Miércoles, 5 de febrero de 2020 – Año XIV – Edición 3404 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Cajamarca: centros poblados retoman paro provincial el 10 de febrero
·
PERÚ
– Lima. Carnavales: 120 millones de litros de agua potable son desperdiciados
durante esta época
·
CHILE
- Hacia la "desprivatización" del agua en Chile
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Marcapomacocha: ¿Una mina metálica en
plena zona de represamiento y trasvase de aguas para millones de limeños?
En geografía siempre prestamos especial atención a la
localización de los objetos y las acciones en el territorio. Existe un consenso
de que todas las actividades humanas (acciones) generan impactos positivos y
negativos a distintas escalas y grados en el territorio y el ambiente. Es
crucial por esta razón, empezar respondiendo, a la pregunta planteada en el
título de este artículo.
La respuesta es que sí existe un proyecto minero metálico
llamado “Ariana” localizado en la cabecera de cuenca del río Mantaro (conocida
también como Alto Mantaro), en el distrito de Marcapomacocha (Yauli, Junín).
Quizá el topónimo “Marcapomacocha” les suene lejano e incluso desconocido. No
debería ser así. Todos los limeños deberíamos saber que no solo se trata de
unas lagunas o un distrito con ese nombre, sino que, estamos hablando de uno de
los sistemas más grandes e importantes de regulación hídrica, que permiten el
abastecimiento de agua potable en época de estiaje (de mayo a noviembre) a
millones de personas en Lima Metropolitana (Sedapal, 2014).
El sistema Marcapomacocha surge como respuesta a la
creciente demanda de agua en Lima, que ya era notoria a partir de la segunda
mitad del siglo XX, ya que los caudales del río Rímac eran insuficientes en
época de estiaje (Sedapal, 2014). Este sistema está compuesto por tres zonas
(Marca I, Marca III y Marca IV) que contienen infraestructura construida y dos
zonas proyectadas (Marca II y Marca V). Las zonas “construidas” comprenden el
represamiento de 6 lagunas (Antacoto, Marcapomacocha, Marcacocha,
Sangrar/Pucrococha, Tucto y Huascacocha) que en su conjunto representan el 62 %
de todo el sistema de regulación hídrica del río Rímac; una red de canales
colectores y conductores; y el túnel Trasandino Cuevas-Milloc (Sedapal, 2014).
La zona de mayor sensibilidad e importancia del sistema, es Marca I, pues
contiene cinco de las seis lagunas represadas y el túnel Trasandino, única
infraestructura que permite el trasvase de aguas del resto de zonas del sistema
y de la cuenca alta del río Mantaro hacia el río Rímac.
La mina Ariana se localiza en un lugar muy importante del
sistema hidráulico Marcapomacocha por ello ha despertado la preocupación de la
sociedad civil (De Echave J., 2019). La concesión para la explotación minera de
Ariana “planta de beneficio Ariana-Cap.2000 TDP [1]” (Ingemmet, 2017), tiene
una extensión de 732 hectáreas (más de 9 veces el área del distrito de La
Punta) y se superpone con componentes esenciales (Metzger, P., D’Ercole, R.,
2009) de la zona Marca I, como el Túnel Trasandino y la laguna represada
Pucrococha o El Sangrar. Además de ello, hay importantes elementos del
ecosistema hídrico (la laguna Escaparate, bofedales y corrientes superficiales
de agua).
La superposición de un título habilitante (concesión) para
la minería con una zona estratégica que brinda servicios ecosistémicos
hídricos, importante para el abastecimiento de agua a millones de personas,
muestra de forma emblemática el conflicto de uso del territorio y la
superposición del interés privado con el interés común. La zona Marca I, brinda
un servicio ecosistémico vital para la vida en la ciudad de Lima, y, para su
aprovechamiento (trasvase de aguas) se han invertido miles de millones de soles
de todos los peruanos. Resulta contradictorio, que, en esa misma zona, el
Estado, otorgue una concesión y los permisos ambientales para explotar una
mina, que podría poner en riesgo todo el sistema hidráulico Marcapomacocha.
Las preocupaciones frente a los peligros múltiples que
representa la explotación minera en la zona, han llevado a que CooperAcción, el
Instituto de Defensa Legal – IDL, las ex congresistas Marisa Glave (Lima) y
Katia Gilvonio (Junín), presenten una demanda de amparo ante el Sexto Juzgado
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, contra la empresa
Ariana Operaciones Mineras S.A.C., para salvaguardar el derecho humano al agua
y a un ambiente sano. La sentencia de la Corte aún no ha sido emitida, por lo
que la sociedad debería estar alerta e informase sobre el caso, y si es
posible, movilizarse para expresar también, sus preocupaciones.
