas técnicas.
En lo que va del año solo se han tramitado 198 solicitudes
para licencia de edificación y 170 para habilitación urbana en el distrito de
Chilca. https://diariocorreo.pe/
Advierten que población de Coata volvió a consumir agua contaminada tras desborde de ríos que contaminaron pozos
El presidente del Frente de
Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago
Titicaca, Félix Suasaca, informó que varios sectores quedaron aislados debido
al desborde de ríos en el distrito de Coata y lamentó que la mayoría de
pobladores haya vuelto a consumir agua contaminada, pues la totalidad de pozos
habrían sido contaminados.
“Una semana antes de que los
ríos desbordaran, hemos verificado que las mineras vierten sus relaves y aguas
ácidas al río Coata, todo ello ha inundado los cultivos y pozos de la
población”, señaló.
A través de Pachamama radio,
sostuvo que miles de hectáreas de cultivos fueron inundadas por estas aguas
contaminadas; de la misma manera, los pozos de la población fueron contaminados
y debido al cierre de las carreteras producto de la inundación, las cisternas
de agua no pueden trasladar el líquido elemento a todas las comunidades.
En ese marco, demandó al
Gobierno Regional de Puno y al Centro de Operaciones de Emergencia Regional,
dotar un mayor número de herramientas para reforzar las defensas ribereñas y
disponer que las cisternas de agua se instalen durante todo el día en puntos
fijos para que la población pueda abastecerse de agua. https://www.pachamamaradio.org/
HIDROMUNDO
La crisis hídrica en Chile espera su solución en la nueva Constitución
Cuando tenía cinco años, en
1997, la chilena Camila Donoso y su familia iban en bañador al río Petorca a
sacar peces que luego cocinaba su abuela, mientras sus hermanos se lanzaban
desde las rocas a sus grandes pozas sin lograr alcanzar el fondo.
Ahora, Donoso tiene 30 años y es
coordinadora de la Unión de Agua Potable Rural de la cuenca del Petorca,
después de que esta hija de campesinos y descendiente del pueblo originario
diaguita, se convirtió en la primera de su familia de realizar estudios
universitarios y se graduó de socióloga.
La dirigente comunitaria dijo a
IPS que tiene claro que el Petorca se secó “por el uso intensivo” por
agroexportadoras de aguacates, llamados en el país paltas, “que la extraen con
bombas y acumulan en enormes lagunas”.
Una práctica que deja sin agua a
los pequeños campesinos, a los residentes y a los centros educativos de su
comuna (municipio) rural, también llamada Petorca, situada en la región de
Valparaíso, en el centro de Chile. En diciembre, en otros pueblos cercanos
tuvieron que cerrar las escuelas y centros de salud por falta de agua potable.
Las penurias con el agua de la
cuenca del Petorca ejemplifican la crisis hídrica que sufre este país
sudamericano que se alarga entre la cordillera de Los Andes y el océano
Pacífico y que tiene su origen en buena parte en el Código de Aguas,
establecido en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980).
Ese Código asigna la propiedad
sobre el agua a quienes tienen derecho sobre su aprovechamiento, mientras
también separa la tenencia de la tierra sobre el derecho al agua, en una
privatización de facto que deja indefinidamente el recurso esencial en manos de
empresarios, terratenientes y la agroindustria exportadora.
Ahora, los afectados y en
general los sectores públicos y privados involucrados esperan que los
integrantes de la Convención Constitucional que redactan la nueva Constitución,
acuerden normas que permitan modificar los aspectos más lesivos del Código, y a
partir de ahí reestructurar el derecho al agua para beneficio colectivo de sus
19 millones de habitantes.
Las sequías recurrentes, como la
que sufre Chile en este verano austral, y los impactos del cambio climático
agudizan una crisis que la gestión privatizada del agua impuesta en el Código
deja sin instrumentos para afrontarla.
Desde septiembre de 2021 fueron
declaradas en escasez hídrica 10 comunas de la región Metropolitana de
Santiago, toda la región de Coquimbo y la provincia de Copiapó, en el norte, y
toda la región de Los Ríos y cuatro comunas de la región de Los Lagos, en el
sur.
