21/4/26

¡El Perú se levanta! ¡la clase trabajadora en pie de lucha! Convocatoria nacional – 1° de mayo - Hidroboletín Fentap 4945

 Martes, 21 de abril de 2026 – Año XX – Edición 4945

 

¡El Perú se levanta! ¡la clase trabajadora en pie de lucha! Convocatoria nacional – 1° de mayo

Comunicado N° 036-2026/CDN FENTAP

La FENTAP, frente a la grave situación política, económica y social que atraviesa nuestro país, caracterizada por la inestabilidad permanente, el desprestigio de las instituciones, la corrupción estructural y el avance de políticas que buscan debilitar los derechos laborales, se dirige a los trabajadores y trabajadoras del Perú para expresar lo siguiente:

EL 1° DE MAYO NO SE CELEBRA, SE LUCHA

El 1° de mayo no es el “Día del Trabajo” como pretenden imponer los sectores de poder y los medios de comunicación al servicio de los intereses empresariales.

Es el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha de lucha que recuerda la sangre derramada por los Mártires de Chicago, quienes dieron su vida por conquistar la jornada de las ocho horas.

          No somos colaboradores, somos trabajadores con derechos

          No celebramos, conmemoramos luchando

          Nuestra historia es de sacrificio, organización y combate

LA COYUNTURA: UN PAÍS EN CRISIS Y UNA CLASE TRABAJADORA BAJO ATAQUE

Hoy el Perú vive una profunda crisis:

         Gobiernos débiles y sin legitimidad

         Congresos alejados del pueblo

         Políticas que favorecen la privatización de los servicios públicos

         Intentos de precarizar el empleo mediante la tercerización

         Desprecio sistemático por los derechos laborales

Mientras tanto, los trabajadores seguimos siendo postergados, con sueldos injustos, sin condiciones dignas y enfrentando el abandono del Estado.

En el sector saneamiento:

🚨 Se pretende abrir paso a la privatización del agua

🚨 Se mantiene el abandono de nuestras empresas

🚨 Se posterga la aprobación de la escala salarial

🚨 No se garantiza un Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado a nuestra realidad

Frente a esta realidad, la FENTAP convoca a todas sus bases a ponerse en pie de lucha y participar en la gran jornada nacional convocada por la CGTP: El viernes 1° de mayo.

En Lima, la concentración será a las 10:00 a.m., en la plaza Dos de Mayo; en regiones, según su realidad local.

NUESTRA PLATAFORMA DE LUCHA

Como FENTAP, nos movilizamos por:

          ¡Aprobación inmediata de la Escala Salarial en el Congreso de la República!

          ¡Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector saneamiento ya!

          ¡Defensa irrestricta del carácter público del agua y de las empresas de saneamiento!

          ¡No a la privatización del agua!

          ¡No a la tercerización laboral que destruye derechos!

          ¡Basta de corrupción en el Estado y en nuestras instituciones!

Nada de lo que hoy tenemos fue regalo. Todo fue conquista de la lucha organizada del pueblo trabajador.

Hoy nos toca a nosotros: Defender nuestros derechos, defender nuestras empresas, defender el agua como derecho humano.

Convocamos a todas nuestras bases, dirigentes y trabajadores a movilizarse masivamente, a salir a las calles con firmeza y convicción, a fortalecer la unidad de la clase trabajadora.

¡SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS!

¡EL AGUA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS!

¡LA CLASE TRABAJADORA UNIDA JAMÁS SERÁ VENCIDA!

Consejo Directivo Nacional de la FENTAP

Lima, 20 de abril de 2026


HIDROREGIONES PERÚ

Puno propone crear el ACR Allincapac para proteger sus glaciares y asegurar el agua en la región

En un esfuerzo por salvaguardar el patrimonio hídrico y la biodiversidad del norte de la región, el Gobierno Regional de Puno (GORE Puno), a través de la Gerencia Regional de la Autoridad Ambiental, lidera la propuesta para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Allincapac. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso compromiso regional para poner bajo protección al menos el 15% del territorio puneño.

Un refugio de vida en peligro

Ubicada en la provincia de Carabaya, abarcando los distritos de Ayapata, Macusani y Ollachea, la propuesta del ACR Allincapac no es solo una medida administrativa, sino un escudo contra los efectos del cambio climático. El ecosistema altoandino de la zona es el hogar de:

306 especies registradas de flora y fauna en total.