Esta situación problemática podría haberse evitado si
tuviéramos un sistema de planificación y ordenamiento que armonice los usos y
los intereses que existen en el territorio. Así mismo, la situación sería
distinta si se pudiera aplicar la protección de cabeceras de cuenca establecida
en la ley de recursos hídricos. Esto no ha sido posible, pese a que el 2017 la
ley fue modificada dándole un plazo a la Autoridad Nacional del Agua para la
elaboración de la metodología necesaria para delimitarlas. Han pasado más de
dos años y hasta el momento no se ha cumplido el mandato legal. Ahora que hemos
elegido nuevos representantes del Congreso, esperamos que haya un consenso para
la priorización de la elaboración y discusión amplia de un proyecto de ley de
ordenamiento territorial, que recoja los intereses de las mayorías y termine
con el limbo y el abandono en el que se encuentra actualmente el tema. Por
Dionel Martínez http://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Cajamarca: centros poblados retoman paro provincial el 10 de
febrero
El alcalde de Río Grande y presidente de los centros
poblados, Severino Chilón Valdivia, advirtió que se retomaría un paro
provincial contra el Gobierno Regional de Cajamarca el próximo 10 de febrero.
Exigen que se cumpla con el compromiso de ejecutar las
obras de saneamiento que en su oportunidad ofreció el gobernador, Mesías
Guevara.
Luego de una reunión, los representantes de los 17 centro
poblados acordaron no dar tregua al gobierno regional, porque “no quiere
cumplir con lo acordado, que se revise la documentación existente en el
Ministerio de Vivienda y queriendo empezar de cero”, indicaron.
De acuerdo al dirigente, los funcionarios regionales
firmaron los acuerdos por presión para levantar la medida de fuerza.
“El diálogo sincero debe primar para construir confianza y
no para salir del apuro; siempre nos han mentido, tenemos la documentación”,
declaró Severino Chilón.
Este sería un paro regional porque hay cuatro provincias en
donde se han resuelto los contratos por agua y saneamiento. Por ello,
consideran que no hay concordancia con lo que ofrece y lo que hace el
gobernador Mesías Guevara.
Severino Chilón indicó que recibido la notificación de la
Fiscalía de Prevención del Delito por entorpecimiento a la vía pública. Espera
que los fiscales entiendan su lucha y lo absuelvan. https://larepublica.pe/
LIMA PERÚ
Carnavales: 120 millones de litros de
agua potable son desperdiciados durante esta época
En el mes de febrero se
desperdicia gran cantidad de agua por los carnavales. Se estima que en Lima
Metropolitana y Callao se pierden 120 millones de litros de agua, según
Sedapal, empresa encargada de agua potable en Lima. Eso representa el consumo
de 4800 familias.
Sedapal, durante varios años, ha
hecho un llamado a la ciudadanía para que sean más consientes en cuanto al
desperdicio de agua durante este mes. Distritos como como La Victoria, Cercado
de Lima, Rímac, Surquillo, Breña, La Punta, Bellavista, La Perla y el Callao
son los que tienen mayor índice de juego con agua potable durante carnavales.
El derroche por los juegos de
carnavales es excesivo. Con seis globos llenos, se gasta un litro de agua
potable. Los baldes son aún peor, pues cada uno contiene 4 litros
aproximadamente. Se ha estimado que, al día, un carnavalero puede gastar hasta
40 litros de agua. Si esto se multiplica por los cuatro domingos de febrero se
alcanza los 160 litros de agua malgastada.
Otra forma de derrochar el agua
durante esta época es con las piscinas portátiles. Las que tienen un tamaño
promedio tienen una capacidad de 7 mil litros. Esto equivale a dos semanas de
consumo de agua potable de una familia de zonas periféricas. https://rpp.pe/
HIDROMUNDO
Hacia la "desprivatización"
del agua en Chile
Chile se encuentra dentro de un
proceso constituyente inédito después de 30 años de vuelta a la democracia, que
tiene al país inserto en un momento histórico, en donde la posibilidad de una
nueva carta fundamental ha abierto la discusión sobre qué país queremos y
cuales debiesen ser los derechos consagrados para todas y todos sus ciudadanos
en la redacción de aquel documento fundamental.