La pequeña agricultura muere de
sed
Caty Espinoza, de 55 años, vive
con su familia de cuatro integrantes a tres kilómetros de Petorca. Durante 15
años dependía del agua que traían camiones aljibes. Tenía caballos para arar y
varios burros, pero debió venderlos. Hoy le quedan tres caballos y un burro,
además de gallinas, patos y una veintena de árboles (duraznos, limones,
naranjos y nogales) para el consumo familiar.
Junto a siete familias logró el
2021 instalar un estanque de 20 000 litros, con cuatro paneles solares
fotovoltaicos para la energía y un sistema de cloración. Pero tiene restringido
el consumo a 15 metros cúbicos mensuales y debe vigilar el nivel del depósito.
“Esos 15 metros cúbicos deben
alcanzarnos para el consumo familiar y quien no tiene un pozo propio tiene que
compartir con sus animales. En octubre se secó nuestro pozo familiar y tuvimos
que profundizarlo hasta 21 metros. Estuvimos dos meses secos y debimos comprar
agua al camión gastando 20 000 pesos (25 dólares) cada semana”, contó a IPS.
Espinoza añadió que “nuestras
familias son organizadas y nos sacrificamos para tener agua y no tener
problemas graves como en Hierro Viejo, La Villa y Artificio donde han colapsado
y debieron cerrar colegios y postas de salud”.
Sara Larraín, directora de Chile
Sustentable, dijo a IPS que “no ha habido ninguna planificación” en este tema
en la región.
Recordó que ya durante el primer
gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), quien culminará su
segundo mandato cuatrienal en marzo, se reconoció que en La Ligua y Petorca las
plantaciones son tres veces más que las posibilidades de agua de la cuenca.
“Pequeños campesinos del valle
quedaron sin agua. Los grandes agricultores tenían derechos y plantaron los
cerros más allá de las posibilidades. Esa es ausencia de autoridad”, afirmó la
dirigente de un programa que aglutina a organizaciones ecológicas, académicos,
activistas y ciudadanos a favor de un nuevo paradigma de desarrollo en Chile.
“Tú no puedes manejar un recurso
estratégico, un bien público, con los vaivenes del mercado si todos sabemos
para dónde se van las cosas cuando las dejas a quien paga más”, sentenció.
En Petorca, 205 kilómetros al
norte de Santiago, viven unas 10 000 personas.
Su alcalde, Ignacio Villalobos,
quien impulsó la confección de un mapa hídrico, dijo a IPS que así se logró
“identificar, tener la certeza y robustecer nuestras convicciones del robo del
agua en nuestra comuna”. El alcalde reclamó una acción efectiva del Estado.
“Identificamos cuántos litros
por segundo había otorgado la Dirección General de Aguas desde el cambio de
normativa en 1981 que separó propiedad de la tierra con el agua y nos
encontramos con unos 3516 litros por segundo. Eso nos arroja una enorme
cantidad de pozos construidos”, dijo Villalobos.
El alcalde explicó que “hay una
sobreexplotación de los ecosistemas. Han sido alterados por la agroindustria y
se han transformado en páramos desérticos, donde hay no solamente una migración
de flora y fauna nativa sino también una destrucción de los ecosistemas”.
Detalló que producir un aguacate
en Petorca requiere aproximadamente 346 litros de agua “desde que cuaja hasta
cosechar una palta de 180 a 220 gramos, según la temporada”.
“El río está seco. Ha sido
drenado. Con la Dirección de Obras Hidráulicas estamos haciendo pozos profundos
y llegando a aguas fósiles decantadas por miles de años que están a 150 ó 160
metros de profundidad¨, reveló.
Con seis camiones aljibes la
Municipalidad (alcaldía) reparte agua. “Todos los días ingresan entre 40 a 60
solicitudes de agua para bebida (humana) y consumo animal”, explicó.
El municipio gasta anualmente
entre 150 000 y 187 000 dólares en la distribución de agua.
La crisis hídrica ha afectado
también a la agroindustria exportadora de la zona.
“Hace 10 años teníamos cerca de
35 000 hectáreas de cultivos de la agroindustria en la zona. Hoy tenemos unas 7
000 hectáreas en una agro industria que disminuye por el tema hídrico”, contó
el alcalde.
