Lunes, 13 de octubre de 2025 – Año XX – Edición 4815
Moquegua en emergencia: contaminación minera y ausencia del Estado
La reciente declaratoria de emergencia en diez distritos de
Moquegua por riesgo de contaminación hídrica volvió a poner en evidencia la
gravedad ambiental que enfrenta la región y la falta de respuestas efectivas
del Estado. Los distritos afectados —ubicados en las provincias de General
Sánchez Cerro y Mariscal Nieto— forman parte de la cuenca del río Coralaque,
donde desde hace años se denuncian impactos de la actividad minera sobre el
agua, la salud y la agricultura local.
Este fue el eje central de la más reciente edición de La
Hora Verde, que contó con la participación de Sonia Isabel Gómez, presidenta
del Frente de Defensa de Samegua, y Pedro Gregorio Mamani, docente y promotor
de tamizajes de metales pesados en niños de la zona. Ambos coincidieron en que
la declaratoria de emergencia, dictada mediante el Decreto Supremo N.° 110-2025-PCM,
es una respuesta tardía y sin medidas reales de remediación, pues no asigna
presupuesto ni responsabilidades claras a los sectores involucrados.
Durante el programa, Sonia Gómez advirtió que la
situación en Moquegua es crítica. “El río Coralaque tiene un color amarillento;
su contaminación es visible. Lo más grave es que ya se está afectando la salud
de la población y la agricultura”, señaló. Explicó que los cultivos
emblemáticos de la región, como la palta de Samegua, han comenzado a registrar
presencia de cadmio, lo que ha provocado la pérdida de mercados de exportación.
“La palta moqueguana era reconocida por su calidad,
pero ahora está contaminada. Es un golpe para los agricultores y para la
economía local. Estamos consumiendo lo mismo que nos enferma”, lamentó.
La dirigente denunció además que el Estado no ha
implementado tamizajes de salud en todas las zonas afectadas y que la atención
médica para personas con metales pesados es inexistente. “Sabemos que hay
tratamientos, pero son costosos. Las mineras deberían asumir esa
responsabilidad”, reclamó.
Por su parte, Pedro Mamani relató los resultados de
los tamizajes realizados en escolares de Torata y Yacango. “De sesenta niños
evaluados, todos tenían niveles de arsénico superiores a los permitidos. Y,
según la propia Dirección Regional de Salud, el 78% de los niños analizados en
Moquegua presentan metales pesados en la sangre”, explicó.
El docente criticó que, pese a los compromisos
asumidos por las autoridades en diversas mesas de diálogo, no existen planes de
atención médica ni seguimiento sanitario permanente. “Los centros de salud
rurales no tienen especialistas. El Ministerio de Salud solo mira y no hace
nada. Es indignante ver cómo pasa el tiempo y las autoridades siguen calladas”,
afirmó.
Mamani también denunció la relación de dependencia de
algunos municipios con las empresas mineras, lo que —dijo— explica la falta de
fiscalización. “Las empresas financian fiestas, aniversarios y proyectos menores,
y con eso compran silencio. Así, la contaminación avanza y los niños siguen
enfermos”, señaló.
Ambos invitados coincidieron en que la contaminación
de los ríos Coralaque y Tambo proviene principalmente de la actividad minera,
en especial de empresas como Aruntani SAC y Anglo American. Gómez advirtió que
la minería usa el agua que debería ser para la población y la agricultura. “Se
llevan millones en minerales, pero dejan enfermedad y pobreza. No hay justicia
ambiental ni responsabilidad empresarial”, sostuvo.
Además, señalaron que las respuestas del gobierno se
limitan a declaratorias sin presupuesto ni acciones concretas. “Declaran en
emergencia para aparentar que hacen algo, pero no hay soluciones reales”, dijo
Gómez. Mamani complementó que la población “no puede seguir esperando mientras
los ríos mueren y los niños se enferman”.
El programa concluyó con un llamado conjunto a la acción: sin una intervención integral del Estado, con participación de las comunidades y control sobre la actividad minera, Moquegua seguirá avanzando hacia un colapso ambiental y sanitario. “El agua es vida —recordó Gómez—. Si la perdemos, perdemos todo”. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: Aguas de desagüe afectan a decenas de comerciantes en Sullana
Diversos comerciantes y vecinos expresaron su malestar
contra la EPS Grau, debido a que llevan dos días conviviendo con el discurrir
de las aguas de desagüe, debido al colapso de un buzón que afecta a diversas
tiendas de ropa, ferreterías, puestos de comida y otros locales del barrio
Buenos Aires, cerca al mercadillo, en la provincia de Sullana.
