Martes, 8 de setiembre de 2020 – Año XIV – Edición 3553 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
– Loreto. Pluspetrol: la trama offshore que contaminó más de mil lugares en
Perú. Los pueblos no solo siguen reclamando una respuesta sino persiguen a los
titulares de la firma, ocultos tras una red de empresas en Islas Caimán, Países
Bajos y las Bahamas
·
PERÚ
- Hidroeléctricas: Una amenaza potencial en el río Marañón
·
PERÚ
- Sullana: vecinos del A.H. Santa Teresita se quejan de calidad de agua potable
·
PERÚ
– La Libertad. Despiden a dirigente sindical de minera MARSA por denunciar
contagios de COVID-19
________________________________________________________________
Pluspetrol: la trama offshore que
contaminó más de mil lugares en Perú
La empresa Pluspetrol opera en el norte de la Amazonía peruana desde el año 2000 y ha contaminado más de 1.000 sitios pertenecientes a comunidades indígenas de la zona. Los pueblos no solo siguen reclamando una respuesta sino persiguen a los titulares de la firma, ocultos tras una red de empresas en Islas Caimán, Países Bajos y las Bahamas.
El nombre Pluspetrol no cae nada bien entre los integrantes de las comunidades indígenas de la Amazonía norte de Perú. Es que la empresa que actualmente es el mayor productor de gas y petróleo de Perú lleva casi 15 años eludiendo los reclamos de los habitantes de la zona para que remedie la contaminación que dejó en el lugar.
¡Pluspetrol, limpia ya!", es la consigna de una campaña iniciada por la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt). El foco principal de la campaña está puesto en que la multinacional se haga cargo de "la remediación de más de 1.119 sitios impactados y 92 sitios contaminados en el Lote 1AB (hoy lote 192)".
El Lote 1AB está ubicado en el norte de la región peruana de Loreto, casi en la frontera entre Perú y Ecuador. Junto con el Lote 8, ubicado en la misma zona, constituyen la reserva petrolera más importante de la zona selvática del país sudamericano. De hecho, y según datos oficiales, del lote 1AB se extrae casi un cuarto de la producción total de crudo de Perú.
Si bien el auge de la explotación petrolera en la zona fue en la década del 70, cuando llegaron a operar unas 14 empresas en el territorio, desde mediados de los 90 la zona quedó en manos exclusivas de Pluspetrol, en ese momento de capitales argentinos. En 1996 ganó la licitación para operar en el Lote 8 y en 1999 también en el Lote 1AB. La extracción de petróleo comenzó en el 2000.
Pero la actividad petrolera comenzó a afectar a la región, donde se encuentran las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Además, el área es la residencia de varios pueblos indígenas como Achuar del Corrientes, Quechua del Pastaza y Kichwa del Tigre.
"Las poblaciones indígenas han sido testigos de cómo los ríos, las cochas (lagos), las quebradas, los bosques, la tierra y las fuentes de agua subterránea han sido y siguen siendo contaminados con total impunidad", señalan los pueblos organizados.
Los indígenas aseguran que la acción de esta empresa provocó "verdaderos crímenes ambientales" en la zona y ponen como ejemplo "la desaparición de dos lagunas", en referencia a Shanshococha y Ushpayacu. También mencionan "el vertido de aguas de producción altamente tóxicas en los ríos" y la ocurrencia de varios derrames de crudo producto de la falta de mantenimiento de los ductos internos.
En efecto, los derrames de crudo son una constante para los pueblos del norte de Loreto, al punto de que no constituyeron una preocupación mayor a la pandemia de COVID-19. Según un relevamiento del medio de investigación Convoca.pe a partir de datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perú registró 14 derrames de crudo únicamente desde el inicio de la pandemia. De ese total, ocho fueron en el Lote 1AB.
Por eso, los pueblos indígenas de Loreto no se han quedado quietos durante la pandemia. El 12 de agosto pasado, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Fenacor), la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (Opikafpe) y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) enviaron una carta a la OEFA para conocer en qué estado están los lotes operados por Pluspetrol.