Cambio climático y extractivismo
Según Larraín, Petorca refleja
una situación estructural que afecta a una serie de elementos y que deriva del
cambio climático, con expresiones como el calentamiento, la reducción de
lluvias y la aceleración del derretimiento de glaciares.
Lo que califica como la “no
política” de cuencas “ha secado muchos ríos del norte y centro de Chile”.
“Vamos devastando todo hacia el sur por la sobreexplotación de aguas
superficiales y subterráneas”, precisó.
“La minería de altura volcada en
cabeceras de cuencas compromete los recursos hídricos y los glaciares, que son
las únicas reservas que sobreviven cuando no llueve. En los últimos años los embalses no se han
llenado y la recarga hasta 80 % de las cuencas ha sido producto del
derretimiento de glaciares”, indicó la especialista.
Maisa Rojas, quien asumirá el 11
de marzo como ministra del Medio Ambiente del próximo gobierno del izquierdista
Gabriel Boric, ha coincidido en que “la gestión del agua debe realizarse en las
cuencas”. También dijo que tras entrar en vigencia una nueva Constitución, si
resulta refrendada, habrá que ajustar el Código de Aguas.
“El Estado ha concedido más
derechos en el papel que agua hay en la realidad. Y hoy vemos una concentración
de la propiedad en actores agroindustriales, mineros e hidroeléctricos y
tenemos a campesinos, asociaciones y villorrios rurales, con servicio por
camiones aljibes”, comentó Larraín.
Debate constitucional
Con la firma de 16 y la adhesión
de 42 de los 155 constituyentes de la Convención, se presentó al debate de
nueva Constitución la iniciativa popular 40230 que propone derechos humanos al
agua y al saneamiento como garantías “indispensables para una vida digna”.
“Toda persona, sin
discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable,
libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para
uso personal y doméstico”, indica la iniciativa respaldada por 23 266 firmas,
sobre las 15 000 requeridas.
“El Estado deberá velar por la
satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus
distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en
territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse
preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”, sostiene la
iniciativa.
La constituyente Carolina
Vilches dijo a IPS que “las actividades productivas a gran escala han tenido
este resultado, lo que han vendido como desarrollo no es más que la vulneración
de derechos a las comunidades, donde se instalan estos grupos económicos que,
en algunos casos, por contar con privilegios financieros adquirieron derechos
de agua”.
“A otros se los entregaron a
perpetuidad y otros, a costa de engaños, los han comprado a pequeños
agricultores a un muy bajo precio”, siguió describiendo la situación.
Para Vilches, “estos grandes
grupos han usado y usufructuado las gestiones gubernamentales hechas y
diseñadas para ellos (hasta ahora), ya que el Estado los ha subsidiado”. El Estado les ha otorgado “el agua, como
mercancía, para su propio beneficio”, acusó.
La iniciativa que discute la
Convención “propone intervenir 14 cuencas cuyas aguas están sobre otorgadas y
establecer prioridades. El orden de prioridad sería la naturaleza, el consumo
humano, la agricultura familiar campesina y la agroindustria”, recordó.
La propuesta contempla “un
articulado transitorio de licencias de uso de aguas, que serán permisos
temporales en calidad de custodios y no a perpetuidad”.
Mientras se ve como el derecho
al agua aparece finalmente en el texto constitucional, el alcalde Villalobos
propone a corto plazo instalar una planta desaladora “que puede salvar la
permanencia en el territorio”.
Pero como otros muchos su mayor
apuesta es que la nueva Constitución posibilite “un nuevo Código de agua,
garantice acceso para todas las personas y permita algún mecanismo de control
robusto que fiscalice, planifique, dé una proyección sustentable y traiga
tranquilidad, paz y armonía para territorios como los nuestros”.
El texto emanado de la Convención, elegida en un plebiscito en octubre de 2020, deberá estar listo en abril o a más tardar en julio para ser sometido a un referendo, y ahí se sabrá si la nueva Constitución llamada a enterrar la heredada de Pinochet, sacia las expectativas respecto al derecho al agua en Chile. https://ipsnoticias.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”