Según los pobladores, se trata de un buzón que colapsó en
la intersección de la calle Dos y pasaje Seis de Agosto y, debido a que este no
cuenta con tapa, ellos han tenido que colocar una escalera como señal de
prevención y peligro, ya que temen que ocurra un accidente que lamentar.
“Este es un problema que llevamos desde ayer (viernes).
Todo esto está inundado como puede ver. Nosotros, los vecinos y los
comerciantes de la Seis de Agosto y de la cuadra uno de la calle Dos, están
siendo afectados con este problema que siempre pasa. Vienen, reparan y vuelva a
ocurrir el problema”, señaló Mario Navarro que reside en la cuadra uno de la
calle Dos.
Asimismo, los dueños de tiendas de ropa de dicha vía,
expresaron su malestar, debido a que señalaron que la gente no llega a
comprarles por el mal olor y el discurrir de las aguas de desagües.
También esto viene afectando a los comerciantes de
sandalias, zapatos, ropa que venden en sus stands en la transversal Dos de
Mayo, debido a que el agua llega hasta dicha zona. “Lo que pedimos es una
solución definitiva a este problema”, indicó un comerciante.
Mientras que, en el distrito de Bellavista, en Sullana,
diversas familias de la cuadra 4 de la calle Apurímac, denunciaron que el agua
de los desagües se está saliendo por los sumideros y cajas en el interior de
las viviendas e inundando las mismas.
“Cómo es posible que esto esté sucediendo en el interior de nuestras casas. Ya es el colmo lo que pasa. No podemos ni desayunar por el agua cochina”, señaló un mortificado vecino de dicha calle. https://diariocorreo.pe/
Tras 30 años sin soluciones, el Estado tiene tres meses para emitir informes para descontaminar Laguna de Yarinacocha
El Juzgado Civil de Yarinacocha,
en Ucayali, ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Gobierno
Regional de Ucayali y a otras instituciones del Estado ejecutar acciones
inmediatas y sostenibles para frenar la contaminación de la laguna de Yarinacocha,
uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.
La decisión judicial llega tras
más de 30 años de omisiones estatales y ratifica una sentencia firme emitida en
un proceso de amparo presentado por el ciudadano Raúl Lunasco Cabezas, en
representación de las comunidades Shipibo-Conibo y Shetebo, que habitan en las
orillas del cuerpo de agua.
El juez Carlos Díaz Herbozo
dispuso que las entidades implicadas —entre ellas los ministerios del Ambiente
y de Vivienda, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Hospital Amazónico— presenten en un
plazo máximo de tres meses un informe técnico con las acciones adoptadas y un
plan de trabajo con tiempos definidos. El magistrado podrá supervisar
directamente los avances y aplicar multas si las instituciones no cumplen con
lo ordenado.
Una deuda
ambiental que se arrastra por décadas
La sentencia
confirma las advertencias que distintas entidades han hecho por años. La laguna
se encuentra gravemente contaminada por vertimientos de residuos domésticos,
aguas servidas y combustibles derramados por embarcaciones. Informes del propio
Ministerio del Ambiente reconocen que la reacción estatal frente al deterioro
ambiental no ha tenido resultados concretos desde hace tres décadas, pese a la
evidencia del daño ecológico y sanitario.
En 2023, la
Defensoría del Pueblo documentó que las aguas residuales del Hospital Amazónico
de Yarinacocha discurren sin tratamiento hacia la laguna, a pocos metros de los
asentamientos humanos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) incluso denunció
estos vertimientos desde 2013, pero las sanciones fueron insuficientes para
disuadir este tipo de prácticas. Recién en el 2023, se impuso una multa de
apenas S/ 25.245.
A esto se suman
los desechos generados por el comercio informal, el crecimiento urbano
desordenado y el botadero del kilómetro 22 de la ruta Pucallpa–Lima, que recibe
más de 330 toneladas diarias de residuos sólidos.
Justicia
respalda el reclamo de comunidades amazónicas
Este mes, la
Sala Civil Especializada de Ucayali, integrada por los jueces Tullio Bermeo,
Ovidio Medina y Jorge Chipana, confirmó que la contaminación vulnera derechos
fundamentales como el acceso al agua limpia, a un ambiente saludable y a la
salud pública. El tribunal reconoció que la laguna presenta un “alto espectro
de agentes nocivos” y que los pueblos originarios que dependen de ella —como
los Shipibo-Conibo y Shetebo— han visto afectada su calidad de vida y su
seguridad alimentaria.
Los jueces
también recordaron que el Estado peruano tiene obligaciones constitucionales y
supraconstitucionales de garantizar la conservación de los ecosistemas,
proteger los recursos naturales y prevenir daños irreversibles en territorios
amazónicos. El incumplimiento de estas funciones, advierten, constituye una
vulneración a los derechos colectivos de las comunidades locales.