En el documento que presentaron, las organizaciones indígenas reportaron 1209 puntos contaminados por la acción de la empresa y 51 cuerpos de agua "impactados" y ubicados en territorios ancestrales que, según las organizaciones, "requieren urgente evaluación".
¿De quién es y dónde está Pluspetrol?
La carta presentada en agosto no fue la única acción de los indígenas para lograr una respuesta en plena pandemia. En marzo, el líder de la Fediquep, Aurelio Chino Dahua, emprendió un viaje a Países Bajos para presentar una queja formal ante el Gobierno neerlandés por los incumplimientos de Pluspetrol, cuya sede administrativa está en Ámsterdam.
Pero la queja de los indígenas peruanos contra Pluspetrol no solo abordaba la contaminación producida en tierras de la Amazonía peruana, sino que también evidenciaba una maniobra de la multinacional para evadir el pago de impuestos en Perú.
En efecto, las organizaciones indígenas también denunciaron a Pluspetrol ante la oficina de Punto de Contacto Nacional con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de Países Bajos por infligir varias de las disposiciones del organismo internacional en materia de tributación y transparencia.
Si bien Pluspetrol nació en Argentina, en 2010 instaló su casa matriz en Ámsterdam, tal como dejó al descubierto en 2015 una investigación de la organización de periodistas OjoPúblico.
De acuerdo al Centro de Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) —una organización internacional sin fines de lucro dedicada a investigar empresas multinacionales y que apoyó la denuncia de los indígenas peruanos—, Pluspetrol logró fijar su residencia en Ámsterdam a través de lo que se conoce como una "empresa buzón", es decir, empresas sin actividad económica real en el país en el que están asentadas que tienen como único fin brindar una dirección a la multinacional.
Pero la empresa buzón, denominada Pluspetrol Resources Corporation B.V, es solo el eje central de un complejo entramado de sociedades offshores en varios paraísos fiscales. Un diagrama realizado por SOMO muestra cómo la firma basada en Ámsterdam es la titular de otra sociedad con sede en Islas Caimán, la que controla a las cuatro empresas beneficiarias de los permisos de prospección en Perú.
A su vez, Pluspetrol Resources Corporation B.V cuenta con tres accionistas domiciliados en Luxemburgo y constituidas bajo el régimen de sociedades de responsabilidad limitada: Willow Tree, Century Holding y Endurance Corporation. La madeja no se corta en Luxemburgo, ya que las tres empresas dependen, a su vez, de las firmas The Forest Trust y Berna II Settlement, constituidas en Las Bahamas y Nueva Zelanda.
En marzo, cuando Chino Dahua viajó a Países Bajos para denunciar a Pluspetrol, los periodistas de OjoPúblico Ernesto Cabral y Aramís Castro intentaron rastrear la casa matriz de la petrolera en la capital neerlandesa. Encontraron una oficina en el Edificio Baxter, a pocas cuadras de la estación central de Ámsterdam. Lejos del célebre edificio de los cómics de Marvel (en el que, entre otras cosas, los Cuatro Fantásticos tenían su cuartel general), el Edificio Baxter de la vida real tiene cinco pisos y se presenta como un edificio corporativo que ofrece oficinas para empresas grandes, pequeñas y hasta para aquellas que "no necesitan una oficina física" pero sí buscan "una dirección comercial en un edificio prestigioso".
El servicio, que puede obtenerse por 275 euros mensuales, incluye una recepcionista para atender llamadas y reenviar el correo que llegue. Los investigadores de OjoPúblico comprobaron el funcionamiento del servicio. "Sí, aquí es Pluspetrol", contestó una de las dos recepcionistas del edificio. Según la investigación, entre 2017 y 2018 la empresa registró un único empleado.
Pluspetrol "constituyó esta estructura para eludir impuestos sobre las ganancias que obtienen en Perú", aseguró al mismo medio Jasper van Teeffelen, uno de los especialistas en elusión tributaria de SOMO.
A pesar de la insistencia de las organizaciones indígenas, Pluspetrol sigue sin responder a las acusaciones. De hecho, la empresa también elude los reclamos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, que sigue reclamando la presentación de un Plan de Abandono de sus pozos que reconozca la totalidad del daño causado.
