Viernes, 12 de junio de 2026 – Año XXI – Edición 4982
Pronunciamiento nacional al presidente del congreso de la república, a los voceros de las bancadas parlamentarias y a los señores congresistas
La Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y
Alcantarillado del Perú - FENTAP, en representación de miles de trabajadores y
trabajadoras de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del
país, se dirige a ustedes para expresar nuestra firme exigencia de que se
atienda de manera inmediata la solicitud formulada por el congresista Alex
Paredes Gonzales, orientada a viabilizar el debate y aprobación del dictamen
recaído en los Proyectos de Ley N.° 12600/2025-CR, 13896/2025-CR, 14182/2025-CR
y 14455/2025-CR, que autorizan la nueva escala remunerativa para los
trabajadores de las EPS públicas de accionariado municipal.
Durante más de 26 años, los trabajadores del sector
saneamiento hemos esperado una solución justa a las profundas distorsiones
remunerativas existentes en nuestras empresas. Hoy, luego de un largo proceso
legislativo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha
emitido dictamen favorable, reconociendo la legitimidad y viabilidad de nuestra
demanda.
Por ello, demandamos:
1. La inmediata exoneración del dictamen de la Comisión de
Vivienda y Construcción, evitando dilaciones innecesarias y la duplicidad de
trámites parlamentarios.
2. La ampliación de la agenda del Pleno del Congreso e incorporación
prioritaria del dictamen para su debate y votación.
3. La elaboración urgente del Acta Virtual que permita
recoger la firma de los voceros de las bancadas y concretar la exoneración de
los trámites reglamentarios pendientes.
Esta propuesta legislativa no genera gasto adicional al
Tesoro Público. Se financia con los recursos propios de las empresas
prestadoras y constituye una medida de justicia laboral largamente postergada
para miles de trabajadores que garantizan, las 24 horas del día, el acceso al
agua potable y al saneamiento en la costa, sierra y selva del Perú.
Los trabajadores del agua hemos demostrado responsabilidad,
compromiso y paciencia. Sin embargo, el tiempo de espera se agota. El Congreso
tiene hoy la oportunidad histórica de corregir una injusticia de más de dos
décadas y enviar
una señal clara de reconocimiento a quienes sostienen uno
de los servicios públicos más importantes para la población peruana.
Exhortamos al presidente del Congreso, a los voceros de
todas las bancadas y a cada congresista de la República a actuar con sentido de
justicia, responsabilidad y compromiso con el país, respaldando la solicitud
formulada por el congresista Alex Paredes Gonzales y permitiendo que este
dictamen sea debatido y aprobado antes de la culminación de la presente
legislatura.
Los trabajadores y trabajadoras de las 49 EPS del Perú
estaremos atentos a las decisiones que adopte el Parlamento. Ha llegado la hora
de la justicia remunerativa para el sector saneamiento.
¡126 AÑOS DE ESPERA SON SUFICIENTES!
¡LA ESCALA SALARIAL DEBE DEBATIRSE Y
APROBARSE AHORA!
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 11 de junio de 2026
HIDROREGIONES PERÚ
Diez años después, 119 zonas contaminadas por petróleo siguen esperando remediación en la Amazonía peruana
Diez años después de la creación de un fondo estatal para
remediar la contaminación petrolera en Loreto, 119 sitios impactados en las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón continúan sin avances
en su recuperación. Ante esta grave situación, líderes indígenas llegaron a
Lima para exigir al Congreso la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE,
una iniciativa que busca destrabar estos procesos de rehabilitación.
La propuesta plantea modificar el funcionamiento del Fondo
de Contingencia para la Remediación Ambiental, creado en 2015 mediante la Ley
N.° 30321 y que destinaba un fondo inicial de S/50 millones para atender los
impactos. Según las organizaciones agrupadas en PUINAMUDT, de los 146 sitios
impactados identificados por las autoridades, solo 27 registran avances,
mientras que los 119 restantes permanecen en abandono, a la espera de estudios
y trabajos de limpieza.
"Venimos trabajando desde hace diez años. De los 146
sitios identificados, solo 27 han sido priorizados y los otros 119 siguen sin
avanzar ni un paso", señaló a La República Robinson Sandi Hualinga,
presidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la
Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), una de las cinco federaciones que integran
PUINAMUDT.