Un plazo
judicial que pone a prueba al Estado
Con el nuevo
fallo, las entidades estatales tienen 90 días para demostrar un compromiso
efectivo con la recuperación del ecosistema. La resolución también faculta al
juez a verificar de manera directa las acciones emprendidas y a imponer
sanciones en caso de incumplimiento.
Si bien la orden
judicial representa un paso importante, el reto será articular políticas
sostenidas que integren a todos los niveles del Estado y a las comunidades
afectadas. Treinta años después, la laguna de Yarinacocha sigue esperando que
la promesa de descontaminación deje de ser una resolución en papel.
La laguna,
símbolo amazónico bajo amenaza
Ubicada a solo
20 minutos de Pucallpa, la laguna de Yarinacocha es considerada una de las más
bellas de la Amazonía y un centro de vida cultural para cientos de familias
indígenas. Sin embargo, el paisaje que alguna vez fue espejo de aguas
transparentes hoy muestra orillas cubiertas de desechos, zonas de mal olor y
peces que han desaparecido progresivamente.
En marzo de
2025, el Congreso aprobó declarar de interés nacional la emergencia ambiental,
limpieza y protección de la laguna, pero hasta ahora no se han concretado
proyectos ni inversiones de gran alcance. https://www.infobae.com/
Comunidades de Loreto cerrarán el río Nanay para exigir acción contra la minería ilegal
El próximo 15 de octubre, las
comunidades del Alto Nanay, Chambira y Pintuyacu bloquearán el río Nanay en
señal de protesta. La decisión fue anunciada por Arquímedes Arirama, dirigente
indígena de la comunidad Diamante Azul, quien explicó a Actualidad Ambiental
que el cierre busca llamar la atención del Estado frente a la expansión de la
minería ilegal en Loreto.
“Se acordó en acta que ese día
será cerrado el río y ninguna embarcación, ningún rápido va a subir porque
ellos muchas veces abastecen de combustible, de material a la minería ilegal.
15 comunidades nos hemos puesto de acuerdo para ese cierre”, declaró Arirama.
Los pobladores aseguran que esta
actividad ilícita no solo destruye los bosques y contamina las aguas del Nanay,
fuente de abastecimiento para miles de familias loretanas, sino que también ha
generado delitos conexos como el tráfico de combustible, la trata de personas y
amenazas a quienes denuncian estos hechos.
“El Nanay está contaminado, ya
no es apto para tomar”
El líder indígena precisó que
han solicitado una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) para discutir medidas concretas que frenen la minería ilegal.
Entre sus demandas, las comunidades piden al gobierno promover proyectos
alternativos sostenibles para la población del Alto Nanay.
“El Nanay está contaminado,
ahora sus aguas son turbias que no son aptas para tomar. Eso queremos conversar
con las instituciones del Estado”, señaló Arirama.
Asimismo, el
dirigente hizo un llamado urgente a la Policía Nacional y la Marina de Guerra
del Perú para reforzar la seguridad en la zona y controlar el ingreso de dragas
y embarcaciones ilegales. “Puede que esté la Policía, la Capitanía o la Marina,
pero no hay provisiones, no tienen combustible. Por eso es que la Marina no va hasta
la parte alta donde hay como 70 dragas y 30 tracas que destruyen la zona de
conservación del Alto Nanay. La zona está destruida por tracas de los
extranjeros, son colombianos y venezolanos”, denunció.
La minería
ilegal avanza sobre los ríos amazónicos
El avance de la
minería ilegal en Loreto ha sido documentado recientemente por la Fundación
para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú), que registró más
de 40 dragas operando en las cuencas del Nanay y Napo. Durante un sobrevuelo,
se identificaron campamentos mineros y amplias áreas afectadas por la
deforestación.
Las imágenes
evidencian la turbidez del agua, la formación de montículos de sedimento y la
pérdida de cobertura vegetal a lo largo de las riberas. Según datos de la FCDS,
entre 2001 y 2023, los distritos de Alto Nanay y Napo han perdido 15 821
hectáreas de bosques, lo que refleja la creciente presión sobre los ecosistemas
amazónicos y la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.
Esperan
respuesta del Estado
Mientras las dragas continúan operando en los principales ríos de Loreto, las comunidades esperan que su medida de protesta fuerce una respuesta del gobierno central. Exigen presencia policial permanente, patrullajes con presupuesto suficiente y alternativas económicas que no destruyan su entorno.
La decisión de
cerrar el río Nanay representa no solo una acción de resistencia, sino también
un grito de auxilio de quienes viven de sus aguas y ven amenazada su principal
fuente de vida. https://inforegion.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