En los dos primeros planes presentados por la empresa en 2015 y 2016, Pluspetrol solo reconocía 49 sitios contaminados, por lo que fueron rechazados y motivos de sanciones por parte del Gobierno peruano. Según OjoPúblico, un tercer informe presentado a finales de 2019 solo reconocería 35, por lo que también sería rechazado.
En tanto, los reclamos de los indígenas peruanos ante el Gobierno neerlandés y la OCDE aún no han tenido una respuesta. "Esperemos que el Gobierno neerlandés pueda convencer a Pluspetrol de tomar responsabilidad por el terrible daño que la industria del petróleo ha hecho a nuestra gente", decía Chino Dahua. https://www.servindi.org/
HIDROREGIONES PERÚ
Hidroeléctricas: Una amenaza potencial en el río Marañón
El 27 de abril de 2011, mediante el Decreto Supremo N° 020-2011-EM, el gobierno de Alan García declaró de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del río Marañón.
El proyecto, dijo, buscaba responder a la demanda energética del país en los siguientes 40 años y, según los estudios realizados, promovería una inversión de hasta 15,000 millones de dólares.
Lo que no dijo el expresidente García, que estaba a tres meses de dejar el cargo, era que dicho proyecto traería consigo graves impactos sociales y ambientales.
En agosto del 2015, un informe del portal de investigación OjoPúblico advirtió que la construcción de Chadín II, una de las veinte hidroeléctricas que estaba a cargo de una subsidiaria de Odebrecht, inundaría 32 kilómetros cuadrados afectando a la población de seis distritos de Amazonas y Cajamarca.
El Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto había recibido 161 observaciones de parte del Ministerio de Energía y Minas en 2013, no detallaba un presupuesto para los impactos ambientales, establecía un porcentaje menor a lo recomendado en planes ambientales y no contemplaba un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados.
Pérdidas económicas y daños ambientales
Ya en febrero de 2017, un estudio publicado por el equipo científico de Conservación Estratégica (CSF por sus siglas en inglés), halló más afectaciones posibles al analizar el caso de cinco hidroeléctricas: Chadín II, Veracruz, Río Grande, Rentema y Manseriche.
El estudio concluyó que la construcción de las represas provocaría el cambio del curso natural del río Marañón y la posterior inundación de áreas agrícolas, lo que iba a generar el mayor costo económico de esta serie de proyectos: 4,900 millones de soles perdidos en 30 años.
A ello se sumaban la emisión de gases de efecto invernadero al destruirse los bosques que los almacenaban, el impacto en las rutas migratorias de peces, y el cambio en los patrones de transporte y deposición de sedimentos que se usan como fertilizante natural del suelo que luego será usado por la población para sus cultivos.
Para ese año 2017, era muy evidentemente que en la planificación de estos proyectos no se había considerado los impactos que se originaría en las poblaciones aledañas.
«Al norte del Perú encontramos a las poblaciones awajún y wampís, así como pobladores amazónicos que no son indígenas. Todos dependen del cultivo de productos en el bosque amazónico como la yuca, el arroz, el maíz, y no olvidemos la pesca que se vería afectada porque las represas cambian el curso de los ríos», le dijo aquel año Annie Escobedo, analista de CSF al portal Mongabay Latam.
Proyectos paralizados
La peligrosidad de dos de las represas con mayor impacto (Chadín II y Veracruz) en el río Marañón está suspendida por el momento.
Un informe de mayo de 2020 publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) asegura que “ambas centrales hidroeléctricas no se encuentran habilitadas legalmente para ejecutar obras de construcción y el consecuente inicio de actividades”.
Asimismo, señalan que ninguna de las empresas a cargo viene promoviendo el desarrollo de dichos proyectos, entre otras razones, por el rechazo de la población local.
A ello se añaden los problemas de corrupción relacionados a Odebrecht que está a cargo de Chadín II; y el giro de la empresa Enel, responsable del proyecto Veracruz, de apostar por un “crecimiento verde” alejado de centrales hidroeléctricas capaces de generar impactos sociales y ambientales a su paso.