Las organizaciones explican que el problema no radica en la
falta de recursos para la remediación, sino en las restricciones impuestas por
la normativa vigente. Los fondos disponibles quedaron asociados a una lista
cerrada de sitios aprobada en 2019 mediante resolución ministerial. Esto ha
impedido incorporar nuevas áreas contaminadas identificadas posteriormente,
especialmente en el ámbito del Lote 8 (importante zona de extracción de
petróleo crudo). Por esa razón, no pueden acceder al financiamiento.
La iniciativa que promueven permitiría que el Ministerio de
Energía y Minas actualice anualmente la relación de sitios priorizados y habilite
el uso de los fondos ya existentes para realizar estudios, elaborar planes de
rehabilitación y ejecutar obras de remediación ambiental.
"Muchas veces hay dinero, pero no podemos avanzar. Si
se aprueba esta modificación, podremos iniciar los estudios correspondientes y
seguir las etapas necesarias para la remediación", explicó el dirigente
indígena.
Comunidades denuncian impactos en la salud y el
ambiente
Las comunidades dependen de los ríos, lagunas y cochas
para pescar y abastecerse de alimentos. Por ello, sostienen que la
contaminación petrolera no solo afecta los ecosistemas amazónicos, sino también
la seguridad alimentaria y la salud de cientos de familias indígenas.
"Nuestros lagos, nuestras cochas y nuestros peces
siguen siendo nuestra fuente de alimentación. Sin embargo, vemos cómo la
contaminación continúa propagándose y aparecen enfermedades que antes no
existían en nuestros territorios", afirmó.
El dirigente indicó que, aunque algunos procesos han
comenzado a avanzar en determinadas zonas, la mayoría de sitios contaminados
permanece sin intervención efectiva. Como ejemplo, mencionó que incluso algunos
espacios donde ya existen empresas adjudicadas para ejecutar la remediación
continúan paralizados por problemas logísticos y administrativos.
"Nos preocupa que hasta los sitios que ya cuentan
con empresas para realizar la remediación sigan retrasándose. Mientras tanto,
los demás 119 sitios ni siquiera han iniciado el primer paso para su
recuperación", sostuvo.
Proyecto de ley busca destrabar fondos para la
remediación ambiental
Las organizaciones indígenas también recuerdan que la
modificación normativa forma parte de los compromisos asumidos por el Estado
durante el proceso de Consulta Previa del Lote 8, ubicado en Loreto. Advierten
que una nueva postergación impediría avanzar en los estudios y planes de
rehabilitación de las zonas afectadas.
"No vamos a poder avanzar ni un punto de lo que
corresponde al Lote 8 si esta ley no es aprobada. Por eso pedimos al Congreso
que priorice este proyecto porque nuestros hermanos están reclamando soluciones
desde hace años", manifestó Sandi Hualinga.
PUINAMUDT está conformada por la Federación Indígena
Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas del
Corrientes (FECONACO), la Federación de Comunidades del Alto Corrientes
(FECONACOR), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca (ACODECOSPAT) y la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico
de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), cuyas comunidades se ubican en las
zonas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8.
Durante su plantón fuera del Congreso, el dirigente
indígena pidió a los parlamentarios que debatan la iniciativa cuanto antes y la
respalden, además de ponerse en el lugar de las comunidades afectadas por más
de medio siglo de explotación petrolera. "Necesitamos la remediación de
nuestro territorio. Son más de 50 años de actividad hidrocarburífera que han
dejado contaminación en nuestras tierras. Lo que buscamos es sanar ese impacto
ambiental que seguimos sufriendo", concluyó. https://larepublica.pe/
Desaguadero alista protestas por crisis de agua y cuestiona ausencia de autoridades
El presidente de la Central
Única de Barrios de Desaguadero, Alfredo Ururi, en comunicación con Radio Onda
Azul, señaló que, frente a esta problemática, buscaron reunirse con
representantes de la Defensoría del Pueblo, el asesor legal de EMSA Puno, el
administrador de EMSA sede Desaguadero y el gerente municipal, con la finalidad
de esclarecer la situación y encontrar una pronta solución.