Hay 57 especies endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

199 variedades de plantas y 64 especies de aves, muchas de ellas amenazadas por la pérdida de hábitat.

Sin embargo, la cifra más alarmante proviene del retroceso glaciar: el macizo de Allincapac ha perdido el 67% de su cobertura de hielo en los últimos 40 años. Esta situación pone en riesgo directo el equilibrio ecológico y el suministro de agua para la región.

El valor de la naturaleza en cifras

Más allá de su belleza paisajística de nevados, lagunas y bofedales, el área cumple funciones mecánicas vitales para la supervivencia humana. Entre los servicios ecosistémicos que brinda se encuentran la regulación hídrica, el almacenamiento de agua, la captura de carbono y la protección de los suelos.

Estos servicios no solo son ecológicos, sino que tienen un impacto económico real:

Sostienen la vida de más de 4,000 familias campesinas en la zona.

Se estima que el valor económico anual de estos beneficios asciende a 20 millones de soles.

Alianzas por el desarrollo sostenible

El proyecto se desarrolla en articulación con la organización Wildlife Conservation Society (WCS) y el proyecto Diversidad Biológica. Con esta propuesta, Puno busca proyectar un futuro donde el bienestar humano y la protección de los recursos estratégicos avancen de la mano, asegurando que el «corazón de hielo» de Carabaya siga latiendo para las futuras generaciones. https://inforegion.pe/


Los resultados electorales y la agenda ambiental

En el contexto de las elecciones generales en el Perú, el debate sobre las prioridades que deberá asumir el próximo gobierno en materia socioambiental cobra especial relevancia. La expansión de la minería ilegal en la Amazonía, la infiltración de economías ilegales en el proceso político, el debilitamiento de la normativa ambiental y la erosión de los derechos territoriales de las comunidades indígenas configuran una agenda pendiente que demanda respuestas urgentes del Estado. En un escenario marcado por la debilidad institucional y el avance de poderes fácticos vinculados al extractivismo, los desafíos socioambientales se perfilan como uno de los grandes temas para el nuevo ciclo político.

Este fue el eje del programa de esta semana de La Hora Verde, titulado «Los resultados electorales y la agenda ambiental», que contó con la participación de Iván Brehaut, miembro de la asociación Pro Purus y especialista en actividades ilícitas en la Amazonía; José De Echave, economista e investigador de CooperAcción; y Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui.

Desde su experiencia en la Amazonía, Iván Brehaut advirtió que el proceso electoral confirmó la creciente infiltración de intereses vinculados a la minería informal e ilegal en la política. Señaló que la mayoría de partidos contaba entre sus candidatos con personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que evidencia una estrategia deliberada de incidencia política. Subrayó que las propuestas electorales en materia ambiental fueron en general pobres y carentes de concreción, con promesas vacías sobre el desarrollo de la Amazonía que no abordaban el problema de fondo. Destacó además la necesidad de un enfoque diferenciado según las realidades de cada región amazónica, dado que la diversidad de territorios, culturas y naciones que conviven en el país hace inviable aplicar medidas uniformes.

Por su parte, José De Echave planteó que los resultados electorales deben leerse en un contexto de transformación de los poderes fácticos vinculados al extractivismo. Indicó que, junto a la gran y mediana minería formal, han emergido con fuerza grupos y economías criminales que controlan territorios, acumulan poder económico y han logrado penetrar el sistema político. En ese marco, advirtió que el próximo gobierno enfrentará una coyuntura de alta presión de estos actores, lo que hará especialmente difícil avanzar en una agenda de protección ambiental y de derechos. Llamó también la atención sobre la tendencia regional de retroceso en materia ambiental, que en el Perú se expresa en el debilitamiento sistemático de la institucionalidad del sector.

En tanto, Lilian Oscco planteó tres ejes prioritarios desde la perspectiva de los pueblos indígenas. En primer lugar, señaló la incoherencia entre las políticas del Estado: mientras se aprueba una Política Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios que reconoce su autonomía territorial, simultáneamente se promulgan normas que flexibilizan la fiscalización ambiental y facilitan el despojo de tierras. En segundo lugar, enfatizó la necesidad de revitalizar los procesos de participación ciudadana y consulta previa, que han quedado reducidos a un mero trámite formal, alejándose de su sentido original como herramienta de democracia territorial. Finalmente, alertó sobre la amenaza que representan para la vida de las comunidades la devastación de la Amazonía y la afectación de fuentes de agua como glaciares y cabeceras de cuenca, subrayando que sin estos recursos no es posible hablar de vida digna ni de futuro sostenible.