“El contexto actual difiere del que llevó al Gobierno peruano a firmar los contratos de concesión para el desarrollo de centrales hidroeléctricas en el río Marañón hace 8 años”, concluye el informe de la SPDA, que sugiere también la elaboración de una política clara respecto al desarrollo de grandes represas, “especialmente en cuencas como la del Marañón”. https://www.servindi.org/
Sullana: vecinos del A.H. Santa Teresita se quejan de calidad de agua potable
Un grupo de vecinos de la calle La Brea del A.H. Santa Teresita de la ciudad de Sullana, denunciaron estar recibiendo el agua potable con olor a heces e incluso con gusanos. Indicaron que este problema es de siempre y que pese a las quejas por el problema no existe una solución que resuelva el motivo de su inconformidad.
“El olor es a caca” indicaron mostrando indignadas varios baldes con agua potable, la cual muchas veces extraen con bombas debido a la escasa cobertura. Dieron cuenta que tanto como el problema es del agua potable, la situación de los desagües le otorga mucha más complejidad a su derecho de contar con servicios de calidad.
Estas vecinas realizaron una airada denuncia por la calidad del agua potable y reclamaron a EPS Grau para que revise las conexiones que llevan el líquido elemento que llega a sus viviendas y que no es nuevo, el olor característico a aguas residuales, obliga a hervir el agua potable para que se eliminen las bacterias que podrían existir y que genera el olor a “excremento”.
Como se tiene conocimiento la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado es de la EPS Grau, la cual debería escuchar estas voces discordantes y solucionar los problemas, manifestaron las vecinas. https://www.elregionalpiura.com.pe/
HIDROTRABAJADORES
Despiden a dirigente sindical de minera MARSA por denunciar contagios de COVID-19
Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. MARSA , ubicada en La Libertad, denuncian una serie de actos de hostilización contra su dirigencia, tras varios reclamos sobre las condiciones de trabajo y la falta de protocolos adecuados frente al contagio del COVID-19.
El jueves 13 de agosto fue liberado de la comisaría de Huamachuco, en la Libertad, el dirigente minero Luis Cerna del Sindicato de MARSA, quien había sido arbitrariamente detenido por la policía el 12 de agosto luego de una protesta contra la forma precaria en la que están trabajando.
Como consecuencia de esta detención, diversos gremios de trabajadores y organizaciones políticas y sociales del país mostraron su solidaridad y exigieron la liberación inmediata de Cerna.
Recordemos que en el campamento minero de Marsa se han detectado más de 700 trabajadores contagiados de COVID-19. Ellos están aislados en hoteles en la ciudad de Trujillo sin recibir mayor atención médica.
Luis Cerna ha alertado que la cifra de contagiados en el campamento minero sería mayor a 700 trabajadores, y estaríamos hablando de 1000 obreros mineros enfermos que no reciben atención médica. A la fecha, ninguna autoridad regional se ha pronunciado al respecto.
El líder sindical ha denunciado también la carta de preaviso de despido que ha recibido en represalia a sus funciones como dirigente sindical, y denuncia actos de amedrentamiento contra su sindicato. Con este despido se pretende hostigar a todos los afiliados sindicales y detener la protesta por estas condiciones precarias en las que están trabajando. Así mismo, la empresa busca impedir la denuncia por las condiciones insalubres de trabajo, detener la protesta contra el sistema de camas rotativas o camas calientes, y el esclarecimiento de la cifra de contagiados del virus en el campamento minero.
Es importante señalar que la empresa MARSA ha recibido financiación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Programa Reactiva Perú, recibiendo un millonario financiamiento. De las 71,553 empresas beneficiadas por el Programa de Reactiva Perú, 3,962 pertenecen a la región de La Libertad, y Marsa es una de las empresas que mayor financiamiento ha recibido con un monto de 10 millones de soles. (Con información de Izquierda diario). http://conflictosmineros.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
No hay comentarios:
Publicar un comentario