El dirigente indicó que las
autoridades y representantes de las instituciones involucradas se
comprometieron a participar en una reunión programada para el pasado 8 de junio
a las 10 de la mañana; sin embargo, denunció que ni EMSA Puno ni la
Municipalidad cumplieron con asistir y cuestionó la aparente falta de interés
de las autoridades frente a una necesidad básica que afecta a cientos de
familias de Desaguadero.
Ante esta situación, manifestó
que los presidentes de barrios sostendrán una nueva reunión para evaluar y
asumir medidas de protesta o acciones conjuntas, con el objetivo de exigir una
solución inmediata al problema del abastecimiento de agua potable.
Asimismo, informó que, tras insistir en comunicarse con el gerente general de EMSA Puno, este le habría indicado que viajó a Lima para sostener reuniones con Osinergmin, argumentando que Electro Puno estaría realizando cobros considerados excesivos por la empresa. El dirigente agregó que también se dispuso el envío de un grupo electrógeno para llenar los reservorios y garantizar que, desde el mediodía de hoy, se cuente con el servicio de agua, esperando que el compromiso asumido por el gerente de EMSA Puno se cumpla. https://radioondaazul.com/
HIDROLABORAL
Trabajadores con cáncer: reglamentan protección contra despido y adaptación laboral
El Gobierno publicó el Decreto
Supremo N.° 008-2026-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Fomento del
Empleo e incorpora disposiciones específicas para reforzar la protección
laboral de las personas diagnosticadas con cáncer.
La norma establece criterios
para determinar cuándo un despido puede ser considerado nulo y regula la
obligación de adaptar las condiciones de trabajo de los empleados que afrontan
esta enfermedad.
Despido no puede estar vinculado
al diagnóstico de cáncer
Según explicó Eric Castro, socio
del área Laboral de Miranda & Amado, el diagnóstico de cáncer, su
tratamiento o los efectos derivados de la enfermedad no pueden constituir una
causa para extinguir la relación laboral.
“El diagnóstico
de cáncer, su tratamiento o los efectos derivados de la enfermedad no pueden
ser utilizados como motivo para poner fin a una relación laboral. La norma
también establece que, si el empleador no acredita una causa justa debidamente
comprobada y ajena al estado de salud del trabajador, se presume que el despido
es nulo”, señaló el especialista.
La disposición
precisa que esta protección aplica cuando el empleador tenía conocimiento
previo del diagnóstico, tratamiento o efectos derivados de la enfermedad.
No obstante, la
reglamentación aclara que el vínculo laboral puede extinguirse si existe una
causa justa contemplada en la legislación vigente y debidamente acreditada.
Comunicación y
acreditación médica
Para acceder a
esta protección, el trabajador deberá informar a su empleador sobre el
diagnóstico, tratamiento o efectos derivados del cáncer.
Asimismo, deberá
acreditar dicha condición mediante una certificación médica emitida por un
profesional de la salud habilitado. El documento podrá ser expedido por
establecimientos de salud públicos o privados.
Adaptación del
puesto de trabajo
El decreto
también desarrolla medidas relacionadas con la adecuación de las condiciones
laborales.
Cuando las funciones
desempeñadas puedan afectar la salud o seguridad del trabajador diagnosticado
con cáncer, el empleador deberá implementar ajustes razonables, ya sea por
iniciativa propia o a solicitud del empleado.
La norma
establece que estas adecuaciones no podrán implicar una reducción de la
remuneración.
Entre las
medidas previstas figuran:
Ajustes en
herramientas y equipos de trabajo.
Adecuación del
espacio físico laboral.
Modificaciones
en condiciones digitales de trabajo.
Flexibilización
de horarios.
Implementación
de teletrabajo cuando corresponda.
Asignación de
funciones afines compatibles con la condición de salud.
Mayor claridad
para empleadores y trabajadores
Con la entrada
en vigencia del Decreto Supremo N.° 008-2026-TR, se precisan las obligaciones
de los empleadores y los derechos de los trabajadores diagnosticados con
cáncer, estableciendo mecanismos orientados a garantizar la continuidad laboral
y evitar actos discriminatorios vinculados a su estado de salud. https://diariocorreo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”