Uno de esos derechos en
discusión, el agua, es quizás el que más fuerza ha tomado en los distintos
cabildos autoconvocados que se han realizados a lo largo de todo el país. Esto,
en el contexto de ser el primer país en el mundo en privatizar sus fuentes y
gestión de las aguas, lo que ha traído consigo la imposición de un modelo de
lucro para un bien común fundamental para la reproducción de la vida, en donde
es posible ser dueño de agua sin tener tierra a perpetuidad.
Es así como desde la imposición
en dictadura del código de aguas de 1981, se generó un sistema hídrico que
dividió su uso en derechos consultivos y no consultivos, en donde los primeros
son los cuales pueden reutilizarse superficialmente (riego, minería, industria
y uso doméstico), mientras que los segundos refieren al uso existente sin
consumirla (hidroeléctricas).
Las consecuencias actuales de
este sistema de aprovechamiento de agua para el país han sido desastrosas, ya
que el 80% de los derechos consultivos están en manos del negocio forestal y
agropecuario, mientras que el 9% está en manos del negocio minero. En el caso
de los derechos no consultivos, el negocio hidroeléctrico está en manos de la
empresa Enel. Por otro lado, quienes controlan la distribución del agua en el
país (Agua Andinas y Esval), son empresas con capitales transnacionales, que no
hacen más que controlar las tarifas y el consumo humano.
En otras palabras, estamos en
presencia de un modelo hídrico que concibe al agua como un bien económico, y
que responde a una ideología neoliberal que pone en el centro el lucro de las
empresas por sobre los derechos de las personas. De ahí la importancia de este
proceso constituyente en Chile, que permita desprivatizar un bien común tan
importante y vital como lo es el agua. Se hace necesario por tanto construir
una nueva democracia hídrica, que tome en consideración la legislación
internacional en materia de agua y también el aporte de experiencias locales en
América Latina y en el mundo.
Por lo mismo, si bien Chile se
puede ver como un caso de lo que no hay que hacer en materia de aguas, ha
habido importantes avances jurídicos internacionales en lo que respecta a este
bien común. Es lo ocurrido el 28 de julio del año 2010, fecha en la cual
Asamblea General de Naciones Unidas aprobara que el acceso al agua potable y al
saneamiento son derechos fundamentales, con 122 votos a favor, 41 abstenciones
y ninguno en contra de parte de los estados.
Una aprobación que, si bien no
tiene un carácter vinculante para los países, diferentes constituciones del
mundo, como es la de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, México, Uruguay. Honduras, la
República Democrática del Congo, Sudáfrica, Uganda, han hecho explícito el
derecho humano al agua, lo que nos muestra lo relevante de legislar al respecto
y lo oportuna que debiera ser esa discusión para Chile a nivel constitucional.
No obstante, declarar el agua
como un derecho humano a nivel constitucional no es suficiente, en la medida
que no se avance en una legislación que vaya más allá de lógicas
antropocéntricas. Es decir, que pongan en el centro a los seres humanos, por
sobre otros seres vivos y ecosistemas. De ahí la importancia de debatir sobre
nuevos derechos, que vayan más allá de los límites del derecho moderno.
Los casos de Ecuador y Bolivia,
en donde ambos países existen a nivel constitucional derechos de la Naturaleza
y Madre Tierra respectivamente, nos muestran un camino alternativo y más amplio
de lo que históricamente se han entendido los derechos. Lo mismo con respecto a
países como Colombia, Nueva Zelanda y la India, los cuales han otorgado
derechos a los ríos.
Distintos casos que debieran ser
tomados en cuenta por los distintos asambleístas que redacten la nueva
constitución de Chile, la cual permita desmercantilizar el agua y ampliar los
derechos a los distintos territorios del país. No obstante, como muestra la
experiencia de aquellos países anteriormente mencionados, no es suficiente un
buen marco jurídico, si en la práctica se vulneran desde las empresas y los
mismos estados aquellos derechos, para seguir profundizando modelos
extractivistas.
De ahí la importancia de salir
no solo de lógicas privadas del agua sino también de miradas estado céntricas,
que solo buscan nacionalizar los llamados recursos naturales para seguir
explotándolos ilimitadamente para su venta en los grandes mercados
internacionales. Por eso, la discusión debiera estar centrada también en cómo
generar mecanismos de gestión territorial local, que protejan las cuencas de
agua y le den un buen uso desde los ecosistemas.
En definitiva, desprivatizar el
agua en Chile va mucho más allá que estatizarla, además implica hacerse cargo
no solo de un momento histórico del país, sino también en un momento clave del planeta,
en medio de una crisis climática profunda, heredera de una civilización
industrial, en donde la vida futura de todas y todos están en juego en estos
momentos. https://www.rebelion.org/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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