En el cierre del programa, los especialistas coincidieron en que la agenda socioambiental que hereda el nuevo gobierno es amplia y urgente. Señalaron que su abordaje dependerá tanto del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la coherencia de las políticas públicas, como de la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones de base para posicionar estos temas en la agenda pública y ejercer vigilancia sobre las decisiones que afectan sus territorios. https://cooperaccion.org.pe/


HIDROMUNDO

Guatemala: contaminación afecta a siete de cada diez sistemas de agua

Un monitoreo realizado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) reveló que el 70% de las fuentes de suministro de agua en Guatemala presentan altos niveles de contaminación microbiológica.

La gravedad de la situación radica en que tres cuartas partes de estos sistemas dependen de la autogestión de comités comunitarios y organizaciones sociales que carecen de la infraestructura técnica necesaria para garantizar procesos adecuados de desinfección y cloración del recurso hídrico.

Esta crisis sanitaria impacta de manera directa en la seguridad alimentaria de la nación, vinculando la falta de agua segura con el incremento de la desnutrición infantil. El departamento de Retalhuleu figura como la zona con la calidad de agua más deficiente, donde apenas tres de los 77 sistemas evaluados arrojaron resultados satisfactorios.

En esta región, la tasa de desnutrición aguda alcanza los 56.85 casos por cada diez mil infantes, situando a la población menor de edad en un riesgo sistémico debido a la precariedad del saneamiento básico y la desatención histórica de las periferias.

Asimismo, además de la salud, la gestión de las aguas residuales en Guatemala atraviesa una crisis estructural que amenaza la biodiversidad. Según estimaciones técnicas, más del 90 % de los desechos líquidos generados por actividades domésticas, industriales y agrícolas se descargan de forma directa en ríos, lagos y mares sin recibir tratamiento previo.

Esta situación transforma los cuerpos de agua en depósitos de elementos tóxicos y perjudiciales, provocando una contaminación bacteriana extrema que deriva en brotes de enfermedades como cólera, hepatitis A y fiebres tifoideas en las comunidades más vulnerables.

El principal contaminante del recurso hídrico en el país es el desecho humano, consecuencia de sistemas de alcantarillado urbanos deficientes y una infraestructura de saneamiento obsoleta. Aunque existen normativas como el Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos 236-2006 que rige la protección de los recursos hídricos en Guatemala.

Aun así, la Administración ambiental enfrenta dificultades para asegurar su cumplimiento, pues apenas el 15% de las aguas residuales recibe algún tipo de procesamiento. De las pocas plantas de tratamiento existentes, una gran cantidad opera de manera inefectiva debido al abandono institucional y la carencia de financiamiento para su mantenimiento, lo que agrava la degradación de los ecosistemas acuáticos.

A la carga de residuos orgánicos se suma el impacto de la actividad industrial y agrícola, donde el vertido ilegal de químicos y el uso desmedido de plaguicidas filtran sustancias nocivas hacia las reservas de agua subterránea.

Por su parte, la Administración sanitaria Mspas anunció el Plan Nacional de la Vigilancia de la Calidad del Agua con el objetivo de mitigar esta emergencia y fortalecer el monitoreo en las comunidades más vulnerables. El Gobierno busca implementar componentes de desinfección en el 75% de los suministros para reducir la incidencia de enfermedades que comprometen el desarrollo de la niñez guatemalteca.

En ese sentido el Gobierno guatemalteco tiene el desafío de promover políticas públicas integrales que fortalezcan la infraestructura sanitaria y regulen las emisiones industriales para frenar la pérdida de recursos pesqueros y turísticos.

Para los movimientos sociales y organizaciones, este escenario evidencia la urgencia de inversiones estructurales que prioricen el derecho humano al agua por encima de cualquier lógica de abandono institucional. La recuperación de las fuentes hídricas es una prioridad soberana que exige pasar de la retórica legal a la acción directa en favor del desarrollo sostenible y la vida. https://www.telesurtv.net/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe